Por: Alonzo Cueva Rojas
En Ecuador, se promueve una estrategia destinada a desacreditar la lucha social al vincularla con el crimen organizado, con cuya narrativa y la aplicación de un conjunto de medidas impositivas y represivas, el régimen acelera la privatización de sectores estratégicos, mientras se menoscaban derechos esenciales de las comunidades.
El pueblo, sin embargo, sigue firme en defender su legítimo derecho a vivir con dignidad, sin estar subordinado a los intereses de las multinacionales; y aunque, el discurso oficial habla de combatir las bandas criminales, en la práctica el Estado muestra una actuación limitada frente al problema.
Sería un ejemplo muy ilustrativo preguntar en Durán si alguna vez sus habitantes han visto un convoy militar compuesto por cien vehículos tácticos y blindados ingresar a su jurisdicción para hacer frente a la violencia que ha convertido esa ciudad en el epicentro del crimen en Ecuador. En este panorama, se percibe el carácter mefistofélico del gobierno cuando emplea todo el potencial militar y policial para reprimir a los sectores sociales que combaten su política antipopular y autoritaria.
