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Mario Godoy: El oficialismo y el correísmo, que lo llevaron a la presidencia de la Judicatura, ahora buscan su destitución
El reciente escándalo que involucra a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), por presuntas presiones a un juez Anticorrupción, ha desatado críticas institucionales y pedidos de destitución y renuncia, incluyendo al mismo presidente Daniel Noboa.
Sin embargo, durante 2024 y 2025, las mismas organizaciones políticas e instituciones que hoy cuestionan a Godoy se alinearon en varias ocasiones para designarlo presidente del CJ para el período 2019-2025 y, posteriormente, ratificarlo hasta 2031.
De Petroecuador a la Judicatura
La trayectoria de Godoy en el Consejo de la Judicatura comenzó en diciembre de 2023, cuando el organismo enfrentaba una crisis tras el encarcelamiento y procesamiento de su entonces titular, Wilman Terán, por el caso Metástasis y sus vínculos con el crimen organizado.
El 20 de diciembre de 2023, el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) aceptó la renuncia de Terán. Debido a trámites burocráticos, el proceso para nombrar su reemplazo inició el 17 de mayo, tras la solicitud de una terna a la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Inicialmente, el Pleno de la Corte envió una lista conformada por Telmo Molina, Dunia Martínez y Hugo Landívar. La inclusión de Landívar generó alertas sobre una posible injerencia gubernamental, dado que era directivo de Acción Democrática Nacional (ADN), la organización política del presidente Daniel Noboa.
Tras incumplir los requisitos, Landívar fue reemplazado por Mario Godoy. Esta decisión fue tomada por José Suing, presidente de la Corte Nacional. Hasta esa fecha, Godoy se desempeñaba como procurador jurídico de Petroecuador en el gobierno de Noboa.
La ‘Liga Azul’ al rescate
El proceso avanzó tras descartarse dos impugnaciones contra Godoy en el CPCCS. El 8 de julio de 2025, la exvicepresidenta del organismo, Mishelle Calvache, mocionó a Dunia Martínez como titular de la Judicatura.
Calvache, el presidente Andrés Fantoni y el exvocal Gonzalo Albán votaron a favor. No obstante, Juan Esteban Guarderas, Yadira Saltos y Johanna Verdezoto se abstuvieron. El empate obligó a Fantoni a ejercer su voto dirimente, designando así a Martínez.
La denominada ‘Liga Azul’, afín al correísmo, se opuso al nombramiento. La vocal Nicole Bonifaz argumentó problemas de conexión para votar. 48 horas después, el 10 de julio, el correísmo logró anular la designación. Augusto Verduga suspendió su licencia por paternidad para retomar su vocalía y apelar la presidencia de Fantoni.
Mario Godoy en un evento del Consejo de la Judicatura sobre «Justicia abierta» el 9 de diciembre de 2025.Consejo de la Judicatura.
Con una mayoría de cuatro votos (Bonifaz, Saltos, Verdezoto y Verduga), la conducción de la sesión pasó a la vicepresidenta Calvache. Esto permitió reconsiderar la designación de Martínez, moción impulsada por Yadira Saltos y respaldada por una nueva mayoría de cinco votos (se sumó Guarderas).
Esa misma noche, tras reinstalarse la sesión a las 20:56, el pleno volvió a votar la moción original a favor de Martínez, la cual fue rechazada por Bonifaz, Saltos, Verdezoto y Verduga. De inmediato, Yadira Saltos mocionó a Mario Godoy.
La votación reconfiguró las alianzas: con los votos de Bonifaz, Saltos, Verdezoto y Verduga, Mario Godoy Naranjo fue nombrado vocal principal y presidente del Consejo de la Judicatura. La facción de Fantoni y Calvache votó en contra, mientras Guarderas mantuvo su abstención.
¿Alianza entre ADN y el correísmo?
