La alerta roja nacional por el fenómeno de El Niño debería ser, para las autoridades de Zamora Chinchipe, mucho más que una declaratoria administrativa. Debería convertirse en una señal inequívoca para pasar de la reacción a la planificación. El Gobierno Nacional informó el me de agosto la declaratoria de alerta roja y, en los últimos días, ha anunciado acciones de preparación frente al fenómeno.

La pregunta que corresponde hacer desde la provincia es sencilla, pero fundamental: ¿qué está haciendo Zamora Chinchipe para estar preparada si los efectos del fenómeno de El Niño golpean con mayor intensidad?

No basta con activar un COE cuando ya existen carreteras destruidas, comunidades aisladas, viviendas afectadas o familias que necesitan ayuda. La gestión de riesgos moderna exige anticipación, coordinación y preparación. Entonces ya debemos planificar.

Zamora Chinchipe conoce, además, las consecuencias que pueden producir los eventos naturales. Las lluvias de años anteriores han provocado inundaciones, desbordamientos y afectaciones a viviendas, cultivos y bienes. La propia Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ha registrado la activación del COE Provincial de Zamora Chinchipe para coordinar acciones frente a emergencias.

Por eso, el COE Provincial debe informarle a la ciudadanía. La población tiene derecho a conocer cuál es el plan de contingencia, qué instituciones están preparadas, qué recursos existen, cuáles son las zonas de mayor riesgo y qué protocolos se aplicarían ante una emergencia de gran magnitud.

¿Estamos preparados para lo peor?

Esta es la pregunta que las autoridades deberían responder antes de que ocurra una tragedia.

¿Existen equipos suficientes para atender inundaciones y deslizamientos? ¿Hay maquinaria disponible y estratégicamente ubicada? ¿Están identificadas las comunidades que podrían quedar aisladas? ¿Existen rutas alternativas? ¿Hay albergues previamente determinados? ¿Se dispone de alimentos, agua, medicinas y combustible para una emergencia prolongada?

Y hay otra infraestructura que merece ser incorporada seriamente a esta planificación: por ejemplo, el aeródromo de Cumbaratza.

La información oficial de la Dirección General de Aviación Civil identifica a Cumbaratza como un aeródromo nacional administrado por el GAD Municipal de Zamora. Sin embargo, actualmente existe un NOTAM que registra al aeródromo como cerrado definitivamente.

Precisamente por ello, la propuesta debe plantearse con responsabilidad: que las autoridades analicen técnicamente si es posible recuperar y habilitar esta infraestructura, con las autorizaciones aeronáuticas correspondientes, como parte de una estrategia de emergencia y apoyo humanitario.

No se trata simplemente de abrir una pista. Se requiere evaluar condiciones de seguridad, infraestructura, comunicaciones, servicios de emergencia, capacidad operativa y coordinación con la autoridad aeronáutica. Pero si técnicamente puede convertirse en un punto estratégico para evacuaciones, traslado de insumos o ayuda humanitaria, ¿por qué no empezar a trabajar desde ahora?

Esperar a que las carreteras estén bloqueadas para recién preguntarnos cómo ingresará la ayuda sería repetir el viejo error de ser reactivos.

La ciudadanía también debe ser parte de la planificación

El COE Provincial no debería trabajar únicamente entre autoridades y oficinas. Debe convocar a la ciudadanía, organizaciones sociales, cuerpos de emergencia, transportistas, comunidades, barrios, sector privado y medios de comunicación.

Hay conocimiento en el territorio que puede resultar fundamental para construir un verdadero plan provincial de contingencia.

La población conoce qué caminos se vuelven intransitables, qué comunidades quedan aisladas, qué puentes son vulnerables y qué lugares pueden servir como puntos de encuentro o evacuación.

Planificar no significa anunciar que estamos preparados. Significa demostrarlo.

Significa tener protocolos escritos, responsables definidos, equipos disponibles, comunicación establecida y ejercicios de simulación que permitan detectar las fallas antes de que ocurra la emergencia.

Zamora Chinchipe tampoco debería esperar a que la naturaleza nos dé otra lección para empezar a organizarnos.

El mensaje para nuestras autoridades es claro: no esperemos el desastre para activar el COE.

La alerta roja debe ser una oportunidad para demostrar que aprendimos de las emergencias anteriores.

Y si finalmente el fenómeno de El Niño no provoca en nuestra provincia los escenarios más graves, habremos ganado algo igualmente importante: una provincia mejor preparada para la próxima emergencia.Porque en gestión de riesgos, esperar a que ocurra la tragedia para actuar no es prudencia.

Es improvisación.

