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Un campo de batalla: políticos y crimen organizado asfixian a la Función Judicial

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La Función Judicial de Ecuador está en crisis, en parte, por las presiones políticas. Esa es la conclusión más clara del informe ‘La independencia judicial como elemento indispensable para la garantía de derechos’, presentado recientemente por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD).

En sus páginas, el documento evidencia una crisis institucional que ha causado problemas en el Estado de derecho, ya que ha convertido a la Judicatura en un campo de batalla donde conviven las presiones políticas, la debilidad administrativa y, de manera cada vez más alarmante, las amenazas directas del crimen organizado.

Como parte del reporte, la FCD mostró cómo, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project (WJP), Ecuador se ha desplomado al puesto 99 entre 143 países, marcando su peor ubicación en los últimos años.

Esta caída, según el análisis del Informe, revela un deterioro sistemático. Por ejemplo, la justicia penal pasó del puesto 77 en 2015 al 127 en 2025, mientras que la justicia civil retrocedió del puesto 77 en 2020 al 108.

A escala regional, asimismo, el país ocupa el escalón 23 de 32 en América Latina y el Caribe. Esto se complementa con las cifras del Latinobarómetro citadas en el texto: apenas el 18% de los ecuatorianos confía en su sistema de justicia.

A la par, el índice Freedom in the World 2025 corrobora esta radiografía, otorgando a la independencia del poder judicial ecuatoriano un 2 sobre 4, señalando explícitamente la infiltración de la corrupción y la influencia del narcotráfico.

Los casos de la crisis
El Informe de la FCD recopila nombres, rostros y episodios para dimensionar la gravedad del problema. El documento subraya el punto de inflexión que supuso el denominado Caso Metástasis, a finales de 2023, que destapó una profunda infiltración al revelar presuntos vínculos entre redes de narcotráfico y decenas de funcionarios judiciales, incluyendo al entonces presidente del Consejo de la Judicatura: Wilman Terán.

Además de Terán, en ese caso fueron sentenciados seis abogados, tres funcionarios judiciales administrativos, siete jueces y dos fiscales. Todos formaron parte de una estructura para beneficiar judicialmente al narcotraficante Leandro Norero.

A esta cooptación institucional, según el documento, se suma la violencia frontal. Desde 2020, el Observatorio de Derechos y Justicia ha documentado 40 incidentes violentos, abarcando asesinatos y ataques directos contra operadores de justicia encargados de enfrentar al crimen organizado.

La investigación cita ejemplos como el del juez anticorrupción Carlos Serrano, forzado a abandonar el país sin recibir seguridad tras sentenciar y ser amenazado por un narcotraficante serbio. O el de Samantha Lozada, en Orellana, que evidencian de forma dramática, dice el documento, la incapacidad del propio Consejo de la Judicatura para salvaguardar la vida y el trabajo de sus funcionarios.

Las presiones políticas
Pero las balas y los sobornos no son las únicas formas de coacción. Según FCD, el poder político también ejerce su peso. El informe recuerda el complejo episodio de agosto de 2025, cuando el presidente Daniel Noboa calificó públicamente a la Corte Constitucional como «enemiga del pueblo».

Esto tras fallos contrarios a sus leyes urgentes, un pronunciamiento que las relatorías de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpretaron como una severa campaña de estigmatización.

La FCD considera que la dependencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para la conformación del Consejo de la Judicatura (CJ), principalmente, ha convertido la administración de justicia en un «botín de mayorías coyunturales».

Y esa politización ya tiene consecuencias: debido a la parálisis y la corrupción en los concursos organizados por el CJ, la FCD alerta que para 2027 la Corte Nacional de Justicia corre el riesgo de operar con apenas 4 de los 21 jueces titulares que deberían integrarla.

Frente a este panorama, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo concluye que la independencia judicial no puede seguir siendo vista como un simple privilegio corporativo de los magistrados, sino como la garantía material más básica para proteger los derechos ciudadanos y controlar los abusos del poder.

