Por: Alonzo Cueva Rojas.

Lic. en Ciencias de la Educación.

Profesor. de Segunda Enseñanza y Profesor.

de Educación Infantil (UTPL)

La reciente Sentencia 120-26-IN/26, emitida por el Pleno de la Corte Constitucional, constituye un hito histórico para los trabajadores de la educación en el Ecuador. Al declarar la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2 y 5 del Acuerdo Ministerial MINEDEC-2026-00045-A, el máximo organismo de control ratificó de forma definitiva que los sábados no son días laborables para el magisterio. Más allá de ser un logro técnico, este fallo representa el triunfo de la dignidad frente a la arbitrariedad, y una demostración contundente de la vigencia de la lucha y la conciencia clasista de la Unión Nacional de Educadores (UNE).

Durante meses, el MINEDEC y el Gobierno Central pretendieron normalizar la precarización bajo el pretexto de la recuperación del tiempo o la optimización institucional. La imposición de trabajar los fines de semana no solo vulneró el derecho constitucional al descanso, al desarrollo familiar y a la desconexión digital, sino que desnudó la conducta patronal, autoritaria y deshumanizante de las autoridades de turno. Con este fallido acuerdo, el Estado pretendió modificar la jornada laboral por una vía administrativa ilegal, demostrando que para el poder político el docente es visto como un recurso sobre explotable y no como el pilar fundamental del sistema social.

Sin embargo, la respuesta del magisterio organizado no se hizo esperar. La UNE, manteniéndose fiel a su tradición combativa, demostró que los derechos no se mendigan, sino que se conquistan y se defienden en las calles y en los tribunales. Esta victoria es el resultado directo de una profunda conciencia de clase: los profesores del sector público se reconocieron a sí mismos como trabajadores explotados por un Estado empleador negligente y, mediante la unidad, decidieron frenar el abuso patronal de raíz.

El trasfondo de este atropello devela una realidad alarmante: el Gobierno carece de toda autoridad política y moral para endosar al magisterio las falencias del sistema educativo. Mientras la Constitución ordena taxativamente destinar al menos el 6% del PIB a la educación, el Estado apenas programa presupuestos marginales, generando una brecha ilegal que asfixia a las aulas. Un régimen que incumple su propia Carta Magna no puede exigir «sacrificios» a quienes sostienen la educación pública con sus propios recursos.

La crisis actual de la educación fiscal es el retrato vivo del abandono: un agresivo congelamiento de salarios que pisotea los procesos de escalafón, precarización laboral institucionalizada y una infraestructura en soletas, con escuelas abandonadas y desmanteladas. Esta debacle no es accidental; responde a un colapso planificado por un Gobierno que prefiere priorizar de forma sumisa el recetario de austeridad fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) en lugar de invertir en el desarrollo y la vida de los hijos del pueblo.

La lección que deja este episodio es clara para todo el movimiento obrero ecuatoriano: la organización colectiva sigue siendo la única herramienta eficaz contra la arremetida neoliberal y flexibilizadora. El magisterio nacional ha vuelto a dar una cátedra de dignidad y firmeza, recordando al país entero que cuando la base se moviliza con conciencia y dirección clara, hasta los decretos más dictatoriales del poder terminan doblegándose ante la fuerza de la justicia laboral.

El sobrepeso y la obesidad ya no son solamente un problema de salud individual. Se han convertido en un desafío para toda la sociedad ecuatoriana. Detrás de cada cifra hay una persona, una familia, una historia y, muchas veces, años de sufrimiento que pudieron haberse evitado.

Dos de cada tres ecuatorianos viven con sobrepeso u obesidad (64% de la población). Este problema es mayor entre las mujeres llegando a un 67%, pero también alcanzan a la niñez, 35 de cada 100 personas tienen sobrepeso. Mientras las cifras continúan creciendo, también crece el impacto sobre nuestras finanzas, ya que al país le cuesta más de 2250 millones de dólares al año atender estas enfermedades y se proyecta que para el 2030 el costo para el estado subiría al 3% del PIB, que equivale aproximadamente a 4.146 millones de dólares.

Pero hay algo que debemos comprender con absoluta claridad: prevenir siempre será mejor que lamentar; y promover la actividad física siempre será mejor que pagar las consecuencias de la inactividad.

