Noticias Zamora
Análisis jurídico de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional reúne a destacados profesionales del derecho
En un contexto marcado por la creciente preocupación ciudadana ante la inseguridad y las nuevas disposiciones legales del Gobierno Nacional, Diario El Amazónico organizó un conversatorio jurídico para analizar los alcances, implicaciones y limitaciones de la recién aprobada Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. El encuentro contó con la participación de tres destacados juristas: el Dr. Jamil Ávila, el Dr. Franco Tamay y el Dr. Benito Suquisupa.
Este espacio de diálogo técnico y académico, moderado por el periodista Alcíbar Lupercio, se planteó como una iniciativa para fomentar el pensamiento crítico en la ciudadanía, visibilizar los desafíos que plantea la nueva normativa y promover una lectura jurídica fundamentada frente a los cambios normativos que afectan al conjunto de la sociedad ecuatoriana.
Recaptura de alias “Fito”: ¿resultado de la ley o de la inteligencia previa?
Uno de los momentos más relevantes del conversatorio fue el análisis jurídico en torno a la recaptura de alias “Fito”, líder de una estructura criminal, hecho anunciado por el presidente Daniel Noboa como una victoria atribuida a la entrada en vigencia de la Ley de Solidaridad. Los tres juristas coincidieron en que dicho resultado no es consecuencia directa de la nueva normativa, sino del trabajo sostenido por parte de los organismos de inteligencia del Estado.
“No creo que la captura sea fruto de una ley que recién entra en vigencia y que aún no cuenta con su reglamento general. Es más bien resultado del trabajo que ya debió haberse realizado antes”, manifestó el Dr. Benito Suquisupa.
En la misma línea, el Dr. Franco Tamay explicó que la ley, publicada oficialmente el 10 de junio, aún no ha generado efectos operativos tangibles: “Lo ocurrido con alias Fito responde a labores de inteligencia más que a la aplicación directa de la norma”.
El Dr. Jamil Ávila complementó el análisis al señalar que se trata de una coincidencia temporal: “Coincido con los colegas. No podemos atribuir la eficacia del operativo a una ley que apenas ha sido promulgada”.
Estructura y ejes de la nueva ley
Durante la segunda parte del conversatorio, se abordaron las generalidades de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, normativa que busca establecer un marco jurídico especial ante la declaratoria del denominado conflicto armado interno, derivado de los reiterados fallos de inconstitucionalidad de decretos ejecutivos anteriores.
Franco Tamay explicó que la ley se estructura en tres grandes ejes: tributario, financiero y de seguridad, los cuales tienen como objetivo generar herramientas legales frente a la criminalidad organizada. Sin embargo, advirtió que las leyes por sí solas no son suficientes para contener el problema: “No basta con una ley si no se acompaña de decisiones políticas firmes y sostenidas que fortalezcan el sistema judicial, penitenciario, educativo y social”.
Por su parte, Benito Suquisupa advirtió que esta ley, pese a su aparente intención solidaria, no contempla mecanismos de financiamiento claros, especialmente en lo que respecta a las competencias delegadas a los gobiernos autónomos descentralizados: “Se delegan funciones a los gobiernos locales sin definir cómo se financiarán los programas de reinserción social, educación, cultura o deporte. Esta omisión pone en riesgo la operatividad misma de la norma”.
Asimismo, Suquisupa hizo una reflexión desde la perspectiva histórica latinoamericana, recordando que leyes con nombres como «solidaridad» o «seguridad nacional» han sido utilizadas en el pasado como instrumentos de control político o represión social, lo que invita a un análisis crítico y preventivo de su aplicación.
¿Existe un conflicto armado interno en el Ecuador? Posturas jurídicas encontradas
El debate más profundo del conversatorio giró en torno a la validez jurídica del término “conflicto armado interno”, utilizado por el Gobierno para justificar la promulgación de la Ley de Solidaridad. Los panelistas coincidieron en que no existen las condiciones legales ni doctrinarias que permitan tipificar la situación del Ecuador bajo esta figura.
Benito Suquisupa fue enfático:
“No tenemos un conflicto armado interno. Tenemos una crisis grave de delincuencia común organizada. Para que exista un conflicto armado interno debe haber una fuerza beligerante estructurada, como sucedió en Colombia con las FARC o el ELN. La Constitución ecuatoriana no contempla esta figura”.
