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El impacto de la economía informal en la huella ecológica

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La expresión de economía informal se relaciona con aquellas actividades informales en las cuales los trabajadores, según la Organización Mundial del Trabajo no están reconocidos, registrados, regulados, ni amparados por la legislación laboral ni la protección social.

La investigadora Diana Bravo, especialista en Economía de Recursos Naturales, define a la economía informal como toda actividad económica que no está normada por el Gobierno y que, por tanto, no está sujeta a impuestos y regulaciones. A menudo, la economía informal se asocia con actividades de baja remuneración y con un mayor riesgo de explotación laboral.

Así también, Bravo argumenta que entre las actividades informales se incluye a las agrícolas que no están registradas ni poseen protección social. Asimismo, está la venta ambulante, que se trata de la venta de bienes y servicios en la calle, sin una ubicación fija o un establecimiento formal. Está considerado en este grupo el trabajo en casa, es decir, actividades que se realizan en el hogar o el trabajo doméstico no remunerado, la producción de bienes artesanales, la costura y la confección, entre otros.

Causas de la economía informal

Entre las causas de base de la economía informal se considera el contexto económico, los marcos jurídicos y las políticas laborales que, al no ser sólidas en su aplicación, se constituyen en recursos ineficientes que en niveles económicos bajos se reflejan en el deficiente nivel de educación de la población, la discriminación y la pobreza.

En Ecuador, hasta el cierre del año 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) indica que solamente el 32% de la población ecuatoriana posee un empleo adecuado, bajo condiciones laborables no precarias. En cambio, los trabajadores informales, que en cifras constituyen el 61% de la población ecuatoriana, laboran en condiciones no apropiadas, con salarios menores al sueldo básico unificado de $450 dólares (vigente desde el 1 de enero de 2023).

Ante este escenario, Diana Bravo sugiere que la situación laboral mejoraría en Ecuador a través de la creación de empleos formales con acceso a protección social, seguridad laboral, remuneración justa y otros derechos laborales que garantizan el trabajo digno. El fenómeno del trabajo informal para las naciones representa una situación difícil porque se quebranta el derecho de los trabajadores a tener un trabajo decente y una remuneración que les permita mejorar sus condiciones de vida y, sobre todo, acceder a los derechos fundamentales como educación, alimentación y salud.

El diseño e implementación de políticas públicas ampliaría la formalización del empleo y, por ende, la reducción de la precarización laboral y la falta de acceso a protección social. Por eso es importante promover la educación y capacitación laboral para mejorar las habilidades y competencias de los trabajadores y aumentar las oportunidades para el acceso a empleos formales y de calidad, agrega Bravo. La revisión y creación de políticas públicas que fomenten el emprendimiento, la formalización de negocios y la reducción, sobre todo, de la brecha de género.

 

Trabajo informal vs. huella ecológica

Al tema del trabajo informal se suma la afectación que estas actividades provocan en la huella ecológica, que no es otra cosa que nuestros actos, decisiones y comportamientos que definen el impacto en el medio ambiente. Por eso, cada país tiene la responsabilidad de monitorear este indicador de sostenibilidad que se define a través del modo de vida. En el caso de Ecuador, esta huella ecológica la monitorea el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica.

La economía informal puede tener un impacto positivo o negativo. Desde el lado positivo puede fomentar prácticas sostenibles, afirma Bravo: “por ejemplo, los vendedores ambulantes que comercializan productos locales y orgánicos pueden ayudar a reducir la huella de carbono al reducir la necesidad de transportar alimentos en largas distancias. Además, los trabajadores de la economía informal a menudo tienen un menor impacto ambiental en términos de transporte, energía y uso de recursos naturales en comparación con las grandes empresas. También ante la necesidad de empleo, puede significar una fuente de ingresos que permita satisfacer las necesidades básicas”.

Por otro lado, “la economía informal tiene un impacto negativo en la sociedad al fomentar prácticas insostenibles. Por ejemplo, los trabajadores de la economía informal a menudo no tienen acceso a tecnologías o prácticas que promuevan la eficiencia energética o la gestión adecuada de residuos. Además, las empresas informales pueden utilizar prácticas poco sostenibles para mantener sus costos bajos, como la eliminación inadecuada de residuos, el uso de materiales de baja calidad y la falta de consideración por el impacto ambiental”.

Por esto, para disminuir la economía informal y su impacto en la huella ecológica, se apuntan dos objetivos importantes: la promoción de la economía circular y la innovación tecnológica.

