Mayra Salazar llegó a rendir su testimonio anticipado dentro del Caso Metástasis, este jueves 28 de marzo ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ). La comunicadora es una de las procesadas en la presunta red de corrupción que involucra a instancias judiciales, policiales y carcelarias, y hasta el momento ha resultado en la implicación de 52 personas.
Para la comparecencia de Salazar ante la CNJ, se implementó un importante dispositivo de seguridad, dado su traslado desde la Casa de Confianza de Chillogallo, ubicada en el sur de Quito, donde se encuentra bajo prisión preventiva. El objetivo principal de su testimonio, el cual será rendido bajo juramento, es salvaguardar la información crucial antes de que se inicie el juicio por delincuencia organizada.
Salazar, quien ha emergido como un personaje central en los casos conocidos como Metástasis y Purga, empleó su carisma y habilidades como relacionista pública para establecerse como el enlace entre narcotraficantes, jueces y políticos.
Según las investigaciones, la exfuncionaria tenía varias facetas con las que trataba de aumentar su patrimonio. Incluso se ha revelado que tenía un lado criminal, puesto que gestionaba favores judiciales a cambio de dinero. De hecho, era pareja del narco Leandro Norero, alias El Patrón, a quien le ayudaba a buscar ‘jueces suicidas’ para lograr beneficios penitenciarios.
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Recolección de Testimonios Clave en Metástasis
Este jueves tambien se llevará a cabo la recolección de testimonios anticipados de varios individuos relevantes en el caso, entre ellos:
Helive Ángulo, conocido como ‘Estimado’, quien se presume que administró los bienes de Leandro Norero.
También se espera el testimonio de Marcelo Lasso, quien compartió celda con El Patrón.
Además, la fiscal Lidia Sarabia ofrecerá su testimonio en relación con la investigación por lavado de activos que involucra a la familia de Norero.
Estos testimonios prometen arrojar nueva luz sobre la compleja red de relaciones y actividades ilícitas que se investigan en este caso judicial.
La Fiscal General Diana Salazar ha señalado que esta causa reveló cómo el sistema judicial está gangrenado, hasta el punto que es imposible regenerarlo sin antes haber depurado, de forma profunda, todas las estructuras corrompidas.
También ha detallado que esta investigación se inició tras el asesinato de Leandro Norero en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Cotopaxi, en octubre de 2022.
Según la fiscal, durante el desarrollo de esa investigación –y luego de analizar el contenido de sus teléfonos celulares, en los que encontraron chats que dan cuenta de actividades ilícitas– se determinó que los cincuenta y dos procesados (hasta el momento) formaban parte de un grupo que coordinaba y ejecutaba varios delitos.
Fuente: Vistazo.
