Introducción: La deuda pública del Ecuador ha sido, en las últimas décadas, uno de los temas más debatidos en el ámbito económico, político y social del país. Su evolución refleja no sólo la dinámica de la economía nacional, sino también las decisiones de política fiscal adoptadas por distintos gobiernos en momentos de crisis o de bonanza. Hablar de la deuda pública puede sonar complejo o incluso preocupante, pero también es una oportunidad para reflexionar sobre el presente y el futuro. Como país, hemos enfrentado momentos difíciles, pero también hemos demostrado una enorme capacidad de resiliencia y voluntad de cambio. La deuda pública no es sólo un tema de cifras o decisiones técnicas; es una realidad que influye en el bienestar de todos, en la salud, la educación y las oportunidades de progreso. Este artículo busca explicar de forma clara qué es la deuda pública, cifras reales de la deuda desde 202O hasta 2024, cómo nos afecta y, sobre todo, qué caminos podemos tomar como sociedad para construir un futuro más justo, sostenible y lleno de posibilidades para todos los ecuatorianos.

¿Qué es la deuda pública ecuatoriana?

La deuda pública ecuatoriana es el conjunto de obligaciones financieras que el Estado asume para cubrir sus gastos cuando los ingresos no son suficientes. Es decir, cuando el gobierno necesita recursos para financiar obras, programas sociales o enfrentar crisis, recurre a préstamos tanto internos como externos.

Esta deuda no es mala en sí misma. De hecho, puede ser una herramienta útil para impulsar el desarrollo si se usa de manera responsable. Sin embargo, cuando el endeudamiento crece sin control, se convierte en una carga para el país, pues una parte importante del presupuesto nacional debe destinarse al pago de intereses y amortizaciones, en lugar de invertirse en salud, educación, empleo o infraestructura.

Cifras reales de la deuda desde 2020 hasta 2024

La deuda pública ecuatoriana se divide en dos componentes principales: deuda externa, que representa aproximadamente el 78,5% del total y la deuda interna, que constituye el 21,5% restante. Las cifras pueden carecer de exactitud, debido a que algunos gobiernos cambiaron la forma de cálculo de la deuda. Las cifras, son estas:

Al finalizar el gobierno de Jamil Mahuad Witt el 21 de enero de 2000, la deuda pública de Ecuador ascendía aproximadamente a 12.800 millones de dólares.

Al finalizar el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano el 15 de enero de 2003, la deuda externa pública de Ecuador se situaba en aproximadamente 11.388 millones de dólares.

Al finalizar el gobierno de Lucio Gutiérrez Borbúa el 20 de abril de 2005, la deuda pública total de Ecuador (sumando deuda externa e interna) se situaba en aproximadamente 14.536 dólares.

Al concluir el gobierno de Alfredo Palacio González el 15 de enero de 2007, la deuda pública total de Ecuador ascendía a aproximadamente 13.494 millones de dólares.

Al concluir el gobierno de Rafael Correa Delgado el 24 de mayo de 2017, la deuda pública total de Ecuador se estimaba en aproximadamente 40.461 millones de dólares.

Al concluir el gobierno de Lenín Moreno Garcés el 24 de mayo de 2021, la deuda pública de Ecuador presentaba 62.350 millones de dólares.

Al concluir el gobierno de Guillermo Lasso Mendoza el 23 de noviembre de 2023, la deuda pública total de Ecuador se situaba en aproximadamente 79.316 millones de dólares.

Hasta diciembre de 2024, bajo la administración del presidente Daniel Noboa Azin, la deuda pública total de Ecuador se estima en aproximadamente 82.940 millones de dólares.

Para calcular la deuda pública per cápita (por persona), dividimos el monto total de la deuda pública, para el número de habitantes del Ecuador: Deuda 82.940 millones USD÷18,29 millones de personas ≈ 4.534 USD. Esto significa que, en promedio, cada ecuatoriano tenemos una carga de deuda pública de alrededor de 4.534 dólares.

