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Cámara de Minería de Zamora Chinchipe anuncia demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Minera reformada

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El día lunes 2 de marzo de 2026 se desarrolló una rueda de prensa convocada por la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe, en la cual se anunció de manera oficial la presentación de una demanda de inconstitucionalidad en contra de la reciente reforma a la Ley de Minería, aprobada por la Asamblea Nacional y remitida con carácter urgente al Registro Oficial para su inmediata vigencia.

Durante su intervención, el presidente de la Cámara, Paúl Pineda, señaló que la normativa aprobada representa un retroceso en derechos y garantías constitucionales, especialmente para los mineros artesanales, pequeños y operadores mineros que históricamente han desarrollado su actividad en la provincia de Zamora Chinchipe y en otras zonas del país. Según explicó, se trata de una ley que no fue debidamente socializada ni construida de manera equitativa con los sectores directamente involucrados en la actividad minera.

Uno de los principales puntos de preocupación expuestos fue la eliminación de la posibilidad de celebrar contratos de operación entre concesionarios privados y operadores mineros. La reforma establece que dicha facultad recaiga exclusivamente en la Empresa Nacional Minera (ENAMI), la cual únicamente puede otorgar contratos dentro de sus propias áreas concesionadas, mas no en concesiones de terceros.

Esta disposición, de acuerdo con la Cámara, constituye una regresión de derechos, ya que históricamente el contrato de operación ha sido un mecanismo legítimo que permitía a concesionarios que no podían operar directamente, articularse con operadores mineros, dinamizando la economía local y formalizando la actividad.

El presidente Paul Pineda advirtió que esta reforma deja en estado de incertidumbre y suspensión a numerosos operadores mineros que se encontraban en procesos de regularización, dependiendo del régimen y tipo de minería, afectando directamente el derecho al trabajo y a la seguridad jurídica. Asimismo, enfatizó que la entrada en vigencia inmediata de la ley agrava el impacto, al no permitir periodos de transición razonables.

En el ámbito ambiental, la Cámara expresó una profunda preocupación por la eliminación de la licencia ambiental como requisito previo, reemplazándola por un simple certificado ambiental. Según se explicó, la licencia ambiental ha sido históricamente el principal instrumento que garantiza la participación ciudadana, la consulta previa, libre e informada y el derecho de las comunidades a pronunciarse sobre proyectos extractivos en sus territorios. La reforma, señalaron, abre la puerta a procesos extractivos sin el debido control social y ambiental.

En este contexto, se cuestionó también la participación de Condormining en la comisión legislativa que trató la reforma, considerando que esta empresa mantiene conflictos sociales históricos con mineros artesanales y comunidades del sector de Chinapintza. Para la Cámara, este hecho evidencia intereses claramente definidos en la configuración de la normativa.

La Cámara de Minería de Zamora Chinchipe informó que ha mantenido acercamientos y diálogos con el asambleísta Héctor Valladarez, con quien se ha acordado, de manera conjunta y unánime, impulsar la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador.

La acción se enfocará específicamente en los artículos relacionados con el régimen minero y ambiental, y adicionalmente se solicitará la suspensión de los efectos de la norma, mientras la Corte resuelve el fondo del caso, con el fin de evitar afectaciones irreversibles.

Por su parte, el asambleísta Héctor Valladares manifestó que la demanda se sustenta en varios ejes de inconstitucionalidad: la asignación de funciones a las Fuerzas Armadas como custodios de empresas mineras, en contravención de su misión constitucional; la eliminación de la licencia ambiental y, con ello, de los mecanismos de consulta y participación ciudadana; y la exclusión progresiva de los mineros artesanales y pequeños de los yacimientos, mediante reformas al artículo 134 de la Ley Minera y disposiciones que restringen de forma definitiva los permisos excepcionales y los contratos de operación.

