Por el Dr. Franko Tamay

La corte Constitucional tiene una función importante en un pais como Ecuador, tiene como finalidad defender el orden democrático y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es una de las instituciones que garantiza la protección de la Constitución y las estabilidad jurídica del país. La Corte Constitucional no solo es una figura burocrática, sino una verdadera sentinela que vela por el cumplimiento de los principios que rigen un sistema democratico.

Su función principal es velar por la supremacía de la Constitución, algo fundamental en un Estado de Derecho. Esta Corte tiene la facultad de revisar y pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes y actos normativos, lo cual es esencial para evitar que se aprueben normas que atenten contra los derechos humanos o que vulneren los principios constitucionales. Esta tarea garantiza la estructura legal del país, también resalta el compromiso del Ecuador con el respeto a los derechos fundamentales.

Además, la Corte Constitucional tiene una responsabilidad que me parece aún más importante, resolver las acciones de inconstitucionalidad y el control de las leyes. Cuando una persona considera que sus derechos han sido vulnerados por una ley, tiene el derecho de acudir a esta Corte. Es un medio para que los ciudadanos, podamos sentirnos protegidos frente a decisiones legislativas que nos afecten directamente.

La Corte también cumple con una labor interpretativa que, a mi juicio, es uno de los aspectos más esenciales de su trabajo. No se limita solo a verificar que las leyes sean constitucionales, sino que también tiene la capacidad de interpretar la Constitución y adecuarla a los tiempos actuales. Esto es esencial para garantizar que los derechos de los ecuatorianos sigan siendo relevantes en un entorno social y político en constante evolución.

A través de sus fallos, la Corte tiene el poder de modificar la vida política y social del país. Un ejemplo claro de ello es su intervención en decisiones clave sobre derechos laborales, derechos de los pueblos indígenas o sobre la aplicación de leyes relacionadas con el matrimonio igualitario. En muchos casos, los fallos de la Corte Constitucional han sido decisivos para garantizar que la normativa del país sea justa y se ajuste a los estándares internacionales de derechos humanos.

Sin embargo, este poder también implica un gran desafío. La independencia de la Corte Constitucional es importante para que sus fallos no sean influenciados por presiones externas, sean políticas o de otro tipo. Es necesario que los miembros de la Corte actúen siempre con la convicción de que están haciendo un servicio fundamental a la sociedad, sin tener en cuenta intereses particulares.

La Corte Constitucional de Ecuador no solo cumple con una función técnica de revisión jurídica, sino que se erige como una institución que salvaguarda la democracia y los derechos de cada uno de nosotros. Es un pilar que, aunque a menudo pasa desapercibido, desempeña una función fundamental en nuestra vida cotidiana y en la estabilidad política de Ecuador.

Introducción

El favoritismo es una sombra silenciosa que se infiltra en distintos espacios de la vida cotidiana: la familia, la escuela, el trabajo y hasta en las relaciones sociales. Aunque a veces se disfraza de cariño, confianza o afinidad, en realidad genera heridas profundas que minan la autoestima, destruyen la motivación y erosionan los vínculos humanos. Este fenómeno, muchas veces justificado como algo “inofensivo” o “natural”, tiene consecuencias que trascienden lo inmediato: rompe la equidad, alimenta rivalidades y perpetúa desigualdades que podrían evitarse con prácticas más justas e imparciales.

Reflexionar sobre el favoritismo no solo es necesario, sino urgente, porque donde hay trato desigual, siempre habrá alguien que se sienta invisible.

El Favoritismo en el Ámbito Familiar 

El hogar, en teoría, debería ser un espacio de igualdad, afecto y seguridad emocional. Sin embargo, en muchos casos, se convierte en el lugar donde surge uno de los favoritismos más comunes y delicados: la preferencia hacia un hijo sobre los demás. Esta situación, conocida como favoritismo parental, puede presentarse de manera sutil, a través de gestos de atención, recompensas o muestras de cariño, o bien de forma abierta, con comparaciones constantes y tratos diferenciados.