Tras la designación en el CPCCS con apoyo del correísmo, la atención se centró en la Asamblea Nacional. El proceso de posesión de Godoy estuvo marcado por denuncias de presiones desde ADN.
El 15 de julio de 2024, Alejandro Muñoz, entonces secretario general del Legislativo, denunció haber recibido llamadas y mensajes para acelerar la posesión. Muñoz afirmó que las presiones, bajo advertencia de destitución, provenían del Ejecutivo mediante un emisario que citó órdenes de Esteban Torres, entonces viceministro de Gobernabilidad y actual asambleísta por ADN.
De manera paralela surgieron versiones sobre los vínculos que facilitaron el ascenso de Godoy: una conexión académica con Esteban Torres en la Universidad Indoamérica —donde el padre del ex viceministro era decano— y la relación con Fausto Jarrín, exasambleísta del correísmo, asesor externo del presidente Noboa y amigo personal de Godoy y su esposa, Dolores Vintimilla.
Finalmente, el 16 de julio de 2024, la Asamblea Nacional posesionó a Mario Godoy. Los detalles de las tensiones previas se confirmaron en diciembre de 2025, cuando el legislador de ADN, Andrés Castillo, admitió haber llamado a Muñoz siendo asesor de la bancada oficialista.
Castillo explicó que la urgencia respondía al vencimiento de los plazos y la indisponibilidad de las autoridades legislativas, Henry Kronfle y Viviana Veloz, lo que dejaba la responsabilidad en el segundo vicepresidente, Eckenner Recalde. Castillo negó haber ejercido presión, calificando la comunicación como un pedido de cortesía ante la falta de respuesta de Muñoz a las llamadas de Recalde.
La ratificación en el cargo
Durante su primera gestión (iniciada en julio de 2024), Godoy enfrentó cuestionamientos. Nubia Vera, jueza que falló a favor de la exvicepresidenta Verónica Abad en un litigio laboral, denunció presiones de Godoy y sus asesores, Henry Gaibor y Jorge Carrillo, para favorecer al Ministerio del Trabajo.
La renovación de la Judicatura debía concretarse antes del 29 de enero de 2025, pero la falta de reemplazos por parte del CPCCS generó una prórroga. En marzo de 2025, el organismo operaba con el mínimo legal de tres miembros. La estabilidad del Consejo se puso en riesgo el 23 de junio de 2025 por un juicio político contra Solanda Goyes, vocal del Ejecutivo, el cual no prosperó.
El retraso en la selección de autoridades respondió a disputas políticas: el CPCCS estaba incompleto por la pugna de una vocalía tras la destitución de la ‘Liga Azul’ por el Tribunal Contencioso Electoral, y la Comisión de Selección debió reconformarse tras la salida de vocales en enero de 2025. Además, el presidente Noboa no envió su terna de postulantes.
El proceso se reactivó en marzo de 2025. El 28 de marzo, el CPCCS contrató a Christian Eduardo Troya Macías como asesor de la consejera Johanna Verdezoto. Posteriormente, Troya representó a Verdezoto en la Comisión Técnica de selección. Troya había sido asesor legislativo de Fausto Jarrín y Godoy intentó contratarlo en la Judicatura un año antes.
El 9 de julio de 2025, la Corte Nacional incluyó nuevamente a Mario Godoy en su terna tras la descalificación de los postulantes Landívar y Edison Toro. Finalmente, el 19 de septiembre de 2025, el CPCCS designó a los nuevos integrantes. Mario Godoy fue ratificado con los votos de Jazmín Enríquez, David Rosero, Johanna Verdezoto y Andrés Fantoni.
Fiscalización desde los antiguos aliados
Pese al respaldo previo del correísmo, el oficialismo, la Corte Nacional y el CPCCS, varios de estos sectores impulsan ahora la remoción de Godoy tras nuevas revelaciones.