A esta postura se sumó Franco Tamay, quien indicó que la ley pretende aplicar una figura jurídica que no encuentra sustento ni en el Derecho Internacional Humanitario ni en la realidad nacional: “Si bien hay un incremento preocupante de homicidios —44.2% según cifras recientes—, esto no constituye por sí solo un conflicto armado. Se trata más bien de una escalada delictiva alimentada por la falta de oportunidades y políticas públicas eficaces”.
Desde un enfoque más técnico, Jamil Ávila detalló los requisitos estipulados en la propia ley para declarar el régimen especial:
“Para aplicar esta norma se necesita un decreto ejecutivo sustentado en informes de inteligencia que identifiquen grupos armados organizados con una estructura mínima y que ejerzan violencia sostenida. Es decir, se deben cumplir parámetros específicos, que actualmente no están verificados”.
Ávila recalcó que este régimen jurídico especial tendrá carácter provisional, y que su aplicación dependerá de los decretos ejecutivos que emita el Gobierno en el marco de los estados de excepción. Advirtió, además, que se requiere un control estricto del uso de este régimen para evitar abusos o sobrerregulación.
Los tres panelistas coincidieron en que la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional debe ser evaluada en su aplicación real, no en sus declaraciones políticas iniciales, y que la eficacia normativa no se mide por la cantidad de artículos o titulares que genera, sino por su impacto sostenido y verificable en la vida de las personas.
Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía, a los juristas, a la academia y a los medios de comunicación para seguir promoviendo espacios de análisis crítico, exigir transparencia en la implementación de políticas públicas y fortalecer la cultura democrática y el respeto al Estado de Derecho.
“La verdadera seguridad se construye con justicia social, inversión en educación, empleo digno y fortalecimiento institucional”, concluyeron.
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Policía Nacional conmemora 180 años de institucionalización y 88 años de profesionalización en Zamora Chinchipe
En una entrevista desarrollada en el comando de la Policía Nacional del Ecuador, en la provincia de Zamora Chinchipe, el señor Loendy Fabricio Granda Sánchez, Mayor de Policía y Comandante Subrogante de la Subzona Zamora Chinchipe N.° 19, se refirió a la conmemoración del octogésimo octavo aniversario de profesionalización y a los 180 años de vida institucional de la entidad policial, destacando el compromiso permanente de la institución con la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos.
Durante el diálogo, el oficial señaló que estos aniversarios representan un motivo de profundo orgullo para los servidores policiales, al formar parte de una de las instituciones más importantes del país. Subrayó que, en el contexto actual, la Policía Nacional continúa trabajando para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía frente a la amenaza de grupos delictivos, labor que ha significado incluso la pérdida de hombres y mujeres considerados héroes institucionales, quienes ofrendaron su vida en cumplimiento del deber.
El Mayor Granda Sánchez resaltó el trabajo que se desarrolla en la Subzona Zamora Chinchipe, donde aproximadamente 600 servidores policiales cumplen funciones operativas y administrativas distribuidas en cuatro distritos, contribuyendo a que la provincia se mantenga entre las más seguras del país. En este marco, extendió un reconocimiento a los policías que diariamente desempeñan su labor con vocación de servicio y profesionalismo.
En relación con la agenda conmemorativa, informó que el viernes 6 de marzo se llevará a cabo una programación oficial a nivel nacional. En Zamora Chinchipe, las actividades iniciarán con una misa solemne a las 08:00, en la iglesia central, en honor a la institución policial, con la participación de autoridades, personal civil y policial. Posteriormente, a las 10:00, se desarrollará la sesión solemne en la Gobernación de la provincia, espacio en el cual se entregarán reconocimientos a instituciones y ciudadanos que han trabajado de manera articulada con la Policía Nacional.
En materia operativa, el Comandante Subrogante explicó que la Policía mantiene controles permanentes las 24 horas en puntos estratégicos de ingreso y salida de la provincia, como el sector de Limón (vía a Loja), la vía a San Luis y el sector de Chuchumbleza, límite con el cantón Gualaquiza. Estos operativos cuentan con la participación de unidades investigativas y del eje preventivo, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y ciudadana.
