«No recuerdo en la historia del Ecuador que se hayan presentado tantas demandas contra una ley», dijo el juez de la Corte Constitucional, José Luis Terán, en la primera jornada de la audiencia pública por las 26 acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Integridad Pública. La primera parte de esta diligencia tomó ocho horas y media en modalidad telemática este 27 de agosto de 2025.

Con la impresión de Terán, quien se encarga de sustanciar las demandas contra esta norma, no estuvo de acuerdo la abogada de la Asamblea, Mercedes Mediavilla: «Me sorprende que diga nunca. En la época de (el expresidente Guillermo) Lasso pasó lo mismo con el Código Monetario».

Mediavilla atribuyó estas acciones a que se trata de «reformas estructurales» impulsadas por el Gobierno de Daniel Noboa y la Asamblea. «Debido a la situación del país, evidentemente van a haber disidencias, pero es necesario», sostuvo.

Dudas de los jueces 
Sin embargo, esa respuesta no satisfizo a los jueces, quienes increparon si la norma cumple con el objetivo y la unidad de materia para la que fue planteada, así como si se garantizó la participación de la sociedad civil, de autoridades de la Judicatura y de la Fiscalía en el trámite.

En principio, esta Ley ingresó al Parlamento con  el objetivo de garantizar la eficiencia en el servicio público y mejorar los procesos de compras públicas, pero terminó incluyendo reformas penales como parte del conflicto armado interno decretado por el Gobierno de Noboa, o la posibilidad de declarar en emergencia al sistema judicial, lo que centró las interrogantes de los jueces.

¿Se invitó a organizaciones de la sociedad civil, a las autoridades de la Fiscalía, de la Judicatura, para el análisis del proyecto? ¿Cómo contribuyen las reformas penales a la eficiencia del servicio público? Fueron las preguntas de los jueces Alí Lozada, Claudia Salgado y Jorge Benavides.

Mediavilla dijo que los asambleístas son los representantes del pueblo, que el proyecto de ley sí fue difundido y que para la ciudadanía «se vuelve un tema propositivo», pues tiene la opción de solicitar a la comisión legislativa que se reciba su criterio, durante el tratamiento de una norma.

«No queremos intervenir para nada en la Función Judicial», apuntó el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Stalin Andino, al tiempo de remarcar que «la justicia no deja de ser un servicio público».

Terán suspendió la audiencia pública al cabo de ocho horas y media, y dijo que se retomará este jueves 28 de agosto, a las 10:00, cuando las partes podrán replicar, los jueces volver a preguntar y dar paso a las decenas de solicitudes de amicus curiae, antes de que el Pleno de la Corte adopte una resolución.

Puntos polémicos de la Ley
Esta normativa causó revuelo entre los funcionarios públicos de todo el país, cuyos gremios presentaron más de dos decenas de demandas en su contra, en vista de que contempla despidos intempestivos, evaluaciones, entre otras. Sin embargo, en el caso 52-25-IN, que llega a audiencia, se acumularon otras 25 causas. Restan otras cinco por tramitar.

Por ejemplo, esta Ley quitó inicialmente la compensación por retiro voluntario entre los 60 y 65 años, pero el oficialismo echó marcha atrás, cuando los sindicatos amenazaron con movilizaciones.

Sin embargo, se mantienen aspectos como las nuevas evaluaciones, de las que dependerá la estabilidad laboral; la modificación del pago por despido intempestivo, la eliminación de la temporalidad de los contratos ocasionales, entre otras.

Pero la Ley de Integridad terminó incluyendo temas como la polémica emergencia judicial, reformas penales, monetarias, de movilidad humana, de cooperativas y hasta reformas al Código de la Niñez para juzgar como adultos a los menores de edad.

La audiencia, liderada por el juez José Luis Terán, empezó de manera telemática alrededor de las 10:30. Cada demandante tuvo 10 minutos para exponer sus argumentos y las autoridades de la Presidencia y la Asamblea 20 minutos para defenderla.

Los funcionarios judiciales acusan al Ejecutivo
En la audiencia telemática participaron los representantes del Colectivo Fiscalía Unida, de la Asociación Nacional de Fiscales del Ecuador y de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía General del Estado. Los abogados rechazaron la propuesta legal aprobada por el presidente Daniel Noboa y el oficialismo en la Asamblea Nacional.

Uno de los abogados de los demandantes advirtió sobre la pérdida de derechos a la que están quedan sometidos los funcionarios judiciales con esta Ley, que afirmó tienen el objetivo de permitir la intervención del poder judicial y el control político, permitiendo la acumulación de poder por parte del Ejecutivo.

Los demandantes calificaron a la normativa como una leguleyada e incluso como una «Barney bolsa» o bolsa «de Doraemon», haciendo alusión a los programas infantiles en los que los personajes tienen bolsas mágicas de las que pueden sacar cualquier objeto.

