En Ecuador una de cada tres estudiantes universitarias ha sido víctima de algún tipo de violencia en el entorno educativo. Es el caso de Eliana, una exalumna de la carrera de Derecho en la Universidad de Cuenca, quien afirma haber vivido acoso sexual e intimidaciones por parte de un docente de Derechos Humanos. El profesor fue destituido, pero ahora intenta volver con una acción de protección, ya que menciona que todas las acusaciones son falsas y que su remoción se debe a un tema político de la institución.

Tras un proceso de recuperación psicológica, Eliana decidió romper el silencio en abril del 2024 a través de una publicación en la red social Facebook. Contó que en su trayectoria estudiantil sufrió y palpó diversos actos de acoso por parte de tres docentes. Uno de ellos, Teodoro V., quien habría solicitado que los alumnos se dieran besos a cambio de puntos extra para pasar la materia.

La víctima relató a Vistazo que los hechos se remontan al año 2016, cuando cursaba el primer semestre de la carrera de Derecho. Ella estaba emocionada por iniciar su camino para convertirse en abogada, sin imaginar que para lograrlo tendría que atravesar una serie de obstáculos.

Recuerda que Teodoro V. “creaba exclusión y tenía conductas discriminatorias”. Por ejemplo, “clasificaba a los estudiantes por su nivel intelectual y colocaba música del género metal a todo volumen mientras rendían los exámenes”. Él, en cambio, manifiesta que no es cierto y que incluso en ocasiones pedía a sus estudiantes que pongan seudónimos para calificar solo el contenido.

Sin embargo, hubo una propuesta que desestabilizó emocionalmente a Eliana: le habría solicitado que pase al frente de la clase con una compañera y se besaran por 15 segundos para que todo el curso apruebe una evaluación. Ella se negó, pero otras personas sí habrían accedido por la presión.

Eliana pasó la materia por méritos propios, pero en los siguientes semestres tuvo que volver a lidiar con este tipo de intimidaciones por parte de aquel docente. Dice que no lo denunciaba por miedo y tampoco tenía la posibilidad de cambiarse de universidad. Al final, consiguió graduarse como abogada, pero pagó un alto costo.

“Me generó muchas dificultades anímicas, depresión severa y cuadros de ansiedad intensos”, comentó la joven, quien recuerda que una vez confrontó al profesor y le narró todo el daño que le había hecho. Él sonrió y le dijo que coma máchica.

Luego de pasar por un proceso de sanación, Eliana decidió contar su experiencia. “Quería romper el miedo y decir basta a un sistema de corrupción, abusos y normalización de estos actos porque no es causalidad la realidad que vemos en el país y es necesario hacer un cambio desde nosotros mismos”.

La publicación de Facebook de la víctima causó impacto en la comunidad y varios exestudiantes comentaron que habían vivido hechos similares. Es así que la Universidad de Cuenca abrió un proceso administrativo en contra de Teodoro V., que concluyó en junio del 2024 con su destitución y revocación de su cargo de titular.

La resolución se aprobó con la mayoría de votos del consejo universitario tras analizar el informe de una comisión especial previa que determinó la existencia de una falta muy grave.

“Las acciones y conductas realizadas por el docente Teodoro V. se enmarcan en el artículo 207 de la Ley Orgánica de Educación Superior, relacionada con actos de violencia de género, psicológica o sexual, que se traduce en conductas abusivas dirigidas a perseguir, chantajear e intimidar…”, manifestó la comisión en el documento. Vistazo buscó la versión de una funcionaria que integró esta comisión, pero hasta el cierre de la nota no se concretó una respuesta.

Por su parte, Teodoro V. se defiende diciendo que “toda la información que ella (la víctima) comenta es totalmente falsa y descontextualizada”. Agrega que él presentó ocho testimonios de exestudiantes que afirman no haber presenciado peticiones de besos.

Resalta que los únicos que podían ser testigos en la investigación administrativa eran personas del curso en el que estaba la víctima. “Hay dos personas que formaban parte del otro paralelo y, sin embargo, ellos también entran a dar el testimonio”, afirmó a Vistazo.

Rechazó las afirmaciones de que él creaba exclusión por el nivel intelectual de los alumnos y asegura sufrir linchamiento mediático. Así mismo, cuestiona el hecho de que solo a él le hayan iniciado un proceso administrativo y no a los otros dos maestros citados en la denuncia de Facebook.

