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‘Causa escozor sentir que el narco llegó a la Justicia y se tomó el Consejo de la Judicatura’, dice exministro José de la Gasca

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Las grabaciones de un alto funcionario judicial presionando a un juez anticorrupción en un caso de narcotráfico, sumado a la actuación de la esposa del presidente de la Consejo de la Judicatura en defensas de personas vinculadas al crimen organizado, marcaron el escándalo con el que Ecuador cierra vergonzosamente el 2025. Una comparecencia de Mario Godoy, titular de la Judicatura, ante la Asamblea para rendir explicaciones y un eventual juicio político en su contra serán el abrebocas político del 2026.

De momento, para José de la Gasca, exministro de Gobierno de Daniel Noboa, lo revelado muestra que hay fuertes indicios de cómo el narco estaría interfiriendo en las decisiones judiciales. “Las grabaciones son inaceptables”, dice. En entrevista con Vistazo descartó que Mario Godoy haya llegado a la Judicatura por un pacto entre ADN y el correísmo y lamenta que la justicia viva un momento de desinstitucionalización.

¿El escándalo que ha surgido en torno a Mario Godoy puede llevar a que sea un caso como el de Wilman Terán y Metástasis?

¿Por qué sorprende ahora si hace más de un año se sabía que Mario Godoy y su entorno cercano habían defendido como abogados o estudios jurídicos a personas relacionadas con el narcotráfico?

Pienso que también hay un momento político tras la consulta popular de generar un cisma institucional que golpee no solamente el Consejo de la Judicatura, sino también el Consejo de Participación Ciudadana y con ello se pretendan manosear los concursos de las autoridades de control. Léase la Fiscalía General del Estado, el CNE, el Tribunal Contencioso Electoral, órganos importantísimos en la vida política que ciertamente son apetecidos por la clase política y el crimen organizado.

Creo que es la pata que le falta en la mesa de la impunidad del crimen organizado y a los políticos que están detrás para concretar un paraíso de impunidad que nos dibuje definitivamente como un narcoestado.

Cuando se dio el nombramiento de Mario Godoy en la Judicatura, con las presiones del correísmo, hace más de un año, el gobierno de Noboa no lo cuestionó. Se habló de un pacto de conveniencia.

Mario Godoy llega a la Judicatura promovido por el correísmo, por la Liga Azul. De hecho, en los audios Augusto Verduga se menciona el tema de cómo le metieron la mano al Consejo de la Judicatura y cómo inclusive se sienten traicionados por Mario Godoy que ni siquiera les contestaba el teléfono. Eso se escucha en una de las conversaciones de Verduga cuando habla con Andrés Arauz.

No sé si era el momento de escandalizarse, pero en ese entonces debieron haberse activado los filtros del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, vimos que tenía la Asamblea encima. Pero fuera de todos los colores o banderas que haya podido tener Mario Godoy, lo que en verdad creo que causa escozor es el hecho de sentir que el narco llegó a la Justicia y se tomó el Consejo de la Judicatura a través del señor Godoy y los nexos con el crimen organizado, a través de las defensas y las otras cuestiones que tienen que aclararse.

$!De la Gasca también fue secretario Anticorrupción de la Presidencia y embajador representante permanente del Ecuador ante la ONU

Pero también hay esta relación de amistad y societaria entre Mario Godoy y Fausto Jarrín, ex acérrimo correísta y ahora asesor personal del presidente Daniel Noboa, que levanta suspicacias de que Godoy no era incómodo para el gobierno. Políticamente hablando, ¿no huele un poco mal eso?

Yo no sé si han sido socios (Godoy y Jarrín), yo no sé si han compartido defensas técnicas, yo no sé si son amigos personales, no lo sé, no puedo emitir un juicio de valor sobre eso. De ahí, la relación (de Jarrín) con el presidente Noboa, cuándo nació y cómo entra en un círculo de confianza con él, no me compete valorarlo. Yo me ratifico en que, si empezamos a ver el pasado político de cada persona, va a ser muy complicado que encontremos un ser celestial que no haya tenido algún vínculo con algún tipo de corriente de pensamiento político.

Creo que más bien tenemos que exigirnos que todos los funcionarios y quienes estamos en la causa pública actuemos con transparencia y en respeto a la ética pública. Es lo que yo puedo decirle porque yo no puedo juzgar una relación que ya existía, me refiero al conocimiento o a la amistad o a la cercanía que podía existir entre el señor Jarrin y el presidente porque eso trasciende a mi función y trasciende a mi tiempo como ministro.

Usted fue ministro de Gobierno de Noboa, ¿por qué no se ha podido sanear la Judicatura tras la salida de Wilman Terán, pues estamos viendo patrones similares?

