En un contexto marcado por la creciente preocupación ciudadana ante la inseguridad y las nuevas disposiciones legales del Gobierno Nacional, Diario El Amazónico organizó un conversatorio jurídico para analizar los alcances, implicaciones y limitaciones de la recién aprobada Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. El encuentro contó con la participación de tres destacados juristas: el Dr. Jamil Ávila, el Dr. Franco Tamay y el Dr. Benito Suquisupa.

Este espacio de diálogo técnico y académico, moderado por el periodista Alcíbar Lupercio, se planteó como una iniciativa para fomentar el pensamiento crítico en la ciudadanía, visibilizar los desafíos que plantea la nueva normativa y promover una lectura jurídica fundamentada frente a los cambios normativos que afectan al conjunto de la sociedad ecuatoriana.

Recaptura de alias “Fito”: ¿resultado de la ley o de la inteligencia previa?
Uno de los momentos más relevantes del conversatorio fue el análisis jurídico en torno a la recaptura de alias “Fito”, líder de una estructura criminal, hecho anunciado por el presidente Daniel Noboa como una victoria atribuida a la entrada en vigencia de la Ley de Solidaridad. Los tres juristas coincidieron en que dicho resultado no es consecuencia directa de la nueva normativa, sino del trabajo sostenido por parte de los organismos de inteligencia del Estado.

“No creo que la captura sea fruto de una ley que recién entra en vigencia y que aún no cuenta con su reglamento general. Es más bien resultado del trabajo que ya debió haberse realizado antes”, manifestó el Dr. Benito Suquisupa.

En la misma línea, el Dr. Franco Tamay explicó que la ley, publicada oficialmente el 10 de junio, aún no ha generado efectos operativos tangibles: “Lo ocurrido con alias Fito responde a labores de inteligencia más que a la aplicación directa de la norma”.

El Dr. Jamil Ávila complementó el análisis al señalar que se trata de una coincidencia temporal: “Coincido con los colegas. No podemos atribuir la eficacia del operativo a una ley que apenas ha sido promulgada”.

Estructura y ejes de la nueva ley
Durante la segunda parte del conversatorio, se abordaron las generalidades de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, normativa que busca establecer un marco jurídico especial ante la declaratoria del denominado conflicto armado interno, derivado de los reiterados fallos de inconstitucionalidad de decretos ejecutivos anteriores.

Franco Tamay explicó que la ley se estructura en tres grandes ejes: tributario, financiero y de seguridad, los cuales tienen como objetivo generar herramientas legales frente a la criminalidad organizada. Sin embargo, advirtió que las leyes por sí solas no son suficientes para contener el problema: “No basta con una ley si no se acompaña de decisiones políticas firmes y sostenidas que fortalezcan el sistema judicial, penitenciario, educativo y social”.

Por su parte, Benito Suquisupa advirtió que esta ley, pese a su aparente intención solidaria, no contempla mecanismos de financiamiento claros, especialmente en lo que respecta a las competencias delegadas a los gobiernos autónomos descentralizados: “Se delegan funciones a los gobiernos locales sin definir cómo se financiarán los programas de reinserción social, educación, cultura o deporte. Esta omisión pone en riesgo la operatividad misma de la norma”.

Asimismo, Suquisupa hizo una reflexión desde la perspectiva histórica latinoamericana, recordando que leyes con nombres como «solidaridad» o «seguridad nacional» han sido utilizadas en el pasado como instrumentos de control político o represión social, lo que invita a un análisis crítico y preventivo de su aplicación.

¿Existe un conflicto armado interno en el Ecuador? Posturas jurídicas encontradas
El debate más profundo del conversatorio giró en torno a la validez jurídica del término “conflicto armado interno”, utilizado por el Gobierno para justificar la promulgación de la Ley de Solidaridad. Los panelistas coincidieron en que no existen las condiciones legales ni doctrinarias que permitan tipificar la situación del Ecuador bajo esta figura.

Benito Suquisupa fue enfático:
“No tenemos un conflicto armado interno. Tenemos una crisis grave de delincuencia común organizada. Para que exista un conflicto armado interno debe haber una fuerza beligerante estructurada, como sucedió en Colombia con las FARC o el ELN. La Constitución ecuatoriana no contempla esta figura”.

A esta postura se sumó Franco Tamay, quien indicó que la ley pretende aplicar una figura jurídica que no encuentra sustento ni en el Derecho Internacional Humanitario ni en la realidad nacional: “Si bien hay un incremento preocupante de homicidios —44.2% según cifras recientes—, esto no constituye por sí solo un conflicto armado. Se trata más bien de una escalada delictiva alimentada por la falta de oportunidades y políticas públicas eficaces”.

Desde un enfoque más técnico, Jamil Ávila detalló los requisitos estipulados en la propia ley para declarar el régimen especial:
“Para aplicar esta norma se necesita un decreto ejecutivo sustentado en informes de inteligencia que identifiquen grupos armados organizados con una estructura mínima y que ejerzan violencia sostenida. Es decir, se deben cumplir parámetros específicos, que actualmente no están verificados”.

Ávila recalcó que este régimen jurídico especial tendrá carácter provisional, y que su aplicación dependerá de los decretos ejecutivos que emita el Gobierno en el marco de los estados de excepción. Advirtió, además, que se requiere un control estricto del uso de este régimen para evitar abusos o sobrerregulación.

Los tres panelistas coincidieron en que la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional debe ser evaluada en su aplicación real, no en sus declaraciones políticas iniciales, y que la eficacia normativa no se mide por la cantidad de artículos o titulares que genera, sino por su impacto sostenido y verificable en la vida de las personas.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía, a los juristas, a la academia y a los medios de comunicación para seguir promoviendo espacios de análisis crítico, exigir transparencia en la implementación de políticas públicas y fortalecer la cultura democrática y el respeto al Estado de Derecho.

“La verdadera seguridad se construye con justicia social, inversión en educación, empleo digno y fortalecimiento institucional”, concluyeron.