El 17 de diciembre de 2025, una publicación de PRIMICIAS expuso presiones y amenazas contra Carlos Serrano Lucero, juez de la Unidad Anticorrupción, relacionadas con el caso de Jezdimir Srdan, narcotraficante serbio vinculado a la mafia albanesa y sentenciado a 10 años por lavado de activos.
Serrano grabó una reunión con Henry Gaibor, quien le solicitó prestar atención a la defensa de Srdan, argumentando que el procesado podría delatar a quienes «contaminaron». Archivos judiciales revelaron que los abogados del narcotraficante fueron Dolores Vintimilla y Christian Rosero, esposa y antiguo socio de Mario Godoy en la firma Invictus Law, respectivamente.
En la Asamblea Nacional, el oficialismo ha cambiado su postura. El asambleísta Andrés Castillo lidera un proceso de fiscalización que podría derivar en juicio político. Godoy ha sido convocado para el 5 de enero de 2026 para explicar sus vínculos con el caso Srdan. El presidente Daniel Noboa declaró que Godoy debería renunciar tras dicha comparecencia.
Paralelamente, la asambleísta Viviana Veloz confirmó que la bancada del correísmo recolecta firmas para iniciar un juicio político independiente contra Godoy. Fuente: Primicias
Dos llamadas realizó el sargento segundo Eduardo Castro Vásquez, de 40 años, antes de suicidarse en la casa de su mamá en Pascuales, norte de Guayaquil. Una fue a su cuñada, para pedirle perdón y que cuide a sus hijos. La otra, a su hija, una joven que compartió en redes sociales fotos con él y los últimos mensajes.
Castro se disparó en la cabeza dos horas después de asesinar a su pareja, Solange Arellano, en el Puente de la Unidad Nacional que conecta Guayaquil con Samborondón y Durán. Ella trabajaba en la Agencia de Tránsito de Durán y él, en el área jurídica de la Policía en el cantón El Carmen, en Manabí.
La Policía confirmó el femicidio de Solange y el suicidio de Castro. Un caso que no es aislado en Ecuador. Según registros periodísticos, entre 2022 y 2026 se han registrado al menos nueve femicidios perpetrados por miembros de la Policía Nacional. De esos casos, tres terminaron en un suicidio y el resto, con la sentencia de los uniformados implicados.
El año pasado, Andy Sebastián V.S., fue señalado como responsable de la muerte de Nicole de 21 años en Santa Rosa, en Tungurahua. La joven falleció de un disparo con un arma de dotación en una habitación. El principal sospechoso declaró que ocurrió cuando supuestamente estaban jugando. Pero sus declaraciones fueron contradictorias y eso generó las sospechas de los uniformados.
En 2024 hubo dos casos de femicidio que conmocionaron al país y en los que estuvieron implicados policías. Uno fue en junio, en la provincia de Imbabura.
El mayor Carlos Rodríguez mató a Dayana Lamiña, otra uniformada de la institución, al pie de la Unidad Policial de Atuntaqui. Tras sorprenderla y atacarla, Rodríguez se disparó en la cabeza y quedó tendido en el piso.
El oficia fue llevado hasta un hospital en Ibarra, donde falleció al día siguiente. La Fiscalía tomó las versiones de testigos y ordenó otras diligencias entorno al caso. Se conoció que el agresor usó su arma de dotación para asesinar a Dayana, quien era el segundo compromiso del uniformado y además tenía una niña de seis años.
Ese mismo año, pero en diciembre, hubo otro femicidio y suicidio cometido por un policía. Un sargento segundo fue hasta unas oficinas en el sector de Urdesa, norte de Guayaquil, donde trabaja su esposa y le disparó.
Además de atacarla, hirió a su hija, que recibió disparos en el tórax y el brazo. Posteriormente, el uniformado se suicidó.
