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Mujer detenida por el crimen de su madre en Guayaquil tenía denuncia por asesinato y era garante de una deuda de sus padres

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Andreina L. S., una contadora de 32 años, constaba en calidad de garante dentro de un juicio por la compra de un vehículo adquirido por sus padres, Luis Gustavo L. M. y Martha Cecilia S. C., asesinada con el cable de un celular que le provocó la asfixia hasta la muerte.

“Para completar el valor de la compra del vehículo, los deudores y la garante suscribieron un pagaré por la suma de USD 19.986, pagaderos dentro de un plazo de 1.760 días, mediante 58 dividendos sucesivos mensuales de capital, obligándose al pago de los intereses en caso de mora”, señala la querella iniciada por la concesionaria del vehículo adquirido.

La compra se realizó el 11 de julio de 2018 y se pagaron 27 cuotas puntualmente, detalló la concesionaria en su reclamo judicial. Sin embargo, hasta febrero de 2023, la familia acumulaba 31 cuotas impagas, por lo que se presentó la demanda en marzo de ese año.

“Pese a los múltiples requerimientos de nuestra parte, solicitando el pago al demandado, no se ha tenido respuesta y en otros casos se han presentado evasivas, negándose a cancelar los valores acordados, incumpliendo con sus obligaciones”. Concesionaria demandante.

Las 31 cuotas pendientes de pago sumaban USD 10.679, sin embargo, la concesionaria reclamaba además el pago de los intereses y los gastos por los honorarios de sus abogados. No obstante, Martha Cecilia S.C. alegó irregularidades en el endoso de la deuda contraída y un juez dispuso el archivo de la demanda en mayo de 2023.

«Con total frialdad»
Martha Cecilia S. C., de 49 años, era reconocida como ‘abogada’ entre sus vecinos en el bloque 12 de la ciudadela Sauces 9, en el norte de la ciudad, aunque la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senescyt) no registra a su nombre ningún título de tercer nivel.

Desde el 5 de octubre de 2025, Martha Cecilia se encontraba desaparecida. En los registros de denuncias de la Fiscalía consta que, al día siguiente, el 6 de octubre, uno de sus tres hijos, Sebastián L. S., presentó la denuncia por ‘desaparición involuntaria’ en la oficina de la Fiscalía, en el edificio Montecristi, ubicado en las calles José de Antepara y Nueve de Octubre.

Ese día, su hermana Andreina lo acompañó, pero no firmó la denuncia porque aseguró que no contaba con su cédula de identidad. Para entonces, Andreina sabía exactamente lo que le había sucedido a su mamá, a quien había asfixiado y luego desmembrado su cuerpo en cinco partes y ocultado en una lavadora y en fundas, según el informe policial del 16 de octubre.

Ese día, con una orden de allanamiento, la Policía ingresó al departamento donde vivían Andreina y su madre, el mismo departamento al que Andreina le negaba el acceso a sus familiares, quienes podrían descubrir el crimen y las herramientas compradas con ese objetivo.

“Ante el hallazgo dentro del inmueble, la hoy aprehendida manifestó espontáneamente, y con total frialdad, haber sido ella quien mató mediante asfixia a su mamá y que compró herramientas e implementos para desmembrar el cadáver y deshacerse del mismo”. Informe policial.

Las evidencias decomisadas por la Policía durante el allanamiento comprendían siete cuchillos metálicos, un cuchillo eléctrico, una sierra eléctrica y una amoladora, esta última herramienta se utiliza para cortar piezas de alta resistencia como el metal o acero, el concreto y la piedra.

“Hay indicios de cometimiento de un delito. Tenemos la cadena de custodia, un sinnúmero de evidencias que son muchos cuchillos, un machete metálico, una tijera manual. También hay un acta de levantamiento de cadáver de una persona”, señaló Errol Elizalde, fiscal que presentó la acusación durante la audiencia de formulación de cargos.

La Policía también decomisó un teléfono celular y una computadora portátil, en donde se constató que Andreina L. S. había realizado búsquedas de información relacionadas con estas temáticas: ‘como desintegrar huesos’, ‘como combatir el putrefacto olor de un cadáver’ y ‘horarios de recolección de basura’. La Policía también incautó una balanza y “una sustancia rocosa de color blanco’, que se envió a analizar en el Centro de Acopio de Antinarcóticos.

