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Del precio del diésel a la defensa de los territorios: así han cambiado las demandas del paro indígena

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Este lunes 20 de octubre de 2025 se cumple el día 29 del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Lo que comenzó como una protesta por la eliminación del subsidio al diésel, hoy combina demandas económicas, sociales y ambientales. La protesta mantiene bloqueadas varias vías en Imbabura y, por ahora, las puertas del diálogo con el Gobierno están cerradas.

Durante estas cuatro semanas, las peticiones de los dirigentes indígenas han ido mutando, ampliándose y diferenciándose entre las distintas regionales del movimiento (la Sierra, la Amazonía y la Costa).

A la exigencia inicial de derogar el Decreto Ejecutivo No. 126, que eliminó el subsidio al diésel, se sumaron temas como la reducción del IVA, inversión en salud y educación, rechazo a la Consulta Popular y a la Asamblea Constituyente y, en los últimos días, la defensa del territorio frente a la minería y el petróleo.

Las primeras demandas: economía y subsidios
A inicios de octubre, la Conaie difundió su primer pliego formal de demandas. El 4 de octubre publicó en su cuenta oficial que exigía “derogar el Decreto 126, bajar el IVA al 12% y mayor inversión en salud y educación”, rechazando las compensaciones temporales propuestas por el Gobierno.

“No queremos bonos ni dádivas, sino políticas públicas para el bienestar colectivo”. Conaie

La dirigencia indígena incluyó en su pliego de reclamos el alto costo de la vida, los despidos masivos, e incluso mencionó la falta de medicinas en los hospitales.

En esos días, las movilizaciones se concentraban principalmente en la Sierra norte y centro. Imbabura se convirtió rápidamente en el epicentro de las protestas, con Otavalo y Cotacachi como los puntos más conflictivos. Los cierres de vías han derivado en desabastecimiento de gas, alimentos y combustible.

Imbabura: del diálogo al desacuerdo
El 15 de octubre, tras una jornada de enfrentamientos y la segunda muerte registrada en el contexto de las manifestaciones en Otavalo, los dirigentes de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) y del cantón Otavalo anunciaron un preacuerdo con el Gobierno: levantar los bloqueos a cambio de la instalación de mesas técnicas de trabajo.

En esa mesa de conversaciones, la agenda indígena fue ampliándose: congelamiento de precios, infraestructura social, la liberación y reparación para los heridos y detenidos, retiro de militares de los territorios y mesas territoriales de diálogo.

Sin embargo, ese acuerdo se desvaneció. Para este lunes 20, el Gobierno acusó a la dirigencia indígena de «cerrar la puera del diálogo». La Conaie argumentó que «no existen las condiciones para dialogar», mientras los dirigentes locales dijeron que el Estado “no mostró voluntad política”.

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El discurso se endureció desde la Amazonía
El 19 de octubre, el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, aseguró desde la Amazonía que el paro no se reduce al tema del combustible.

“La Amazonía exige respeto a todas las estructuras que el Gobierno ha intentado fragmentar. (…) Ya han saqueado por más de 50 años nuestros territorios, nuestros ríos y cascadas están contaminados”. Marlon Vargas

Vargas agregó nuevas demandas: el fin de la explotación petrolera y minera y un aumento del salario básico a USD 650 para los trabajadores públicos y comunitarios.

Ese mismo día, en un video difundido por el Pueblo Karanki, se ratificó que la resistencia continuará hasta que se derogue el Decreto 126, reforzando el mensaje de unidad frente a los intentos de negociación parcial.

Y, finalmente, los indígenas ratificaron su posición en contra de la consulta popular convocada por el Gobierno y la posible instalación de una Asamblea Constituyente «por atentar contra los derechos conquistados».

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En cerca de un mes, el paro ha pasado de un reclamo económico a un movimiento con reclamos sociales, ambientales y políticas.

Los analistas señalan que el Gobierno enfrenta ahora un movimiento más descentralizado, con actores locales que toman decisiones propias, y con demandas que van desde la política fiscal hasta la soberanía territorial.

El escenario se mantiene incierto: las vías en Imbabura continúan cerradas y el diálogo sigue en pausa.

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Asamblea aprueba por unanimidad ley para fortalecer la salud mental de niñas, niños y adolescentes

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La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, este miércoles 22 de abril de 2026, el Proyecto de Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes, una normativa que busca garantizar el derecho a la salud mental con un enfoque integral, preventivo, educativo y comunitario. La iniciativa fue respaldada por el Pleno como una respuesta frente al aumento de problemas de salud mental que afectan a esta población en el país.