Zamora Chinchipe necesita autoridades que planifiquen hoy para no lamentar mañana.

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Por: Alonzo Cueva Rojas

El retiro de Gisella Bayona expone la mutación de la censura en Ecuador: cuando el poder no puede destruir los argumentos del periodista, asfixia su entorno más íntimo.

Esta asfixia indirecta no es un hecho aislado, sino la consolidación de un patrón. Meses atrás, el país presenció un escenario idéntico cuando el periodista Hernán Higuera suspendió una investigación por seguridad. La respuesta del poder fue quirúrgica: desvinculación fulminante de su esposa de un cargo público y afectación al internado médico de su hijo. Romper la estabilidad familiar ya no es un daño colateral, sino el método predilecto para forzar el silencio.

El ensañamiento contra Bayona responde a un pecado imperdonable para el relato oficial: darle voz al dolor de las calles. Al visibilizar el desabastecimiento hospitalario y las carencias que sufren miles de madres y pacientes, ejerció el rol fiscalizador innato de su profesión. Responder a la denuncia ciudadana con discursos intimidatorios demuestra una profunda desconexión con las urgencias sociales y una alarmante intolerancia a la crítica.

Este panorama ha provocado una alineación forzada dentro del gremio por temor a represalias, expandiendo la autocensura. Frente a esto, Bayona expresó con dureza su asombro ante la metamorfosis de la prensa, cuestionando cómo comunicadores que antes cumplían su trabajo con rigor hoy han abdicado de su independencia para convertirse en dóciles «alfombras del poder», dedicados a aplaudir al gobierno de turno.

Bajo estas reglas del juego, la existencia de cualquier voz crítica queda en riesgo latente. Espacios informativos frontales como los del periodista Fabricio Vela, quien permanentemente expone la crisis de seguridad nacional y confronta las verdades oficiales, se vuelven vulnerables ante una maquinaria que no tolera los matices. Si la prensa libre que incomoda es arrinconada, el peligro ya no es individual, sino colectivo.

Frente a esta marea de sumisión nacional, es urgente hacer un exhorto firme al periodismo de Zamora Chinchipe. Las voces objetivas de nuestra provincia, aquellas que conocen de cerca la realidad de las comunidades, la gestión de los recursos y las necesidades locales, no pueden claudicar ni dar un paso atrás. Ceder ante el temor o alinearse por conveniencia significa dejar a la ciudadanía en absoluta indefensión informativa. El periodismo amazónico debe sostenerse con valentía como el último contrapeso frente a los discursos oficiales.

Abrazar la dignidad de quienes prefieren retirarse antes que quebrar sus principios es necesario, pero insuficiente. Si la sociedad civil normaliza la persecución familiar y el servilismo mediático, el silencio dejará de ser una elección y se convertirá en complicidad. Hoy, la solidaridad con el periodismo independiente debe transformarse en una resistencia colectiva contra el vaciamiento de la verdad.

Por: Alcibar Lupercio

La libertad de expresión no es un privilegio de los periodistas ni una concesión de los gobiernos de turno. Es un derecho fundamental y una de las condiciones esenciales para que una democracia funcione. Cuando una sociedad deja de cuestionar al poder, comienza a perder una de sus principales herramientas de control ciudadano.

Ecuador conoce demasiado bien los riesgos de confundir autoridad con silencio. La historia reciente ofrece antecedentes que deberían servirnos como advertencia. Durante el gobierno de Rafael Correa, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó, entre 2007 y 2017, una política de desacreditación, estigmatización y sanción contra periodistas, medios y otros actores críticos.

Uno de los casos más emblemáticos fue el proceso contra el periodista Emilio Palacio y directivos de El Universo. La CIDH manifestó su preocupación por una sentencia que contemplaba penas de prisión y una millonaria indemnización por un artículo de opinión referido a asuntos de interés público. Posteriormente, la propia Comisión llevó el caso ante la Corte Interamericana.

Aquellos episodios deberían haber dejado una lección permanente: ningún gobierno, independientemente de su ideología, debería sentirse dueño de la verdad ni utilizar el poder estatal para intimidar a quienes lo cuestionan.

Pero el problema no pertenece únicamente al pasado.

Durante el actual Gobierno también se han registrado preocupaciones relacionadas con el ejercicio periodístico. Fundamedios reportó en 2024 un incremento de agresiones contra periodistas y medios, incluyendo obstáculos al acceso a la información y episodios de hostigamiento estatal. En septiembre de ese año señaló además su preocupación por declaraciones que podían interpretarse como una intención de utilizar la publicidad oficial para favorecer o castigar determinadas líneas editoriales.