“La economía circular porque es un modelo económico en el que se maximiza la reutilización, reparación y reciclaje de los productos y materiales. Esto no solo reduce la huella ecológica, sino que también genera nuevas oportunidades de negocio y empleo en sectores como reparación y reciclaje. Adicional a esto, la regulación y formalización permite establecer mecanismos de control para reducir la huella ecológica y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, fomentar el consumo responsable y la educación ambiental. Eso, además de impulsar actividades y acciones que promueven la adquisición de productos y servicios sostenibles, lo que implica reducir el consumo excesivo y evitar el despilfarro de recursos, e incentivar la innovación y desarrollo de tecnologías más eficientes y sostenibles para la producción”, agrega.

Dentro de los límites de los recursos naturales del planeta

Ecuador es uno de los ocho países a escala mundial (Argelia, Colombia, Georgia, Jamaica, Jordania, Sri Lanka y Cuba), y el único de América Latina que ha demostrado que se puede alcanzar desarrollo humano viviendo dentro de los límites de los recursos naturales del planeta. Estos resultados se obtuvieron a través de la relación de tres variables: índice de Desarrollo Humano (IDH) calculado por Naciones Unidas, Huella Ecológica y la Biocapacidad calculadas por Global Footprint Network. Para el caso de Ecuador, sec tienen un IDH de 0,71, una Huella Ecológica de 1,73 hag* y la Biocapacidad mundial por persona de 1,72 hag. Resultado de esta interrelación, Ecuador apunta a alcanzar la meta del desarrollo sustentable. La medición de la Huella Ecológica se realiza en hectáreas globales (hag), que representan la capacidad promedio del mundo para producir recursos y absorber desechos.

 

 

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Exalcalde de Celica advierte riesgos técnicos en puente vehicular sobre el río Alamor, en el cantón Zapotillo

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Zapotillo, Loja. – En el marco de un recorrido territorial por el cantón Zapotillo, el exalcalde de Celica y precandidato a la Prefectura de la provincia de Loja, Oswaldo Román, manifestó su preocupación por el estado actual de un puente vehicular recientemente inaugurado en el sector, tras constatar observaciones técnicas relacionadas con su estructura de acceso y cimentación.

Durante la visita, realizada junto a moradores de la zona, el ex-burgomaestre explicó que decidió acudir personalmente al lugar luego de conocer reportes ciudadanos difundidos en redes sociales. Señaló que, para emitir un criterio responsable, es indispensable realizar una verificación in situ que permita sustentar cualquier pronunciamiento desde el punto de vista técnico.

Tras la inspección, indicó que la estructura principal del puente no presenta fallas estructurales; sin embargo, advirtió problemas en la estructura de ingreso, particularmente en uno de los estribos cuya cimentación se encuentra muy próxima —e incluso dentro— de la margen del río Alamor. Según detalló, aunque la zapata estaría anclada en lecho rocoso, su ubicación expone la obra al impacto directo de las crecientes.

Desde una perspectiva técnica, señaló que lo ideal hubiera sido emplazar la estructura a mayor distancia de la margen del río, extendiendo su longitud aproximadamente 20 metros adicionales para reducir el riesgo de socavación. Asimismo, recomendó que, de manera inmediata y durante la temporada invernal, se mantenga el relleno en la zona afectada a fin de evitar que el río rodee (“abrace”) la base del puente, situación que podría comprometer su estabilidad.

Como medida estructural definitiva, planteó la construcción de un muro armado tipo “ala”, en disposición diagonal aguas arriba, con una longitud aproximada de entre 60 y 70 metros, anclado en el talud del margen izquierdo del río. Esta obra permitiría dotar de mayor estabilidad al estribo y proteger la infraestructura ante futuras crecidas. Advirtió que, de no ejecutarse estas intervenciones en época seca, el próximo invierno podría representar un riesgo considerable para la integridad del puente.

El exalcalde también cuestionó que la infraestructura haya sido concebida con un solo carril de circulación, considerando que se trata de una vía estratégica para la parroquia Limones y más de 20 barrios aledaños, por donde transitan productos agrícolas, transporte pesado y actividades comerciales esenciales para la economía local. A su criterio, la ampliación a doble carril debió contemplarse en la fase inicial del proyecto, pues una futura expansión implicaría prácticamente la construcción de una nueva estructura independiente.

