Nacionales
La sentencia contra el serbio Jezdimir Srdan podría anularse por falta de tribunal
La salida de dos jueces que dictaron la condena y la falta de una sentencia escrita ponen en riesgo el fallo contra Srdan
El 21 de noviembre de 2025, el tribunal de la Unidad de Garantías Penales Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, integrado por los jueces Christian Fierro, Carlos Serrano y Gabriela Lara, emitió su decisión oral. Fierro y Serrano votaron por la condena, mientras que Lara ratificó el estado de inocencia del procesado, a quien la Fiscalía de Alemania lo ha identificado como un cabecilla de la mafia albanesa.

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Ese mismo día, Serrano denunció que fue amenazado de muerte por el procesado. Pese a ello, el 2 de diciembre se le retiró la protección policial. Al día siguiente, el magistrado solicitó formalmente que se la restituya, al recordar que la Corte Constitucional (setencia N° 9-22-IN/22) ha establecido que el Consejo de la Judicatura debe garantizar la seguridad de los jueces anticorrupción. Ante la falta de respuesta, el 4 de diciembre presentó su renuncia irrevocable, que hasta ahora no ha sido aceptada.
¿Cómo se suspendió al juez Fierro?
En paralelo, el 2 de diciembre, el fiscal Carlos Alarcón, quien actúa como titular de la Fiscalía General del Estado por decisión del Consejo de la Judicatura, presentó una denuncia contra el juez Christian Fierro. El reclamo se basó en una supuesta demora para fijar la audiencia de juicio dentro del caso Triple A, que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a otras 21 personas.
Dos días después, el 4 de diciembre, el Pleno del Consejo de la Judicatura incluyó de forma extraordinaria la suspensión de Fierro en los puntos varios de la sesión 108-2025. Christian Berrezueta, de la Subdirección de Control Disciplinario recomendó la medida sin que conste que se haya pedido previamente explicación al juez sobre su carga laboral o su agenda de audiencias. La suspensión se dispuso por tres meses sin sueldo sin pedirle a Fierro un criterio o un descargo.
Con la renuncia de Serrano y la suspensión de Fierro, el tribunal quedó integrado únicamente por la jueza Gabriela Lara, quien fue restituida en su cargo por el Consejo de la Judicatura presidido por Mario Godoy, pese a que enfrenta un proceso disciplinario y es investigada penalmente dentro del denominado caso Fachada, relacionado con presuntos beneficios a procesados vinculados al grupo Comandos de la Frontera.
El riesgo de que la sentencia se caiga
La condena contra Srdan corre serio riesgo porque un requisito indispensable para su validez es que sea emitida por escrito. Sin embargo, ninguno de los dos jueces que votaron por la culpabilidad puede actualmente acceder a su despacho para redactar o firmar el fallo.
Si se acepta la renuncia de Serrano o se mantiene la suspensión de Fierro, cualquier nuevo juez que sea designado podría declarar la nulidad de lo actuado y volver a repetir el juicio. También podría oír la grabación de la sentencia y adherirse al razonamiento de culpabilidad. Así se mantienen los 2 votos de culpabilidad. O, la tercera opción, es salvar su propio voto (basado en que no estuvo en la audiencia). Así lo explica el criterio de la Corte Nacional (absolución de Consultas No. 255), aunque se trata de un criterio no vinculante.

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Las denuncias de presiones de Serrano
A este escenario se suma que la prisión preventiva contra Jezdimir Srdan había caducado el 22 de noviembre de 2025, pero su vencimiento se suspendió debido a la emisión de la sentencia oral. Si esta llegara a ser anulada, la medida cautelar quedaría sin efecto por caducidad, lo que podría permitir la libertad de los procesados, siempre que no exista otra medida vigente.
Finalmente, alrededor del caso existen señalamientos públicos sobre presuntas presiones ejercidas contra el juez Serrano. He hecho, Serrano denunció que Henry Gaibor, amigo del presidente de la Judicatura, y entonces director de la Judicatura de Pichincha le insinuó que falle a favor del narcotraficante, cuando le dejó un mensaje: «que ponga atención» a la defensa del extranjero.
