En la segunda mitad de año 2022, para Ecuador, ha sido decisivo tanto para los votantes como para los elegidos, esto en el contexto electoral. Las elecciones seccionales al igual que las presidenciales y de legislación, se desarrollan en un periodo de cada cuatro años. El país en febrero de 2023, dividido en provincias y cantones, debe elegir a 24 prefectos, 221 alcaldes y 1499 presidentes de las juntas parroquiales. Adicionalmente, en esta oportunidad, se debe elegir a 7 consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Consulta Popular.

A la igual que las demás dignidades de elección popular, los candidatos a miembros del CPCCS, se sometieron al trabajo riguroso de control y cumplimiento de requisitos, dispuestos por el Consejo Nacional Electoral; cabe indicar que, en primera instancia, se inscribieron 191 candidatos a nivel nacional.

Por profundizar en este tema, Augusto Verduga Sánchez, uno de los candidatos a consejero del CPCCS, quien conversó para Diario El Amazónico, sobre temas de interés social, entre ellos: la crisis institucional que atraviesan tanto el CPCCS y la Asamblea Nacional, Consulta Popular, Seguridad ciudadana y los Derechos Humanos, temas relevantes en este ámbito.

CONSULTA POPULAR

Verduga hace énfasis ante los comentarios de la eliminación del CPCCS, puesto que hasta el momento no está propuesto dentro de las preguntas de la Consulta Popular; pero si levantarle ciertas competencias, como la de ser autoridad de control y regresárselas a la legislatura, tal cual se lo hacía antes. De la misma forma se refiere al tema de la Asamblea Nacional.

 “Hay muchas voces que hablan de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, yo creo que es una crítica insensata porque el diseño institucional no es el problema; el problema es la función desempeñada tanto de los consejeros como de los asambleístas, mismos que han creado el desprestigio para las dos entidades estatales”, señala Verduga frente a la crisis de fondo y no de forma que atraviesa el CPCCS y la Asamblea Nacional.

 Otro problema detectado por el guayaquileño es que la ciudadanía no conoce realmente las competencias y atribuciones que contempla la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, por ejemplo, impulsar veedurías, conservatorios, fiscalización del cumplimiento de presupuestos participativos en los gobiernos autónomos descentralizados, rendición de cuentas, entre otras.

Sin duda alguna un tema álgido que se ha venido tratando, incluso antes del planteamiento de la Consulta Popular y que ha estado constantemente en la palestra pública es la eliminación de la Asamblea Nacional, propuesto por el presidente de la República, Guillermo Lasso. El mismo proceso se emprendió en el Pleno para la destitución del primer mandatario. Lo que constituye el empleo de ‘la muerte cruzada’, por así decirlo, dos poderes del estado como lo es el ejecutivo y el legislativo, se enfrentan. El resultado final sería la disolución de la legislatura y destitución de Lasso, para después convocar a nuevas elecciones presidenciales.

SEGURIDAD CIUDADANA

Verduga realizó un breve análisis acerca de la crítica situación que atraviesa el Ecuador ante las olas de violencia e inseguridad y sintetizó que todo depende del modelo económico imperante, “existe un modelo económico que impulsa y produce pobreza y miseria, más allá del trabajo de las instituciones de seguridad ciudadana. Los recortes de presupuesto con cifras patéticas en el plan anual de inversiones revelado por la Comisión Económica de la Asamblea Nacional”.  El rubro presupuestado por el Ministerio de Gobierno, se ha ejecutado en un 0.25%.

“El problema es que el gobierno es un gran productor de pobreza y miseria, por lo que no se hace responsable de los derechos de los más desposeídos, motivo para que aquellos jóvenes de escasos recursos, sean reclutados por organizaciones criminales que ahora mismo están flagelando la seguridad ciudadana en el país”. Añade en un análisis propuesto por el candidato.

DERECHOS HUMANOS

En síntesis, Verduga, concuerda que los derechos humanos son creados para todos los individuos de la especie humana, sin ninguna distinción de género, raza, estatus social o judicial, orientación sexual, afinidad religiosa, etc. Existe el derecho general a una reparación integral, si se renuncia a ello, se perdería el propósito. La normativa internacional esta propuesta para que los estados la hagan prevalecer y respetar. Lo que provoca su rechazo es la desigual impuesta por las medidas neoliberales de políticas públicas.

Cuando se habla de derechos humanos, trata del cuerpo normativo que se establece en los tratados internacionales de protección de derechos humanos.

Para concluir, es fundamental enfatizar que el CPCCS, no solo es quien nomina a las autoridades de control, sino también es un espacio de empoderamiento ciudadano.