Finalmente, subrayó la importancia de la planificación técnica rigurosa y la ejecución de estudios previos adecuados, especialmente en ríos de amplia cuenca como el Alamor, cuyas crecientes pueden alcanzar niveles significativos en periodos de lluvias intensas. Reiteró que la protección y estabilidad de esta obra es fundamental para salvaguardar la inversión pública y garantizar la conectividad de las comunidades rurales del sur de la provincia de Loja.

El recorrido concluyó con el compromiso de continuar vigilantes del estado de la infraestructura y de promover soluciones técnicas que prioricen la seguridad, la funcionalidad y el uso eficiente de los recursos públicos.

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Oswaldo Román advierte impactos fiscales, sociales y territoriales de la reforma a la Ley de Gastos de Municipios y Prefecturas

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El exalcalde del cantón Celica, Oswaldo Román, analizó de manera crítica la propuesta de reforma a la Ley de Gastos de Municipios y Prefecturas impulsada por el Gobierno Nacional, actualmente aprobada por la comisión legislativa correspondiente.

Durante el diálogo, Román señaló que la iniciativa, lejos de fortalecer la gobernanza territorial, responde principalmente a un objetivo de reducción del gasto público, en un contexto fiscal extremadamente complejo. Explicó que la proforma presupuestaria del año 2026 ascendería a aproximadamente 30 mil millones de dólares, recursos que el Estado no dispone, a lo que se suma una necesidad adicional de 15 mil millones de dólares para equilibrar el presupuesto y otros 15 mil millones destinados al pago de la deuda pública.

Según el exalcalde, la situación económica del país es crítica, considerando que en el presente ejercicio fiscal se aprobó un presupuesto cercano a los 46 mil millones de dólares, pese a que aún no se han liquidado completamente las obligaciones del año 2025. En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, indicó que las transferencias estatales continúan siendo irregulares, pues a los municipios apenas se les han acreditado dos meses —octubre y noviembre—, manteniéndose pendientes diciembre, enero y febrero.

Román enfatizó que los gobiernos locales han sostenido, en gran medida, la dinámica económica del país durante los últimos años, especialmente en provincias como Loja, donde la inversión pública del Gobierno Central ha sido prácticamente inexistente. Reconoció que existen casos de incremento irresponsable de la nómina municipal; sin embargo, subrayó que en amplias zonas de la Sierra los municipios constituyen la principal fuente de empleo formal, siendo la generación de trabajo la segunda necesidad más urgente del país después de la seguridad.

En su análisis, advirtió que la reforma podría afectar la autonomía constitucional de los gobiernos locales, limitar la ejecución de obra pública y centralizar la administración en procesos de contratación pública, ámbito que —según afirmó— históricamente ha concentrado riesgos de corrupción. Asimismo, cuestionó que se pretenda imponer un porcentaje rígido del presupuesto orientado a infraestructura sin considerar las realidades territoriales ni la capacidad operativa de cada municipio.

El exalcalde también se refirió al contexto internacional y migratorio, señalando que la reducción del flujo migratorio no responde a mejoras internas, sino a políticas externas más restrictivas, como las impulsadas por Donald Trump. En este escenario, sostuvo que recortar el gasto local agravaría la precariedad laboral y social.

Respecto a la deuda pública, Román cuestionó el modelo de financiamiento estatal basado en endeudamiento para pagar endeudamiento, señalando que, si bien el riesgo país puede disminuir al cumplir con los acreedores, esto no se traduce en desarrollo interno. En ese marco, mencionó los anuncios de nuevos créditos del Banco Mundial, de los cuales una parte significativa estaría destinada únicamente a equilibrar finanzas públicas mediante el pago de deuda, y no a inversión productiva o infraestructura.

Finalmente, alertó sobre posibles escenarios de reducción del número de municipios, tomando como referencia el caso de El Salvador bajo el liderazgo de Nayib Bukele, donde se disminuyó drásticamente el número de gobiernos locales como mecanismo para reducir el gasto estatal.

A su criterio, una medida de esta naturaleza en el Ecuador generaría un grave impacto en la cohesión territorial, la economía local y la prestación de servicios públicos.

Román concluyó que el debate sobre la reforma debe trascender el enfoque fiscal y considerar integralmente la realidad social, económica y territorial del país, priorizando la inversión, la generación de empleo, el fortalecimiento de los gobiernos locales y el respeto a la autonomía consagrada en la Constitución.