Asimismo, destacó los resultados obtenidos en la lucha contra el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, señalando que en lo que va del año se ha logrado retirar del mercado cerca de un millón de dosis, lo que constituye un avance significativo en la protección de la salud pública. Añadió que se ejecutan acciones preventivas en unidades educativas, consideradas sectores vulnerables, mediante controles en los horarios de ingreso y salida de estudiantes y proyectos de policía comunitaria en coordinación con comisarías e intendencias.
El Mayor Granda Sánchez enfatizó la importancia de fortalecer el trabajo comunitario, retomando la organización barrial y la participación ciudadana como ejes fundamentales para la prevención del delito. En este sentido, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener una actitud responsable, especialmente en lo relacionado con el arrendamiento de viviendas, ante el incremento de la migración interna motivada por factores económicos y productivos de la provincia.
Finalmente, reiteró que la Policía Nacional de Zamora Chinchipe mantiene su compromiso de continuar con operativos permanentes, capacitación constante de su personal y una actuación firme contra quienes integran estructuras delictivas, siempre en estricto respeto a los derechos humanos. Extendió una invitación abierta a la ciudadanía y a las autoridades locales para participar en los actos conmemorativos del viernes 6 de marzo, reafirmando el lema institucional de servicio y vocación al pueblo ecuatoriano.
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Cámara de Minería de Zamora Chinchipe anuncia demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Minera reformada
El día lunes 2 de marzo de 2026 se desarrolló una rueda de prensa convocada por la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe, en la cual se anunció de manera oficial la presentación de una demanda de inconstitucionalidad en contra de la reciente reforma a la Ley de Minería, aprobada por la Asamblea Nacional y remitida con carácter urgente al Registro Oficial para su inmediata vigencia.
Durante su intervención, el presidente de la Cámara, Paúl Pineda, señaló que la normativa aprobada representa un retroceso en derechos y garantías constitucionales, especialmente para los mineros artesanales, pequeños y operadores mineros que históricamente han desarrollado su actividad en la provincia de Zamora Chinchipe y en otras zonas del país. Según explicó, se trata de una ley que no fue debidamente socializada ni construida de manera equitativa con los sectores directamente involucrados en la actividad minera.
Uno de los principales puntos de preocupación expuestos fue la eliminación de la posibilidad de celebrar contratos de operación entre concesionarios privados y operadores mineros. La reforma establece que dicha facultad recaiga exclusivamente en la Empresa Nacional Minera (ENAMI), la cual únicamente puede otorgar contratos dentro de sus propias áreas concesionadas, mas no en concesiones de terceros.
Esta disposición, de acuerdo con la Cámara, constituye una regresión de derechos, ya que históricamente el contrato de operación ha sido un mecanismo legítimo que permitía a concesionarios que no podían operar directamente, articularse con operadores mineros, dinamizando la economía local y formalizando la actividad.
El presidente Paul Pineda advirtió que esta reforma deja en estado de incertidumbre y suspensión a numerosos operadores mineros que se encontraban en procesos de regularización, dependiendo del régimen y tipo de minería, afectando directamente el derecho al trabajo y a la seguridad jurídica. Asimismo, enfatizó que la entrada en vigencia inmediata de la ley agrava el impacto, al no permitir periodos de transición razonables.
En el ámbito ambiental, la Cámara expresó una profunda preocupación por la eliminación de la licencia ambiental como requisito previo, reemplazándola por un simple certificado ambiental. Según se explicó, la licencia ambiental ha sido históricamente el principal instrumento que garantiza la participación ciudadana, la consulta previa, libre e informada y el derecho de las comunidades a pronunciarse sobre proyectos extractivos en sus territorios. La reforma, señalaron, abre la puerta a procesos extractivos sin el debido control social y ambiental.
En este contexto, se cuestionó también la participación de Condormining en la comisión legislativa que trató la reforma, considerando que esta empresa mantiene conflictos sociales históricos con mineros artesanales y comunidades del sector de Chinapintza. Para la Cámara, este hecho evidencia intereses claramente definidos en la configuración de la normativa.
La Cámara de Minería de Zamora Chinchipe informó que ha mantenido acercamientos y diálogos con el asambleísta Héctor Valladarez, con quien se ha acordado, de manera conjunta y unánime, impulsar la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador.