También pidieron a los jueces que tengan en cuenta el contexto en el que el Gobierno emitió la Ley de Integridad Pública, durante un estado de violencia nunca antes visto y en el cual acusaron al Ejecutivo de «ser responsable por omisión».

«En el terror, que justificadamente siente la ciudadanía, el Gobierno Nacional ha generado un escenario perfecto para ejecutar una campaña agresiva e incluso falaz en contra de los funcionarios públicos y especialmente en contra de los funcionarios judiciales», afirmaron.

La calificaron de una práctica deshonesta, que se lleva a cabo en contra de los operadores de justicia e incluso recordaron la campaña en contra de la misma Corte Constitucional. Una de las funcionarias preguntó ¿qué gana el Gobierno con la salida de los funcionarios judiciales?

La funcionaria habló de los peligros de los despidos de los funcionarios de carrera sin el debido proceso y sin respeto a sus derechos; la posibilidad de que ingresen personas sin concurso de méritos y «solo con la venia de las autoridades de turno»; la inestabilidad que tendrían estos nuevos funcionarios y su vulnerabilidad a la violencia y las injerencias en el sector judicial.

La representante del colectivo incluso afirmó que la familia del Primer Mandatario se benefició de la Ley de Integridad con un descuento de la deuda que tenían sus empresas con el Servicio de Rentas Internas por alrededor de USD 95 millones y que bajó a 21,7 millones.

La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces también participó y criticaron que se abra la puerta a declarar la emergencia en el poder judicial, simplemente por decisión del titular de la Judicatura y una minoría simple en el pleno.

A la vez, dijo que la idea de una emergencia judicial es ficticia, puesto que los problemas se deben a la reducción del presupuesto de la Función por parte del Ejecutivo y a la precarización del Consejo de la Judicatura, envuelta en constantes polémicas.

El abogado de la Asociación rechazó los cambios en el régimen disciplinario, con normas abiertas y ambiguas que perjudicarán a los funcionarios, al igual que la regresión de derechos laborales.

Los argumentos de las otras 25 demandas ciudadanas
Las demandas planteadas por sindicatos, gremios, ciudadanos individuales, sociedad civil acusan a la Ley de Integridad Pública de inconstitucional por la forma, es decir, por el trámite que recibió y las materias que trata, y por el fondo, haciendo referencia al contenido específico de decenas de artículos.

Los abogados afirman que se vulneró el trámite parlamentario en la Asamblea Nacional y que la normativa no cumple con la unidad de materia, con temas que entraron «por la ventana» y una votación plenaria que no contó con los textos definitivos que supuestamente se aprobaron.

Por ejemplo, recuerdan que en el segundo debate, el legislador Andrés Castillo «metió por la rendija» la reforma penal sobre los menores de edad, que no estaba contemplada en el proyecto, con lo que incumplió el requisito constitucional de que todos los temas pasen por dos discusiones plenarias.

Uno de los abogados acusó a los legisladores de intentar convertir las leyes urgentes en «cajas de sastre», para incluir todos los temas que quepan en su contenido, sin importar la desconexión entre las materias. A esto sumaron también el impedimento de que ciertos legisladores participen en el debate.

Los demandantes consideran que la Ley restringe derechos, debilita la independencia judicial, afecta el interés superior de los niños, afectan la seguridad jurídica, impiden el debido proceso, crea figuras no previstas en la Constitución y va en contra de tratados internacionales. La calificaron de un contrabando de normas, que ejemplifica el caos legislativo.

Por lo que cuestionaron si un nuevo régimen penal para los menores de edad, las reformas para declarar emergencia en la Función Judicial o las reformas laborales al sector público tienen relación con la estabilidad fiscal, como para incluirlos en una ley económica urgente.

Además, señalan que las alteraciones al servicio público representan una violación a los derechos adquiridos por los funcionarios del Estado, y que generaría precariedad, vulnerabilidad y dejaría la puerta abierta a la arbitrariedad y discrecionalidad administrativa.

Otro punto polémico es la inclusión de una reforma transitoria que ordena que las cooperativas se conviertan en bancos y fue calificada como «una cura improvisada para un mal diagnóstico».

Los demandantes la califican como una regresión de derechos, una afectación a la libertad de asociación y al pluralismo económico, una desnaturalización del propósito colectivo de las cooperativas y como un desconocimiento del sistema económico reconocido por la Constitución y el derecho internacional.

La respuesta de la Asamblea y el Ejecutivo
La representante de la Asamblea Nacional, Mercedes Mediavilla, coordinadora General de Asesoría Jurídica, defendió el tratamiento y contenido de la Ley de Integridad Pública, argumentando la paralización de servicios públicos y la pérdida de unos USD 930 millones en corrupción y mala gestión.

La funcionaria hizo alusión a una sentencia de la Corte Constitucional en la que se estableció que el principio de unidad de materia no debe ser excesivamente rígido. Sin embargo, afirmó que todo el articulado, que reforma 22 otras normativas, sí tiene relación con la integridad en el sector público.

