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Análisis jurídico de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional reúne a destacados profesionales del derecho

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En un contexto marcado por la creciente preocupación ciudadana ante la inseguridad y las nuevas disposiciones legales del Gobierno Nacional, Diario El Amazónico organizó un conversatorio jurídico para analizar los alcances, implicaciones y limitaciones de la recién aprobada Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. El encuentro contó con la participación de tres destacados juristas: el Dr. Jamil Ávila, el Dr. Franco Tamay y el Dr. Benito Suquisupa.

Este espacio de diálogo técnico y académico, moderado por el periodista Alcíbar Lupercio, se planteó como una iniciativa para fomentar el pensamiento crítico en la ciudadanía, visibilizar los desafíos que plantea la nueva normativa y promover una lectura jurídica fundamentada frente a los cambios normativos que afectan al conjunto de la sociedad ecuatoriana.

Recaptura de alias “Fito”: ¿resultado de la ley o de la inteligencia previa?
Uno de los momentos más relevantes del conversatorio fue el análisis jurídico en torno a la recaptura de alias “Fito”, líder de una estructura criminal, hecho anunciado por el presidente Daniel Noboa como una victoria atribuida a la entrada en vigencia de la Ley de Solidaridad. Los tres juristas coincidieron en que dicho resultado no es consecuencia directa de la nueva normativa, sino del trabajo sostenido por parte de los organismos de inteligencia del Estado.

“No creo que la captura sea fruto de una ley que recién entra en vigencia y que aún no cuenta con su reglamento general. Es más bien resultado del trabajo que ya debió haberse realizado antes”, manifestó el Dr. Benito Suquisupa.

En la misma línea, el Dr. Franco Tamay explicó que la ley, publicada oficialmente el 10 de junio, aún no ha generado efectos operativos tangibles: “Lo ocurrido con alias Fito responde a labores de inteligencia más que a la aplicación directa de la norma”.

El Dr. Jamil Ávila complementó el análisis al señalar que se trata de una coincidencia temporal: “Coincido con los colegas. No podemos atribuir la eficacia del operativo a una ley que apenas ha sido promulgada”.

Estructura y ejes de la nueva ley
Durante la segunda parte del conversatorio, se abordaron las generalidades de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, normativa que busca establecer un marco jurídico especial ante la declaratoria del denominado conflicto armado interno, derivado de los reiterados fallos de inconstitucionalidad de decretos ejecutivos anteriores.

Franco Tamay explicó que la ley se estructura en tres grandes ejes: tributario, financiero y de seguridad, los cuales tienen como objetivo generar herramientas legales frente a la criminalidad organizada. Sin embargo, advirtió que las leyes por sí solas no son suficientes para contener el problema: “No basta con una ley si no se acompaña de decisiones políticas firmes y sostenidas que fortalezcan el sistema judicial, penitenciario, educativo y social”.

Por su parte, Benito Suquisupa advirtió que esta ley, pese a su aparente intención solidaria, no contempla mecanismos de financiamiento claros, especialmente en lo que respecta a las competencias delegadas a los gobiernos autónomos descentralizados: “Se delegan funciones a los gobiernos locales sin definir cómo se financiarán los programas de reinserción social, educación, cultura o deporte. Esta omisión pone en riesgo la operatividad misma de la norma”.

Asimismo, Suquisupa hizo una reflexión desde la perspectiva histórica latinoamericana, recordando que leyes con nombres como «solidaridad» o «seguridad nacional» han sido utilizadas en el pasado como instrumentos de control político o represión social, lo que invita a un análisis crítico y preventivo de su aplicación.

¿Existe un conflicto armado interno en el Ecuador? Posturas jurídicas encontradas
El debate más profundo del conversatorio giró en torno a la validez jurídica del término “conflicto armado interno”, utilizado por el Gobierno para justificar la promulgación de la Ley de Solidaridad. Los panelistas coincidieron en que no existen las condiciones legales ni doctrinarias que permitan tipificar la situación del Ecuador bajo esta figura.

Benito Suquisupa fue enfático:
“No tenemos un conflicto armado interno. Tenemos una crisis grave de delincuencia común organizada. Para que exista un conflicto armado interno debe haber una fuerza beligerante estructurada, como sucedió en Colombia con las FARC o el ELN. La Constitución ecuatoriana no contempla esta figura”.

