El jueves 26 de febrero, a las cuatro de la tarde, la fiscal que investiga delitos transnacionales, Janneth Cueva, emitió un dictamen sorpresivo. El documento se abstiene de acusar a 7 de los 16 procesados en el caso de delincuencia organizada, que se sigue en contra de la estructura delictiva, liderada por el ciudadano serbio Jezdimir Srdan.

Esta red es investigada hace tres años, entre agentes antidrogas de Ecuador y varios países europeos. Con base en abundantes elementos probatorios, los investigadores sostienen que el grupo delincuencial es responsable de enviar casi diez toneladas de cocaína a Europa, entre 2019 y 2020.

El caso es conocido como ‘Operación Finisterra’. Se trata de una investigación de enorme trascendencia, desarrollada por unidades especializadas de la Policía nacional, con cooperación internacional de varios países, en particular, de Francia.

La fiscal Cueva emitió su dictamen abstentivo pocos días antes del inicio de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra de Jezdimir Srdan y otros 15 procesados en el caso de delincuencia organizada. Esta diligencia estaba prevista para el jueves 5 de marzo.

Por pedido de la fiscal y de uno de los abogados defensores, la audiencia quedó prevista para hoy, lunes 9 de marzo, a las 08h30. De no presentarse incidentes debe empezar este día.

Poco después del dictamen abstentivo, el juez de la unidad anticorrupción emitió el auto de sobreseimiento a favor de los 7 procesados. Esto ocurrió a inicios de marzo. En consecuencia, el juez anticorrupción Sebastián Cornejo dispuso el levantamiento de las medidas cautelares y la emisión de boletas de excarcelación, siempre y cuando no se encuentren a órdenes de otra autoridad jurisdiccional.

Seis de ellos se encontraban privados de la libertad al momento de la emisión del dictamen abstentivo. Y sobre el empresario pesaba la prohibición de salir del país y la orden de presentación periódica ante la autoridad.

El proceso investigativo empezó en 2023. El fiscal a cargo de la Fiscalía Unidot 10, que persigue delitos transnacionales, Galiano Balcázar lideró el proceso hasta fines de noviembre de 2025. Fue notificado de su relevo el 28 de noviembre, con el argumento de una renovación institucional.

Por esos días, varias oficinas de Unidot fueron reestructuradas por decisión del flamante fiscal general Leonardo Alarcón. Él sucedió en el cargo a Wilson Toainga, quien fue enviado a la unidad de Género, en Machachi.

Como consecuencia, algunos fiscales de Unidot, con muchos años de experiencia en investigar al crimen organizado transnacional, fueron trasladados a otras dependencias dentro de la misma institución. Incluso, a parroquias rurales o a cantones distantes de Quito.

La doctora Cueva se hizo cargo de Unidot 10 en diciembre pasado. Pocos días después de asumir el despacho, vinculó a 4 personas al expediente por delincuencia organizada, que hasta entonces tenía a 12 procesados. De este modo, el total de personas vinculadas subió a 16.

No obstante, el dictamen abstentivo de fines de febrero redujo el número de procesados a 9.

Pero, ¿Quiénes son y qué rol habrían tenido en la estructura? Esta alianza lo revela a continuación.

Las siete personas que recibieron dictamen abstentivo por parte de la Fiscal y auto de sobreseimiento por parte del juez anticorrupción pertenecen al círculo logístico de la red, pudo conocer esta alianza a partir de entrevistas con los agentes que vienen investigando el caso. En suma, se trata de quienes transportaron los cargamentos con la droga, o la escondieron en los contenedores, desde los cuales fue enviada por el Pacífico hacia los puertos europeos.

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A este grupo se suma un empresario, directivo de una industria que empacaba atún en latas para exportación. La compañía se encuentra actualmente en fase de disolución. Las autoridades detectaron al menos tres envíos de cocaína escondida en las latas de alimento. Los directivos de la entidad privada deslindaron responsabilidades y aseguraron que el producto fue contaminado fuera de sus instalaciones.

El argumento de Fiscalía menciona que estas personas no intervinieron en la totalidad de los eventos que motivan el proceso penal.

1. Luis L. Junto con otras dos personas, fue sorprendido por el control de cámaras en el puerto de Contecon contaminando un contenedor con ocho sacos de yute con franjas rosado, negro y celeste. Contenían 573 mil gramos de cocaína. El hecho ocurrió en mayo de 2020. En su defensa argumentó que ya fue procesado por esa causa.

