El 23 de junio de 2024, un parte informativo de un oficial de Policía alertó sobre la existencia de una presunta red narcodelictiva conformada por ecuatorianos y colombianos. Casi dos años después, esa red fue desarticulada con la Operación Costa y ha sido señalada como parte de una alianza entre la mafia albanesa y Los Lobos para enviar cocaína a Europa.

Según la alerta original, esta organización, cuyos líderes fueron identificados con los alias de ‘Carlos’, ‘Andrés’ y ‘José’, utilizaba cantones bananeros de Guayas y El Oro como centros de acopio temporal para contaminar carga de exportación con droga.

A partir del 5 de julio de 2024, Fiscalía abrió la investigación previa, y días después obtuvo las autorizaciones judiciales para iniciar seguimientos y vigilancias encubiertas.

Detrás de ‘Chente’ y la exportadora de banano
La primera gran pista apareció el 23 de septiembre de 2024. Ese día los agentes identificaron a alias ‘Chente’, quien se movilizaba en un vehículo color vino y residía en la urbanización Ciudad del Sol, en Machala (El Oro).

Este individuo, que luego sería identificado como Hernán Vicente Ruilova (uno de los detenidos el 3 de marzo de 2026 en la Operación Costa), se encargaba de la logística de recepción, acopio y empaquetado de la cocaína.

A mediados de octubre de 2024, la Policía empezó a recopilar más pruebas y sospechosos. Los investigadores observaron a Ruilova reunirse en su vehículo, a las afueras de una gasolinera Primax en El Guabo, con Edison Fares Villacías, otro de los involucrados.

Poco después, un camión conducido por Fares Villacís y acompañado por Lirón Fares Farez (otro procesado), transportó formularios de calidad y cajas de cartón, color azul, de la marca «Anthony Bananas» hacia un inmueble en la parroquia Barbones.

Al amanecer del 16 de octubre de 2024, ambos sujetos, junto a Jean Pierre Fares (también involucrado), llegaron a un espacio tipo empacadora en el sector Parlamento. Bajo la dirección de los Fares, un grupo de jornaleros empacaba banano utilizando las mencionadas cajas azules.

En ese momento, la Policía allanó el lugar y encontró 25 cajas azules de «Anthony Bananas» que ocultaban 20 paquetes tipo ladrillo cada una, sellados con el logotipo «YSL», sumando un peso neto de 499 kilos de cocaína.

Durante su captura, Fares Villacís intentó borrar de su celular Samsung un chat de WhatsApp con el contacto «Hernan», evidenciando su nexo directo con Ruilova. A pesar de este operativo en flagrancia, la justicia local terminó sobreseyendo a los Fares semanas atrás, aunque el personal de inteligencia policial nunca dejó de seguirlos.

El rastro a los sospechosos y a las empresas detrás de los cartones de bananos llevó a los investigadores a vigilar a la Exportadora Bananera Independiente (Exporban), gerenciada por Shirley Barros, también capturada y ahora procesada por delincuencia organizada.

Los albaneses a escena
Con una parte de su red expuesta tras la captura inicial de los Fares, la cúpula de la organización —según la Fiscalía— reestructuró sus movimientos a inicios de 2025, marcando la entrada en escena de los financistas europeos.

El 12 de enero de 2025, Ruilova fue captado en Ibarra (Imbabura), a bordo de una camioneta. En el momento de la captura, estaba reunido con dos ciudadanos albaneses: Donald Lalaj y Mario Gjeci. Hoy ambos son parte de ocho sujetos detenidos en Europa como parte de la Operación Costa.

Los tres sujetos viajaron hacia Guayaquil, hospedándose a partir del 13 de enero en el lujoso edificio Santana Lofts, ocupando estratégicamente los departamentos 503 y 1401.

Allí, mediante interceptaciones telefónicas, los agentes escucharon a Ruilova coordinar la logística y el flujo de dinero ilícito con Pedro Barros,, administrador y propietario de Exporban; y hoy también procesado.

La red financiera también involucró a Mara Coello, pareja de Ruilova, quien, según la teoría del caso, recibía y gestionaba fuertes sumas de dinero, y a Paúl Baldeón, quien (en las llamadas) discutía inversiones de hasta USD 500.000 para «lavar» el capital ilícito.