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Alcalde de Sozoranga expone problemática provincial tras visita presidencial a Loja

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Alcalde del cantón Sozoranga y presidente de la Mancomunidad Bosque Seco, Orli Renán Flores, realizó un análisis crítico y fundamentado sobre la reciente visita del presidente de la República, Daniel Noboa, a la provincia de Loja, señalando la falta de espacios de diálogo directo con los alcaldes y la ausencia de respuestas concretas a las necesidades territoriales.

El burgomaestre destacó que, pese a haberse solicitado formalmente —con antelación— una audiencia para los alcaldes de la provincia, esta no fue concedida. La solicitud, dirigida por escrito a la Gobernación de Loja, buscaba aprovechar la visita presidencial para exponer de manera directa las problemáticas estructurales que enfrentan los cantones lojanos, especialmente los del suroccidente provincial.

Inconformidad de los alcaldes y pronunciamiento público
Ante la imposibilidad de mantener un encuentro con el Primer Mandatario, los dieciséis alcaldes de la provincia de Loja expresaron su inconformidad mediante una concentración pacífica en el parque central de la ciudad, frente a la Gobernación. En este espacio, se realizó una rueda de prensa improvisada en la que se dieron a conocer cuatro demandas prioritarias, consensuadas entre las autoridades municipales.

Cuatro ejes de demanda prioritaria
El alcalde Orli Flores explicó que los pedidos que iban a plantear al Ejecutivo se estructuraron en los siguientes ejes:
1. Transferencias presupuestarias atrasadas:
Se denunció la falta de cumplimiento en las asignaciones económicas a los municipios, con valores pendientes correspondientes a diciembre de 2025 y enero de 2026. En el caso específico de Sozoranga, la deuda bordea el medio millón de dólares, afectando gravemente la ejecución de obras y servicios básicos.
2. Reapertura de pasos fronterizos:
Se solicita la reapertura de la frontera en los sectores de Macará y Zapotillo, así como en el paso de La Balsa, en el cantón Chinchipe, considerando que el cierre ha generado un impacto negativo en el comercio, el turismo y la economía de las poblaciones fronterizas, sin que ello haya reducido significativamente actividades ilícitas.

3. Atención urgente a la vialidad provincial:
La autoridad cantonal advirtió el deterioro generalizado de la red vial, señalando la ausencia sostenida del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cuya intervención se limitó únicamente a trabajos puntuales previos al paso del Presidente por la vía Catamayo–Loja.
4. Reformas al régimen municipal y autonomía local:
Flores expresó su preocupación por las reformas propuestas al marco legal que regula a los gobiernos autónomos descentralizados, las cuales —según indicó— podrían vulnerar la autonomía municipal y afectar especialmente a los cantones pequeños, que dependen mayoritariamente de las transferencias estatales. Asimismo, recalcó la necesidad de diferenciar entre gasto corriente e inversión social, considerando a sectores como salud, educación e inclusión social como inversión prioritaria.

Créditos productivos y sector agrícola
En relación con los anuncios gubernamentales sobre líneas de crédito productivo, el alcalde manifestó su escepticismo, señalando que históricamente estos ofrecimientos no se han concretado plenamente debido a requisitos excesivos. Puso como ejemplo el sector cafetalero de Sozoranga, donde los créditos actuales no se ajustan a los ciclos productivos reales del cultivo.

Minería y desarrollo local
Sobre la actividad minera, Flores diferenció entre minería ilegal y minería responsable, señalando que esta última, bajo normas ambientales y legales, puede constituirse en una fuente legítima de empleo y desarrollo. En ese sentido, abogó por la reapertura del catastro minero para favorecer la minería artesanal y de pequeña escala, garantizando beneficios directos para las comunidades y los gobiernos locales.

Llamado al diálogo y a la coordinación institucional
Finalmente, el alcalde de Sozoranga enfatizó que los gobiernos locales no pueden seguir siendo invisibilizados en la planificación nacional.

Reiteró que los alcaldes, como representantes legítimos del pueblo, continuarán exigiendo respeto, coordinación interinstitucional y participación efectiva en la toma de decisiones, siempre con prudencia y respeto, pero con firmeza.

“Los recursos que exigimos no son para los alcaldes ni para los municipios; son recursos que pertenecen a nuestros pueblos y que deben llegar de manera directa, oportuna y automática, tal como lo establece la Constitución”, concluyó.

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