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Análisis jurídico de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional reúne a destacados profesionales del derecho

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En un contexto marcado por la creciente preocupación ciudadana ante la inseguridad y las nuevas disposiciones legales del Gobierno Nacional, Diario El Amazónico organizó un conversatorio jurídico para analizar los alcances, implicaciones y limitaciones de la recién aprobada Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. El encuentro contó con la participación de tres destacados juristas: el Dr. Jamil Ávila, el Dr. Franco Tamay y el Dr. Benito Suquisupa.

Este espacio de diálogo técnico y académico, moderado por el periodista Alcíbar Lupercio, se planteó como una iniciativa para fomentar el pensamiento crítico en la ciudadanía, visibilizar los desafíos que plantea la nueva normativa y promover una lectura jurídica fundamentada frente a los cambios normativos que afectan al conjunto de la sociedad ecuatoriana.

Recaptura de alias “Fito”: ¿resultado de la ley o de la inteligencia previa?
Uno de los momentos más relevantes del conversatorio fue el análisis jurídico en torno a la recaptura de alias “Fito”, líder de una estructura criminal, hecho anunciado por el presidente Daniel Noboa como una victoria atribuida a la entrada en vigencia de la Ley de Solidaridad. Los tres juristas coincidieron en que dicho resultado no es consecuencia directa de la nueva normativa, sino del trabajo sostenido por parte de los organismos de inteligencia del Estado.

“No creo que la captura sea fruto de una ley que recién entra en vigencia y que aún no cuenta con su reglamento general. Es más bien resultado del trabajo que ya debió haberse realizado antes”, manifestó el Dr. Benito Suquisupa.

En la misma línea, el Dr. Franco Tamay explicó que la ley, publicada oficialmente el 10 de junio, aún no ha generado efectos operativos tangibles: “Lo ocurrido con alias Fito responde a labores de inteligencia más que a la aplicación directa de la norma”.

El Dr. Jamil Ávila complementó el análisis al señalar que se trata de una coincidencia temporal: “Coincido con los colegas. No podemos atribuir la eficacia del operativo a una ley que apenas ha sido promulgada”.

Estructura y ejes de la nueva ley
Durante la segunda parte del conversatorio, se abordaron las generalidades de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, normativa que busca establecer un marco jurídico especial ante la declaratoria del denominado conflicto armado interno, derivado de los reiterados fallos de inconstitucionalidad de decretos ejecutivos anteriores.

Franco Tamay explicó que la ley se estructura en tres grandes ejes: tributario, financiero y de seguridad, los cuales tienen como objetivo generar herramientas legales frente a la criminalidad organizada. Sin embargo, advirtió que las leyes por sí solas no son suficientes para contener el problema: “No basta con una ley si no se acompaña de decisiones políticas firmes y sostenidas que fortalezcan el sistema judicial, penitenciario, educativo y social”.

Por su parte, Benito Suquisupa advirtió que esta ley, pese a su aparente intención solidaria, no contempla mecanismos de financiamiento claros, especialmente en lo que respecta a las competencias delegadas a los gobiernos autónomos descentralizados: “Se delegan funciones a los gobiernos locales sin definir cómo se financiarán los programas de reinserción social, educación, cultura o deporte. Esta omisión pone en riesgo la operatividad misma de la norma”.

Asimismo, Suquisupa hizo una reflexión desde la perspectiva histórica latinoamericana, recordando que leyes con nombres como «solidaridad» o «seguridad nacional» han sido utilizadas en el pasado como instrumentos de control político o represión social, lo que invita a un análisis crítico y preventivo de su aplicación.

¿Existe un conflicto armado interno en el Ecuador? Posturas jurídicas encontradas
El debate más profundo del conversatorio giró en torno a la validez jurídica del término “conflicto armado interno”, utilizado por el Gobierno para justificar la promulgación de la Ley de Solidaridad. Los panelistas coincidieron en que no existen las condiciones legales ni doctrinarias que permitan tipificar la situación del Ecuador bajo esta figura.

Benito Suquisupa fue enfático:
“No tenemos un conflicto armado interno. Tenemos una crisis grave de delincuencia común organizada. Para que exista un conflicto armado interno debe haber una fuerza beligerante estructurada, como sucedió en Colombia con las FARC o el ELN. La Constitución ecuatoriana no contempla esta figura”.

A esta postura se sumó Franco Tamay, quien indicó que la ley pretende aplicar una figura jurídica que no encuentra sustento ni en el Derecho Internacional Humanitario ni en la realidad nacional: “Si bien hay un incremento preocupante de homicidios —44.2% según cifras recientes—, esto no constituye por sí solo un conflicto armado. Se trata más bien de una escalada delictiva alimentada por la falta de oportunidades y políticas públicas eficaces”.

