Un grupo de perjudicados por la cooperativa CREA, que entró en proceso de liquidación forzosa el 29 de julio de 2025, llegó a la Asamblea Nacional desde Cuenca para exigir que se les devuelva su dinero.

Acudieron a la comparecencia de la superintendente de Economía Popular y Solidaria, Christina Murillo Navarrete, a la Comisión de Régimen Económico, este miércoles 27 de agosto de 2025.

La funcionaria dio a conocer detalles técnicos sobre la situación de la cooperativa y que desencadenaron en la suspensión de actividades. Aseguró que los directivos de la cooperativa CREA ya fueron denunciados en la Fiscalía.

Murillo descargó algunas responsabilidades sobre la administración anterior de la Superintendencia por supuestamente incumplir normativa, no verificar la información entregada por la cooperativa, y no contrastar valores y balances, que resultaron erróneos.

Murillo también dio detalles sobre el número de perjudicados y la planificación por fases para hacer la devolución de ahorros a los clientes con cuentas menores a USD 32.000.

Informó que a 2.060 clientes, que sumaban un monto de USD 88,8 millones, se les empezó a pagar y el proceso no ha terminado.

Adelantó que la segunda fase en la que interviene la Corporación de Seguro de Depósito (Cosede) publicaría el mismo 27 de agosto un cronograma de pagos, que iniciarían el viernes 29 de agosto.

En efecto, la tarde del miércoles 27 de agosto, el Cosede publicó, en redes sociales, el calendario con el que se busca devolver los depósitos a 72.730 socios, por un monto que suma USD 66 millones.

Hay un grupo de 421 personas cuyos depósitos exceden los USD 32.000 que entrarán en la fase de liquidación. Es decir, se les devolverá el monto base y el resto deberán esperar, mientras se venden los activos de la entidad.

Al ser consultada por el asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Adrián Castro, cuánto tiempo podría tomar el proceso de devolución, la superintendenta habló de hasta ocho meses.

Desesperación en perjudicados
El tiempo proyectado por la titular de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria no cayó bien entre el grupo de personas que viajó desde Cuenca a Quito para escucharla.

Peor aún cayó la intención de la presidenta de la comisión, Nathaly Farinango (ADN), de cerrar la sesión sin escuchar a los perjudicados que se movilizaron desde el Austro.

Eso molestó a Marcia Minchala, de 62 años, que reclamó ser atendida por la superintendenta de Economía Popular y Solidaria y por los propios miembros de la mesa legislativa.

Andrés Castillo, de ADN, intercedió para que sea escuchada y Blasco Luna, de Revolución Ciudadana (RC), le cedió la silla para que participe en la reunión. «Si no grito, nadie me escucha», lamentó Minchala.

En su breve intervención contó que está a cargo de su madre de 96 años que se debate entre la vida y la muerte y ella mismo dijo padecer de una enfermedad.

«Mi desesperación señora de la Superintendencia es que usted dice que tenemos que esperar ocho meses ¡Ocho meses no puede esperar la vida de mi madre! ¿Por qué no han hecho una prelación para que los enfermos podamos recuperar el dinero antes?», señaló.

«Nuestra plata no es fruto de la corrupción o del robo. Es nuestro trabajo. Hagan algo para que podamos recuperar nuestro dinero» Marcia Minchala, perjudicada por CREA

La Comisión de Régimen Económico anunció que la fiscalización sobre este caso seguirá y serán convocados exdirectivos de la cooperativa CREA y autoridades de control. Fuente: Primicias.