Por Rosalía Arteaga Serrano

La reciente noticia del atentado en contra del político colombiano Uribe Turbay en la ciudad de Bogotá, demuestra una vez más el avance de la violencia en nuestro continente que inunda las calles de sangre y atemoriza a las personas de bien a ser parte de la política, pero también a realizar actividades cuotidianas.

El fatal atentado que sufriera Fernando Villavicencio en la ciudad de Quito, más la infinidad de crímenes cometidos en contra de alcaldes, concejales, autoridades diversas en prácticamente todas las provincias del Ecuador, nos muestran la imagen más descarnada de los criminales tratando de adueñarse de los espacios y de manejar las sociedades a su violenta manera.

Las noticias que nos llegan de actos delictivos como secuestros, cobro de extorsiones, muertes violentas, atentados, en diversas partes de la geografía latinoamericana, nos dejan con la impresión, por la similitud de acciones, de que el crimen organizado actúa de manera conjunta y golpea a los diversos sectores de las sociedades.

La reflexión, además de la solidaridad con las víctimas, con sus familiares y con la sociedad en general, viene por el lado de pensar que, si los criminales actúan de manera organizada y tienen estrategias sangrientas, por qué los gobiernos no actúan en conjunto, me refiero a los de América Latina, por qué no se diseñan estrategias, controles, acciones que vayan a minimizar y ojalá a erradicar la acción de estos criminales de nuestros territorios.

Organizaciones como la OEA deberían tomar un liderazgo en este sentido, dejando de lado las diversas ideologías de los mandatarios del momento, para pensar en cómo conseguir seguridad para los ciudadanos del continente.

Análisis económicos nos dicen del impacto que la inseguridad causa en nuestras economías y en cómo América Latina aparece como el área del planeta que menos crecimiento económico registrará este año y esto en buena parte se debe a la inseguridad que azota las calles, las plazas y la vida misma de las ciudades.

Hay que unir fuerzas, estamos compelidos a hacerlo, la realidad de lo que ocurre cada día en nuestra región es un llamado poderoso a la actuación en conjunto. Fuente: El Telégrafo

Por: Alcíbar Lupercio – Periodista comunitario.

En este pedazo de la Amazonía ecuatoriana, donde el verde espeso de la selva se funde con el sudor del trabajo honrado, la tierra guarda un tesoro tan brillante como polémico: el oro. Desde su redescubrimiento en la década de los 80, cuando las minas de Nambija abrieron sus entrañas a la esperanza, la provincia de Zamora Chinchipe no volvió a ser la misma. Pero el oro, que debía traer desarrollo, ha terminado sembrando conflicto, división y desconfianza.

No fue la riqueza la que trajo primero a los habitantes, sino la necesidad. En los años 60, cuando la sequía azotaba a Loja, muchos migraron hacia esta provincia. Vinieron con la firme decisión de hacer patria, de habitar estas tierras que también eran codiciadas por intereses extranjeros. Aquí alzaron la bandera del Ecuador, hombro a hombro con los pueblos originarios, como el shuar, defendiendo con valor un territorio que otros intentaban arrebatar. Hoy, medio siglo después, la amenaza no viene del vecino país, sino de los tentáculos de poder económico –nacional e internacional– que han descubierto en Zamora no solo un suelo fértil, sino un botín dorado que se pretende arrancar sin importar el costo social o ambiental.

La minería, legal o no, ha sido durante décadas el motor económico de esta provincia. Miles de familias han vivido de ella, han puesto pan en sus mesas, han pagado estudios y han generado empleo donde el Estado ha estado ausente. Y sin embargo, son precisamente esos pequeños mineros los que hoy son estigmatizados, perseguidos y silenciados. El discurso de la defensa del medio ambiente se ha vuelto el nuevo dogma de los poderosos para legitimar el despojo y marginar a los verdaderos actores del territorio.

La criminalización de la pequeña minería, en contraste con la permisividad hacia las transnacionales, es una paradoja que hiere. Se persigue al campesino que extrae oro con sus propias manos, mientras se abren las puertas a quienes vienen con maquinaria pesada, contratos blindados y respaldo político. Se ignora que el problema no es la minería, sino la falta de regulación justa, de acompañamiento técnico, de créditos, de capacitación, de visión de Estado.

Hoy no hay dinero en las calles de Zamora. La paralización minera no solo afecta a los mineros, sino a los comerciantes, transportistas, productores, emprendedores. Se detuvo el flujo económico y con él, el aliento de una provincia que ha aprendido a sostenerse casi sola. La pobreza golpea con fuerza, mientras las autoridades locales miran de lejos, sin proponer soluciones ni liderar un verdadero diálogo.

No se puede andar sobre oro y vivir en la miseria. No se puede exigir cuidado ambiental sin ofrecer alternativas reales. Y no se puede llamar ilegal a quien ha trabajado la tierra por generaciones, mientras se legaliza, con leyes a la medida, a los grandes capitales.

La solución no está en la represión, ni en el silencio cómplice. Está en la regularización, en el acompañamiento, en la justicia social y en el respeto por quienes han sostenido esta provincia sin ayuda estatal. Está en mirar con seriedad a la pequeña minería y reconocer su aporte al tejido económico local. Está en sembrar paz, diálogo, desarrollo y dignidad.

Zamora Chinchipe no es solo un mapa minero. Es un territorio de historia, de lucha, de cultura y de gente que merece vivir con derechos, no con dádivas. El Estado tiene una deuda histórica con esta provincia, y es momento de saldarla con políticas públicas reales, no con persecuciones disfrazadas de legalidad.

Los mineros no son delincuentes. Son emprendedores, padres y madres de familia, ciudadanos que exigen ser reconocidos. Y su grito, aunque intenten callarlo, retumba en las montañas que alguna vez defendieron héroes anónimos. Porque esta tierra, rica en recursos, no puede seguir empobrecida por decisiones centralistas ni por intereses ocultos.

Legalizar la pequeña minería, apoyar al productor, invertir en infraestructura social, y erradicar la corrupción que se esconde en las instituciones del Estado no es una opción: es una urgencia ética. De lo contrario, nos estaremos auto eliminando como sociedad y como país.

Es tiempo de unidad. Es tiempo de verdad. Es tiempo de justicia.