En conclusión, existieron dos periodos de gobierno donde la deuda pública creció con mayor énfasis: el primero fue del 2007-2017 (hasta el 24 de mayo) en la presidencia de Rafael Correa Delgado, donde la deuda creció de 13.494 millones de dólares a 40.461 millones de dólares, existiendo un incremento aproximado de  26.937 millones de dólares en 10 años de gobierno; deuda que fue invertida en carreteras, hidroelectricas, hospitales, Ecu 911, UPC, instituciones educativas,  educación, salud, seguridad ciudadana, generación de empleo, disminución de la pobreza e igualdad social.

Y el segundo  del 2017 (desde el 24 de mayo) hasta diciembre de 2024 en las presidencias de Lenin Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, donde la deuda creció de 40.461 millones de dólares  a 82.940 millones de dólares, existiendo un incremento aproximado de  42.479 millones de dólares, en 8 años de gobierno,  un aumento muy superior al del gobierno de Rafael Correa en sus 10 años de mandato, con la diferencia que en estos últimos 8 años (2017-2024)  ha crecido la desigualdad social, la pobreza, la inseguridad, el desempleo, los impuestos (IVA), el  costo de combustible, la  migración y hemos tenido apagones. Ha decrecido la obra pública, el presupuesto para educación y salud, entre otros.

¿Cómo nos afecta? 

El elevado nivel de endeudamiento limita la capacidad del Estado para invertir en áreas clave como salud, educación e infraestructura. Además, la necesidad de cumplir con los pagos de deuda reduce el espacio fiscal disponible para programas sociales, afectando directamente el bienestar de la población. Esto puede traducirse en hospitales con menos insumos, escuelas con menos presupuesto, menos inversión en generación de empleo o en obras necesarias para nuestras comunidades. Además, el peso de esa deuda lo terminamos asumiendo todos, especialmente los sectores más vulnerables.

¿Qué podemos hacer como sociedad? 

El camino hacia un futuro más justo y sostenible empieza por exigir una gestión responsable y transparente de la deuda. Es vital que los recursos que se obtienen a través del endeudamiento se inviertan en proyectos que beneficien directamente a la población y generen desarrollo a largo plazo. Como ciudadanos, podemos contribuir manteniéndonos informados (¿Recuerdan las jake news-noticias falas de los expresidente Moreno y Lasso, cuando afirmaban que al pais le habían robado 70 mil millones de dólares?) informacion que fue desmentida por el propio banco interamericano de desarrollo y otras entidades internacionales), participando activamente en la vida democrática y apoyando políticas públicas que promuevan la equidad, la eficiencia del gasto y la lucha contra la corrupción.

El Ecuador tiene la capacidad y el talento para salir adelante. Si trabajamos juntos por un país donde las decisiones económicas estén al servicio de la gente, no de intereses particulares, podemos construir una nación con oportunidades reales para todos.  

Fuente: Datosmacro.com y Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador

Por Mariana Velasco

El Ecuador de todos, eligió a Daniel Noboa como Presidente Constitucional-2025-2029- y ésta es la oportunidad irrepetible para poner la casa en orden; con él vendrá inversión, estabilidad de la dolarización y oportunidades de empleo. No está por demás, realizar ejercicios de proyección del futuro, identificando tendencias que impactarán en el país: crisis climática, narcotráfico- corrupción, envejecimiento poblacional y digitalización.

En este bello paraje del universo, caben dos escenarios: una nación próspera y desarrollada, hasta una marcada por el estancamiento y la inestabilidad. Dimensionar lo que está en juego, es ineludible, razón por la cual, todas las funciones del Estado, academia, gremios, cámaras, sociedad civil, deben trabajar en ejes básicos, fundamentales, cuya capacidad de anticipar desafíos y definir estrategias sirva para orientar el desarrollo de instituciones democráticas sólidas. Insta una reforma constitucional que permita reorganizar los poderes del Estado para recuperar la institucionalidad.

Requerimos mayor integración al comercio internacional (aumentar exportaciones), remover las barreras que dificultan el desarrollo de sectores como agroindustria,  biotecnología, todas las energías, minería y la economía del conocimiento que, lleven a la estabilidad macroeconómica, pilar esencial. En 17 meses, el mandatario logró avances significativos en la estabilización económica, al poner orden en las cuentas públicas. No obstante, no está garantizada.  Estos sectores, combinados estratégicamente con los servicios, tienen el potencial de generar los empleos que el país necesita.