Valladarez enfatizó que estas reformas afectan directamente a más de 20.000 mineros artesanales y pequeños de la provincia de Zamora Chinchipe, poniendo en riesgo su fuente de trabajo y su derecho histórico a explotar los yacimientos que ellos mismos descubrieron. Reiteró que la seguridad, la democracia y el desarrollo no se construyen con militarización ni exclusión, sino con derechos, diálogo, equidad y justicia social.

Finalmente, la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe reafirmó su autonomía organizativa y jurídica, aclarando que no pertenece ni responde a la Cámara de Minería del Ecuador, y que cuenta con personería jurídica y legitimidad para accionar ante la Corte Constitucional.

La institución hizo un llamado a la ciudadanía, a los mineros artesanales y pequeños, y a los sectores productivos de la provincia, a mantenerse unidos y vigilantes frente a una normativa que, a su criterio, favorece de manera desproporcionada a la gran minería y vulnera derechos constitucionales fundamentales.

La Cámara reiteró su compromiso de continuar defendiendo una minería responsable, inclusiva y socialmente justa, que permita el desarrollo económico de la provincia sin sacrificar los derechos laborales, ambientales y ciudadanos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador.

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El IV Eje Vial y la paciencia de un pueblo fronterizo

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Por: Alonzo Cueva Rojas

Nacer en Palanda y Chinchipe es, sin duda, un privilegio, pero también una prueba constante de coraje; pues, implica enfrentarse al lodo, los derrumbes, el aislamiento y cargar con el peso de una promesa incumplida que persiste desde hace casi 28 años.

Para quienes hemos tenido ese privilegio de nacer o crecer en esta parte geográfica de Zamora Chinchipe, el tramo Bellavista-Zumba-La Balsa representa mucho más que una simple carretera; simboliza una deuda histórica derivada del centralismo y la indiferencia burocrática. Hoy, tenemos frente a nosotros una oportunidad crucial, pero la experiencia nos obliga a demandar una fiscalización estricta e integrada.

La retórica oficial ya no puede escudarse en la falta de presupuesto.  BID mantiene etiquetado un crédito de 150 millones de dólares exclusivamente para estos 54 kilómetros estratégicos. Sin embargo, mientras el dinero está seguro, la obra sigue atrapada en el laberinto de los trámites en Quito.

Revisando el historial de esta licitación internacional (Proceso EC-L1295-P00001), las fases se han cumplido. Tras el lanzamiento de pliegos y las visitas técnicas de 2025, el hito más crítico ocurrió el 12 de enero de 2026 con la apertura pública de las ofertas físicas.

Desde entonces, el proceso entró en un preocupante hermetismo. El concurso aún no ha sido adjudicado y ninguna empresa ha ganado todavía. Las propuestas siguen bajo la evaluación reservada del Ministerio de Infraestructura y Transporte y el BID. Para Palanda y Chinchipe, cada semana de retraso se traduce en pérdidas agrícolas y vías intransitables.

Es aquí donde los Asambleístas de Zamora Chinchipe deben justificar su curul de manera urgente. Los legisladores locales no pueden ser espectadores en Quito; su rol exige tres acciones inmediatas:

Fiscalizar a los evaluadores: Auditar la calificación para evitar que la obra se entregue a consorcios con historial de abandono.

Blindar los recursos: Presionar al Ministerio de Finanzas para que los fondos del BID no se desvíen a otros gastos estatales.

Exigir empleo local: Garantizar que el contrato obligue a priorizar a los transportistas y trabajadores de nuestra provincia.

Los datos que hoy hago conocer a la opinión pública son reales y constan en los portales del BID y las gacetas del MIT. Lo único que queda en duda es la voluntad del Gobierno para firmar el contrato. Ya es hora de exigir con firmeza que se rompa el letargo burocrático. El sur amazónico ya no quiere discursos; exige maquinaria trabajando en la vía.