La organización propone que la sociedad civil asuma una agenda estructurada en cinco ejes fundamentales: monitoreo técnico, litigio estratégico para llevar las vulneraciones estructurales ante los tribunales, impulsar reformas legislativas, construir una narrativa pública que le explique al ciudadano común por qué le afecta tener jueces sometidos y consolidar redes de apoyo que protejan a los operadores de justicia. Fuente: Primicias

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CIDH pide investigar a Ecuador si la muerte de Monika Silva está vinculada a sus denuncias de corrupción

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre la muerte de Monika Silva Koniuszek, la activista anticorrupción hallada sin vida el pasado 8 de junio en Montañita, provincia de Santa Elena, y pidió al Estado ecuatoriano una investigación pronta, exhaustiva e imparcial que permita esclarecer lo ocurrido.

A través de un comunicado difundido este viernes 12 de junio en sus redes sociales, la CIDH lamentó el fallecimiento de Silva y expresó su solidaridad con sus familiares y personas allegadas.

«La CIDH lamenta la muerte de Monika Silva Koniuszek, activista anticorrupción en Santa Elena, quien fue encontrada sin vida en su domicilio el 8 de junio, y expresa su solidaridad con sus familiares y personas allegadas», señaló el organismo.

La Comisión instó a las autoridades ecuatorianas a profundizar las investigaciones para determinar las circunstancias de la muerte de la activista y considerar todas las hipótesis posibles.

En particular, la CIDH pidió que dentro de las líneas de investigación se incluya una posible relación entre su fallecimiento y la labor que desarrollaba como defensora de derechos humanos y denunciante de presuntos actos de corrupción.

La Comisión insta al Estado a llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva e imparcial que permita esclarecer las circunstancias de su muerte, incluyendo entre las líneas de investigación una posible vinculación con su labor de defensa de derechos humanos y sus denuncias de corrupción», indicó.

El pronunciamiento se suma a los pedidos realizados por el Gobierno de Polonia, país de origen de Silva, que solicitó una investigación independiente y transparente.

Asimismo, la Fiscalía General del Estado informó que ha requerido cooperación internacional para incorporar peritos extranjeros especializados a las diligencias que se desarrollan dentro de la investigación previa.

La muerte de Monika Silva ha generado atención nacional e internacional debido a su trabajo como activista anticorrupción en Santa Elena y a las circunstancias que rodean su fallecimiento, ocurrido en el inmueble donde residía junto a sus hijas menores de edad. Fuente: Vistazo

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Progen: técnico detalla amenazas y menciona documento que involucraría a Roberto Luque

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Como parte de la investigación sobre los contratos suscritos con Progen durante la emergencia eléctrica, Celso Sánchez, uno de los técnicos que integró la comisión de Celec que viajó a Estados Unidos para inspeccionar los generadores chatarra comprados durante la emergencia eléctrica, amplió su versión ante la Fiscalía General del Estado.

Sánchez, quien también figura entre los procesados en el denominado caso Apagón, relató presuntas presiones para emitir informes favorables a la compañía estadounidense, pese a las observaciones técnicas realizadas a los equipos. Además, mencionó la existencia de un documento que haría referencia al entonces ministro de Energía, Roberto Luque.

«Vimos unas cosas totalmente viejas y la verdad que esto nos estaba causando un poco de temor», señaló Sánchez en una grabación realizada tras la visita técnica, al referirse a los generadores que, según indicó, eran equipos usados.

Una grabación de casi dos horas

Sánchez informó a la Fiscalía que entregó una grabación de una hora y 45 minutos correspondiente a una reunión mantenida con varios funcionarios de Celec tras el viaje a Estados Unidos.

«Se escucha claramente cómo se pretendía obtener, a toda costa, un informe favorable para viabilizar el pago a favor de Progen, pese a la oposición expresa de mi persona», manifestó en su ampliación de versión.

El técnico aseguró que durante esa reunión se planteó incluso la posibilidad de realizar modificaciones a los equipos observados.

