Opinión
Noboa y la promesa de resetear la política

En el acto de posesión del gobierno para el periodo 2025-2029, el presidente Daniel Noboa expresó, entre otras cosas, que será diferente e “indescifrable para la vieja política”, mientras que Niels Olsen, presidente del poder legislativo, ofreció legislar con sentido de urgencia, fiscalizar con responsabilidad y, acompañar con visión de Estado. Para todo esto el gobierno cuenta con un punto a favor, la experiencia previa de 18 meses en ejercicio. Noboa y su equipo han recorrido un tramo importante, por lo tanto, cuentan con una valiosa experiencia, lo que puede jugar a favor para superar la compleja situación del país.
A más de continuar con el intento de resolver con resultados tangibles el problema de la inseguridad y la amenaza de las mafias organizadas, el gobierno debe enfrentar numerosos retos más, relacionados con: reformas y enmiendas constitucionales, junto con la revisión y actualización de decenas de leyes que responden a un escenario anterior a la pandemia por COVID19, a la actual revolución tecnológica y, a las orientaciones del fracasado socialismo del siglo XXI; construir con diálogo los acuerdos necesarios para el progreso económico y social; cambiar la Ley de Educación Superior para que responda a los tiempos que corren; posicionamiento exterior del Ecuador enfocándose en la integración andina y regional; respaldo a la justicia para erradicar la corrupción y la impunidad.
En el discurso de posesión el presidente Noboa se enfocó especialmente en seis ejes relacionados entre ellos, lo que demandará políticas públicas y normativa consistentes y acompasadas en: economía y finanzas; empleo e inversión; gasto público (bonos sociales y obra pública); crisis eléctrica; petróleo y gas; apertura comercial. El presidente no se refirió mayormente a cuestiones institucionales -salvo el trabajo con el legislativo-, ineludible para allanar el camino de las decisiones estratégicas que deberá tomar en los ámbitos señalados; tampoco se refirió al manejo de la justicia ni al papel que cumplió Diana Salazar como Fiscal General del Estado. Hizo mención expresa a la situación de las mujeres, niños y jóvenes, adultos mayores y migrantes; también aludió a la dignidad humana como uno de los propósitos de su labor.
Lo cierto es que el país vive con esperanza un nuevo momento político y demanda cambios tangibles, no solo en la forma de hacer política, sino, sobre todo, en los resultados de su puesta en marcha. Fuente: Opinión
Noticias Zamora
Un buen padre deja huellas, no cicatrices

Noticias Zamora
La nueva regulación del consumo de drogas y su impacto en la sociedad ecuatoriana

El 7 de junio de 2025, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, una reforma integral que busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Esta ley introduce cambios significativos en la regulación del consumo de drogas, reemplazando la anterior «Tabla de Drogas» por un sistema más técnico y contextualizado.
La Tabla de Umbrales de Consumo, también conocida como «Tabla de Drogas» establecida en 2013 por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), fijaba cantidades máximas de diversas sustancias que una persona podía portar para que se considerara consumo personal y no tráfico ilícito. Sin embargo, en noviembre de 2023, el presidente Daniel Noboa derogó esta tabla mediante el Decreto Ejecutivo N.º 28, argumentando que facilitaba el microtráfico al permitir que se encubriera como consumo personal el tráfico de pequeñas cantidades. Esta eliminación dejó un vacío legal que fue parcialmente cubierto por una resolución de la Corte Nacional de Justicia número 14-2023, instruyendo a jueces y fiscales a evaluar caso por caso, basándose en análisis meticuloso del caso en concreto.
La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, aprobada el 7 de junio del 2025, reforma el artículo 228 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para establecer que los parámetros para determinar el consumo personal de drogas serán fijados y actualizados mediante una resolución conjunta entre el Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura. Lo que busca evitar la criminalización de los consumidores y garantizar que no se confundan con traficantes por la sola posesión de una cantidad determinada.
La nueva normativa establece que no se presumirá el consumo de drogas en ningún caso. Por lo tanto, será requisito obligatorio la realización de pericias toxicológicas o psicológicas antes de emitir cualquier decisión o informe legal correspondiente. Lo cual permite una evaluación más justa y precisa de cada situación, diferenciando claramente entre consumo personal y microtráfico.
Aunque la reforma ha sido vista como un avance hacia un trato más justo para los consumidores, algunos expertos en derecho penal han cuestionado la participación de entidades judiciales en la definición de parámetros técnicos sobre adicciones, argumentando que se trata de un tema de salud pública que requiere la intervención de especialistas. Además, la implementación efectiva de estos nuevos criterios dependerá de la capacitación y coordinación entre las instituciones involucradas.
Opinión
El Estado que pudo ser

En el convulso escenario político del Ecuador de los años treinta del siglo pasado, la historia de la administración pública —que he abordado en distintos momentos en esta columna— vivió un episodio tan breve como significativo bajo el liderazgo de Alberto Enríquez Gallo. Tras la caída de la dictadura de Federico Páez en 1937, Enríquez emprendió una serie de reformas que, lejos de responder a los intereses de las élites tradicionales, buscaron delinear un Estado moderno, incluyente y con una autonomía relativa frente a las fracciones dominantes y al capital extranjero.
Su proyecto gubernamental rompió con la lógica oligárquica predominante, apostando por una administración pública orientada a los intereses nacionales. Las reformas impulsadas, como el Código del Trabajo, la Ley de Educación y el Estatuto Jurídico de las Comunidades Indígenas, entre otras, fueron expresión de una nueva racionalidad estatal que buscaba articular derechos sociales, democratización institucional y soberanía económica.
Desde una mirada histórica, la breve administración de Enríquez Gallo representó un intento concreto por construir un Estado benefactor y garante de derechos, con una administración pública orientada a la redistribución y a la modernización institucional. Frente a la corrupción legalizada mediante contratos lesivos con compañías extranjeras —defendidos incluso por influyentes abogados y políticos de la época— emergió una visión de Estado capaz de regular la economía, ordenar lo público y canalizar las demandas sociales.
Este ciclo de reformas se inscribe en la accidentada trayectoria de la administración pública latinoamericana: avances truncos, modernizaciones precarias y contradicciones persistentes entre una visión nacional del desarrollo y una lógica de subordinación a intereses globales. La historia de Enríquez revela una tensión estructural: la dificultad para consolidar un proyecto estatal sostenible ante el choque entre los ideales de equidad y los intereses dominantes.
Casi un siglo después, en medio de nuevas crisis, mirar este episodio no constituye un ejercicio de nostalgia, sino de memoria activa. Pensar el futuro de nuestras administraciones públicas exige aprender de aquellos momentos en que el Estado intentó ser algo más que un aparato al servicio del poder: una herramienta para el bienestar colectivo y la justicia social. Esa experiencia histórica ofrece lecciones valiosas a las que nuestros gobernantes deben remitirse con responsabilidad y visión de país. Fuente: El Telégrafo
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