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Nacionales

¿Hay algo detrás de la quema de documentos que se pudo observar en la Embajada de Cuba en Ecuador?

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Las embajadas y consulados alrededor del mundo cuentan con estrictos protocolos de evacuación, que  pueden incluir la destrucción de información, documentos y material sensible. Aunque, usualmente, estos protocolos se ejecutan en zonas de conflicto, el 4 de marzo de 2026 el escenario fue Quito  y ocurrió después de conocerse que Ecuador declaró ‘non grata’ a toda la misión cubana en Ecuador.

Un video de esa acción difundido por el presidente Daniel Noboa, así como las fotografías de una persona quemando papeles en la terraza de la Embajada de Cuba, provocaron conmoción en redes sociales. El mismo presidente Noboa cuestionó al personal diplomático y afirmó que no habría «nada positivo» en esos documentos.

Pero, aunque la escena parecía sacada de una antigua película de espionaje, la destrucción de documentos y material diplomático no es ajena a la realidad de embajadas y consulados en muchos otros territorios. Por citar un ejemplo, Estados Unidos tiene estrictos protocolos para la impedir el acceso a su información diplomática.

El Departamento de Estado, que rige las relaciones exteriores de ese país, establece procedimientos para que, en caso de una orden de evacuación o suspensión de operaciones de una sede diplomática, sus funcionarios destruyan material sensible para prevenir que su seguridad nacional o la de sus trabajadores se vea comprometida.

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Esto incluye información clasificada y sensible no clasificada, en papel y en medios electrónicos, así como sellos consulares, pasaportes en blanco y equipos para procesar dichos documentos, así como instrumentos monetarios y papel moneda. Dependiendo el caso, puede incluir documentos personales de los funcionarios.

Para ello pueden utilizar técnicas de trituración, desmagnetización, inmersión química, desintegración o incineración. Los manuales estadounidenses de Asuntos Exteriores (FAM y FAH, por sus siglas en inglés) exigen que los responsables de la destrucción en dichas emergencias realicen ejercicios funcionales al menos dos veces al año.

Recientemente, estos protocolos han sido aplicados, por ejemplo, en las evacuaciones de las embajadas de Estados Unidos en Jartum (Sudán), en abril de 2023; en Kabul (Afganistán), en agosto de 2021; en Kiev (Ucrania), en febrero de 2022. Todos casos de conflictos armados.El episodio en Ecuador es completamente distinto. Sin esgrimir argumentos, el presidente Daniel Noboa rompió relaciones con el régimen castrista: el 3 de marzo retiró a su embajador en La Habana y al día siguiente declaró personas no gratas a todo el personal diplomático cubano en Quito.

Es decir, el Gobierno ecuatoriano no quiere que la sede cubana siga funcionando, puesto que las oficinas quedarán vacías por completo, después de las 48 horas que tienen los diplomáticos para abandonar el país.

Esta acción coincide con las amenazas del presidente Donald Trump de intervenir la isla, como lo hizo ya con Venezuela y con Irán, y a puertas de la cita en Miami a la que invitó a varios mandatarios de la región, entre ellos Daniel Noboa y donde se prevé presentar la iniciativa regional ‘Escudo de las Américas’.

¿Qué dice el derecho internacional?
La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 1961, rige la materia entre casi la totalidad de países del mundo. Ahí se establece, por ejemplo, que el principio de que el personal diplomático acreditado ante cualquier país tiene inmunidad.

Lo mismo sucede con sus familiares, trabajadores y domicilios, así como las oficinas utilizadas para el funcionamiento de la misión diplomática. Esa norma es catalogada como inviolable. Es decir, el Estado receptor debe garantizar su protección, tranquilidad y dignidad.

La Convención exige además que esas garantías se extiendan a los bienes materiales, archivos, documentos, comunicaciones, correos y valijas diplomáticas. Todos estos elementos también son declarados inviolables y no son objeto de revisión, apertura, intervención o retención.