El crimen organizado no puede subsistir sin recursos y sin impunidad. La justicia es el camino por donde los criminales encuentran las puertas giratorias, porque si la policía los persigue, alguien tiene que sacarlos de la cárcel. Encontrar jueces sanos, jueces honestos cada vez va a ser más difícil porque o suman al crimen o los amenazan o los matan. Esa es la disyuntiva en la que estuvo el juez el juez anticorrupción Carlos Serrano: entre ser un juez honesto y de fallar en derecho o someterse al miedo y tuvo que renunciar.

Tenemos que pensar que esta lucha contra el crimen organizado debe también ser una lucha contra la desinstitucionalización para que las personas no puedan corromper las instituciones. Le pongo un ejemplo: La Corte Constitucional, nos puede gustar, no nos puede gustar, podremos tener un montón de desacuerdos en lo en lo político y en lo jurisdiccional con sus fallos, pero es una institución, genera respeto. En la Fiscalía, la doctora Diana Salazar se encargó de mantener una institucionalidad y de no abrirle la puerta al narcotráfico.

Hablando de la Fiscalía, usted no ha descartado concursar para dirigir la institución, pero ahora dice desconfiar del concurso que lo lleva el Consejo de Participación.

Yo no creo en esa supuesta panacea de que los concursos de méritos y oposición son los los remedios que van a ser que lleguen los mejores ciudadanos a las instituciones. Ya tenemos, por ejemplo, a Carlos Polit sacando 100/100 y vemos que después ha ido a parar a la cárcel en los Estados Unidos. Los concursos son altamente manipulables y también pueden ser penetrados o captados por el crimen organizado. Vaya a ver a usted quiénes son los que se han puesto como veedores ciudadanos en el concurso para Fiscal. Vaya a ver quiénes o qué perfiles había para los comisionados ciudadanos.

Eso lo que hace es desalentar a las personas de bien que quieran concursar. ¿Quién quiere exponerse a un a una farsa? Entonces, en este punto, por eso es que hablo de este cisma político, porque sí me parece que una de las consecuencias que estamos viendo después de la consulta popular es que van a querer tomarse los órganos de control que faltan para desde ahí reorganizar el poder político y tener estas autoridades de control.

En este escenario entonces, ¿no se lanzará como aspirante a la Fiscalía?

No, yo sigo sin descartarlo, pero así desalienta. Así ahuyentan. Y así de verdad hacen mucho más difícil la tarea de que los de que los ecuatorianos de bien pretendan aventurarse a un concurso como este, sabiendo las consecuencias. Hoy en día el cargo de fiscal general debe ser sin duda el uno de los puestos más peligrosos que existen, si es que se va a hacer un trabajo de verdad en contra el crimen organizado. Fuente: Vistazo

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Quién es alias ‘Topo’, la mano derecha de Fito que enfrentará la justicia de EE.UU.

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La reciente decisión de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador de conceder la extradición de Darío Javier Peñafiel Nieto, alias “Topo”, vuelve a poner en el foco a uno de los nombres clave dentro de la estructura criminal de Los Choneros.

Peñafiel Nieto inició su actividad delictiva en 2016, cuando tenía 26 años. De profesión topógrafo —origen de su alias— fue vinculado al secuestro de un ciudadano austriaco en Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos.

Ese mismo año fue capturado y, en 2017, sentenciado a 11 años de prisión por secuestro y a 3 años adicionales por asociación ilícita. Fue recluido en la Cárcel Regional del Guayas.

Durante su permanencia en prisión, alias “Topo” estableció vínculos con la organización criminal Los Choneros, donde consolidó una relación clave con José Adolfo Macías Villamar, conocido como “Fito”, quien en ese momento era segundo al mando del grupo, por debajo de Jorge Luis Zambrano González, alias «Rasquiña».

Con el tiempo, se convirtió en una persona de confianza dentro de la estructura y asumió el liderazgo de “Los Fatales”, una facción vinculada a actividades de sicariato, a la par que «Fito» se consolidaba como líder de «Los Choneros» tras el asesinato de Zambrano González en una cafetería del centro comercial Mall del Pacífico, en Manta, el 28 de diciembre de 2020.

En 2022, «Topo» inició el trámite para acceder a beneficios penitenciarios y el 3 de junio de 2023 obtuvo el régimen semiabierto, tras cumplir la totalidad de la pena por asociación ilícita y el 60% de la condena por secuestro. Ese proceso derivó en su liberación.

Ya en libertad, su rol dentro de la organización se fortaleció en un contexto marcado por la disputa entre Los Choneros y otras bandas como Los Lobos.

En ese escenario, “Topo” participó en la expansión hacia economías ilegales como la minería ilegal, especialmente en la provincia amazónica de Sucumbíos, donde «Los Choneros» protagonizaron enfrentamientos enfrentamientos con los «Comandos de la Frontera», una disidencia de las FARC.

