Por: Abg. César G. Guadalupe Oñate
El 28 de octubre, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por trigésima cuarta vez la resolución que pide a Estados Unidos levantar el embargo contra Cuba. Lo hizo con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, el respaldo más bajo en dos décadas. Entre los votos en contra figuró, por primera vez, el de Ecuador.
Para algunos, el giro es una ruptura con tres décadas de tradición diplomática. Ecuador votó a favor de la resolución desde 1992 hasta 2024 y se abstuvo en 2025. Sin embargo, quien observe con atención el año que termina comprenderá que el voto no es una sorpresa, sino la consecuencia lógica de una relación bilateral que ya se había quebrado.
El punto de inflexión ocurrió en marzo de 2026. El 3 de marzo, el Gobierno dio por terminadas las funciones del embajador ecuatoriano en La Habana. Al día siguiente, la Cancillería declaró persona non grata al embajador cubano, Basilio Gutiérrez, y otorgó a toda la misión diplomática 48 horas para abandonar el país. Cuba respondió cerrando su embajada en Quito.
Jurídicamente, la decisión se ajustó a derecho. El artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas faculta al Estado receptor a declarar persona non grata a un diplomático en cualquier momento y sin expresar motivos. Es una potestad soberana, no un exceso.
Con ese antecedente, ¿qué habría significado votar a favor de Cuba siete meses después? Una contradicción difícil de explicar, expulsar a una misión diplomática y, a la vez, respaldar en el foro multilateral la principal causa política de ese gobierno. La política exterior exige coherencia, y el voto de octubre la ofrece.
Ecuador, además, no actuó en solitario. Costa Rica recorrió exactamente el mismo camino, abstención en 2025, cierre de embajadas en marzo de 2026 y voto en contra en octubre. Colombia cambió su voto tras un relevo de gobierno, y Chile, Honduras y Perú pasaron a la abstención. Se trata de un realineamiento regional, no de una decisión aislada.
Conviene también recordar el alcance real de la resolución, ya que no es vinculante. El embargo no se levanta por mandato de la Asamblea General, sino por decisión del Congreso estadounidense. El voto ecuatoriano, por tanto, no agrava la situación del pueblo cubano; expresa una posición política frente a un gobierno con el que el Ecuador decidió dejar de tener relaciones diplomáticas.
Dicho esto, la coherencia exige un paso adicional. Un cambio de posición sostenido durante más de treinta años merece una explicación pública de la Cancillería, a la luz del artículo 416 de la Constitución, que orienta nuestras relaciones internacionales. Explicar no debilita una decisión soberana, la fortalece ante la ciudadanía.
El voto de Ecuador no nació en Nueva York. Nació en marzo, en Quito. Y entenderlo así es el primer paso para debatirlo con seriedad.