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Municipio de Palanda y Prefectura de Zamora Chinchipe ejecutan trabajos de mantenimiento vial en el barrio Pucarón

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Con el objetivo de fortalecer la infraestructura vial y mejorar las condiciones de movilidad para la ciudadanía, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Palanda, en coordinación con la Prefectura de Zamora Chinchipe, ejecuta trabajos de mantenimiento y adecuación en las principales calles del barrio Pucarón.

Las labores comprenden el mejoramiento de la superficie de rodadura y la intervención de varios tramos viales estratégicos del sector, permitiendo optimizar las condiciones de circulación tanto para peatones como para conductores. Estas acciones buscan garantizar una movilidad más segura, eficiente y acorde a las necesidades de los habitantes del barrio.

De acuerdo con la planificación institucional, los trabajos forman parte de una estrategia conjunta entre el Gobierno Municipal de Palanda y la Prefectura de Zamora Chinchipe para fortalecer la conectividad urbana, mejorar el acceso a los diferentes sectores poblados y contribuir al desarrollo integral del cantón.

La coordinación interinstitucional entre el Municipio de Palanda y la Prefectura de Zamora Chinchipe evidencia el compromiso de ambas entidades con el fortalecimiento de la obra pública y la atención oportuna de las necesidades prioritarias de las comunidades.

Con estas acciones, las instituciones ratifican su compromiso de continuar impulsando proyectos de mejoramiento vial que contribuyan al bienestar ciudadano, la integración territorial y el desarrollo sostenible del cantón Palanda y de la provincia de Zamora Chinchipe.

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Arcsa detecta irregularidades sanitarias en establecimiento de alimentación de El Pangui

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La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), a través de su Coordinación Zonal 7 y en coordinación con la Comisaría Nacional de Policía del cantón El Pangui, desarrolló una serie de operativos de control en distintos establecimientos comerciales de esta jurisdicción de la provincia de Zamora Chinchipe, con el propósito de proteger la salud de la población y verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.

Las acciones de vigilancia iniciaron durante la jornada nocturna con inspecciones en licorerías del cantón, así como con la verificación del cumplimiento de los turnos de atención en farmacias. Posteriormente, durante la mañana, los técnicos de Arcsa realizaron controles en cuatro establecimientos de alimentación colectiva, donde se evaluaron las condiciones sanitarias y operativas para garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo de la ciudadanía.

Durante las inspecciones, los funcionarios verificaron aspectos fundamentales relacionados con las buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos, el uso adecuado de indumentaria por parte del personal, las condiciones generales de limpieza de las instalaciones y la implementación de medidas de control de plagas, elementos considerados esenciales para prevenir riesgos sanitarios.

Como resultado de estos operativos, Arcsa identificó que uno de los establecimientos inspeccionados incumplía las disposiciones establecidas en la normativa sanitaria. Entre las principales observaciones realizadas constan indicios de presencia de plagas, deficiencias en los procesos de limpieza y prácticas inadecuadas de higiene, situaciones que representan un potencial riesgo para la salud de los consumidores.

Ante estos hallazgos, la entidad reguladora informó que iniciará los procesos administrativos correspondientes, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Salud. Dependiendo de los resultados de las investigaciones y del procedimiento legal respectivo, el establecimiento podría enfrentar las sanciones contempladas en la normativa vigente.

Arcsa destacó que estos controles forman parte de las acciones permanentes de vigilancia sanitaria que se ejecutan en la Zona 7, con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria, promover el cumplimiento de las normas de higiene y garantizar condiciones adecuadas para la prestación de servicios a la ciudadanía.

Finalmente, la institución hizo un llamado a la población para que participe activamente en la vigilancia sanitaria mediante el uso de la aplicación móvil Arcsa Móvil, herramienta digital que permite reportar irregularidades, generar alertas sanitarias y contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de control.

Las autoridades reiteraron que la colaboración ciudadana resulta fundamental para prevenir riesgos a la salud pública y fomentar una cultura de responsabilidad sanitaria entre los establecimientos comerciales y de servicios.

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