Noticias Zamora
Análisis jurídico de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional reúne a destacados profesionales del derecho

En un contexto marcado por la creciente preocupación ciudadana ante la inseguridad y las nuevas disposiciones legales del Gobierno Nacional, Diario El Amazónico organizó un conversatorio jurídico para analizar los alcances, implicaciones y limitaciones de la recién aprobada Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. El encuentro contó con la participación de tres destacados juristas: el Dr. Jamil Ávila, el Dr. Franco Tamay y el Dr. Benito Suquisupa.
Este espacio de diálogo técnico y académico, moderado por el periodista Alcíbar Lupercio, se planteó como una iniciativa para fomentar el pensamiento crítico en la ciudadanía, visibilizar los desafíos que plantea la nueva normativa y promover una lectura jurídica fundamentada frente a los cambios normativos que afectan al conjunto de la sociedad ecuatoriana.
Recaptura de alias “Fito”: ¿resultado de la ley o de la inteligencia previa?
Uno de los momentos más relevantes del conversatorio fue el análisis jurídico en torno a la recaptura de alias “Fito”, líder de una estructura criminal, hecho anunciado por el presidente Daniel Noboa como una victoria atribuida a la entrada en vigencia de la Ley de Solidaridad. Los tres juristas coincidieron en que dicho resultado no es consecuencia directa de la nueva normativa, sino del trabajo sostenido por parte de los organismos de inteligencia del Estado.
“No creo que la captura sea fruto de una ley que recién entra en vigencia y que aún no cuenta con su reglamento general. Es más bien resultado del trabajo que ya debió haberse realizado antes”, manifestó el Dr. Benito Suquisupa.
En la misma línea, el Dr. Franco Tamay explicó que la ley, publicada oficialmente el 10 de junio, aún no ha generado efectos operativos tangibles: “Lo ocurrido con alias Fito responde a labores de inteligencia más que a la aplicación directa de la norma”.
El Dr. Jamil Ávila complementó el análisis al señalar que se trata de una coincidencia temporal: “Coincido con los colegas. No podemos atribuir la eficacia del operativo a una ley que apenas ha sido promulgada”.
Estructura y ejes de la nueva ley
Durante la segunda parte del conversatorio, se abordaron las generalidades de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, normativa que busca establecer un marco jurídico especial ante la declaratoria del denominado conflicto armado interno, derivado de los reiterados fallos de inconstitucionalidad de decretos ejecutivos anteriores.
Franco Tamay explicó que la ley se estructura en tres grandes ejes: tributario, financiero y de seguridad, los cuales tienen como objetivo generar herramientas legales frente a la criminalidad organizada. Sin embargo, advirtió que las leyes por sí solas no son suficientes para contener el problema: “No basta con una ley si no se acompaña de decisiones políticas firmes y sostenidas que fortalezcan el sistema judicial, penitenciario, educativo y social”.
Por su parte, Benito Suquisupa advirtió que esta ley, pese a su aparente intención solidaria, no contempla mecanismos de financiamiento claros, especialmente en lo que respecta a las competencias delegadas a los gobiernos autónomos descentralizados: “Se delegan funciones a los gobiernos locales sin definir cómo se financiarán los programas de reinserción social, educación, cultura o deporte. Esta omisión pone en riesgo la operatividad misma de la norma”.
Asimismo, Suquisupa hizo una reflexión desde la perspectiva histórica latinoamericana, recordando que leyes con nombres como «solidaridad» o «seguridad nacional» han sido utilizadas en el pasado como instrumentos de control político o represión social, lo que invita a un análisis crítico y preventivo de su aplicación.
¿Existe un conflicto armado interno en el Ecuador? Posturas jurídicas encontradas
El debate más profundo del conversatorio giró en torno a la validez jurídica del término “conflicto armado interno”, utilizado por el Gobierno para justificar la promulgación de la Ley de Solidaridad. Los panelistas coincidieron en que no existen las condiciones legales ni doctrinarias que permitan tipificar la situación del Ecuador bajo esta figura.
Benito Suquisupa fue enfático:
“No tenemos un conflicto armado interno. Tenemos una crisis grave de delincuencia común organizada. Para que exista un conflicto armado interno debe haber una fuerza beligerante estructurada, como sucedió en Colombia con las FARC o el ELN. La Constitución ecuatoriana no contempla esta figura”.
