Antes de estas investigaciones de la Alma Máter lojana no existía un inventario botánico en la zona suroriental de esta provincia, siendo un avance significativo para la conservación.

Considerando que el sur del Ecuador es una de las zonas más diversas botánicamente -escasamente explorada con estudios especializados- y que enfrenta la amenaza de deforestación, conversión de uso, incendios y minería, la Universidad Nacional de Loja (UNL) desarrolla desde 2023 el “Estudio florístico en la cuenca alta del río Mayo, suroriente de la provincia de Zamora Chinchipe”, para mostrar el potencial de la flora e importancia ecológica de esta región.

El estudio se ejecutó para determinar la composición florística, estructura y endemismo de los bosques de los cantones Palanda y Chinchipe, a través de expediciones botánicas y recolección de material vegetal en las parroquias: La Chonta, El Chorro, Chito, San Andrés, Zumba y Valladolid; zonas que albergan una interesante diversidad florística, y con especies aún desconocidas para la ciencia, demostrando su valor biológico y de conservación.

Se realizaron 2 212 colecciones botánicas, que representan a 705 especies (32 son endémicas, es decir, propias del sector), distribuidas en 313 géneros y 119 familias, de las cuales: 310 son árboles, 210 arbustos, 83 hierbas, 62 epífitas, 22 bejucos, 13 palmas y 9 parásitas. Las especies características son: flor de mayo, arrayán, higuerón, copal, guabo blanco, guayusa, palma de ramos, motilón, cascarilla, canelón (blanco y lacre) y guabas.

Zhofre Aguirre, responsable del Herbario “Reinaldo Espinosa” de la UNL, resaltó que, con base en el estudio, los gobiernos municipales pueden ejecutar proyectos de restauración de paisajes, educación ambiental y aprovechamiento de productos forestales no maderables, iniciativas que generan ingresos para la gente; considerando que la planificación no sólo implica plantar, sino aprovechar la potencialidad de una especie.

También, se instalaron dos parcelas permanentes experimentales -de una hectárea- en Zumba y Valladolid, para monitorear cómo crecen las especies y los bosques; estas parcelas se suman a las 15 que la UNL tiene en otros sectores, siendo, prácticamente, una de las pocas universidades en el país en realizar estudios de monitoreo de vegetación.

Un equipo de 5 investigadores, 3 tesistas y 10 estudiantes contribuyen en este proyecto que, tras realizar el análisis respectivo (estudios de ADN) del material vegetal recolectado, estima identificar al menos 5 especies nuevas para la ciencia y así dar un aporte significativo a la ciencia y prestigio de la UNL en investigación. En una segunda fase, prevista hasta 2027, se espera identificar especies existentes en dos familias botánicas emblemáticas de la zona: las palmeras y los guarumos.

DATO IMPORTANTE

Estudio UNL en Zamora Chinchipe

• 705 especies detectadas.
• 2 212 colecciones recolectadas.
• 49 431 muestras botánicas en la UNL.

La Defensoría Pública del Ecuador, realizó el “Primer Congreso Internacional sobre los Avances del Pluralismo Jurídico en la Región y los Desafíos en el Ecuador”. Este encuentro académico, abrió un espacio de diálogo crítico, interdisciplinario y profundamente humano sobre la coexistencia de sistemas jurídicos diversos en nuestros territorios.

El Defensor Público General, Dr. Ricardo Morales al intervenir en el acto inaugural, dijo que la Defensoría Pública del Ecuador, ejecuta políticas que  garantizan el acceso equitativo a la justicia de las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades; esto incluye asesoría, asistencia legal y patrocinio sin discriminación, con atención eficiente y eficaz.

El evento contó con la participación de expertos de: Ecuador. Colombia, Paraguay y Perú, quienes hablaron de las experiencias de cada país en torno al pluralismo jurídico, entendido como el reconocimiento de múltiples sistemas normativos que coexisten dentro de un mismo Estado.

El Primer Congreso Internacional sobre los Avances del Pluralismo Jurídico en la Región y los Desafíos en el Ecuador, conto con la presencia de varias autoridades nacionales y estuvo dirigido a representantes de instituciones públicas, academia, organizaciones de nacionalidades y pueblos y al público en general, quienes participaron en forma presencial y a través de redes sociales.

Este congreso sirvió para intercambiar ideas entre saberes y conocimientos jurídicos para la construcción de puentes entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, con la orientación desde la academia y la validación desde el territorio, para el fortalecimiento de una justicia intercultural que no sea solo decorativa, sino transformadora.

En entrevista concedida a la Cadena Ecotel de Loja, el abogado Paúl Luzuriaga, representante legal de habitantes de San Carlos de las Minas, expuso una serie de denuncias en contra de la Cooperativa de Producción Minera “11 de Julio”, a la cual se atribuyen presuntas prácticas de minería ilegal y afectaciones ambientales en distintos sectores de Zamora Chinchipe.

Según Luzuriaga, la problemática fue advertida desde el año 2022, cuando moradores de San Carlos de las Minas presentaron una denuncia formal señalando daños al cauce de los ríos Zamora, Nambija y la quebrada Namanda, lo que habría provocado inundaciones y perjuicios a viviendas de la zona. No obstante, pese a la evidencia entregada, la Fiscalía Provincial de Zamora Chinchipe habría desestimado el caso, lo que genera cuestionamientos sobre la transparencia de los procesos.

El jurista argumenta que los mineros cuentan con título de concesión, pero no con la licencia ambiental, requisito establecido en el artículo 26 del Reglamento para la Minería. Además, señaló un posible conflicto de intereses al indicar que uno de los socios de la cooperativa sería Galo Rodríguez, actual fiscal en Zamora, lo cual, a su criterio, comprometería la imparcialidad de las investigaciones.

A estas denuncias de carácter ambiental se suman también acusaciones en el ámbito urbanístico y financiero. De acuerdo con lo expuesto, la cooperativa habría participado en la comercialización de terrenos en los denominados “Jardines de Punzara” (Loja), pese a no contar con facultades legales para tal fin. Esta situación derivó en la presunta estafa a más de 800 familias que habrían invertido entre 9.000 y 10.000 dólares en dichos lotes, alcanzando un perjuicio estimado de más de cuatro millones de dólares.

Frente a este hecho, los concejales lojanos John Espinoza (presidente de la Comisión de Fiscalización del Municipio de Loja), Santiago Herráez y la doctora Jolly Castillo presentaron una denuncia en la Fiscalía de Loja, en un esfuerzo por recuperar los recursos de los afectados.

El abogado Luzuriaga enfatizó que la lucha legal lleva ya más de seis años y que las comunidades afectadas mantienen la exigencia de que se respete el derecho a un ambiente sano, así como la restitución de los bienes perdidos por las prácticas irregulares atribuidas a la cooperativa minera.

Finalmente, reiteró la necesidad de que las instituciones del Estado actúen con independencia, transparencia y apego a la ley, a fin de garantizar justicia tanto para las familias perjudicadas en Loja como para los habitantes de San Carlos de las Minas que denuncian daños ambientales.