La pregunta habla de declarar como zona de interés a cuatro áreas geográficas que abarcan a nueve provincias para erradicar de ellas a la minería ilegal. Entre ellas, el Distrito Minero de Chinapintza en Zamora Chinchipe. Mantuvieron una reunión con el gobernador de la provincia, Francisco Mesías, a quien le hicieron conocer esta preocupación.
Esto dice la pregunta 4 y su anexo:
¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de: (i) terrorismo y su financiación, (i) producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, (iii) delincuencia organizada, (iv) asesinato, (v) sicariato, (vi) trata de personas, (vii) secuestro extorsivo, (viii) tráfico de armas, (ix) lavado de activos y (×) actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 4?
Esta pregunta número 3, habla de declarar como zona de interés a cuatro áreas geográficas del país que abarcan nueve provincias para erradicar de ellas a la minería ilegal. Las preguntas están en manos de la Corte Constitucional y se encuentra en análisis, por lo cual tiene 20 días para resolver sobre la constitucionalidad de la documentación presentada.
Estas son las cuatro áreas geográficas:
- Aquí se especifica Provincias de Esmeraldas (San Lorenzo), Carchi e Imbabura (Buenos Aires).
- Provincia de Napo (Yutzupino).
- Provincias de Zamora Chinchipe (Chinapintza) y Morona Santiago.
- Provincias de Azuay, El Oro y Loja.
Aseguran que están siendo incluidos, específicamente el sector de Chinapintza en delitos graves como narcotráfico, lavado de activos y demás.
Asegura que no justifican la minería ilegal en otras localidades que también se menciona, donde antes no hubo la presencia de minería y de la nada aparecieron grupos. Lo que aparentemente no sucedería en Zamora Chinchipe. Más aun en el Distrito Minero de Chinapintza, se vienen desarrollando incluso antes de los años 70.
Este grupo de mineros buscan que el gobierno de turno busque regularizarlos y legalizarlos. Por ello, piden que el gobierno analice y reformule la pregunta a sabiendas de la situación de Zamora Chinchipe.
Le corresponderá al Ministerio de Energía y Minas, a través de un trabajo coordinado con las entidades del Estado que considere necesarias para el efecto, determinar las zonas afectadas por la minería ilegal dentro de las concesiones mineras, así como también en los otros derechos mineros (contrato de explotación minera, licencias y permisos, autorizaciones para instalar y operar plantas de beneficio, fundición y refinación y licencias de comercialización).
Para esto, se debe considerar además que las actividades de minería ilegal se realizan principalmente en explotación, procesamiento, comercialización.
Una vez identificadas dichas áreas y/o actividades de explotación, procesamiento y comercialización ilícita de minerales, el presidente de la República emitirá el correspondiente decreto ejecutivo en el que se declaren las áreas de interés nacional y ordenará al Ministerio de Energía y Minas ejecute las actividades técnicas y legales que permitan identificar aquellos derechos mineros que habrían permitido actividades mineras ilegales, a fin de iniciar con el procedimiento administrativo de extinción de derechos.
Juan Carlos Tapia, presidente de la Unidad Minera de Zamora Chinchipe, instó a que se realicen diálogos para seguir buscando soluciones para demostrar que en este sector no se realizan ese tipo de actividades ilícitas.
Con los aspectos técnicos y jurídicos como provincia trataran de buscar que se cambie esta situación.
