Alcalde del cantón Sozoranga y presidente de la Mancomunidad Bosque Seco, Orli Renán Flores, realizó un análisis crítico y fundamentado sobre la reciente visita del presidente de la República, Daniel Noboa, a la provincia de Loja, señalando la falta de espacios de diálogo directo con los alcaldes y la ausencia de respuestas concretas a las necesidades territoriales.
El burgomaestre destacó que, pese a haberse solicitado formalmente —con antelación— una audiencia para los alcaldes de la provincia, esta no fue concedida. La solicitud, dirigida por escrito a la Gobernación de Loja, buscaba aprovechar la visita presidencial para exponer de manera directa las problemáticas estructurales que enfrentan los cantones lojanos, especialmente los del suroccidente provincial.
Inconformidad de los alcaldes y pronunciamiento público
Ante la imposibilidad de mantener un encuentro con el Primer Mandatario, los dieciséis alcaldes de la provincia de Loja expresaron su inconformidad mediante una concentración pacífica en el parque central de la ciudad, frente a la Gobernación. En este espacio, se realizó una rueda de prensa improvisada en la que se dieron a conocer cuatro demandas prioritarias, consensuadas entre las autoridades municipales.
Cuatro ejes de demanda prioritaria
El alcalde Orli Flores explicó que los pedidos que iban a plantear al Ejecutivo se estructuraron en los siguientes ejes:
1. Transferencias presupuestarias atrasadas:
Se denunció la falta de cumplimiento en las asignaciones económicas a los municipios, con valores pendientes correspondientes a diciembre de 2025 y enero de 2026. En el caso específico de Sozoranga, la deuda bordea el medio millón de dólares, afectando gravemente la ejecución de obras y servicios básicos.
2. Reapertura de pasos fronterizos:
Se solicita la reapertura de la frontera en los sectores de Macará y Zapotillo, así como en el paso de La Balsa, en el cantón Chinchipe, considerando que el cierre ha generado un impacto negativo en el comercio, el turismo y la economía de las poblaciones fronterizas, sin que ello haya reducido significativamente actividades ilícitas.
3. Atención urgente a la vialidad provincial:
La autoridad cantonal advirtió el deterioro generalizado de la red vial, señalando la ausencia sostenida del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cuya intervención se limitó únicamente a trabajos puntuales previos al paso del Presidente por la vía Catamayo–Loja.
4. Reformas al régimen municipal y autonomía local:
Flores expresó su preocupación por las reformas propuestas al marco legal que regula a los gobiernos autónomos descentralizados, las cuales —según indicó— podrían vulnerar la autonomía municipal y afectar especialmente a los cantones pequeños, que dependen mayoritariamente de las transferencias estatales. Asimismo, recalcó la necesidad de diferenciar entre gasto corriente e inversión social, considerando a sectores como salud, educación e inclusión social como inversión prioritaria.
Créditos productivos y sector agrícola
En relación con los anuncios gubernamentales sobre líneas de crédito productivo, el alcalde manifestó su escepticismo, señalando que históricamente estos ofrecimientos no se han concretado plenamente debido a requisitos excesivos. Puso como ejemplo el sector cafetalero de Sozoranga, donde los créditos actuales no se ajustan a los ciclos productivos reales del cultivo.
Minería y desarrollo local
Sobre la actividad minera, Flores diferenció entre minería ilegal y minería responsable, señalando que esta última, bajo normas ambientales y legales, puede constituirse en una fuente legítima de empleo y desarrollo. En ese sentido, abogó por la reapertura del catastro minero para favorecer la minería artesanal y de pequeña escala, garantizando beneficios directos para las comunidades y los gobiernos locales.
Llamado al diálogo y a la coordinación institucional
Finalmente, el alcalde de Sozoranga enfatizó que los gobiernos locales no pueden seguir siendo invisibilizados en la planificación nacional.
Reiteró que los alcaldes, como representantes legítimos del pueblo, continuarán exigiendo respeto, coordinación interinstitucional y participación efectiva en la toma de decisiones, siempre con prudencia y respeto, pero con firmeza.
“Los recursos que exigimos no son para los alcaldes ni para los municipios; son recursos que pertenecen a nuestros pueblos y que deben llegar de manera directa, oportuna y automática, tal como lo establece la Constitución”, concluyó.