A esta postura se sumó Franco Tamay, quien indicó que la ley pretende aplicar una figura jurídica que no encuentra sustento ni en el Derecho Internacional Humanitario ni en la realidad nacional: “Si bien hay un incremento preocupante de homicidios —44.2% según cifras recientes—, esto no constituye por sí solo un conflicto armado. Se trata más bien de una escalada delictiva alimentada por la falta de oportunidades y políticas públicas eficaces”.
Desde un enfoque más técnico, Jamil Ávila detalló los requisitos estipulados en la propia ley para declarar el régimen especial:
“Para aplicar esta norma se necesita un decreto ejecutivo sustentado en informes de inteligencia que identifiquen grupos armados organizados con una estructura mínima y que ejerzan violencia sostenida. Es decir, se deben cumplir parámetros específicos, que actualmente no están verificados”.
Ávila recalcó que este régimen jurídico especial tendrá carácter provisional, y que su aplicación dependerá de los decretos ejecutivos que emita el Gobierno en el marco de los estados de excepción. Advirtió, además, que se requiere un control estricto del uso de este régimen para evitar abusos o sobrerregulación.
Los tres panelistas coincidieron en que la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional debe ser evaluada en su aplicación real, no en sus declaraciones políticas iniciales, y que la eficacia normativa no se mide por la cantidad de artículos o titulares que genera, sino por su impacto sostenido y verificable en la vida de las personas.
Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía, a los juristas, a la academia y a los medios de comunicación para seguir promoviendo espacios de análisis crítico, exigir transparencia en la implementación de políticas públicas y fortalecer la cultura democrática y el respeto al Estado de Derecho.
“La verdadera seguridad se construye con justicia social, inversión en educación, empleo digno y fortalecimiento institucional”, concluyeron.
Nacionales
Fondos por USD 300.000 y explosivos se usarán para despejar vías en Zamora, afirma el Gobierno

Las intensas lluvias en Zamora Chinchipe, que coinciden con otros desastres en la Sierra norte y Amazonía, han motivado que el Ministerio de Transporte decida utilizar maquinaria pesada y hasta explosivos para despejar las vías bloqueadas con piedras y tierra.
Según expuso el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, en una entrevista al medio RecTV, el 3 de julio se trabajó en cerca de 10 «puntos críticos» en las vías de esa provincia amazónica, únicamente en la área comprendida entre la Abcisa 14 y Velo de Novia.
Luque dijo que en total 20 máquinas pesadas se usan para rehabilitar las vías afectadas por las lluvias en Zamora Chinchipe.
El desglose de esas máquinas, comentó, son cuatro cargadores, 12 volquetas, dos retroexcavadoras y dos excavadoras.
Según reveló Luque, dos buses que estaban «encerrados» en el sector de El Retorno pudieron dirigirse en dirección a Loja después de que los equipos del Ministerio intervinieron en la zona para rehabilitarla.
El Ministro aseguró que durante este 4 de julio se trabajará todo el día para rehabilitar el tramo de Loja-Zamora. Esa meta admitió dependerá de que no llueva demasiado en la jornada.
El funcionario añadió que se destinarán cerca de USD 300.000 para comprar insumos y alquilar máquinas que ayuden a despejar las vías.
Con ayuda privada
Adicional al uso de maquinaria pesada, Luque comentó que es necesario ocupar explosivos para despejar rocas de gran tamaño que se encuentran en partes de las vías.
El responsable del Ministerio del Transporte reconoció que se ha recibido ayuda de parte del sector privado, especialmente de las empresas y cámaras locales relacionadas a la minería.
También admitió que hay zonas en las que no es posible que hayan varios equipos trabajando al mismo tiempo.
De momento, existen zonas en Zamora Chinchipe en las que solo hay un carril habilitado y los vehículos deben ir a baja velocidad. Fuente: Primicias
Nacionales
“Zamora Chinchipe se levantó sin el Estado: la solidaridad de su gente abrió caminos”

Lo que presenciamos ayer en Zamora Chinchipe no fue un simple acto de ayuda, fue una verdadera lección de dignidad y solidaridad. En medio de una de las peores crisis viales que ha enfrentado nuestra provincia, fueron las manos y las máquinas de la gente, sí, de nuestra gente, las que respondieron con la urgencia que el momento exige.