En septiembre de 2025 fue nuevamente detenido en la provincia de Napo por presunto tráfico de armas. Para entonces, también tenía vigente una orden de captura por el asesinato de un policía en 2024, además de antecedentes por asociación ilícita, secuestro extorsivo y otros delitos. En algunos procesos fue liberado con medidas sustitutivas.

Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad conocida como “La Cárcel del Encuentro”, situada en la provincia costera de Santa Elena.

“Este angelito le hará compañía a Fito»

Alias “Topo” es requerido por el Tribunal del Distrito Este de Nueva York por presunto tráfico de drogas a gran escala y uso de armas de fuego.

El 22 de abril de 2026, tras una audiencia de extradición pasiva, la Corte Nacional autorizó su entrega a Estados Unidos, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos legales y recibir las garantías diplomáticas correspondientes.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el objetivo del Gobierno es que la extradición se concrete “muy pronto”, para que el procesado enfrente a la justicia estadounidense, donde ya se encuentra José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de Los Choneros, extraditado en 2025.

“Este angelito le hará compañía a Fito muy pronto en Estados Unidos”, enfatizó el funcionario. Fuente: Vistazo
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Asamblea aprueba por unanimidad ley para fortalecer la salud mental de niñas, niños y adolescentes

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La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, este miércoles 22 de abril de 2026, el Proyecto de Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes, una normativa que busca garantizar el derecho a la salud mental con un enfoque integral, preventivo, educativo y comunitario. La iniciativa fue respaldada por el Pleno como una respuesta frente al aumento de problemas de salud mental que afectan a esta población en el país.

Durante el debate, el ponente del informe, el asambleísta Alejandro Vanegas, señaló que la ley plantea una respuesta técnica y humana ante una situación urgente, marcada por el incremento de casos de depresión, ansiedad, violencia y abandono escolar entre niñas, niños y adolescentes. Según explicó, la propuesta fortalece la corresponsabilidad entre el sistema educativo, el sistema de salud y los gobiernos locales para atender esta problemática de manera articulada.

La normativa introduce reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Salud Mental, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), con el objetivo de coordinar acciones entre distintas instituciones del Estado. Entre sus disposiciones principales está la incorporación obligatoria de la materia “Psicoeducación” en la malla curricular de las unidades educativas públicas, privadas y fiscomisionales.

 

De acuerdo con el texto aprobado, esta asignatura estará orientada al fortalecimiento de habilidades psicosociales, la resiliencia emocional, la convivencia pacífica y la detección temprana de señales de alerta en la salud mental de niñas, niños y adolescentes. La ley también ordena la implementación de programas de promoción y prevención con enfoque intercultural, territorial y de género, adaptados a las realidades de pueblos y nacionalidades.

Además, la norma impulsa la creación de espacios comunitarios de apoyo psicosocial en el primer nivel de atención del sistema de salud y permite la participación de estudiantes de los últimos semestres de Psicología en actividades de promoción y prevención, siempre bajo supervisión profesional. También establece que las aseguradoras y empresas de medicina prepagada deberán incluir coberturas de salud mental y dispone campañas permanentes para denunciar centros ilegales o prácticas no autorizadas.

Con esta aprobación, la Asamblea da paso a una legislación que busca dejar atrás una visión reactiva de la salud mental y avanzar hacia un modelo de prevención, acompañamiento y atención temprana desde las aulas, las comunidades y los servicios de salud.

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Corte Constitucional aprueba que Noboa elimine al CPCCS vía reférendum

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Tras le último fallo de la Corte Constitucional (CC), el presidente Daniel Noboa ya puede emitir el decreto ejecutivo que convoca a un referéndum para consultar a la ciudadanía si está o no de acuerdo con eliminar la facultad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de designar autoridades y que ésta pase a la Asamblea Nacional.

La CC además, declaró que el mandatario puede continuar con el procedimiento de referéndum conforme a la Constitución y la normativa aplicable. De este modo la pregunta que se le consultará a los ecuatorianos es la siguiente:

¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?

La CC se pronunció a través de un auto de verificación el pasado 16 de abril, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) conoció y remitió el proyecto de enmienda que envió Noboa al organismo electoral pese a que debía enviarlo a la Corte Constitucional.

Asimismo, la Corte Constitucional recordó al presidente Daniel Noboa y al CNE que sus decisiones deben ser cumplidas en los términos fijados en sus resoluciones, por lo que deberán observar estrictamente las formas y condiciones establecidas en el dictamen.

Según fuentes de Carondelet, se espera que la pregunta de enmienda constitucional pueda ser incluida en una papeleta adicional en las elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2026. (I)

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