A la vez, el derecho internacional establece que el Estado receptor puede, «en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión», comunicar al Gobierno acreditante que cualquier miembro de su misión diplomática no es aceptable o non grata.

Agrega que la obligación de abandonar el país debe ser ejecutada en un plazo razonable.

Además, la Convención de Viena manda que, aunque se rompan relaciones e incluso en caso de conflicto armado, el Estado receptor debe respetar y proteger los locales de la misión así como sus bienes y archivos.

Sin embargo, Ecuador no tiene una reputación confiable al respecto en el escenario internacional. La violación de la inmunidad y el asalto policial a la Embajada de México en Quito, en abril de 2024, le valió la condena en los foros multilaterales, de los bloques regionales e incluso de Estados Unidos, al igual que una demanda frente a la Corte Internacional de Justicia.

Por lo tanto, aunque el presidente Daniel Noboa recordó que el personal cubano podía llevarse todos los documentos y archivos de su Embajada sin destruirlos, la misión cubana consideró que no había garantías de que su inmunidad iba a ser respetada y destruyó sus documentos. Fuente: Primicias

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Aquiles Álvarez acude a la CIDH y denuncia prisión con fines políticos

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La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que la prisión preventiva en su contra responde a motivaciones políticas.

En el documento se señala que el alcalde permanece en condiciones de aislamiento extremo, con restricciones en visitas, comunicación y acceso a servicios básicos. Según su defensa, esto le impide ejercer el cargo para el que fue elegido, lo que —afirman— configura una “destitución de facto”. Por ello, solicitan la adopción de medidas cautelares internacionales.

Aunque un tribunal revocó la orden de prisión preventiva en ese proceso, al considerar que los elementos presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE) no eran “suficientes para establecer la existencia del delito” ni la probabilidad de participación de los procesados, el alcalde continúa privado de libertad por otras causas judiciales. Entre ellas, una investigación por la presunta comercialización ilegal de hidrocarburos, denominada Triple A, y otro proceso relacionado por no usar grillete electrónico antes de su encarcelamiento.

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Un cadáver maniatado y en estado de descomposición fue hallado en la vía Loja-Zamora

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Alrededor de las 06:15 de este miércoles 29 de abril, un cuerpo en estado de descomposición fue hallado a un costado de la vía Loja-Zamora, en el sector conocido como La Cordillera.

Según los reportes preliminares, el cuerpo fue localizado con signos de haber sido maniatado con cinta de embalaje y tenía la cabeza cubierta con una funda.

Tras el reporte, personal de la Policía y unidades especializadas acudieron al sitio para tomar procedimiento. Actualmente, las autoridades investigan el caso y realizaron el levantamiento del cadáver para trasladarlo a una morgue, con el objetivo de identificar a la víctima.

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Roberto Luque anuncia inicio de compensaciones a transportistas

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El Gobierno anunció que las compensaciones al transporte público se mantendrán.

En una entrevista para Ecuavisa, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, señaló que las compensaciones económicas al sector se mantendrán hasta el 15 de mayo, para el transporte intra e interprovincial.

En el caso del transporte urbano, el esquema de subsidios ya concluyó, pero Luque explicó que se han tomado otra acciones como tercera placa, tarifarios en rutas largas y otros.

Sobre posible alza de pasajes

“Yo no lo podría aseverar. Esas decisiones dependen de los gobierno autónomos descentralizados”, dijo Luque.

Esto significa que la definición de tarifas no es una competencia del Ejecutivo, sino de los municipios, por lo que serán ciudades como Quito o Guayaquil las que deberán decidir si se mantienen o modifican los valores actuales.

Las autoridades también señalaron que cualquier ajuste deberá estar vinculado a mejoras en el servicio. Según su criterio, los usuarios podrían aceptar incrementos si estos se traducen en mayor calidad, seguridad y eficiencia en el transporte.

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