En 2023 y 2022 ocurrieron los casos más estremecedores. En mayo de 2023, Paola Ortega murió tras recibir 13 puñaladas cuando estaba dentro de su auto en el sector de Sangolquí, en Pichincha. Ocurrió cuando su esposo (Cristian N.) se bajó a comprar comida, en ese momento, unos delincuentes se acercaron y la asesinaron por robarle USD 600 y una cadena de oro.
Cristian N. fue sentenciado a 34 años y ocho meses de prisión. Minutos después del crimen, él se transfirió USD 2 000 desde la cuenta de su esposa. Las grabaciones de cámaras de vigilancia en la zona revelaron también que él dio varias vueltas antes de acercarse al auto donde estaba Paola y tampoco la llevó al hospital que estaba cerca.
Otro caso se reportó en mayo de 2023. Katherine C. conducía su vehículo cuando su esposo le disparó y se chocaron contra un muro en el sector El Inca, en el norte de Quito. El uniformado Jonathan T. fue el principal sospechoso y posterior sentenciado por femicidio.
Pero su versión no pudo ser corroborada. En el juicio, la Fiscalía detalló que Katherine había sido víctima de reiteradas agresiones y el día de su asesinato, Jonathan dejó su oficina en la Comandancia de Policía para irla a buscar. Recibió una condena de 34 años y ocho meses.
En septiembre de 2023, la comunidad de Tena intentó linchar a un policía que apuñaló y mató a su expareja Ledy, de 30 años.
María Belén Bernal, asesinada dentro de la Escuela de Policía
María Belén Bernal llegó a la Escuela Superior de la Policía en el norte de Quito, donde fue vista con vida por última vez. Iba a ver a su esposo, el teniente Germán Cáceres. Fue en septiembre de 2022 y después, desapareció.
11 días después, sus restos fueron hallados en el cerro Casitagua. María Belén Bernal era abogada, tenía 34 años y un hijo de 13 años. En 2017 se había casado con Cáceres, a quien sorprendió la noche de su desaparición con una cadete.
Eso motivó una discusión que terminó en gritos de auxilio. La Fiscalía investigó el caso y recabó una versión en la que un cadete aseguró haber visto a Cáceres subiendo un bulto en el auto esa madrugada. En su habitación, se encontraron manchas de sangre en el colchón y la huella de una mano en la pared.
Cáceres estuvo prófugo algunos meses hasta diciembre de 2022, cuando fue capturado en Colombia. Recibió una sentencia de 34 años y ocho meses, la cual apeló, pero el recurso fue rechazado. El caso generó indignación y motivó multitudinarias manifestaciones en Quito, Guayaquil y Cuenca pidiendo justicia por ese y decenas de femicidios en Ecuador.
Uniformados deben ser valorados psicológicamente de forma constante, advierte especialista
La exposición a niveles de violencia, consumo de alcohol, drogas y hasta horarios laborales extremos de los uniformados, son algunos de los factores que pueden afectar la salud mental de los agentes. Así lo explicó la psiquiatra Julieta Sagnay, que conversó con Ecuavisa.com.
Sagnay explicó que el perfil de los agresores incluye rasgos de personalidad narcisista, con necesidad de dominio y superioridad. La especialista indicó que también siguen patrones relacionados con lo que viven en la formación y su trabajo, el ser subordinados o humillados, y eso traspasa al entorno familiar.
Por eso, Sagnay agregó que se deberían realizar valoraciones psicológicas a los uniformados para detectar índices o patrones, de forma preventiva, y así reducir el riesgo de este tipo de casos. Comentó también que los uniformados tienen un riesgo mayor, que es la facilidad para acceder a armas de fuego. Debido a eso, se debe considerar la atención especializada.
Ecuador recibirá un nuevo desembolso de USD 394 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Es el primero que recibirá en este 2026.
La aprobación se realizó este miércoles, 22 de abril, por parte del directorio del FMI. Es la quinta revisión de metas dentro del programa de crédito que alcanza un monto de USD 5.000 millones.