En 2025, Fundamedios reportó 231 agresiones relacionadas con la libertad de expresión, de las cuales 114 fueron atribuidas a agentes estatales, según su metodología de monitoreo.

A esto se suma una realidad todavía más grave: la violencia del crimen organizado. El Comité para la Protección de los Periodistas ha documentado amenazas, ataques y el éxodo de periodistas ecuatorianos, mientras varios comunicadores han tenido que abandonar sus ciudades o incluso el país para proteger su integridad.

Entonces, ¿qué país queremos construir?

Un país donde un periodista pueda preguntar por qué faltan medicamentos en un hospital. Donde pueda investigar las condiciones de una escuela pública. Donde pueda cuestionar el estado de una carretera. Donde pueda preguntar cuánto se gastó, quién contrató, quién ganó un contrato y si los recursos públicos fueron utilizados correctamente.

Eso no debería considerarse una agresión contra el Gobierno. Eso es periodismo.

El problema aparece cuando la crítica comienza a interpretarse como enemistad política. Y resulta todavía más preocupante si un periodista o propietario de un medio que mantiene relaciones comerciales legítimas con el Estado siente que, por esa razón, debe guardar silencio frente a posibles irregularidades.

Aquí debemos ser particularmente cuidadosos: ser proveedor del Estado no elimina los derechos constitucionales de una persona, pero tampoco convierte al periodista en intocable frente a la ley. La obligación debe ser la misma para todos: contratos transparentes, información verificable, ausencia de conflictos de interés y respeto absoluto a las normas.

Lo peligroso sería que una relación contractual con una institución pública se convierta, de hecho, o por temor, en un mecanismo de autocensura.

Porque si un periodista piensa: “No puedo investigar esto porque tengo un contrato con el Estado”, la sociedad pierde mucho más que una noticia. Pierde una voz.

Y si un funcionario piensa: “Este medio no puede cuestionarme porque trabaja para el Estado”, entonces el problema ya no es solamente periodístico. Es democrático.

También debemos reconocer que la prensa tiene responsabilidades. La libertad de expresión no significa libertad para mentir, difamar o manipular. El periodismo serio debe investigar, contrastar fuentes, separar información de opinión y permitir el derecho a la réplica. Precisamente por eso, la respuesta frente a una publicación periodística debe ser más información, más transparencia y, cuando corresponda, las vías legales; nunca la intimidación.

Ecuador enfrenta problemas demasiado grandes para desperdiciar energía persiguiendo voces críticas. La inseguridad continúa siendo una preocupación central para los ciudadanos; existen cuestionamientos sobre servicios públicos, infraestructura, educación, salud, empleo y economía. Las decisiones gubernamentales sobre combustibles, impuestos y transporte tienen consecuencias directas sobre millones de personas.

En una democracia, esas decisiones deben poder ser discutidas.

El ciudadano tiene derecho a preguntar. El periodista tiene derecho a investigar. El medio tiene derecho a publicar. Y el Gobierno tiene la obligación democrática de responder.

No importa si el Gobierno es de derecha, de izquierda, liberal, conservador o de cualquier otra corriente. Los derechos no cambian dependiendo del nombre del presidente.

Por eso tampoco debemos repetir los errores del pasado. La defensa de la libertad de prensa no puede convertirse en una bandera selectiva: no puede defenderse cuando gobierna alguien que nos agrada y olvidarse cuando gobierna alguien que nos disgusta.

La libertad de expresión debe defenderse incluso cuando la voz que habla no coincide con nuestra propia opinión.

Y aquí existe una responsabilidad particular para las nuevas generaciones. Los jóvenes no tienen que aceptar que cuestionar sea considerado traición, que investigar sea considerado oposición o que exigir transparencia sea considerado un ataque.

Una democracia saludable necesita ciudadanos capaces de preguntar y autoridades capaces de responder.

El silencio impuesto nunca será una política pública.

El Ecuador no necesita menos periodismo. Necesita mejor periodismo, más investigación, más transparencia y mayor protección para quienes ejercen esta profesión.

Y necesita, sobre todo, entender una verdad elemental: un Gobierno fuerte no es aquel que consigue que nadie lo critique; es aquel que puede soportar la crítica, responder con argumentos y rendir cuentas ante sus ciudadanos.

Porque cuando la prensa deja de preguntar por miedo, cuando el periodista comienza a autocensurarse para conservar un contrato y cuando el ciudadano prefiere callar para evitar consecuencias, la democracia empieza a quedarse sin voz.

Y un país sin voces críticas no es un país en paz.

Es un país en silencio.