Debemos reconocerlo y aplaudirlo: la empresa privada, los mineros zamoranos, los de aquí, los que conocen estas tierras porque en ellas crecieron, estuvieron ahí, presentes con maquinaria y alimentos, cuando la vía Loja–Zamora se encontraba bloqueada y cientos de familias esperaban una respuesta. No lo hicieron para ganar aplausos, lo hicieron porque saben que la vida en nuestra provincia no puede detenerse. Su ejemplo fue tan contundente que incluso sorprendió al propio gobierno central, que vio cómo una comunidad se levantaba para solucionar lo que el Estado, hasta entonces, no podía.
No se trató únicamente de liberar la vía principal; hubo presencia en distintos puntos críticos de la provincia, demostrando que cuando las instituciones fallan, la fuerza colectiva del pueblo zamorano chinchipense emerge como su mejor recurso. La humildad y la resiliencia de nuestra gente volvieron a quedar en evidencia.
Sin embargo, esta admirable reacción ciudadana también revela las ausencias. ¿Dónde estuvieron aquellas grandes empresas nacionales y transnacionales que operan en nuestra tierra, las que cada día se benefician de nuestros recursos? No vimos a Coca-Cola, a Tía, a las grandes cerveceras ni a las distribuidoras de combustibles aportando en este momento crítico. Si estuvieron presentes, que lo demuestren. Mientras tanto, el reconocimiento merece ser para nuestras empresas locales, para quienes siempre han estado ahí en silencio, ayudando sin esperar reflectores.
Este acontecimiento debe ser un llamado de atención al Gobierno. La lección es clara: se debe escuchar y apoyar a quienes verdaderamente sostienen a Zamora Chinchipe en los momentos difíciles. Legalicen su trabajo, denles las herramientas técnicas necesarias, y coordinen esfuerzos con ellos en lugar de ignorarlos o amenazarlos. Es inadmisible que una provincia rica en recursos como el oro y el cobre continúe mendigando inversiones para su vialidad, un hospital que ya no da abasto, y proyectos como el cuarto eje vial que siguen en el abandono.
El pueblo humilde, al que durante tanto tiempo las autoridades locales y nacionales han dado la espalda, demostró que es capaz de más de lo que muchos imaginan. Hoy, esas mismas autoridades tuvieron que observar con vergüenza, quizá, cómo la fuerza privada y comunitaria lograba lo que ellas no pudieron en días.
Que la visita del ministro Roberto Luque no sea solo una postal para los medios nacionales. Zamora Chinchipe necesita acciones sostenidas, recursos reales y un compromiso verdadero con su desarrollo. No podemos seguir siendo la provincia que da al Estado, pero recibe migajas cuando las crisis golpean.
Aplaudimos la unidad. Agradecemos a nuestras empresas privadas, a nuestros mineros, a nuestra gente. Pero también exigimos al Estado que cumpla su deber: apoyar y trabajar junto al pueblo que nunca se rinde.
Noticias Zamora
“Silencio institucional agrava la crisis ambiental en la provincia”

En un contexto de creciente afectación ambiental, destrucción de infraestructura vial y desprotección ciudadana, el exasambleísta Salvador Quishpe realizó un pronunciamiento público de alto contenido crítico y reflexivo en el programa Frente a Frente, donde abordó de forma integral las causas estructurales de las recientes emergencias por lluvias e inundaciones en la provincia de Zamora Chinchipe.
Durante la entrevista, Quishpe hizo un llamado urgente a la conciencia ciudadana y al accionar firme de las instituciones frente a una problemática que combina factores naturales con una intervención humana descontrolada, en particular por las prácticas extractivas de la minería y la deforestación en zonas de alto riesgo.
Quishpe inició su intervención reconociendo que los ciudadanos de la provincia están plenamente conscientes de las causas de las afectaciones: “Desde siempre lo dijimos y seguimos diciendo, talar los bosques hasta la orilla de los ríos es un error”. Insistió en que la provincia, rica en recursos hídricos, requiere una gestión ambiental coherente, pues las lluvias intensas propias del clima amazónico agravan los efectos de la deforestación y la minería mal planificada.
En este sentido, criticó duramente la inacción de las autoridades ante la evidente vulnerabilidad de las cuencas hídricas. “Aquí no hay institucionalidad que se haya puesto a ejercer la gestión para prevenir todos estos problemas. Lamentablemente, Zamora Chinchipe es tierra de nadie”, sentenció.