También se ha mencionado que entre los abogados defensores de Srdan estuvo la esposa del actual presidente del Consejo de la Judicatura, Dolores Vintimilla y su estudio jurídico Invictus, lo que ha generado cuestionamientos públicos por posibles conflictos de interés.
Los tiempos subjetivos del Consejo de la Judicatura
También llama la atención el trato distinto que tuvo la suspensión de los jueces Fierro y Lara. El 16 de enero de 2025, la Fiscalía dirigió el operativo del caso Fachada y la Policía allanó la oficina de la jueza Gabriela Lara. Pese a la gravedad de la investigación, el Pleno del Consejo de la Judicatura tardó 146 días en ordenar la suspensión de la magistrada, pues recien se dio el 11 de junio de 2025. En cambio, en el caso del juez Christian Fierro, el organismo resolvió su suspensión en apenas dos días.
Esto provocó que el juez Fierro no integre el tribunal del caso Triple A. Se lo reemplazó con el juez temporal Jorge Sánchez, quien adelantó la audiencia de Aquiles Alvarez y otros del 21 de enero al 24 de diciembre (aunque ese día se declaró fallida).» Fuente: El Expreso
Nacionales
Policías implicados en femicidios en Ecuador: al menos nueve casos entre 2022 y 2026
Dos llamadas realizó el sargento segundo Eduardo Castro Vásquez, de 40 años, antes de suicidarse en la casa de su mamá en Pascuales, norte de Guayaquil. Una fue a su cuñada, para pedirle perdón y que cuide a sus hijos. La otra, a su hija, una joven que compartió en redes sociales fotos con él y los últimos mensajes.
Castro se disparó en la cabeza dos horas después de asesinar a su pareja, Solange Arellano, en el Puente de la Unidad Nacional que conecta Guayaquil con Samborondón y Durán. Ella trabajaba en la Agencia de Tránsito de Durán y él, en el área jurídica de la Policía en el cantón El Carmen, en Manabí.
La Policía confirmó el femicidio de Solange y el suicidio de Castro. Un caso que no es aislado en Ecuador. Según registros periodísticos, entre 2022 y 2026 se han registrado al menos nueve femicidios perpetrados por miembros de la Policía Nacional. De esos casos, tres terminaron en un suicidio y el resto, con la sentencia de los uniformados implicados.
El año pasado, Andy Sebastián V.S., fue señalado como responsable de la muerte de Nicole de 21 años en Santa Rosa, en Tungurahua. La joven falleció de un disparo con un arma de dotación en una habitación. El principal sospechoso declaró que ocurrió cuando supuestamente estaban jugando. Pero sus declaraciones fueron contradictorias y eso generó las sospechas de los uniformados.
En 2024 hubo dos casos de femicidio que conmocionaron al país y en los que estuvieron implicados policías. Uno fue en junio, en la provincia de Imbabura.
El mayor Carlos Rodríguez mató a Dayana Lamiña, otra uniformada de la institución, al pie de la Unidad Policial de Atuntaqui. Tras sorprenderla y atacarla, Rodríguez se disparó en la cabeza y quedó tendido en el piso.
El oficia fue llevado hasta un hospital en Ibarra, donde falleció al día siguiente. La Fiscalía tomó las versiones de testigos y ordenó otras diligencias entorno al caso. Se conoció que el agresor usó su arma de dotación para asesinar a Dayana, quien era el segundo compromiso del uniformado y además tenía una niña de seis años.
Ese mismo año, pero en diciembre, hubo otro femicidio y suicidio cometido por un policía. Un sargento segundo fue hasta unas oficinas en el sector de Urdesa, norte de Guayaquil, donde trabaja su esposa y le disparó.
Además de atacarla, hirió a su hija, que recibió disparos en el tórax y el brazo. Posteriormente, el uniformado se suicidó.