A esta postura se sumó Franco Tamay, quien indicó que la ley pretende aplicar una figura jurídica que no encuentra sustento ni en el Derecho Internacional Humanitario ni en la realidad nacional: “Si bien hay un incremento preocupante de homicidios —44.2% según cifras recientes—, esto no constituye por sí solo un conflicto armado. Se trata más bien de una escalada delictiva alimentada por la falta de oportunidades y políticas públicas eficaces”.

Desde un enfoque más técnico, Jamil Ávila detalló los requisitos estipulados en la propia ley para declarar el régimen especial:
“Para aplicar esta norma se necesita un decreto ejecutivo sustentado en informes de inteligencia que identifiquen grupos armados organizados con una estructura mínima y que ejerzan violencia sostenida. Es decir, se deben cumplir parámetros específicos, que actualmente no están verificados”.

Ávila recalcó que este régimen jurídico especial tendrá carácter provisional, y que su aplicación dependerá de los decretos ejecutivos que emita el Gobierno en el marco de los estados de excepción. Advirtió, además, que se requiere un control estricto del uso de este régimen para evitar abusos o sobrerregulación.

Los tres panelistas coincidieron en que la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional debe ser evaluada en su aplicación real, no en sus declaraciones políticas iniciales, y que la eficacia normativa no se mide por la cantidad de artículos o titulares que genera, sino por su impacto sostenido y verificable en la vida de las personas.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía, a los juristas, a la academia y a los medios de comunicación para seguir promoviendo espacios de análisis crítico, exigir transparencia en la implementación de políticas públicas y fortalecer la cultura democrática y el respeto al Estado de Derecho.

“La verdadera seguridad se construye con justicia social, inversión en educación, empleo digno y fortalecimiento institucional”, concluyeron.

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Policía fortalece operativos preventivos para reforzar la seguridad en Zamora Chinchipe

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La Subzona de Policía Zamora Chinchipe N.° 19 mantiene de manera permanente operativos antidelincuenciales y controles preventivos en diferentes sectores del cantón Zamora, como parte de las acciones orientadas a prevenir hechos delictivos, fortalecer la seguridad ciudadana y preservar el orden público.

Las intervenciones se ejecutan mediante la articulación de los subsistemas Preventivo, Investigativo y de Inteligencia, con énfasis en sectores estratégicos y zonas de mayor afluencia de ciudadanos.

Durante los operativos, los servidores policiales realizan controles a personas, vehículos y motocicletas, además de verificaciones de antecedentes y procedimientos preventivos destinados a identificar y reducir factores asociados a diferentes delitos.

Entre las conductas delictivas que se busca prevenir constan el robo, la tenencia ilegal de armas, el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, entre otros hechos que puedan afectar la seguridad y tranquilidad de la población.

La institución señaló que estas acciones forman parte de un trabajo permanente en territorio, orientado a anticiparse a posibles manifestaciones delictivas y mantener una presencia policial activa en los diferentes sectores del cantón.

De esta manera, la Policía Nacional busca fortalecer las condiciones de seguridad, convivencia pacífica y protección ciudadana mediante controles preventivos y una intervención coordinada de sus diferentes subsistemas.

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ECSA y el GAD Parroquial de Tundayme suscriben convenio para la apertura y lastrado de la vía hacia la comunidad Valle del Quimi

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EcuaCorriente S.A. (ECSA), empresa concesionaria de la mina Mirador, suscribió este jueves 20 de agosto de 2026 un convenio específico con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tundayme para financiar la apertura y lastrado del proyecto piloto de la vía que conecta el puente El Polvorín con la comunidad Valle del Quimi, en la parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe.

El acto se desarrolló en el auditorio de las oficinas de Trabajo Comunitario de la empresa, con la participación de representantes del GAD Parroquial, de la comunidad Valle del Quimi y de ECSA.

El proyecto contempla la intervención de 3,26 kilómetros de vía, con un ancho de 6 metros y una capa de mejoramiento de 0,75 metros. Incluye trabajos preliminares de desbroce y limpieza, excavación y conformación de la plataforma, y la instalación de 13 alcantarillas de ármico de 8 metros de longitud cada una, con diámetros de 1,20, 1,50 y 1,80 metros.

La inversión total del proyecto asciende a USD 200.082,01, de los cuales ECSA aporta USD 180.000,00 y el GAD Parroquial Rural de Tundayme USD 20.082,01 como contraparte.

