En un contexto de creciente afectación ambiental, destrucción de infraestructura vial y desprotección ciudadana, el exasambleísta Salvador Quishpe realizó un pronunciamiento público de alto contenido crítico y reflexivo en el programa Frente a Frente, donde abordó de forma integral las causas estructurales de las recientes emergencias por lluvias e inundaciones en la provincia de Zamora Chinchipe.
Durante la entrevista, Quishpe hizo un llamado urgente a la conciencia ciudadana y al accionar firme de las instituciones frente a una problemática que combina factores naturales con una intervención humana descontrolada, en particular por las prácticas extractivas de la minería y la deforestación en zonas de alto riesgo.
Quishpe inició su intervención reconociendo que los ciudadanos de la provincia están plenamente conscientes de las causas de las afectaciones: “Desde siempre lo dijimos y seguimos diciendo, talar los bosques hasta la orilla de los ríos es un error”. Insistió en que la provincia, rica en recursos hídricos, requiere una gestión ambiental coherente, pues las lluvias intensas propias del clima amazónico agravan los efectos de la deforestación y la minería mal planificada.
En este sentido, criticó duramente la inacción de las autoridades ante la evidente vulnerabilidad de las cuencas hídricas. “Aquí no hay institucionalidad que se haya puesto a ejercer la gestión para prevenir todos estos problemas. Lamentablemente, Zamora Chinchipe es tierra de nadie”, sentenció.
Asimismo, lamentó que funcionarios públicos guarden silencio frente a estos hechos, bajo el argumento de que reciben amenazas. Para Quishpe, ese silencio es inaceptable: “Si están con miedo, renuncien. Que alguien venga con el valor de decir las cosas como son. Nadie está en contra de las actividades productivas, pero no podemos callar frente al daño evidente”.
El exlegislador evidenció con ejemplos concretos cómo la minería, especialmente en sectores como Chamico, ha alterado gravemente el entorno natural, desviando cauces de ríos, removiendo material de forma irresponsable y comprometiendo carreteras y puentes. Recordó que ya en 2021 denunció formalmente ante la Fiscalía la afectación a bienes públicos producto de actividades mineras, pero el caso fue archivado inicialmente, y sólo reabierto en 2024 tras insistencia.
“¿Qué pasa con los bienes públicos? ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Dónde está el Ministerio del Ambiente? ¿Dónde está ARCOM?”, cuestionó Quishpe, exigiendo que las autoridades competentes asuman sus responsabilidades legales conforme lo establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en especial el artículo 450, que faculta a la Fiscalía a iniciar investigaciones de oficio cuando los delitos ambientales son de conocimiento público.
Adicionalmente, denunció casos de amenazas por parte de personas vinculadas a la minería contra moradores que han alzado su voz. “Con lágrimas en sus ojos, una ciudadana relató cómo la amenazaban para desalojarla de su vivienda con el fin de realizar actividades mineras”.
Vialzachin, símbolo de abandono
Otro punto abordado con preocupación fue la situación de la empresa pública Vialzachin, actualmente debilitada económicamente. Según Quishpe, esta herramienta fue creada por la provincia con visión de desarrollo, y hoy se encuentra amenazada de desaparecer. “Nos dicen que necesitan alrededor de un millón de dólares para volver a operar adecuadamente. Hay rumores de quiebra. ¿Qué va a pasar con los trabajadores con diez o doce años de servicio?”, preguntó.
Subrayó que Vialzachin no es un regalo, sino el resultado de decisiones tomadas en asambleas provinciales, y por tanto debe ser defendida. También criticó que los alcaldes —quienes fungen como consejeros provinciales y tienen competencias sobre el uso del suelo— no hayan presentado posturas claras ante el deterioro vial ni frente al crecimiento de la actividad minera.
Doble moral institucional
Quishpe recordó que cuando en protestas ciudadanas se afectó un metro cuadrado de asfalto, se iniciaron procesos penales con celeridad contra los manifestantes, mientras que en los casos de destrucción de tramos enteros de vías por actividades extractivas ilegales, no hay ninguna acción judicial. “Eso es doble moral. Al campesino se lo persigue con rigor, pero a los responsables del desvío de ríos y destrucción de carreteras no se los toca”, denunció.
En un tono constructivo, Quishpe enfatizó la necesidad de diálogo y planificación, señalando que la minería no es intrínsecamente negativa, pero debe realizarse en lugares y condiciones adecuadas. “La minería, como el cuchillo, puede ser útil o letal dependiendo de cómo se use. Si se hace bien, con respeto a la provincia, puede ser una oportunidad, pero no podemos permitir amenazas ni destrucción”, afirmó.
Además, recordó que la Constitución del Ecuador, en su artículo 279, establece la obligación de formular planes de ordenamiento territorial, instrumento que permitiría definir zonas de actividad económica y áreas de protección. “Necesitamos una Asamblea Provincial donde nos pongamos de acuerdo: autoridades, mineros, campesinos, ciudadanos”, propuso.
En otro tema, elevó un llamado directo a la Contraloría General del Estado para que audite la gestión de entidades como la Prefectura, la Fiscalía, el Ministerio del Ambiente y ARCOM, por su falta de acción oportuna ante delitos ambientales y pérdida de bienes públicos. “No basta con hablar bonito. Se necesita resultados. ¿Dónde están los responsables de que se haya perdido un puente nuevo por omisión institucional?”, cuestionó.
Salvador Quishpe cerró su intervención con un llamado al pueblo de Zamora Chinchipe a mantenerse vigilante, a exigir transparencia y a construir un futuro responsable para las nuevas generaciones. “No vengo aquí contra nadie. Pero no podemos seguir aceptando este silencio institucional. La provincia merece respeto. Las decisiones que tomemos hoy marcarán el destino de nuestros hijos y nietos”, concluyó.