Los padres suelen justificar estas actitudes bajo la idea de que un hijo es más responsable, cariñoso o exitoso, pero lo cierto es que el favoritismo no siempre responde a méritos objetivos, sino a afinidades personales, temperamentos similares o incluso experiencias de vida compartidas. El problema radica en que este trato desigual genera consecuencias emocionales profundas.

El hijo favorecido puede desarrollar sentimientos de superioridad, dependencia de la aprobación externa o una presión excesiva por mantener el lugar privilegiado. En contraste, los hijos menos favorecidos suelen experimentar resentimiento, inseguridad y una sensación de desvalorización que puede extenderse a otras áreas de su vida, afectando su autoestima y sus relaciones sociales.

A largo plazo, el favoritismo en la familia no solo daña el vínculo entre padres e hijos, sino también las relaciones fraternas. Los hermanos pueden crecer con rivalidades, envidias y heridas emocionales difíciles de sanar, lo que fragmenta la unidad familiar y deja huellas que perduran incluso en la adultez.

El Favoritismo en el Espacio Laboral

En el ámbito laboral, el favoritismo se manifiesta cuando ciertos empleados reciben un trato preferente no por su desempeño o capacidad, sino por razones personales como la amistad con el jefe, la afinidad en intereses o vínculos familiares. El favoritismo puede expresarse de diversas maneras: asignación de proyectos importantes a las mismas personas, ascensos injustificados, reconocimiento público a empleados que no han alcanzado logros significativos o tolerancia ante errores que en otros serían sancionados. Aunque puede parecer un asunto menor, este tipo de prácticas afecta la cultura organizacional, el clima laboral y repercute directamente en la productividad.

Para quienes son favorecidos, la situación puede convertirse en un arma de doble filo: si bien reciben beneficios inmediatos, también pueden enfrentar el rechazo de sus compañeros y una dependencia poco saludable de la protección de sus superiores. En cambio, los empleados excluidos suelen experimentar frustración, desmotivación e incluso el deseo de abandonar el lugar de trabajo en busca de un entorno más justo.

Además, el favoritismo laboral erosiona la confianza en el liderazgo. Cuando los trabajadores perciben que el esfuerzo y la dedicación no son los factores que determinan el crecimiento profesional, se genera un clima de descontento que afecta la cooperación, el compromiso y el sentido de pertenencia.

En consecuencia, las organizaciones que permiten el favoritismo corren el riesgo de perder talento valioso y de fomentar un ambiente tóxico que perjudica tanto a los individuos como a la institución en su conjunto. La clave para evitarlo está en aplicar criterios objetivos, transparentes y equitativos en la evaluación y reconocimiento de cada trabajador.

El Favoritismo en el Entorno Escolar

La escuela, además de ser un espacio de formación académica, es también un lugar donde los estudiantes aprenden valores como la justicia, la igualdad y el respeto. Sin embargo, en muchos casos, el favoritismo se convierte en una práctica que contradice esos principios, afectando el ambiente educativo y el desarrollo emocional de los alumnos.

El favoritismo escolar suele manifestarse cuando los docentes muestran preferencia hacia determinados estudiantes, ya sea por su rendimiento académico, por su comportamiento, por la cercanía de la familia con la institución o incluso por afinidades personales. Esto se traduce en atenciones especiales, calificaciones más flexibles, participación privilegiada en actividades o un trato más amable en comparación con otros compañeros.

Las consecuencias de estas actitudes son significativas. Los alumnos favorecidos pueden acostumbrarse a recibir beneficios sin necesidad de esforzarse al máximo, lo que limita su desarrollo de habilidades y competencias. Por otro lado, quienes perciben un trato desigual suelen sentirse desmotivados, inseguros y, en algunos casos, marginados del grupo. Esto no solo repercute en su autoestima, sino también en su disposición hacia el aprendizaje y la convivencia escolar.