Se debe aprovechar las oportunidades globales, atraer inversiones es crucial, fomentar la innovación tecnológica y desarrollar el talento humano, imprescindible. En este sentido, la transformación del sistema educativo es obligatorio.

Para restaurar la confianza en la justicia, los corruptos deben enfrentar sentencias firmes, extradiciones y consecuencias legales, sin excepción. No se puede ni debe coexistir con la impunidad.

Fronteras, puertos, aeropuertos, aduanas deben ser modernizados a través de sistemas   digitales para tener estrictos y transparentes controles. Construir el Ecuador que queremos, exige actuar desde hoy para habilitar llaves:  institucionalidad, desarrollo y estabilidad. Las decisiones que tomemos hoy definirán el futuro del país. Tenemos la oportunidad y responsabilidad de construir un legado donde las próximas generaciones puedan con certeza proyectar su futuro. ¡A trabajar para que así sea! Fuente: El Telégrafo

Me dirijo con profundo respeto, pero también con absoluta firmeza, a todas las autoridades de la provincia de Zamora Chinchipe: presidentes y vocales de juntas parroquiales, concejales, alcaldes, Prefectura, Gobernación, MAATE, ARCOM, y a los representantes legislativos que tienen el deber de actuar más allá del discurso.

Hoy, la minería mal ejecutada no solo erosiona el suelo: está socavando la confianza ciudadana y destruyendo la infraestructura vial que con esfuerzo ha levantado el Estado. Casos como el de la vía rural que conecta el Puente del Amor en Yantzaza con La Floresta, Playas de Cuye y Zumbi, en Centinela del Cóndor, no pueden seguir ignorándose. En La Floresta, por ejemplo, ya se ha perdido un tramo de aproximadamente 80 metros de la mesa vial, y todo apunta a la actividad minera irresponsable desarrollada en las orillas del río.

Debo ser claro: no estamos en contra de la minería, reconocemos que dinamiza la economía y genera empleo. Pero no puede permitirse que, bajo ese argumento, se justifique la destrucción de caminos, puentes y obras que han sido financiadas con recursos públicos. Lo responsable es promover una minería técnica, legal, regulada y respetuosa de la vida comunitaria y del entorno.

Es preocupante la inacción de muchas autoridades. El silencio frente a esta problemática —incluido el de la Prefectura que debe velar por lo que le corresponde defender, también el de los legisladores— resulta inaceptable. No basta con aparecer en movilizaciones donde los ciudadanos con justo derecho reclaman y ustedes dan sus pronunciamientos en redes sociales. Se requiere acción coordinada y sostenida: campañas de concientización para los mineros, capacitaciones técnicas, normativas claras y un seguimiento riguroso a los impactos que se generan.

La lista de puentes que está en riesgo es larga: el viaducto sobre el río Zamora que da acceso a Zumbi, el puente de Panguintza camino a La Hueca, el de Chamico, los tramos en riesgo en la vía asfaltada entre La Saquea y Guadalupe, sector de Cartagena, La Saquea – Guaguayme Bajo… Estos puntos críticos no pueden esperar más.

Nos estamos jugando el futuro de nuestros nietos. Lo que hoy no se protege, mañana costará millones o será irrecuperable. El Estado no puede continuar asumiendo los costos de los daños provocados por prácticas irresponsables. Si no hay una respuesta inmediata, muchos nos preguntaremos: ¿acaso el silencio y la inacción tienen un cálculo político?

Hago un llamado, tanto a las autoridades como a los mineros, para que actuemos con visión de futuro, responsabilidad ética y compromiso con el bienestar colectivo. La ciudadanía ya no tolera la complicidad pasiva ni las promesas vacías.

La minería puede ser compatible con el desarrollo, pero solo si se ejecuta con responsabilidad y justicia ambiental y social. Señoras y señores autoridades: el silencio también es una forma de ser cómplices. La historia juzgará nuestra indiferencia.

Por Alcibar Lupercio