En 2023 y 2022 ocurrieron los casos más estremecedores. En mayo de 2023, Paola Ortega murió tras recibir 13 puñaladas cuando estaba dentro de su auto en el sector de Sangolquí, en Pichincha. Ocurrió cuando su esposo (Cristian N.) se bajó a comprar comida, en ese momento, unos delincuentes se acercaron y la asesinaron por robarle USD 600 y una cadena de oro.
Cristian N. fue sentenciado a 34 años y ocho meses de prisión. Minutos después del crimen, él se transfirió USD 2 000 desde la cuenta de su esposa. Las grabaciones de cámaras de vigilancia en la zona revelaron también que él dio varias vueltas antes de acercarse al auto donde estaba Paola y tampoco la llevó al hospital que estaba cerca.
Otro caso se reportó en mayo de 2023. Katherine C. conducía su vehículo cuando su esposo le disparó y se chocaron contra un muro en el sector El Inca, en el norte de Quito. El uniformado Jonathan T. fue el principal sospechoso y posterior sentenciado por femicidio.
Pero su versión no pudo ser corroborada. En el juicio, la Fiscalía detalló que Katherine había sido víctima de reiteradas agresiones y el día de su asesinato, Jonathan dejó su oficina en la Comandancia de Policía para irla a buscar. Recibió una condena de 34 años y ocho meses.
En septiembre de 2023, la comunidad de Tena intentó linchar a un policía que apuñaló y mató a su expareja Ledy, de 30 años.
María Belén Bernal, asesinada dentro de la Escuela de Policía
María Belén Bernal llegó a la Escuela Superior de la Policía en el norte de Quito, donde fue vista con vida por última vez. Iba a ver a su esposo, el teniente Germán Cáceres. Fue en septiembre de 2022 y después, desapareció.
11 días después, sus restos fueron hallados en el cerro Casitagua. María Belén Bernal era abogada, tenía 34 años y un hijo de 13 años. En 2017 se había casado con Cáceres, a quien sorprendió la noche de su desaparición con una cadete.
Eso motivó una discusión que terminó en gritos de auxilio. La Fiscalía investigó el caso y recabó una versión en la que un cadete aseguró haber visto a Cáceres subiendo un bulto en el auto esa madrugada. En su habitación, se encontraron manchas de sangre en el colchón y la huella de una mano en la pared.
Cáceres estuvo prófugo algunos meses hasta diciembre de 2022, cuando fue capturado en Colombia. Recibió una sentencia de 34 años y ocho meses, la cual apeló, pero el recurso fue rechazado. El caso generó indignación y motivó multitudinarias manifestaciones en Quito, Guayaquil y Cuenca pidiendo justicia por ese y decenas de femicidios en Ecuador.
Uniformados deben ser valorados psicológicamente de forma constante, advierte especialista
La exposición a niveles de violencia, consumo de alcohol, drogas y hasta horarios laborales extremos de los uniformados, son algunos de los factores que pueden afectar la salud mental de los agentes. Así lo explicó la psiquiatra Julieta Sagnay, que conversó con Ecuavisa.com.
Sagnay explicó que el perfil de los agresores incluye rasgos de personalidad narcisista, con necesidad de dominio y superioridad. La especialista indicó que también siguen patrones relacionados con lo que viven en la formación y su trabajo, el ser subordinados o humillados, y eso traspasa al entorno familiar.
Por eso, Sagnay agregó que se deberían realizar valoraciones psicológicas a los uniformados para detectar índices o patrones, de forma preventiva, y así reducir el riesgo de este tipo de casos. Comentó también que los uniformados tienen un riesgo mayor, que es la facilidad para acceder a armas de fuego. Debido a eso, se debe considerar la atención especializada.
Nacionales
Gobierno recibirá un nuevo desembolso de USD 394 millones del FMI
Ecuador recibirá un nuevo desembolso de USD 394 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Es el primero que recibirá en este 2026.
La aprobación se realizó este miércoles, 22 de abril, por parte del directorio del FMI. Es la quinta revisión de metas dentro del programa de crédito que alcanza un monto de USD 5.000 millones.
