La organización de Tercer Grado de la Provincia de Zamora Chinchipe, denominada Federación Provincial de Nacionalidades Kichwa-Saraguro. Mismo que fortalece a los Gobiernos Comunitarios Indígenas y Campesinos, para la administración de Justicia Indígena.
La sede provincial de la Federación está ubicada en el cantón Centinela del Cóndor, en la parroquia Panguintza. Su presidente, Francisco Lozano, presenta una denuncia pública, donde da a conocer que han sido demandados por un ciudadano, quien aduce que los terrenos que utilizan en el mencionado cantón, no son de su propiedad.
Mientras, el dirigente indica que la adquisición de esos terrenos para la organización fue realizada en el año 2010 y que contienen documentos en regla y orden, que garantiza que los propietarios son la Federación de Kichwas y Saraguros de la provincia de Zamora Chinchipe.
“Por lo tanto, nosotros somos propietarios desde el 2010, hasta el momento no se ha tenido ningún tipo de problemas. Lo que pasa es que el señor Arturo, denunciante, cuando fallece el señor Salvador Carrión Carrión, aparece como supuesto dueño, pues en los últimos diez años, el supuesto dueño no ha aparecido a hacer posesión”. Han pasado varios presidentes y no ha reclamado, pero ahora en la administración actual, aparece mediante una demanda, exigiendo un derecho que, según el presidente de esta organización, no le corresponde.
La federación durante diez años ha construido edificaciones y ha realizado sembríos en este lugar. Eso se hizo a través del Consejo Nacional de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CODENPE), y el apoyo del Consejo Provincial. La medida del terreno es de una hectárea, por lo que el líder considera que no hay más espacio, que el mencionado ciudadano reclame.
Lozano con papeles en mano menciona los estudios técnicos que se han realizado durante este tiempo, como croquis, planos, etc. Cabe recalcar que el mencionado ciudadano, realiza la compra del terreno media hectárea dos años después, en el año 2012.
La parte que aduce que le corresponde es donde se ha construido peceras y canchas de uso múltiple. Para la legalización de este terreno se contó con la presencia de ese entonces Nora Jiaqueline Torres Camacho, concejal del cantón Centinela del Cóndor, quien fue testigo de la aprobación de las urbanizaciones.
Aseveran que como federación son dueños absolutos de esa propiedad, por lo tanto, esperan el apoyo de las autoridades competentes. Y en caso de una respuesta negativa tomaran otros procedimientos como la justicia indígena. Indican que han dado presencia a los llamamientos para rendir versiones en el juzgado.
Se basan en la constitución del ejercicio de la autoridad comunitaria en las comunidades, es decir; aplicar la autoridad comunitaria amparada en el artículo 41 de la Constitución de la República, en la cual “se faculta a las comunidades ejercer la justicia indígena siempre y cuando respetando los derechos humanos y la libertad”, según lo estipula la ley.
Se concluye que es un terreno colectivo que beneficia a siete cantones de la provincia.