Millones de dólares que hoy deben destinarse a atender enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad podrían utilizarse para construir escuelas, mejorar hospitales, crear espacios deportivos, fortalecer la educación, atender otras necesidades sociales y ofrecer mejores oportunidades para nuestras familias.

Por eso, hablar de actividad física no es hablar simplemente de hacer ejercicio. Es hablar de vida.

Caminar, correr, bailar, nadar, montar bicicleta, practicar un deporte, jugar con nuestros hijos, salir al parque, participar en actividades recreativas o simplemente dedicar unos minutos cada día a mover nuestro cuerpo son decisiones que pueden cambiar nuestro futuro. Porque cuando una madre sale a caminar, no solamente está cuidando su salud: está enseñando a sus hijos que cuidarse también es una forma de amarse.

Cuando un padre practica deporte con sus hijos, no solamente está haciendo ejercicio: está construyendo recuerdos, fortaleciendo vínculos y sembrando hábitos que pueden acompañarlos durante toda la vida. Cuando nuestros niños juegan, corren y disfrutan de actividades recreativas, no solamente están gastando energía: están creciendo, aprendiendo, socializando y desarrollando una relación saludable con su propio cuerpo.

Y cuando una comunidad abre sus parques, canchas y espacios públicos para que personas de todas las edades puedan realizar actividad física, no solamente está promoviendo deporte: está construyendo una comunidad más saludable, más unida y más feliz. La actividad física también tiene un enorme valor emocional y mental. Nos ayuda a liberar tensiones, combatir el sedentarismo, mejorar nuestro estado de ánimo, fortalecer nuestra autoestima y recuperar algo que muchas veces perdemos en medio de las preocupaciones cotidianas: las ganas de vivir plenamente.

Por eso, este no puede ser un llamado dirigido únicamente a las personas que tienen sobrepeso u obesidad. Es un llamado para todos. Es un llamado a las familias. Es un llamado a las escuelas y universidades. Es un llamado a las empresas públicas y privadas. Es un llamado a los municipios, prefecturas y gobiernos parroquiales. Es un llamado a la Asamblea Nacional y a todas las autoridades responsables de diseñar políticas públicas. Y, sobre todo, es un llamado a cada ciudadano.

Necesitamos pasar de las palabras a la acción. La Asamblea Nacional debe impulsar políticas y leyes que permitan que la prevención y el tratamiento del sobrepeso y la obesidad sean una responsabilidad efectiva de las instituciones del Estado.

Las empresas públicas y privadas deben promover programas que permitan a sus trabajadores incorporar la actividad física a su vida cotidiana.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben recuperar y multiplicar los espacios públicos, deportivos y recreativos, y desarrollar programas de masificación deportiva para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Pero ninguna política pública tendrá todo su potencial si nosotros, los ciudadanos, no asumimos nuestra propia responsabilidad. No podemos esperar a enfermarnos para comenzar a cuidarnos. No podemos esperar una advertencia médica para empezar a caminar. No podemos esperar que nuestros hijos tengan problemas de salud para enseñarles a jugar y practicar deporte.

Cada día tenemos una oportunidad para decidir. Podemos quedarnos quietos o podemos movernos. Podemos esperar a que aparezca la enfermedad o podemos trabajar desde hoy para prevenirla.

Podemos seguir gastando cada vez más recursos públicos en atender las consecuencias o podemos invertir con inteligencia en prevención, educación, deporte, recreación y estilos de vida saludables. El verdadero ahorro para el Ecuador no está solamente en gastar menos en hospitales. Está en tener menos personas enfermas que necesiten llegar a ellos.

Cada dólar invertido en prevención, actividad física y hábitos saludables puede significar más salud, más bienestar y una mejor calidad de vida para nuestras familias. Pero no olvidemos lo más importante: una vida saludable no se mide en dólares. Se mide en años compartidos con nuestros hijos; en abrazos; en momentos; en sueños cumplidos; en la posibilidad de llegar a la vejez con autonomía y dignidad.

Por eso, hoy necesitamos construir una nueva cultura. Una cultura donde caminar sea parte de nuestra rutina. Donde jugar con nuestros hijos sea una prioridad. Donde el deporte no sea visto únicamente como competencia, sino como una herramienta de salud. Donde los parques estén llenos de personas y no de maleza. Donde nuestras ciudades estén diseñadas para que podamos caminar, correr, pedalear y recrearnos. Y donde el Estado comprenda que promover ciudadanos activos y saludables no es un gasto: es una inversión en el futuro del Ecuador.

