Hace pocos días, una publicación en redes sociales llamó mi atención. En ella se descalificaba a un candidato a la Alcaldía de Yantzaza por ser profesor y dedicarse a la venta de productos lácteos. Entre las expresiones utilizadas se encontraba una particularmente ofensiva: «Este simple profesor vendedor de leches jamás será alcalde».
Más allá de las preferencias políticas que cada persona pueda tener, me resulta preocupante que todavía existan quienes consideren que trabajar honradamente constituye un motivo de vergüenza o una limitación para ocupar un cargo público.
¿Desde cuándo vender un producto, trabajar en el campo o ejercer la docencia convierte a una persona en menos capaz que otra? ¿Acaso tener dinero, vestir de traje o pertenecer a una familia reconocida garantiza una buena administración pública?
En nuestra sociedad persiste una idea equivocada de que ciertos espacios están reservados para quienes tienen una determinada posición económica o social. Lo vemos cuando se menosprecia al agricultor, al comerciante o al trabajador que, después de años de esfuerzo, decide participar en política.
La Constitución reconoce la igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación por condición socioeconómica. Asimismo, garantiza el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos. Ninguna de estas disposiciones establece que una persona deba tener determinada fortuna, apellido o profesión para aspirar a representar a su comunidad.
Ahora bien, tampoco debemos caer en el extremo contrario. Ser una persona trabajadora no convierte automáticamente a nadie en un buen gobernante. La honestidad, la preparación, el conocimiento de la administración pública y la capacidad de gestión deben ser examinados en todos los candidatos, independientemente de su origen.
Precisamente para eso existen las campañas electorales: para discutir propuestas, cuestionar trayectorias y exigir respuestas sobre los problemas de nuestros cantones. Descalificar a alguien por su oficio demuestra una preocupante incapacidad para sostener ese debate.
Lo ocurrido en Yantzaza debería invitarnos a comprender sobre la forma en que estamos entendiendo la participación política. Podemos discrepar de un candidato, cuestionar sus propuestas e incluso considerar que no reúne las condiciones para gobernar. Todo ello es legítimo. Lo que resulta injustificable es utilizar su trabajo como argumento para humillarlo.
Al final, el problema no es que un vendedor aspire a ser alcalde. El problema es que todavía haya personas que crean que ciertos ciudadanos no tienen derecho a aspirar a serlo.