La acción se enfocará específicamente en los artículos relacionados con el régimen minero y ambiental, y adicionalmente se solicitará la suspensión de los efectos de la norma, mientras la Corte resuelve el fondo del caso, con el fin de evitar afectaciones irreversibles.
Por su parte, el asambleísta Héctor Valladares manifestó que la demanda se sustenta en varios ejes de inconstitucionalidad: la asignación de funciones a las Fuerzas Armadas como custodios de empresas mineras, en contravención de su misión constitucional; la eliminación de la licencia ambiental y, con ello, de los mecanismos de consulta y participación ciudadana; y la exclusión progresiva de los mineros artesanales y pequeños de los yacimientos, mediante reformas al artículo 134 de la Ley Minera y disposiciones que restringen de forma definitiva los permisos excepcionales y los contratos de operación.
Valladarez enfatizó que estas reformas afectan directamente a más de 20.000 mineros artesanales y pequeños de la provincia de Zamora Chinchipe, poniendo en riesgo su fuente de trabajo y su derecho histórico a explotar los yacimientos que ellos mismos descubrieron. Reiteró que la seguridad, la democracia y el desarrollo no se construyen con militarización ni exclusión, sino con derechos, diálogo, equidad y justicia social.
Finalmente, la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe reafirmó su autonomía organizativa y jurídica, aclarando que no pertenece ni responde a la Cámara de Minería del Ecuador, y que cuenta con personería jurídica y legitimidad para accionar ante la Corte Constitucional.
La institución hizo un llamado a la ciudadanía, a los mineros artesanales y pequeños, y a los sectores productivos de la provincia, a mantenerse unidos y vigilantes frente a una normativa que, a su criterio, favorece de manera desproporcionada a la gran minería y vulnera derechos constitucionales fundamentales.
La Cámara reiteró su compromiso de continuar defendiendo una minería responsable, inclusiva y socialmente justa, que permita el desarrollo económico de la provincia sin sacrificar los derechos laborales, ambientales y ciudadanos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador.
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Juntos modernizan infraestructura para el Seguro Social Campesino en Pachicutza
El Seguro Social Campesino cumple un rol fundamental en la atención primaria de salud en las comunidades rurales, beneficiando principalmente a agricultores, ganaderos y sus familias. Bajo esta premisa y en un ambiente cargado de alegría, unidad y compromiso con la comunidad, Jairo Herrera, alcalde del cantón El Pangui, realizó el viernes último, el acto oficial de entrega del mejoramiento y adecuación de la infraestructura de la casa de salud del Seguro Social Campesino en la comunidad de Pachicutza, una obra que fortalece de manera significativa los servicios en el sector rural.
Este importante proyecto, se ejecutó mediante un convenio tripartito entre el GAD Municipal de El Pangui, el GAD Parroquial de Pachicutza y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), con una inversión total de USD 34,995.32, demostrando que el trabajo interinstitucional permite alcanzar resultados concretos en beneficio de la ciudadanía.
La intervención contempló la construcción de una cubierta, adecuación de gradas y mantenimiento general de la infraestructura, mejorando de manera integral los espacios físicos del establecimiento. Estas acciones optimizan las condiciones para la atención médica y garantizan mayor comodidad, seguridad y funcionalidad tanto para el personal de salud como para los afiliados.
Durante el acto de entrega, las autoridades resaltaron la importancia de continuar impulsando proyectos que prioricen el acceso equitativo a servicios básicos, con mayor relevancia en zonas rurales. Asimismo, destacaron que este tipo de alianzas estratégicas, permiten optimizar recursos y trabajar de manera articulada para lograr un desarrollo sostenible y solidario.
“Cuando trabajamos de manera conjunta es posible ejecutar este tipo de obras que mejoran la calidad de vida de la gente. Lo hacemos con compromiso y cariño porque nacimos para servir nacimos para construir” aseveró el burgomaestre a la vez que indicó para este año tiene previsto entregar más de 100 obra en todo el cantón.
Con acciones como esta, la Alcaldía de El Pangui, reafirma su compromiso de gestionar y ejecutar obras que fortalecen los derechos de cada ciudadano, mirando hacia un futuro con mejores condiciones de vida para sus habitantes.
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