Representantes del FMI mantuvieron conversaciones con autoridades ecuatorianas entre el 26 de febrero y 6 de marzo en Quito. Posteriormente, estuvieron en Washington, entre el 16 y 27 de marzo.
Programa de crédito del FMI
Con el nombre de Servicio Ampliado del FMI, el programa de crédito es de 48 meses. Comenzó en mayo de 2024 y terminará en 2028.
Hasta el momento se han recibido USD 3.330 millones del FMI.
Medidas tomadas por Ecuador
El FMI ha destacado que la economía ecuatoriana sigue superando las expectativas iniciales. Entre los hitos positivos están el fortalecimiento de las reservas internacionales, lo que llevó a que Ecuador retorne a los mercados internacionales de capital en enero de este año.
El equipo del FMI, encabezado por Patricia Tumbarello, sostuvo que el Gobierno ha cumplido con sus objetivos como la lucha contra el lavado de activos y el régimen fiscal minero; la racionalización de los gastos tributarios, la eficiencia del gasto y las reformas mineras.
“Las autoridades ecuatorianas siguen demostrando un firme compromiso con su programa económico”, señaló Nigel Clarke, subdirector gerente del FMI.
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Quién es alias ‘Topo’, la mano derecha de Fito que enfrentará la justicia de EE.UU.
La reciente decisión de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador de conceder la extradición de Darío Javier Peñafiel Nieto, alias “Topo”, vuelve a poner en el foco a uno de los nombres clave dentro de la estructura criminal de Los Choneros.
Peñafiel Nieto inició su actividad delictiva en 2016, cuando tenía 26 años. De profesión topógrafo —origen de su alias— fue vinculado al secuestro de un ciudadano austriaco en Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos.
Ese mismo año fue capturado y, en 2017, sentenciado a 11 años de prisión por secuestro y a 3 años adicionales por asociación ilícita. Fue recluido en la Cárcel Regional del Guayas.
Con el tiempo, se convirtió en una persona de confianza dentro de la estructura y asumió el liderazgo de “Los Fatales”, una facción vinculada a actividades de sicariato, a la par que «Fito» se consolidaba como líder de «Los Choneros» tras el asesinato de Zambrano González en una cafetería del centro comercial Mall del Pacífico, en Manta, el 28 de diciembre de 2020.
En 2022, «Topo» inició el trámite para acceder a beneficios penitenciarios y el 3 de junio de 2023 obtuvo el régimen semiabierto, tras cumplir la totalidad de la pena por asociación ilícita y el 60% de la condena por secuestro. Ese proceso derivó en su liberación.
Ya en libertad, su rol dentro de la organización se fortaleció en un contexto marcado por la disputa entre Los Choneros y otras bandas como Los Lobos.
En ese escenario, “Topo” participó en la expansión hacia economías ilegales como la minería ilegal, especialmente en la provincia amazónica de Sucumbíos, donde «Los Choneros» protagonizaron enfrentamientos enfrentamientos con los «Comandos de la Frontera», una disidencia de las FARC.
En septiembre de 2025 fue nuevamente detenido en la provincia de Napo por presunto tráfico de armas. Para entonces, también tenía vigente una orden de captura por el asesinato de un policía en 2024, además de antecedentes por asociación ilícita, secuestro extorsivo y otros delitos. En algunos procesos fue liberado con medidas sustitutivas.
Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad conocida como “La Cárcel del Encuentro”, situada en la provincia costera de Santa Elena.
“Este angelito le hará compañía a Fito»
Alias “Topo” es requerido por el Tribunal del Distrito Este de Nueva York por presunto tráfico de drogas a gran escala y uso de armas de fuego.
El 22 de abril de 2026, tras una audiencia de extradición pasiva, la Corte Nacional autorizó su entrega a Estados Unidos, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos legales y recibir las garantías diplomáticas correspondientes.
El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el objetivo del Gobierno es que la extradición se concrete “muy pronto”, para que el procesado enfrente a la justicia estadounidense, donde ya se encuentra José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de Los Choneros, extraditado en 2025.
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