Conforme al convenio, el GAD Parroquial Rural de Tundayme actúa como ejecutor del proyecto y es responsable de los procesos de contratación pública, fiscalización y ejecución de los trabajos, de acuerdo con la legislación ecuatoriana. La obra cuenta con la delegación de competencias otorgada por la Prefectura de Zamora Chinchipe y con el certificado ambiental emitido por la autoridad competente. ECSA aporta el financiamiento y realiza el seguimiento técnico a través de un Administrador de Obra designado.

La solicitud de apoyo fue presentada por el GAD Parroquial en julio de 2026, acompañada del estudio técnico, el presupuesto de inversión y los permisos correspondientes. El aporte de ECSA se enmarca en el Programa de Relaciones Comunitarias contenido en el Plan de Manejo Ambiental de la mina Mirador, aprobado por la autoridad ambiental.

«Felicito al Gobierno Parroquial de Tundayme por el buen trabajo realizado y a la comunidad Valle del Quimi, que planteó esta necesidad. Esta obra es por la comunidad y para la comunidad. La minería responsable estará siempre del lado del desarrollo sostenible de las comunidades», señaló Chen Ping, Gerente de Relaciones Comunitarias de EcuaCorriente S.A.

«Para el Gobierno Parroquial este es un proyecto prioritario. Presentamos los estudios, gestionamos los permisos y pusimos nuestra contraparte, porque las familias de Valle del Quimi necesitan una vía para sacar sus productos y movilizarse durante todo el año», indicó Edison Merchán, Presidente del GAD Parroquial Rural de Tundayme.

La vía beneficiará a las familias de la comunidad Valle del Quimi, facilitando el transporte de productos agrícolas y ganaderos hacia los centros de comercialización, el acceso a servicios de salud y educación, y la movilización interna de los moradores durante todo el año.

Con la suscripción de este convenio, ECSA reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible de la parroquia Tundayme y con una minería responsable, ejercida en articulación interinstitucional con los gobiernos locales y las comunidades de la zona de influencia de la mina Mirador.

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Conscriptos de la Leva 2007 recibieron sus armas en ceremonia cívico-militar en Zumba

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En el patio de armas del Batallón de Selva N.° 17 “Zumba”, se desarrolló este viernes 21 de agosto la ceremonia cívico-militar de entrega de armas a los conscriptos de la Leva 2007, Primera Llamada, como parte del proceso de formación e instrucción correspondiente al Servicio Cívico Militar Voluntario.

La jornada estuvo marcada por un ambiente de civismo, disciplina y solemnidad, con la presencia de autoridades militares, dignatarios civiles, instructores, familiares e invitados, quienes acompañaron a los jóvenes durante este acto significativo dentro de su formación militar.

Durante la ceremonia, los conscriptos recibieron formalmente el armamento asignado por la institución. Este acto representa simbólicamente la confianza y responsabilidad que asumen los jóvenes durante el cumplimiento de su servicio, así como su compromiso con los principios de disciplina, honor, responsabilidad y respeto a la soberanía nacional.

La entrega del armamento constituye, además, un momento relevante dentro del proceso de instrucción militar, al marcar la culminación de una primera etapa de formación básica y el inicio de nuevas responsabilidades dentro de esta unidad militar ubicada en una zona estratégica de la frontera suroriental del país.

Como parte de la jornada, el mando militar reconoció también el desempeño de los conscriptos que alcanzaron resultados destacados durante el primer periodo de formación, tanto en los ámbitos académico, físico como militar. Los reconocimientos resaltaron el esfuerzo individual, la disciplina y el compromiso demostrado por quienes sobresalieron dentro de su promoción.

Durante su intervención, el Teniente Coronel de Estado Mayor Ricardo David Coyago Remache, comandante del Batallón de Selva N.° 17 “Zumba”, destacó la importancia del servicio militar y del compromiso adquirido al vestir el uniforme de la institución.

El comandante recordó a los jóvenes que el armamento entregado representa una responsabilidad vinculada con la defensa de la nación y la preservación de la paz y la soberanía. Asimismo, los exhortó a mantener durante su servicio los valores de integridad, coraje, disciplina y patriotismo.

Para las familias presentes, la ceremonia constituyó un momento de especial significado, al acompañar a los jóvenes en una etapa trascendental de su formación y ser testigos del compromiso asumido con el país.

Con la ceremonia de entrega de armas, los conscriptos de la Leva 2007, Primera Llamada, avanzan hacia una nueva fase de su formación y servicio en el Batallón de Selva N.° 17 “Zumba”, fortaleciendo sus conocimientos, capacidades y principios orientados al cumplimiento de sus responsabilidades dentro del Servicio Cívico Militar Voluntario.

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