Como respuesta a las denuncias de regresión de derechos, Mediavilla se limitó a explicar los conceptos de eficiencia y eficacia. Tras lo cual argumentó «la necesidad urgente de limpiar nuestras instituciones públicas», por lo que esta reforma implica una reestructuración de todo el servicio público.

Nada dijo la abogada de la Asamblea sobre las acusaciones de que se incluyeron nuevos temas en el segundo debate, que Niels Olsen no permitió la participación de ciertos legisladores en el debate o que el texto que se votó no tenía los cambios finales que se hicieron en el pleno.

El secretario Jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, dijo que la Ley de Integridad busca que la ciudadanía se reactive a través de una administración pública oportuna y de calidad. Y agregó que no se trataba inicialmente «solo» de una ley de contratación pública.

Además, el funcionario dijo que la misma Corte ha dictaminado que las leyes no pueden ser declaradas inconstitucionales solamente por una ausencia de unidad de materia, ya que esa acusación debe argumentar también la afectación a un precepto constitucional.

Andino argumentó que los únicos competentes para determinar si una ley es económica urgente son el Presidente de la República y el Consejo de Administración Legislativa, como ha dictaminado previamente la Corte Constitucional. Y que si el pleno de la Asamblea votó por incluir temas en el proyecto, eso no puede declararse inconstitucional.

Sobre la intención de convertir las cooperativas en bancos, el secretario Jurídico afirmó que no todas estas entidades tratan a sus socios como tales, sino como clientes, por lo que no existe el cooperativismo, lo que implica un fraude constitucional. Y dijo que esto se comprueba con los niveles de pobreza que se mantienen en los sectores donde están dichas cooperativas.

Y agregó que «hay algunos pillos que están utilizando este mecanismo para lavar dinero, para simular que son cooperativas y no transformarse en bancos y tener los controles adecuados.

Miguel Mendoza, representante de la Procuraduría, coincidió con los argumentos presentados por la Asamblea y la Presidencia. Y afirmó que los legisladores no pueden tipificar en cada norma todas las infracciones y sanciones administrativas, por lo que estas pueden ser elaboradas en un reglamento o resolución de las autoridades competentes.

El abogado de la Procuraduría también recordó que el principio de la estabilidad laboral no es absoluto, como tampoco lo es el derecho al trabajo, puesto a que están sujetos a prescripciones de carácter general, establecidas en el ordenamiento jurídico, y restricciones de índole concreta, por parte de las autoridades administrativas.

El abogado del Ministerio del Trabajo, Andrés Castillo, señaló que la Ley de Integridad responde a los vacíos normativos que garantizaban estabilidad laboral sin eficiencia ni resultados, lo que ha generado distorsiones en el sector público.

Entre los problemas mencionados por este funcionario están: la permanencia de personal con bajo desempeño; el abuso de figuras contractuales, como los contratos de servicios ocasionales; y vacíos en las modalidades especiales, como el teletrabajo.

Según Castillo, la Ley y su Reglamento buscan que la estabilidad laboral de los servidores públicos estarán ligados a los resultados y metas, luego de una evaluación de desempeño, bajo el debido proceso. Y que los objetivos son fortalecer la profesionalización del servicio público, erradicar la ineficiencia e improductividad y reformar la ética pública y la meritocracia.

Las preguntas de los jueces constitucionales
El presidente de la Corte, Alí Lozada, abrió el espacio de preguntas de los magistrados y pidió a los abogados del Estado que amplíen sus argumentos sobre los vicios de forma, como la unidad de materia y de si realmente se trata de un proyecto económico urgente.

A ojos del magistrado, el tiempo de intervención pudo haber limitado las respuestas de los abogados, que inicialmente hablaron del fin social de la Ley y después argumentaron que el objetivo era la integridad pública.

Además, Lozada comentó que «con alguna imprecisión» el secretario Andino citó dictámenes previos de la Corte y le pidió que aclaré su argumento de que sería infructuoso declarar que no habría unidad de materia.

La jueza Alejandra Cárdenas insistió el ámbito de aplicación de la Ley de Integridad Pública, según los propios artículos de la normativa, se refiere a la administración pública, a las personas naturales y jurídicas que mantengan un vínculo con ella y sobre los servicios a la ciudadanía.

Por lo que cuestionó qué relación podrían tener los artículos sobre adolescentes infractores, reformas de movilidad humana y de cooperativas. Cárdenas también pidió mayor precisión en cuanto a cómo cumple esta normativa con la unidad de materia.

El juez Raúl Llasag consultó a los abogados cómo se garantiza una administración pública libre de corrupción libre de corrupción con la remisión del 100% de intereses en el pago de las deudas tributarias hasta el cierre de 2024, que establece la Ley en la disposición transitoria decimotercera. Fuente: Primicias