Los envíos a Europa, caídos
El 4 de febrero de 2025, los movimientos se aceleraron cuando Ruilova trasladó a los albaneses Lalaj y Gjeci a la ciudad de Machala, y al día siguiente los llevó a un predio agrícola en la vía Buenavista-Zaruma, en Santa Rosa.

En ese lugar, bajo la atenta mirada de los albaneses, un grupo de jornaleros dirigidos por Dimitri García procedió al lavado, desmonte y llenado de cajas de banano, nuevamente de la marca «Anthony Bananas», introduciendo bloques de droga en su interior.

Una vez selladas, las cajas fueron subidas a un camión blanco, conducido por Bryan Reyes. En las afueras de esta misma finca se observó estacionado el camión que había sido utilizado por la familia Fares en la incautación de octubre.

Siguiendo el rastro de este nuevo cargamento, la Policía documentó cómo el camión ingresó a Yilport Puerto Bolívar a las 17:50 del 5 de febrero de 2025. Los contenedores, gestionados documentalmente por Yustin Orellana, empleado de Exporban, y coordinados en bodega por Michael Vera, fueron embarcados en el buque «Atlantic Reefer» con destino a Países Bajos, figurando como consignataria una empresa en Rumania.

Las autoridades ecuatorianas emitieron la alerta correspondiente a Europol y a la agencia antidrogas DEA. El 27 de febrero de 2025, al arribar al puerto de Vlissingen, los perros rastreadores dieron alerta positiva en varios pallets de la sección 4C.

En lugar de incautar la droga inmediatamente, las agencias europeas ejecutaron una entrega controlada, siguiendo el cargamento hasta un almacén en Ulvenhout. El 28 de febrero, el equipo de intervención especial allanó el lugar, capturando a cinco ciudadanos europeos e incautando 2.598 paquetes de cocaína pura, marcados con logotipos de «Philipp Plein», «YSL», «Louis Vuitton» y «Rolex», cuyo peso alcanzó las 2,5 toneladas.

A pesar de este duro golpe en Europa, la red intentó un nuevo envío meses después. En abril de 2025, Exporban tramitó otra exportación en el buque «Hood Island», la cual fue inspeccionada en mayo por Europol sin hallar sustancias ilícitas en sus pallets.

Sin embargo, en las bodegas contiguas de esa misma embarcación, las autoridades hallaron más de una tonelada de cocaína camuflada en cajas exportadas por la empresa Fruta Rica (Frutaric).

Esta última incautación arrastró a la investigación a la cúpula de Frutaric: su representante legal, Alfredo Montalvo, y su presidente, el exasambleísta y exconcejal socialcristiano Jorge Fadul Franco, a quienes la Fiscalía vinculó principalmente por su presunta relación telefónica con terceros asociados a la red logística.

Prisión preventiva para la red
Toda esta elaborada secuencia de vigilancia desembocó en los argumentos presentados por la Fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos, el 4 de marzo de 2026. El fiscal Giancarlo Almeida señaló formalmente a Hernán Ruilova, Pedro Barros y Saidy Palma Aquino como líderes de la delincuencia organizada, y a los otros 13 detenidos como colaboradores.

Frente a estas severas imputaciones, la defensa de Mara Coello, ejercida por el abogado Galo Valle, argumentó que su clienta es una simple corredora de bienes raíces y que su mención en el caso se reduce a tres llamadas con su conviviente, Ruilova, donde jamás se utilizó lenguaje criminal.

Por su parte, el abogado Pedro Moreira, defensor de los ejecutivos de Fruta Rica, cuestionó el nexo causal de sus clientes, señalando que la Fiscalía tuvo un año para investigar a la empresa y solo los vinculaba por ser directivos y por llamadas con empleados que ni siquiera están procesados.

Tras evaluar todos los informes policiales, los audios interceptados y las pericias internacionales que documentan las más de tres toneladas de cocaína incautadas, el juez Renán Andrade concluyó que la prisión preventiva era la única medida idónea para asegurar el proceso frente a una estructura de tan alto poder económico.

No obstante, acogiendo los informes médicos, el Magistrado concedió arresto domiciliario a Montalvo, por ser adulto mayor, y a Fadul Franco, por su afección cardíaca severa, disponiendo su traslado bajo custodia policial. Fuente: Primicias