«En el referido audio se escucha al ingeniero Byron Orozco manifestar que podía coordinar con Progen, en los Estados Unidos, el cambio de las placas de los generadores», sostuvo.

Sánchez también afirmó que recibió instrucciones para no seguir enviando correos electrónicos relacionados con las observaciones técnicas realizadas a los equipos.

«Se escucha que, de no emitirse ese mismo día el informe de verificación favorable a Progen, yo quedaría fuera del cargo», declaró.

Según su relato, Byron Orozco, entonces gerente de Termopichincha y firmante de los contratos con Progen, insistía en que el proceso debía avanzar con rapidez debido a la emergencia energética que atravesaba el país.

«Orozco me dijo: ‘Esto es un proceso de emergencia de adquisición de generadores y tiene que caminar de manera rápida'», señaló Sánchez.

Documento menciona a Roberto Luque

Durante su comparecencia, Sánchez reveló además la existencia de un documento que, según dijo, hacía referencia al entonces ministro de Energía, Roberto Luque.

Sánchez relató que en julio de 2025 entregó su teléfono celular y su computadora a la Fiscalía como parte de las investigaciones.

Añadió que la fiscal Luzmila Lluglla le hizo firmar un acta para incorporarlo al Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal.

«Al revisar dicho documento pude constatar que en su contenido se hacía referencia e involucraba al entonces ministro de Energía, Roberto Luque, circunstancia que puede ser plenamente corroborada con el propio documento», afirmó.

Según Sánchez, la Fiscalía tenía interés en vincular a Luque dentro de la investigación.

Hasta el momento no está claro si Roberto Luque continúa siendo investigado dentro del denominado caso Progen. Fuente: Vistazo

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¿Qué hace Daniel Noboa en Estados Unidos? Gobierno explica su agenda oficial tras el viaje

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El presidente de la República, Daniel Noboa, se encuentra en Estados Unidos desde el jueves 11 de junio, en el marco de su tercer viaje oficial a ese país en lo que va de 2026. No obstante, fue recién este viernes cuando la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia difundió los detalles de la agenda de trabajo que cumplirá el mandatario durante su visita al país norteamericano.

Según informó el Gobierno, Noboa fue acompañado de una comitiva oficial para cumplir una «agenda de alto nivel», con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, la lucha contrael crimen organizado transnacional y el posicionamiento internacional del Ecuador.

Agenda de Daniel Noboa en EE.UU.

En la Casa Blanca, el presidente Noboa será recibido por Stephen Miller, Jefe Adjunto de Gabinete para Políticas y Asesor de Seguridad Nacional.

Durante este encuentro, ambas autoridades revisarán los resultados de las acciones conjuntas que Ecuador y Estados Unidos ejecutan para combatir al crimen organizado transnacional, el narcotráfico y las estructuras criminales transnacionales que afectan a la región.

Asimismo, dialogarán sobre futuros mecanismos y estrategias orientadas a fortalecer la seguridad.

La Presidencia destacó que Estados Unidos es uno de los principales socios estratégicos del Ecuador en ámbitos como seguridad, comercio, inversión y relaciones diplomáticas, por lo que «este encuentro busca profundizar una agenda común basada en la cooperación, la confianza mutua y la defensa de los valores democráticos».

Dentro de las actividades programadas también consta una entrevista con TV Azteca, donde Noboa expondrá las acciones impulsadas por su Gobierno para combatir el narcotráfico, el narcoterrorismo y la violencia criminal. Además, presentará los resultados obtenidos en materia de seguridad y la importancia de fortalecer alianzas internacionales para enfrentar amenazas que trascienden las fronteras nacionales.

El viaje presidencial coincide con la inauguración de la Copa Mundial en Estados Unidos y con el partido que disputará la selección ecuatoriana frente a Costa de Marfil este domingo en Filadelfia. No obstante, hasta el momento el Gobierno no ha informado si Noboa asistirá a alguno de estos eventos.

Desde su llegada al poder en noviembre de 2023, el mandatario también ha sido cuestionado debido al número de viajes internacionales realizados durante su administración. Fuente: Vistazo

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