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Video con inteligencia artificial
El día del crimen, Andreina “pidió una carrera de taxi en la aplicación Didi con la intención de hacerse pasar por su mamá y dejar abandonados en el interior del vehículo un par de zapatos de su madre con el fin de desorientar la investigación”.

Con este mismo propósito, la hija contadora “se subió a un segundo taxi con dirección al hospital del Guasmo, llevando consigo el teléfono de su mamá”. La Policía contactó a los taxistas y confirmó que se trataba de una táctica para confundir a los investigadores.

Pero no solo eso. El titular de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, muertes violentas, desapariciones, secuestros y extorsión de la Policía Nacional (Dinased), Galo Muñoz, dijo que la hoy detenida ‘había sedado a su madre, luego la estranguló y procedió a desmembrarla’.

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Incluso, aseguró Muñoz, Andreina elaboró un video con la ayuda de la inteligencia artificial, simulando ser su mamá, con la ropa de ella y enviando un mensaje a sus familiares, diciendo que ‘estaba bien, que continuaba con vida y que no la busquen’. Mientras, en sus redes sociales, Andreina posteaba: “Creer que todo va a salir bien es un superpoder”.

La Dinased señaló que la causa del asesinato habría sido el factor económico, pues Andreina le pedía a su madre la cantidad de USD 6.000, a lo que ella se había negado.

Denuncia por asesinato
Dos días antes de matar a su mamá, Andreina presentó una denuncia por secuestro, en la que figuraba como víctima o denunciante. El caso lo presentó en la Fiscalía número 14 cerca del mediodía del 3 de octubre de 2025, en el edificio de la Merced, en las calles Víctor Manuel Rendón y General Córdova, centro de Guayaquil. En la denuncia no consta ningún acusado.

Andreina tenía formación contable. En su plataforma social para crear contactos laborales ella se identificaba como Contadora Pública Autorizada (CPA), no obstante, en los registros de la Senescyt no consta algún título profesional a su nombre.

“Tengo más de siete años de experiencia en el área de contabilidad y tributación. Manejo de página del IESS, Ministerio de Trabajo, actas de finiquito, manejo de página de Superintendencia de Compañías”. Andreina L.

Ahí mencionaba que desde 2015 se desempeñaba como coordinadora contable en una importadora de propiedad de Gerardo V. D., ubicada en el kilómetro 12 de la vía a Daule, y que antes había sido cajera vendedora en un local de venta de productos de cafetería.

A su nombre, Andreina había obtenido un RUC del Servicio de Rentas Internas el 20 de julio de 2018, para dedicarse a la actividad de “puestos de refrigerios, restaurantes de comidas rápidas, fuente de soda, etc”. El año pasado, el 22 de agosto, había actualizado su actividad económica.

Andreina confesó el asesinato de su madre ante los agentes de policía el 16 de octubre de 2025, pero tres años atrás la Fiscalía registraba una denuncia en su contra por el mismo delito, y que había sido presentada el 27 de julio de 2022.

En esa fecha, el hijo del dueño de la importadora para la que trabajaba, Gerardo V. L., un ingeniero electrónico de 33 años, denunció a Andreina por asesinato, en la Fiscalía del edificio de la Merced, en el centro de Guayaquil.

En los registros consta que Gerardo V. L. incluso presentó dos testigos del hecho, sin embargo, la denuncia no pasó a las cortes judiciales como sí ocurrió con el asesinato de su mamá, por el que dos jueces dispusieron la prisión preventiva y su traslado a un centro penitenciario femenino de Guayaquil. Fuente: Primicias

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Asamblea aprueba por unanimidad ley para fortalecer la salud mental de niñas, niños y adolescentes

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La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, este miércoles 22 de abril de 2026, el Proyecto de Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes, una normativa que busca garantizar el derecho a la salud mental con un enfoque integral, preventivo, educativo y comunitario. La iniciativa fue respaldada por el Pleno como una respuesta frente al aumento de problemas de salud mental que afectan a esta población en el país.