“A uno no le activan porque supuestamente ya está fuera de la universidad y al otro no sabemos, a pesar de que a mi juicio las acusaciones que hace la supuesta víctima son más graves”.

La abogada Janina Rivera, quien llevó a cabo la defensa de la víctima en esta etapa, precisó que no se iniciaron los procesos administrativos contra los otros dos profesores porque “uno ya estaba jubilado y al otro no lograron demostrarle hechos de violencia basados en género que sean facultad de la universidad ser investigados”.

Así mismo, por testimonios de otras estudiantes, “se pudo verificar que él coqueteaba con las alumnas y les invitaba a salir, a beber”, aseguró la jurista.

No obstante, Teodoro V. interpuso una acción de protección y medidas cautelares para volver a ejercer como docente. El recurso fue rechazado en primera instancia, pero apeló y está a la espera de una nueva audiencia.

El profesor comentó que le negaron el recurso porque los jueces afirmaron que su destitución de la universidad “no es un problema constitucional que debe ser conocido vía acción de protección, si no es un tema de legalidad”.

Añade que su remoción se debe a que las autoridades de la institución no querían que forme parte del consejo universitario y que “les preocupaba” que pudiera ser candidato en las próximas elecciones del plantel.

“Soy una especie de enemigo político. A mí me identifican con el grupo que rigió la universidad en el periodo anterior”, manifestó Teodoro e insiste en que su destitución no procedía porque la víctima ya no formaba parte de la universidad y “se rompió el principio de retroactividad de las normas”.

“A mí me acusan de haber cometido una supuesta falta en el 2016, pero me aplican una norma del 2018 y el protocolo del 2019, que yo mismo cree cuando era director del aula de Derechos Humanos”.

Por su parte, la abogada Estefanía González, quien lidera la defensa de la víctima en el proceso penal, comentó que la universidad remitió el caso a Fiscalía y ahora se está investigando un presunto delito de hostigamiento, acoso sexual y violencia psicológica en contra del exdocente.

“Varios estudiantes y exestudiantes han dado su testimonio de lo que sufrían de parte del denunciado. Hasta ahora, se puede evidenciar que efectivamente estas personas son sobrevivientes de acoso sexual y violencia psicológica en aulas universitarias”, reveló la jurista.

Sin embargo, él indica que la indagación penal es solo por hostigamiento y que el proceso consta en la Fiscalía de soluciones rápidas, no en la Fiscalía de género.

Según un estudio de Previ- Mujer/GIZ, publicado en el 2022, el 11 por ciento de mujeres universitarias en Ecuador ha sufrido violencia sexual. En números concretos, ese porcentaje representa unas 30 mil víctimas.

El estudio también determina que una de cada tres universitarias ha sufrido acoso y violencia (psicológica, física, económica y sexual), mientras, por otro lado, en la misma encuesta, uno de cada tres estudiantes o profesores reconoció haber ejercido estas violencias.

Estas situaciones se traducen en que una universitaria abusada pierde hasta 29 días al año de clases. “Es una pandemia silenciosa que está arrasando con los títulos profesionales en las mujeres jóvenes de Ecuador”, comenta Ljubica Fuentes, directora ejecutiva de Fundación Ciudadanas del Mundo y fundadora de la Coalición Feminista Universitaria, una organización que brida asistencia legal y psicológico a las víctimas.

Detalla que el acoso y la violencia de género a nivel educativo tiene un impacto directo en el futuro de las víctimas que ven frustrados sus sueños de vida y tienen que sacrificar su independencia económica.

Agrega que esta “problemática no mejora, sino que se agudiza por la normalización que existe” y si bien hay una mayor iniciativa por denunciar, eso no es proporcional a la cantidad de política pública para combatir la violencia en entornos educativos.

Por ejemplo, en la Fundación Ciudadanas del Mundo reciben aproximadamente tres casos por mes, la mayoría en contra de docentes, pero pocos llegan a una sanción del agresor. “Debería existir una capacitación no solo para que las estudiantes se empoderen y denuncien, sino también a los administrativos para que sepan cómo actuar”, recalca Fuentes. Fuente: Vistazo