Una reforma a la Ley de Pensiones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es urgente. Así lo afirmó el vicepresidente de la Cámara de Industrias y Producción, Pablo Jiménez, durante una entrevista para Ecuador TV.
“El sistema de pensiones tiene un fondo que está desfinanciado y que dependerá de las contribuciones que se haga, pero en el mediano plazo es un fondo inviable, insostenible”, dijo Jiménez. Y agregó que “existen cálculos que determinan que, si no se toman los correctivos necesarios, el fondo no tendrá una vida útil más de 5, 7 años. Otros le dan 10 a 12”.
Para el directivo de la CIP, uno de los principales inconvenientes es el cálculo del monto de jubilación. Actualmente, se contabilizan los cinco mayores años de aportes; “esto quiere decir que, en mi vida laboral puedo aportar sobre un monto pequeño y, al final, hago aportes muy grandes esperando tener una jubilación más amplia”.
Por ello, aseguró que es necesario aplicar “de forma urgente” las medidas planteadas por la Comisión Gubernamental. Estas se presentarán como un anteproyecto de Ley que estaría listo para finales de julio de 2023.
Sobre el aumento del tiempo de aportaciones, en un lapso de 10 años, el vicepresidente de la Cámara de Industrias explicó que el actual sistema “no es tan justo”. Esto debido a que la normativa vigente permite jubilaciones con 30 años de aportes y 60 de edad. No obstante, una persona de 70 años solo necesita 10 años de aportes para jubilarse.
Al respecto, comentó que se deberá buscar los niveles de empleabilidad de los trabajadores que superan los 50 o 60 años. Jiménez recordó que, actualmente, las empresas pagan el 1% de la nómina para un fondo de capacitación; “sería importante utilizar esos recursos, que ahora van al tesoro nacional, en devolverle a los trabajadores y a las empresas para que hagan capacitación”. Así podrían adquirir nuevas habilidades, como las digitales que son fundamentales en el mercado actual.
Sobre los aportes, Pablo Jiménez aseguró que “la Ley es muy clara”, y determina que los empleadores deben cumplir con los pagos determinados. Además, consideró que el IESS debe ser manejado de forma tripartita: trabajadores, empleadores y el Estado. (I)
Fuente: El Telégrafo