El cambio comienza hoy. Con una caminata. Con un partido. Con un baile. Con un paseo en bicicleta. Con una familia que decide salir del sedentarismo. Con una comunidad que se une para hacer ejercicio. Con una empresa que promueve la actividad física. Con una autoridad que entiende que prevenir es gobernar con responsabilidad.

Cada ciudadano que asume esta responsabilidad está ayudando a construir un Ecuador más saludable. Tenemos un cuerpo que cuidar, una mente que fortalecer, una familia que disfrutar y un país que necesita ciudadanos saludables.

Hagamos del movimiento un hábito. Hagamos del deporte una cultura. Hagamos de la recreación un derecho. Hagamos de la prevención una prioridad. Y hagamos de la salud una responsabilidad de todos.

¡Muévete por ti, muévete por tu familia y muévete por el Ecuador

Por: Alonzo Cueva Rojas

Licenciado en Ciencias de la Educación, Profesor de Segunda Enseñanza y Profesor de Educación Infantil (UTPL)

El último informe PISA desnuda una verdad incómoda: el sistema educativo ecuatoriano sufre un desmantelamiento estructural. Que apenas el 14,2% de nuestros estudiantes demuestre ser competente con sus conocimientos, entendiendo lo aprendido y sabiendo aplicarlo en la vida real, no es un accidente, sino el resultado directo del abandono fiscal crónico y la precarización sistemática de quienes sostienen las aulas.

Los profesionales de las Ciencias de la Educación formados para guiar desde la primera infancia hasta la enseñanza media, sabemos que esta crisis nace del desacato legal. Mientras la Constitución ordena destinar el 6% del PIB a la educación, el Estado programó en su proforma apenas USD 5.984 millones (4,3% de un PIB de USD 139.046 millones), abriendo una brecha ilegal de más de USD 2.350 millones que se agrava con una ejecución real que apenas roza el 3,8% del PIB.

Las consecuencias de este torniquete financiero destruyen el entorno escolar. PISA revela que el 51% de los estudiantes asiste a colegios con carencias de material educativo (textos, laboratorios e insumos) y el 47% sufre el deterioro de la infraestructura física (edificios, luz, sonido). Además, el 60,1% carece de recursos digitales adecuados; si el 52% de los jóvenes recurre a chatbots de IA, es por la resiliencia de una juventud que busca conectarse al mundo a pesar de la desconexión de sus escuelas. Esta asfixia económica profundiza la desigualdad: el 79,4% de los alumnos del estrato socioeconómico más bajo obtiene un rendimiento deficiente en ciencias (debajo del nivel 2), frente al 31,3% de los sectores más favorecidos, mientras que por género la brecha es del 61,5% en niñas y 59% en niños. El Ineval añade que apenas 2 de cada 10 alcanzan la competencia mínima en matemáticas.

El síntoma más grave se vive en la dignidad del magisterio. El Estado arrastra un déficit crónico superior a los 64.000 docentes, pero el sistema perdió 21.103 profesionales con nombramiento en el último quinquenio. Ese vacío fue parchado con contratos provisionales y de servicios ocasionales que estallaron de cifras marginales a más de 15.300 maestros (el 28,5% del magisterio fiscal). Estos profesionales de la enseñanza llevan muchísimos años bajo la zozobra de la renovación contractual, sin estabilidad, excluidos de los ascensos del escalafón de la LOEI y con salarios congelados.

Un maestro precarizado difícilmente puede contener el quiebre escolar. No es coincidencia que PISA reporte que el 53% de los alumnos llega tarde (frente al 20% en 2018), el 31% registre ausentismo (frente al 24% en 2018), el 21% declare que la indisciplina impide trabajar en el aula y el 27% que sus compañeros no escuchan, mientras 1 de cada 3 sufre privación social. Pese a esto, nuestros estudiantes superan el promedio de la OCDE en resiliencia, adaptabilidad y curiosidad (el 80% mantiene el deseo de aprender frente al 73% de la OCDE). Hay una juventud que quiere avanzar, pero un Estado que la empuja al rezago. Exigir el cumplimiento del 6% del PIB y la estabilidad docente es la última oportunidad antes de que las aulas se terminen de apagar.