Desde un enfoque más técnico, Jamil Ávila detalló los requisitos estipulados en la propia ley para declarar el régimen especial:
“Para aplicar esta norma se necesita un decreto ejecutivo sustentado en informes de inteligencia que identifiquen grupos armados organizados con una estructura mínima y que ejerzan violencia sostenida. Es decir, se deben cumplir parámetros específicos, que actualmente no están verificados”.

Ávila recalcó que este régimen jurídico especial tendrá carácter provisional, y que su aplicación dependerá de los decretos ejecutivos que emita el Gobierno en el marco de los estados de excepción. Advirtió, además, que se requiere un control estricto del uso de este régimen para evitar abusos o sobrerregulación.

Los tres panelistas coincidieron en que la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional debe ser evaluada en su aplicación real, no en sus declaraciones políticas iniciales, y que la eficacia normativa no se mide por la cantidad de artículos o titulares que genera, sino por su impacto sostenido y verificable en la vida de las personas.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía, a los juristas, a la academia y a los medios de comunicación para seguir promoviendo espacios de análisis crítico, exigir transparencia en la implementación de políticas públicas y fortalecer la cultura democrática y el respeto al Estado de Derecho.

“La verdadera seguridad se construye con justicia social, inversión en educación, empleo digno y fortalecimiento institucional”, concluyeron.

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El Pangui inaugura centro comunitario y remodela estadio en El Remolino

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Con encuentros deportivos y demostraciones culturales, la Alcaldía de El Pangui inauguró un nuevo Centro de Desarrollo Comunitario, además de la remodelación integral de las baterías sanitarias y del estadio en el barrio El Remolino, parroquia El Guismi.

Este importante proyecto fortalece la infraestructura comunitaria, mejora los servicios y apoya al deporte en beneficio de más de un centenar de habitantes del sector. Para su ejecución, el municipio invirtió USD 34.403,05.

Máximo Rolando Vicente, morador del sector, señaló “al recorrer las instalaciones confirmamos que el eslogan ‘Sí Cumplimos’ se hace realidad. Las acciones y las obras hablan más que mil palabras, y hoy podemos constatar su trabajo señor alcalde”.

Por su parte, Rolando Wampusar, presidente del barrio, agradeció el apoyo municipal “esta obra es sumamente importante. Gracias al señor alcalde y a la directiva por la gestión. No es la primera vez que recibimos su ayuda, esperamos que siga adelante junto a su equipo”.

José Luis Torres, en representación del Concejo Municipal, destacó el compromiso de las autoridades, “como concejo hemos distribuido obras para todas las comunidades, buscando que todos los habitantes se sientan atendidos por esta administración”.

Finalmente, el alcalde Jairo Herrera con el corte de cinta inaugural reafirmó el compromiso de la municipalidad “ese voto de confianza que recibimos se convierte en obras. Hoy entregamos un centro comunitario y la remodelación de las baterías sanitarias. Seguiremos trabajando y gestionando para llegar con más proyectos a este barrio y a todo el cantón”, enfatizó.

El nuevo Centro de Desarrollo Comunitario, con 108 metros cuadrados de construcción, cuenta con oficina, salón de sesiones y bodega. A ello se suman la adecuación de las baterías sanitarias y el mantenimiento del estadio de la comunidad.

Con esta entrega, la municipalidad completa tres Centros de Desarrollo Comunitario en la parroquia El Guismi (centro urbano, El Remolino y San Andrés), promoviendo la inclusión, la participación ciudadana y el fortalecimiento social.

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“Tertulia Jurídica” analiza la cooperación eficaz en los procesos penales

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El espacio académico “Tertulia Jurídica”, conducido por los abogados Franco Tamay Vega y Jamil Ávila, desarrolló en su más reciente edición un análisis profundo sobre la figura de la cooperación eficaz en los procesos penales. Para este diálogo se contó con la participación del Dr. Richard Ítalo Villagómez Cabezas, jurista de reconocida trayectoria y doctor en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador.

La cooperación eficaz: doble naturaleza y fundamento internacional
Villagómez explicó que la cooperación eficaz constituye una institución jurídica de doble naturaleza: por un lado, un componente sustantivo vinculado a la teoría del delito y, por otro, un aspecto procesal o adjetivo que permite su aplicación en sede judicial.

Recordó que esta figura se incorpora al marco normativo ecuatoriano como consecuencia de la Convención de Palermo —instrumento internacional orientado a combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional— y que, desde el 2014, se encuentra regulada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Alcances y riesgos de la figura
El expositor detalló que el cooperador eficaz es aquel procesado que, a cambio de una reducción significativa de su pena, aporta información relevante y pruebas para desarticular estructuras criminales. No obstante, advirtió que su sola declaración no basta para condenar, ya que debe estar respaldada por pruebas de corroboración de calidad y sustancia.