Asimismo, lamentó que funcionarios públicos guarden silencio frente a estos hechos, bajo el argumento de que reciben amenazas. Para Quishpe, ese silencio es inaceptable: “Si están con miedo, renuncien. Que alguien venga con el valor de decir las cosas como son. Nadie está en contra de las actividades productivas, pero no podemos callar frente al daño evidente”.
El exlegislador evidenció con ejemplos concretos cómo la minería, especialmente en sectores como Chamico, ha alterado gravemente el entorno natural, desviando cauces de ríos, removiendo material de forma irresponsable y comprometiendo carreteras y puentes. Recordó que ya en 2021 denunció formalmente ante la Fiscalía la afectación a bienes públicos producto de actividades mineras, pero el caso fue archivado inicialmente, y sólo reabierto en 2024 tras insistencia.
“¿Qué pasa con los bienes públicos? ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Dónde está el Ministerio del Ambiente? ¿Dónde está ARCOM?”, cuestionó Quishpe, exigiendo que las autoridades competentes asuman sus responsabilidades legales conforme lo establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en especial el artículo 450, que faculta a la Fiscalía a iniciar investigaciones de oficio cuando los delitos ambientales son de conocimiento público.
Adicionalmente, denunció casos de amenazas por parte de personas vinculadas a la minería contra moradores que han alzado su voz. “Con lágrimas en sus ojos, una ciudadana relató cómo la amenazaban para desalojarla de su vivienda con el fin de realizar actividades mineras”.
Vialzachin, símbolo de abandono
Otro punto abordado con preocupación fue la situación de la empresa pública Vialzachin, actualmente debilitada económicamente. Según Quishpe, esta herramienta fue creada por la provincia con visión de desarrollo, y hoy se encuentra amenazada de desaparecer. “Nos dicen que necesitan alrededor de un millón de dólares para volver a operar adecuadamente. Hay rumores de quiebra. ¿Qué va a pasar con los trabajadores con diez o doce años de servicio?”, preguntó.
Subrayó que Vialzachin no es un regalo, sino el resultado de decisiones tomadas en asambleas provinciales, y por tanto debe ser defendida. También criticó que los alcaldes —quienes fungen como consejeros provinciales y tienen competencias sobre el uso del suelo— no hayan presentado posturas claras ante el deterioro vial ni frente al crecimiento de la actividad minera.
Doble moral institucional
Quishpe recordó que cuando en protestas ciudadanas se afectó un metro cuadrado de asfalto, se iniciaron procesos penales con celeridad contra los manifestantes, mientras que en los casos de destrucción de tramos enteros de vías por actividades extractivas ilegales, no hay ninguna acción judicial. “Eso es doble moral. Al campesino se lo persigue con rigor, pero a los responsables del desvío de ríos y destrucción de carreteras no se los toca”, denunció.
En un tono constructivo, Quishpe enfatizó la necesidad de diálogo y planificación, señalando que la minería no es intrínsecamente negativa, pero debe realizarse en lugares y condiciones adecuadas. “La minería, como el cuchillo, puede ser útil o letal dependiendo de cómo se use. Si se hace bien, con respeto a la provincia, puede ser una oportunidad, pero no podemos permitir amenazas ni destrucción”, afirmó.
Además, recordó que la Constitución del Ecuador, en su artículo 279, establece la obligación de formular planes de ordenamiento territorial, instrumento que permitiría definir zonas de actividad económica y áreas de protección. “Necesitamos una Asamblea Provincial donde nos pongamos de acuerdo: autoridades, mineros, campesinos, ciudadanos”, propuso.
En otro tema, elevó un llamado directo a la Contraloría General del Estado para que audite la gestión de entidades como la Prefectura, la Fiscalía, el Ministerio del Ambiente y ARCOM, por su falta de acción oportuna ante delitos ambientales y pérdida de bienes públicos. “No basta con hablar bonito. Se necesita resultados. ¿Dónde están los responsables de que se haya perdido un puente nuevo por omisión institucional?”, cuestionó.
Salvador Quishpe cerró su intervención con un llamado al pueblo de Zamora Chinchipe a mantenerse vigilante, a exigir transparencia y a construir un futuro responsable para las nuevas generaciones. “No vengo aquí contra nadie. Pero no podemos seguir aceptando este silencio institucional. La provincia merece respeto. Las decisiones que tomemos hoy marcarán el destino de nuestros hijos y nietos”, concluyó.
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