Durante el debate, el ponente del informe, el asambleísta Alejandro Vanegas, señaló que la ley plantea una respuesta técnica y humana ante una situación urgente, marcada por el incremento de casos de depresión, ansiedad, violencia y abandono escolar entre niñas, niños y adolescentes. Según explicó, la propuesta fortalece la corresponsabilidad entre el sistema educativo, el sistema de salud y los gobiernos locales para atender esta problemática de manera articulada.

La normativa introduce reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Salud Mental, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), con el objetivo de coordinar acciones entre distintas instituciones del Estado. Entre sus disposiciones principales está la incorporación obligatoria de la materia “Psicoeducación” en la malla curricular de las unidades educativas públicas, privadas y fiscomisionales.

 

De acuerdo con el texto aprobado, esta asignatura estará orientada al fortalecimiento de habilidades psicosociales, la resiliencia emocional, la convivencia pacífica y la detección temprana de señales de alerta en la salud mental de niñas, niños y adolescentes. La ley también ordena la implementación de programas de promoción y prevención con enfoque intercultural, territorial y de género, adaptados a las realidades de pueblos y nacionalidades.

Además, la norma impulsa la creación de espacios comunitarios de apoyo psicosocial en el primer nivel de atención del sistema de salud y permite la participación de estudiantes de los últimos semestres de Psicología en actividades de promoción y prevención, siempre bajo supervisión profesional. También establece que las aseguradoras y empresas de medicina prepagada deberán incluir coberturas de salud mental y dispone campañas permanentes para denunciar centros ilegales o prácticas no autorizadas.

Con esta aprobación, la Asamblea da paso a una legislación que busca dejar atrás una visión reactiva de la salud mental y avanzar hacia un modelo de prevención, acompañamiento y atención temprana desde las aulas, las comunidades y los servicios de salud.

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Corte Constitucional aprueba que Noboa elimine al CPCCS vía reférendum

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Tras le último fallo de la Corte Constitucional (CC), el presidente Daniel Noboa ya puede emitir el decreto ejecutivo que convoca a un referéndum para consultar a la ciudadanía si está o no de acuerdo con eliminar la facultad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de designar autoridades y que ésta pase a la Asamblea Nacional.

La CC además, declaró que el mandatario puede continuar con el procedimiento de referéndum conforme a la Constitución y la normativa aplicable. De este modo la pregunta que se le consultará a los ecuatorianos es la siguiente:

¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?

La CC se pronunció a través de un auto de verificación el pasado 16 de abril, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) conoció y remitió el proyecto de enmienda que envió Noboa al organismo electoral pese a que debía enviarlo a la Corte Constitucional.

Asimismo, la Corte Constitucional recordó al presidente Daniel Noboa y al CNE que sus decisiones deben ser cumplidas en los términos fijados en sus resoluciones, por lo que deberán observar estrictamente las formas y condiciones establecidas en el dictamen.

Según fuentes de Carondelet, se espera que la pregunta de enmienda constitucional pueda ser incluida en una papeleta adicional en las elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2026. (I)

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Ministro del Interior, John Reimberg, anuncia que la nueva cárcel estará lista en 15 o 18 meses

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El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que la construcción de una nueva cárcel, con capacidad para 15.120 personas, tardará entre 15 y 18 meses.

La cárcel tendrá más de 100 mil metros cuadrados. Allí habrá pabellones para grupos criminales y zonas para el sistema médico. «Será una cárcel que contará con todo para que no exista la necesidad de que tengan que salir a diversas citas médicas en otros lugares», dijo Reimberg este miércoles 22 de abril de 2026 en Teleamazonas.

Para él, lo más importante es tener el nivel de seguridad necesaria para «incomunicar a estos criminales de sus grupos o estructuras criminales».

«El proyecto carcelario es muy importante. La cárcel del Encuentro ha dado resultados muy positivos. Yo necesito esa cárcel (la nueva) que es para 15 mil personas, que aún así no será suficiente, pero necesito dar ese paso importante»,

Según él, hay que seguir trabajando en el sistema carcelario para romper esa estructura de que alguna cárcel pertenezca a cierto grupo delincuencial.

«La idea es que estén mezclados para debilitar ese poder que anteriores gobiernos les dieron a grupos delincuenciales, al otorgarles cárceles que sean controladas y manejadas», agregó.

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