De lo contrario —señaló— podrían generarse “falsos positivos” o desvíos en las investigaciones, como ha ocurrido en otras realidades latinoamericanas. Por ello, subrayó que el rol del fiscal y el control judicial resultan decisivos para garantizar la eficacia y legitimidad de este mecanismo.

Beneficios y aplicación procesal
Villagómez puntualizó que el artículo 493 del COIP establece dos escenarios de reducción de pena:
• Hasta el 20% del mínimo previsto en el tipo penal, aplicable de forma general.
• Hasta el 10% del mínimo legal, en casos de alta relevancia social.

Estos acuerdos, indicó, deben celebrarse entre el fiscal y el procesado en la etapa investigativa, para luego ser sometidos a control judicial en audiencia preliminar y consolidarse definitivamente en la sentencia del tribunal de juicio.
Reflexión final

La tertulia concluyó resaltando que la cooperación eficaz es un instrumento útil y positivo en la lucha contra la delincuencia organizada, siempre que se maneje con rigor técnico y jurídico. Los organizadores reiteraron su compromiso de seguir generando espacios de análisis crítico y formación ciudadana sobre temas de actualidad jurídica en el Ecuador.

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Lanzamiento del VII Festival Internacional “Costumbre, Tradición y Cultura” – Edición en Pareja, Zamora 2025

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En las instalaciones de la Unidad Educativa San Francisco de Asís se llevó a cabo la rueda de prensa para el lanzamiento oficial del VII Festival Internacional “Costumbre, Tradición y Cultura” (Edición en Pareja), un evento artístico que reunirá delegaciones nacionales e internacionales en un encuentro cultural de gran magnitud.

El festival, que se desarrollará del 10 al 15 de septiembre en distintas ciudades del país, tendrá como sede central a Zamora los días 11 y 12 de septiembre, en el Coliseo Deportivo de Zamora y en el Instituto “Primero de Mayo”, respectivamente. Posteriormente, la programación continuará en la ciudad de Loja, el sábado 13 de septiembre.

Un espacio de integración cultural
El profesor de danza Oswaldo Camacho, en representación de la Unidad Educativa San Francisco de Asís, expresó el honor que representa para la institución ser parte activa de este evento, destacando la participación de países como Bolivia, Uruguay, Argentina, Perú, Colombia y México, además de reconocidas agrupaciones ecuatorianas provenientes de Quito, Guayaquil, Riobamba y Saraguro.

Asimismo, resaltó el rol de los grupos de danza locales, entre ellos la agrupación Qhapaq Ñan, dirigida por el profesor Segundo Castillo, y el grupo Takamai, quienes se preparan para mostrar la riqueza cultural de Zamora y del Ecuador en un escenario internacional.

Reconocimiento al Ballet Folklórico Nacional “Llakta Kamay”
Durante la rueda de prensa, el director del Ballet Folklorico Nacional Llakta Kamay, Emersson Quinche, anunció que en el marco del festival se rendirá un homenaje a esta agrupación, tras obtener el tercer lugar a nivel nacional en el prestigioso concurso de las Octavas del Corpus Christi, realizado en junio en Pujilí, provincia de Cotopaxi.

Quinche agradeció a la organización por el reconocimiento y señaló que este logro los posiciona como una de las agrupaciones más destacadas del sur del país, lo que enaltece a Zamora Chinchipe y fortalece su proyección cultural.

Un esfuerzo conjunto
Por su parte, Patricio Bernal, representante de la empresa PYROST, subrayó la importancia de la articulación institucional que ha permitido llevar el festival a Zamora por primera vez, con el apoyo de la Unidad Educativa San Francisco de Asís y la empresa privada. Destacó, además, que este evento ha recorrido ciudades como Quito, Cuenca y Ambato, consolidándose como un referente en la difusión del folclore latinoamericano.

Finalmente, la rectora de la institución anfitriona, Mónica Songor, resaltó que el festival no solo representa una oportunidad para apreciar la danza y la música de distintos países, sino también un espacio para proyectar el talento zamorano y revalorizar la identidad cultural de la provincia. Al mismo tiempo, hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar este encuentro artístico, recordando que el acceso tendrá un valor simbólico de tres dólares por persona, con el fin de facilitar la participación masiva del público.

Un festival que une naciones
El VII Festival Internacional “Costumbre, Tradición y Cultura” se fortalece como un puente de integración cultural, donde Ecuador y Zamora Chinchipe mostrarán su riqueza artística frente a destacadas delegaciones extranjeras. La edición 2025, en formato de parejas, promete convertirse en un espectáculo de intercambio y hermandad, reafirmando que la danza y la cultura son expresiones universales que trascienden fronteras.

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