En noviembre de 2022, en Ecuador se vivió una pugna política en la que intervino la justicia. La Asamblea Nacional había destituido a cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) con los votos de las bancadas de la Revolución Ciudadana (RC) y del Partido Social Cristiano (PSC).

Sin embargo, días después, Ángel Lindao, entonces juez multicompetente de La Concordia, dictó una medida cautelar y ordenó la restitución de los entonces vocales Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa y Francisco Bravo.

El 3 de septiembre de 2024, Lindao se presentó en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y rindió un testimonio anticipado por el caso Plaga, en el que se investiga una estructura de corrupción judicial. En ese proceso es testigo protegido de la Fiscalía.

En su relato, Lindao ratificó lo que ya había dicho en su versión libre y voluntaria en el caso Metástasis, en el que recibió una sentencia reducida por aceptar su culpa. El exjuez fue quien devolvió al narcotraficante Leandro Norero una mansión en Samborondón.

Según Lindao, lo hizo porque Cristian Romero, quien fue abogado de Norero, Jorge Glas, Daniel Salcedo y los Bucaram, lo presionó y amenazó para fallar a favor de la medida cautelar solicitada por una empresa panameña controlada por Norero y su esposa: Lina Romero

Presión y extorsión
A raíz de la resolución a favor de Norero, en junio de 2022, la Judicatura suspendió a Lindao. El exjuez dice que creyó que sería destituido. Pero días antes de que terminará su sanción, recibió la notificación de que debía reintegrarse a su despacho.

Entonces, recibió un mensaje de Romero, quien le dijo que se quedara tranquilo porque ya tenía la forma de archivar definitivamente el caso disciplinario en su contra. Romero le habría dicho que Víctor Hugo M., quien era su primo, era el nuevo director de la Judicatura en Santo Domingo.

Lindao dijo que se reunió con Romero y Víctor Hugo M. quienes le pidieron USD 100.000 para archivar el sumario. Él habría respondido que no tenía ese dinero y Víctor Hugo M. le habría dicho que no se preocupara, que si ayudaba a Romero con otras medidas cautelares irían descontando la deuda.

Romero le habría pedido ayuda para que fallara a favor de alias ‘Anchundia’, cabecilla de los R7, para que sea trasladado de Guayaquil a Santo Domingo. El otro favor fue para cambiar de cárcel a Julio Sánchez, implicado en el crimen del General Jorge Gabela, quien fue asesinado en condiciones extrañas durante el gobierno de Rafael Correa.

Por estos dos traslados, Romero habría pagado USD 6.000 a Lindao. Sin embargo, ese dinero pasó directo a Víctor Hugo M. Así Lindao siguió colaborando con Romero en varios casos. Dijo que cobró USD 30.000 en total por esos favores.

La supuesta gestión de Gruber Zambrano
En diciembre de 2022, según Ángel Lindado, Víctor Hugo M. le pidió que se reuniera con Galo Z., quien se habría identificado como el chofer personal de Gruber Zambrano, entonces asambleísta por la provincia de Santo Domingo y miembro de la bancada que apoyaba al expresidente Guillermo Lasso. Incluso, luego su gobernador en la provincia Tsáchila.

Supuestamente, por pedido de Gruber Zambrano, Víctor Hugo. y Galo Z. habrían pedido a Lindao que fallara a favor de los vocales del CPCCS y permitiera su reintegro en sus cargos.

Explicó que luego de haber dictado esa medida cautelar, acudió a una reunión en la casa de Gruber Zambrano y ahí le habría dicho que por esa decisión el entonces presidente de la Repúbica estaba agradecido, ya que le había permitido ganar tiempo para reestructurar una nueva mayoría en la Asamblea Nacional y evitar que se concreten los planes de la mayoría de la RC y el PSC.

Según le habría dicho Zambrano a Lindao, esa mayoría quería destituir a la fiscal General, Diana Salazar, a través de los nuevos vocales del CPCCS, y nombrar como su reemplazante a Fabiola Gallardo, entonces presidenta de la Corte del Guayas y ahora procesada por el caso Purga.

También, según se habrúa enterado Lindao en esa reunión, la mayoría legislativa quería cesar al presidente Guillermo Lasso en un proceso de juicio político y que la sucesión presidencial recayera en Virgilio Saquicela, quien presidía la Asamblea Nacional.

PRIMICIAS contactó al expresidente Guillermo Lasso, a través de su abogado Pablo Encalada. «Falso de falsedad absoluta», fue la respuesta del exmandatario sobre las aseveraciones de Lindao.

En cuanto a Gruber Zambrano, esta no es la primera vez que su nombre aparece relacionado con la corrupción judicial. Cuando se inició el caso Metástasis, con base en los chats encontrados en los teléfonos de Leandro Norero, también fue mencionado.

Durante una conversación entre los abogados de Norero, Cristian Romero propuso que para evitar sanciones a los jueces que los estaban ayudando debían poner a alguien de su confianza en la dirección de la Judicatura en Santo Domingo.

Según Romero, ese puesto en la Judicatura estaba asignado -como una especie de cuota política- a Gruber Zambrano y agregó que «sí hay llegada a ese asambleísta».

Tras la revelación de esos chats, PRIMICIAS conversó con Zambrano. El exlegislador dijo no conocer a Norero o sus abogados. Además, negó que cómo parte de su ejercicio político haya recibido algún espacio en el Consejo de la Judicatura. Cree que estas personas se han tomado su nombre.

Sin embargo, en su testimonio, Ángel Lindao ratificó que esto ocurrió. Agregó que Romero había pagado USD 30.000 para ubicar a su primo, Víctor Hugo M., en la dirección de la Judicatura de Santo Domingo.

Más presiones políticas
Luego del fallo para restituir a los vocales del CPCCS, Lindao dijo que empezó a recibir presiones políticas de diferentes sectores. Por ejemplo, que un hombre -identificado como asesor de la asambleísta correísta Viviana Veloz- le pidió que revocara esa medida.

Esta persona le habría dicho que si no retiraba esa medida, recibirá 50 denuncias en su contra en la Judicatura. Lo que al final sí ocurrió.

Según contó en su testimonio, Lindao decidió no revocar la medida, ya que considero que estaba haciendo lo correcto. Por lo que luego no extendió cuando, el entonces presidente Lasso lo expuso públicamente -en una cadena nacional- como un juez corrupto, lo que terminó en su procesamiento por asociación ilícita y su destitución, a finales de diciembre de 2023.