A nivel colectivo, el favoritismo en la escuela fomenta divisiones entre los estudiantes, genera rivalidades y disminuye la cohesión del grupo. Además, transmite un mensaje equivocado: que el éxito no siempre depende del esfuerzo y la dedicación, sino de las simpatías o preferencias de quienes tienen autoridad.

Para evitar estas consecuencias, es fundamental que las instituciones educativas y los docentes promuevan la equidad, evaluando a cada alumno con criterios objetivos y ofreciendo las mismas oportunidades de participación y reconocimiento. De esta manera, la escuela cumplirá su verdadero propósito: formar individuos capaces de convivir en sociedades más justas y respetuosas.

Consecuencias del favoritismo 

• Cuando las personas perciben que el esfuerzo no importa tanto como la cercanía con la autoridad, disminuye la motivación para dar lo mejor de sí.
• El favoritismo genera resentimiento, divisiones y rivalidades entre los miembros de un grupo, deteriorando la confianza mutua y el buen clima laboral/familiar.
• Los más capaces pueden decidir abandonar un espacio donde el mérito no es reconocido, debilitando al grupo u organización.
• Al privilegiar a unos pocos sin importar su desempeño, se sacrifica la eficiencia, la creatividad y la calidad del trabajo.
• El favoritismo perpetúa privilegios y exclusiones, reforzando dinámicas de poder injustas, limitando el ascenso de quienes no forman parte del círculo preferido.
• Las personas beneficiadas por el favoritismo pueden desarrollar una falsa percepción de superioridad, confiando más en los privilegios recibidos que en su propio esfuerzo. Y quienes se sienten relegados tienden a experimentar frustración, desánimo y una disminución de su autoestima.

Consejos para evitar el favoritismo 

• El líder debe reconocer que las personas somos diferentes unas de otras. Todos tenemos fortalezas y debilidades. Si realmente quiere marcar la diferencia tiene que trabajar con las fortalezas de las personas.
• Defina estándares claros para la evaluación, las oportunidades y el reconocimiento. Cuando las reglas son transparentes, se reducen las percepciones de trato desigual.
• El líder debe practicar la imparcialidad y la justicia para favorecer el trabajo colaborativo y empoderar a su grupo hacia la consecución de metas institucionales/familiares.
• Escuchar a todas las partes por igual, sin privilegiar siempre a los mismos, crea un ambiente más inclusivo y justo.
• Delegar tareas importantes, asignar proyectos o dar visibilidad a diferentes personas evita que siempre recaigan en los mismos.
• Basar los elogios y recompensas en logros verificables refuerza la percepción de justicia y motiva a todos por igual.
• Promover la cultura de imparcialidad y hablar abiertamente sobre la importancia de la igualdad de trato ayuda a construir un entorno donde el favoritismo sea socialmente inaceptable.

Conclusión

El favoritismo, aunque a veces pase desapercibido o sea justificado como algo natural, deja cicatrices profundas en la vida de las personas y en la salud de las comunidades. Ya sea en el hogar, en la escuela o en el trabajo, el trato desigual debilita los vínculos, alimenta resentimientos y limita el desarrollo personal y colectivo. Al mismo tiempo, quienes son favorecidos tampoco salen ilesos, pues cargan con la presión de sostener un privilegio que no siempre les pertenece por mérito propio.

Reconocer y combatir el favoritismo es un acto de justicia y responsabilidad. Implica mirar con honestidad nuestras propias inclinaciones, aprender a valorar el esfuerzo de todos y construir ambientes donde cada persona se sienta vista y reconocida por lo que realmente aporta.

La verdadera grandeza de una familia, una escuela o una institución no se mide por “los preferidos”, sino por la capacidad de tratar con equidad a cada miembro. Solo cuando la imparcialidad se convierte en práctica diaria, los vínculos humanos florecen y la confianza se fortalece. El reto está en nuestras manos: dejar de alimentar la injusticia silenciosa y apostar, en cambio, por la justicia que da voz y valor a todos por igual.