Según el dictamen abstentivo, no participó en los diez eventos señalados en el proceso penal. Cumplía prisión en CPL 1 Guayas.

2. Gabriel P.Fue uno de los tres empleados portuarios que fueron capturados cuando contaminaban el contenedor en mayo de 2020.

Según el dictamen abstentivo, no participó en todos los eventos señalados en el proceso. Cumplía prisión en CPL 1 Guayas.

3. Miguel F. El 3 de junio de 2020 fue sorprendido transportando un contenedor que tenía ocultos en el piso 423 mil grados de cocaína, con la inscripción ‘Holly’.

El argumento del dictamen abstentivo menciona que no participó en todos los eventos señalados en el proceso. Cumplía prisión en CPL 1 Guayas.

4. Darwin T. Se encontraba en el transporte (cabezal) que llevaba este contenedor.

Según el dictamen abstentivo, ya fue sentenciado por este hecho, y se encontraba cumpliendo una pena de 13 años por narcotráfico.

5. Ramón Z. Estaba en el vehículo pesado que transportaba el mencionado contenedor.

Según el dictamen abstentivo, no participó en la totalidad de hechos señalados en el proceso. Cumplía pena en el CPL 1 Guayas.

6. William T. Conducía el furgón blanco con cajón de madera cubierto con carpa, en el cual se escondían 474 mil gramos. Esto ocurrió el 12 de diciembre de 2020.

Según el dictamen abstentivo, no participó en la totalidad de acontecimientos señalados en el proceso.

7. Miguel A. El empresario que trabaja en la industria pesquera que envió 1,5 millones de gramos de cocaína al interior de latas de atún recibió dictamen abstentivo.

Según el pronunciamiento fiscal, no se puede asociar su identidad con los seudónimos de ‘Rafa’, ‘Ratón’ o ‘Speedy’. Con estos tres nombres se identifica, en múltiples chats en la plataforma SKY ECC, al colaborador de la estructura que contaminaba el cargamento de atún con droga.

En todos los casos no hay elementos que determinen la responsabilidad de las personas en el delito investigado, según el dictamen fiscal.

El proceso habría perdido continuidad técnica y estratégica en la investigación, tras el cambio de fiscales, advirtieron fuentes cercanas al caso.

La decisión de abstenerse de acusar podría ser objeto de análisis y cuestionamiento jurídico, particularmente en lo relativo a la interpretación del tipo penal de delincuencia organizada, que se fundamenta en la valoración de todos los elementos de convicción existentes en el proceso. En particular, una asistencia penal permitió desencriptar miles de mensajes, con textos y fotos, entre todos los miembros de la estructura delictiva. En ellos, hablan de envíos, cargamentos, compra de empresas para camuflar las actividades ilegales. A la cabeza, estaba ‘Brate’, que en serbio significa ‘hermano’.

En cientos de mensajes se refleja que se trata de una estructura compleja con operadores empresariales, empacadores de frutas, conductores, trabajadores del puerto encargados de la contaminación y autoridades de la Policía que tomaban decisiones sobre la revisión de los contenedores.

Esta alianza conoció que agencias de cooperación policial de la Unión Europea están preocupadas por el desarrollo de este proceso. Esto, debido a la comprobada capacidad del serbio Srdan de buscar impunidad por todos los medios.

De hecho, en el proceso por lavado de activos, contra el mismo serbio, el acusado intentó intimidar al juez anticorrupción Carlos Serrano, durante la audiencia de juicio. Serrano recibió, además, el pedido de un alto funcionario del Consejo de la Judicatura para direccionar su pronunciamiento en este caso. Al no acceder, su protección personal fue retirada. Por ello, a mediados de diciembre, Serrano salió del país y denunció las presiones. Recién el primer fin de semana de marzo el Consejo de la Judicatura aceptó su renuncia.

Para entonces, el serbio Jezdimir Srdan fue sentenciado a diez años de prisión por lavado de activos.

La denuncia de Serrano motivó una crisis institucional sin precedentes en la función judicial y derivó en la salida de Mario Godoy de la presidencia del Consejo de la Judicatura. El funcionario que habría presionado a Serrano era su mano derecha en ese organismo. Fuente: Vistazo