Nacionales
Mirella Tonato Chica abordó el rol del Estado ecuatoriano frente al control de convencionalidad y la vigencia de los derechos humanos
En una nueva edición del programa “Tertulia Jurídica”, se contó con la destacada participación de la doctora Mirella Tonato Chica, reconocida profesional del Derecho, quien expuso el tema “El control de convencionalidad de los derechos humanos en la actual administración del Ecuador”, destacando la importancia de la responsabilidad estatal en la garantía, respeto y protección de los derechos humanos.
La Dra. Tonato es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, experta en Metodología de la Investigación Educativa por la Universidad Tex y especialista superior en Derechos Humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar. Durante su intervención, agradeció al equipo de coordinación de literatura jurídica por la invitación y resaltó que espacios como este permiten reflexionar sobre la consolidación del Estado de Derecho en el país.
“Analizar el control de convencionalidad en nuestro contexto actual requiere un trabajo conjunto de toda la ciudadanía, no sólo de la academia o del gremio jurídico”, enfatizó Tonato.
La expositora explicó que el control de convencionalidad implica someter la actuación de los Estados al examen de los estándares internacionales de derechos humanos, verificando si las políticas, normas o prácticas nacionales se ajustan a los tratados y obligaciones asumidas por el Ecuador en el ámbito internacional. Subrayó que esta tarea debe ser asumida no únicamente por jueces y fiscales, sino por todo funcionario público, ya que cada uno representa al Estado en su función.
Asimismo, la jurista precisó que los derechos humanos deben entenderse como universales, indivisibles e interdependientes, recordando que estos no son concesiones estatales, sino atributos inherentes a la dignidad humana. En este sentido, señaló que el Estado es el principal garante de su cumplimiento, y que la ciudadanía tiene el deber de exigir su respeto y aplicación en todos los niveles institucionales.
Durante su exposición, la doctora Tonato realizó un recorrido histórico sobre la evolución de los derechos humanos, desde los derechos civiles y políticos de primera generación hasta los derechos emergentes de séptima generación, vinculados al acceso a nuevas tecnologías.
Explicó que este desarrollo responde a luchas sociales históricas, y que la positivización de estos derechos en los textos constitucionales es una conquista colectiva que fortalece la justicia social y la igualdad.
La especialista también abordó la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales, aclarando que los primeros corresponden al ámbito internacional, mientras que los segundos constituyen su materialización en la normativa interna, particularmente en la Constitución ecuatoriana. “Nuestra Carta Magna es la manifestación más clara del cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos”, puntualizó.
En otro punto de su intervención, la doctora analizó la situación de las personas privadas de libertad, recordando que el Estado tiene una doble obligación de custodia sobre ellas: como parte de la sociedad y como población bajo control penitenciario. En ese sentido, destacó la vigencia de instrumentos como las Reglas Mandela y las Reglas de Beijing, que establecen estándares mínimos para garantizar condiciones de dignidad, rehabilitación y no tortura en los centros de detención.
Finalmente, la Dra. Tonato destacó que programas como “Tertulia Jurídica” contribuyen a la formación ciudadana y al debate académico sobre temas de alta relevancia para la democracia y el fortalecimiento del sistema de justicia.
“Este espacio es muy necesario y oportuno. Permite abrir un análisis más accesible y cercano sobre temas que nos competen a todos, como la defensa de los derechos humanos”, concluyó.
Tras le último fallo de la Corte Constitucional (CC), el presidente Daniel Noboa ya puede emitir el decreto ejecutivo que convoca a un referéndum para consultar a la ciudadanía si está o no de acuerdo con eliminar la facultad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de designar autoridades y que ésta pase a la Asamblea Nacional.
¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?
La CC se pronunció a través de un auto de verificación el pasado 16 de abril, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) conoció y remitió el proyecto de enmienda que envió Noboa al organismo electoral pese a que debía enviarlo a la Corte Constitucional.
Según fuentes de Carondelet, se espera que la pregunta de enmienda constitucional pueda ser incluida en una papeleta adicional en las elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2026. (I)
Nacionales
Ministro del Interior, John Reimberg, anuncia que la nueva cárcel estará lista en 15 o 18 meses
El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que la construcción de una nueva cárcel, con capacidad para 15.120 personas, tardará entre 15 y 18 meses.
La cárcel tendrá más de 100 mil metros cuadrados. Allí habrá pabellones para grupos criminales y zonas para el sistema médico. «Será una cárcel que contará con todo para que no exista la necesidad de que tengan que salir a diversas citas médicas en otros lugares», dijo Reimberg este miércoles 22 de abril de 2026 en Teleamazonas.
Para él, lo más importante es tener el nivel de seguridad necesaria para «incomunicar a estos criminales de sus grupos o estructuras criminales».
«El proyecto carcelario es muy importante. La cárcel del Encuentro ha dado resultados muy positivos. Yo necesito esa cárcel (la nueva) que es para 15 mil personas, que aún así no será suficiente, pero necesito dar ese paso importante»,
Según él, hay que seguir trabajando en el sistema carcelario para romper esa estructura de que alguna cárcel pertenezca a cierto grupo delincuencial.
«La idea es que estén mezclados para debilitar ese poder que anteriores gobiernos les dieron a grupos delincuenciales, al otorgarles cárceles que sean controladas y manejadas», agregó.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado a la justicia española la extradición del narco ecuatoriano Wilmer Geovanny Chavarría, alias ‘Pipo’, para ser juzgado por su presunta implicación en el intento de introducir de forma ilegal en ese país cinco kilos de cocaína.
Esta petición se realiza después que ‘Pipo’, líder de ‘Los Lobos’, la banda criminal más poderosa de Ecuador, inculpara el pasado 25 de febrero ante la Fiscalía de Zaragoza al actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.
En su escrito de alegaciones, al que también ha tenido acceso EFE, el letrado del narcotraficante ecuatoriano considera «incompleta» la declaración jurada hecha por el agente especial de la DEA que incriminó a ‘Pipo’ al no describir la prueba que sustenta la acusación por asociación delictiva.
Señala a este respecto que la documentación de este agente no contiene información sobre intervenciones telefónicas, declaraciones de testigos, informes de vigilancia o análisis financieros que respalden la acusación por unos hechos que, añade, no se produjeron en ningún momento en territorio estadounidense.
Además, advierte de que el interés de la justicia ecuatoriana en instar la ocultación de las declaraciones hechas en Zaragoza por Chavarría «refuerza la sospecha» de un «interés político» del gobierno del país andino de que sea extraditado a Estados Unidos, ante la resistencia de la justicia española de aceptar la petición de extradición a Ecuador debido a la falta de garantías respecto a la seguridad de los narcos.
Resulta imperativo verificar si la solicitud de extradición de los Estados Unidos responde a un genuino interés de la justicia de ese país o si, por el contrario, puede constituir un instrumento de una estrategia coordinada entre las autoridades de este país y las ecuatorianas para eludir las garantías del sistema de extradicion español», advierte el abogado en su escrito de oposición.
Unos días después de la declaración del narco ‘Pipo’ en Zaragoza, el expresidente de Ecuador Rafael Correa exigió la apertura de una investigación contra el actual mandatario Daniel Noboa, incriminado por Chavarría, aunque sin aportar pruebas, por haber ordenado el asesinato del candidato Villavicencio y de traficar con drogas.
Correa, en una entrevista concedida a EFE, admitió entonces que aunque «no se le puede creer a un tipo así», que fingió su muerte en Ecuador y se sometió a numerosas cirugías estéticas para evitar ser atrapado, «por lo menos merece una investigación». EFE
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