Representantes del FMI mantuvieron conversaciones con autoridades ecuatorianas entre el 26 de febrero y 6 de marzo en Quito. Posteriormente, estuvieron en Washington, entre el 16 y 27 de marzo.
Programa de crédito del FMI
Con el nombre de Servicio Ampliado del FMI, el programa de crédito es de 48 meses. Comenzó en mayo de 2024 y terminará en 2028.
Hasta el momento se han recibido USD 3.330 millones del FMI.
Medidas tomadas por Ecuador
El FMI ha destacado que la economía ecuatoriana sigue superando las expectativas iniciales. Entre los hitos positivos están el fortalecimiento de las reservas internacionales, lo que llevó a que Ecuador retorne a los mercados internacionales de capital en enero de este año.
El equipo del FMI, encabezado por Patricia Tumbarello, sostuvo que el Gobierno ha cumplido con sus objetivos como la lucha contra el lavado de activos y el régimen fiscal minero; la racionalización de los gastos tributarios, la eficiencia del gasto y las reformas mineras.
“Las autoridades ecuatorianas siguen demostrando un firme compromiso con su programa económico”, señaló Nigel Clarke, subdirector gerente del FMI.
La reciente decisión de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador de conceder la extradición de Darío Javier Peñafiel Nieto, alias “Topo”, vuelve a poner en el foco a uno de los nombres clave dentro de la estructura criminal de Los Choneros.
Peñafiel Nieto inició su actividad delictiva en 2016, cuando tenía 26 años. De profesión topógrafo —origen de su alias— fue vinculado al secuestro de un ciudadano austriaco en Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos.
Ese mismo año fue capturado y, en 2017, sentenciado a 11 años de prisión por secuestro y a 3 años adicionales por asociación ilícita. Fue recluido en la Cárcel Regional del Guayas.
Con el tiempo, se convirtió en una persona de confianza dentro de la estructura y asumió el liderazgo de “Los Fatales”, una facción vinculada a actividades de sicariato, a la par que «Fito» se consolidaba como líder de «Los Choneros» tras el asesinato de Zambrano González en una cafetería del centro comercial Mall del Pacífico, en Manta, el 28 de diciembre de 2020.
En 2022, «Topo» inició el trámite para acceder a beneficios penitenciarios y el 3 de junio de 2023 obtuvo el régimen semiabierto, tras cumplir la totalidad de la pena por asociación ilícita y el 60% de la condena por secuestro. Ese proceso derivó en su liberación.
Ya en libertad, su rol dentro de la organización se fortaleció en un contexto marcado por la disputa entre Los Choneros y otras bandas como Los Lobos.
En ese escenario, “Topo” participó en la expansión hacia economías ilegales como la minería ilegal, especialmente en la provincia amazónica de Sucumbíos, donde «Los Choneros» protagonizaron enfrentamientos enfrentamientos con los «Comandos de la Frontera», una disidencia de las FARC.
En septiembre de 2025 fue nuevamente detenido en la provincia de Napo por presunto tráfico de armas. Para entonces, también tenía vigente una orden de captura por el asesinato de un policía en 2024, además de antecedentes por asociación ilícita, secuestro extorsivo y otros delitos. En algunos procesos fue liberado con medidas sustitutivas.
Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad conocida como “La Cárcel del Encuentro”, situada en la provincia costera de Santa Elena.
“Este angelito le hará compañía a Fito»
Alias “Topo” es requerido por el Tribunal del Distrito Este de Nueva York por presunto tráfico de drogas a gran escala y uso de armas de fuego.
El 22 de abril de 2026, tras una audiencia de extradición pasiva, la Corte Nacional autorizó su entrega a Estados Unidos, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos legales y recibir las garantías diplomáticas correspondientes.
El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el objetivo del Gobierno es que la extradición se concrete “muy pronto”, para que el procesado enfrente a la justicia estadounidense, donde ya se encuentra José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de Los Choneros, extraditado en 2025.
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