Santiago Basabe  Politólogo, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, analista político y Director de «Pescadito Editoriales»

Varios peligros se avizoran para la escuálida democracia nacional en caso de que el financiamiento público a las organizaciones políticas se elimine. El primero de ellos radica en que la competencia electoral se reduciría a los actores que tengan los suficientes recursos económicos para sostener una campaña. Esto es peligroso porque nos llevaría a un escenario en el que las capacidades, la formación política y el espíritu cívico pasarían a segundo plano mientras que la opulencia de las chequeras se constituiría en el criterio central de quienes pueden acceder a los cargos de voto popular. Esto ya sucede actualmente, desde luego, pero se tornaría más notorio con una reforma de ese tipo.

El segundo peligro, conexo al anterior pero aún más inquietante, es que la competencia electoral no se circunscribiría a grandes fortunas lícitamente conquistadas, sino que también entraría en la disputa política otro tipo de recursos económicos, de dudosa procedencia, que no están al nivel de los antes mencionados, sino que los superan con creces. Allí hay dinero de sobra para financiar la campaña de cuanto candidato esté dispuesto a aceptar tanto ese tipo de aportes como la factura que se viene luego, una vez que el espacio de poder ha sido obtenido. El escenario descrito ya se observa en los procesos electorales, desde luego, pero será aún más evidente si se aprueba la reforma planteada.

¡Hay que bajarnos la corte constitucional YA!
Bajo la perspectiva expuesta, el argumento de propiciar cierto ahorro al país eliminando el financiamiento a las organizaciones políticas es débil pues a cambio de una mínima cantidad de dinero que dejaría de erogar el Estado, la penetración de los recursos que provienen del narcotráfico y la minería ilegal, entre otras actividades subterráneas, podría ir en un vertiginoso ascenso. Asumiendo la buena voluntad de quienes plantean la reforma, lo cierto es que, por evitar un gasto público minúsculo, si se lo ve en función de lo que representa del presupuesto general del Estado, podrían colocarnos en una condición de mayor vulnerabilidad frente a la penetración de recursos ilícitos en la vida pública del país.

Si hay interés genuino en mejorar el desempeño de la política nacional entonces se podría empezar por sanear al sistema de partidos políticos, colocando en el registro electoral solamente a los que cumplan determinados requisitos. Así, el financiamiento público se entregaría a unas pocas organizaciones políticas con verdadera capacidad de representación de los intereses ciudadanos. Esta medida no resolvería del todo la incidencia de recursos ilícitos en las campañas electorales, pero al menos serviría como un mecanismo de contención al creciente número de candidaturas con financiamiento de dudosa procedencia.

Pañitos de agua tibia
Por otro lado, con un número razonable de organizaciones políticas, el Consejo Nacional Electoral podría afinar los controles y la regulación no solo de los recursos públicos sino también de los aportes provenientes del sector privado. A propósito, pensando siempre en la genuina intención de mejorar la vida pública del país, se podría haber abogado por una ley que permita transparentar el financiamiento de las campañas electorales. De esa forma podríamos saber quiénes colaboran y con cuánto. Desafortunadamente preferimos engañarnos con los reportes actuales que se entregan al Consejo Nacional Electoral y que no reflejan ni de lejos los verdaderos costos de las campañas electorales.

Es muy peligroso eliminar el financiamiento público a las organizaciones políticas, en cualquier caso, pero es aún más riesgoso hacerlo bajo las condiciones institucionales y fácticas que vive el Ecuador. Más allá de que a primera vista la propuesta luzca seductora, si se la aprueba podría llevar a que la política nacional, ya desgastada y deslegitimada, no solo siga en esa misma senda, sino que además se contamine aún más de los intereses del crimen organizado. La disputa política en ese caso sería entre las élites económicas de traje y corbata, que pueden exponerse públicamente, y las otras élites económicas, aún más poderosas y con mejores atuendos, que monitorearán el desempeño del país tras bastidores y disponiendo qué hacer y no hacer a través de sus alfiles de coyuntura.