Durante el debate, el ponente del informe, el asambleísta Alejandro Vanegas, señaló que la ley plantea una respuesta técnica y humana ante una situación urgente, marcada por el incremento de casos de depresión, ansiedad, violencia y abandono escolar entre niñas, niños y adolescentes. Según explicó, la propuesta fortalece la corresponsabilidad entre el sistema educativo, el sistema de salud y los gobiernos locales para atender esta problemática de manera articulada.

La normativa introduce reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Salud Mental, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), con el objetivo de coordinar acciones entre distintas instituciones del Estado. Entre sus disposiciones principales está la incorporación obligatoria de la materia “Psicoeducación” en la malla curricular de las unidades educativas públicas, privadas y fiscomisionales.

 

De acuerdo con el texto aprobado, esta asignatura estará orientada al fortalecimiento de habilidades psicosociales, la resiliencia emocional, la convivencia pacífica y la detección temprana de señales de alerta en la salud mental de niñas, niños y adolescentes. La ley también ordena la implementación de programas de promoción y prevención con enfoque intercultural, territorial y de género, adaptados a las realidades de pueblos y nacionalidades.

Además, la norma impulsa la creación de espacios comunitarios de apoyo psicosocial en el primer nivel de atención del sistema de salud y permite la participación de estudiantes de los últimos semestres de Psicología en actividades de promoción y prevención, siempre bajo supervisión profesional. También establece que las aseguradoras y empresas de medicina prepagada deberán incluir coberturas de salud mental y dispone campañas permanentes para denunciar centros ilegales o prácticas no autorizadas.

Con esta aprobación, la Asamblea da paso a una legislación que busca dejar atrás una visión reactiva de la salud mental y avanzar hacia un modelo de prevención, acompañamiento y atención temprana desde las aulas, las comunidades y los servicios de salud.

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Corte Constitucional aprueba que Noboa elimine al CPCCS vía reférendum

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Tras le último fallo de la Corte Constitucional (CC), el presidente Daniel Noboa ya puede emitir el decreto ejecutivo que convoca a un referéndum para consultar a la ciudadanía si está o no de acuerdo con eliminar la facultad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de designar autoridades y que ésta pase a la Asamblea Nacional.

La CC además, declaró que el mandatario puede continuar con el procedimiento de referéndum conforme a la Constitución y la normativa aplicable. De este modo la pregunta que se le consultará a los ecuatorianos es la siguiente:

¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?

La CC se pronunció a través de un auto de verificación el pasado 16 de abril, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) conoció y remitió el proyecto de enmienda que envió Noboa al organismo electoral pese a que debía enviarlo a la Corte Constitucional.

Asimismo, la Corte Constitucional recordó al presidente Daniel Noboa y al CNE que sus decisiones deben ser cumplidas en los términos fijados en sus resoluciones, por lo que deberán observar estrictamente las formas y condiciones establecidas en el dictamen.

Según fuentes de Carondelet, se espera que la pregunta de enmienda constitucional pueda ser incluida en una papeleta adicional en las elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2026. (I)

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Ministro del Interior, John Reimberg, anuncia que la nueva cárcel estará lista en 15 o 18 meses

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El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que la construcción de una nueva cárcel, con capacidad para 15.120 personas, tardará entre 15 y 18 meses.

La cárcel tendrá más de 100 mil metros cuadrados. Allí habrá pabellones para grupos criminales y zonas para el sistema médico. «Será una cárcel que contará con todo para que no exista la necesidad de que tengan que salir a diversas citas médicas en otros lugares», dijo Reimberg este miércoles 22 de abril de 2026 en Teleamazonas.

Para él, lo más importante es tener el nivel de seguridad necesaria para «incomunicar a estos criminales de sus grupos o estructuras criminales».

«El proyecto carcelario es muy importante. La cárcel del Encuentro ha dado resultados muy positivos. Yo necesito esa cárcel (la nueva) que es para 15 mil personas, que aún así no será suficiente, pero necesito dar ese paso importante»,

Según él, hay que seguir trabajando en el sistema carcelario para romper esa estructura de que alguna cárcel pertenezca a cierto grupo delincuencial.

«La idea es que estén mezclados para debilitar ese poder que anteriores gobiernos les dieron a grupos delincuenciales, al otorgarles cárceles que sean controladas y manejadas», agregó.

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