El presidente Guillermo Lasso tachó de «infundado» al delito de peculado que le imputa la oposición para el juicio político en la Asamblea. El mandatario trazó los argumentos que serán remitidos a la Comisión de Fiscalización, en donde este lunes 10 de abril de 2023 se conocerán los primeros oficios recibidos dentro de la fase de pruebas.
Después de que fue notificado por la Comisión el pasado jueves 6 de abril, Lasso aseveró en una carta que la denuncia del exgerente de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), Jhonny Estupiñán, sobre un supuesto perjuicio al Estado en un contrato con Amazonas Tanker Pool para el alquiler de buques, resulta «falsa y contradictoria».
Se trata del principal elemento de «mínima verosimilitud» que encontró la Corte Constitucional para admitir a trámite la solicitud de interpelación contra el Presidente. Es un proceso impulsado por la mayoría opositora liderada por el correísmo (Unes) y el Partido Social Cristiano (PSC).
El mandatario basa sus descargos en estos hechos:
- La relación comercial entre Flopec y Amazonas Tanker Pool fue negociada, convenida y formalizada en el periodo de gobierno anterior.
- Todas las recomendaciones dadas por la Contraloría General del Estado fueron cumplidas en su totalidad por el actual gobierno.
- No se configura el delito de peculado que pueda imputarse a su persona.
- La denuncia hecha por Jhonny Estupiñán fue falsa y contradictoria. Tan es así que el señor Estupiñán, con comunicación emitida tres días después, revocó la decisión de dar por terminado el contrato.
- El gobierno del Ecuador atendió oportunamente la comunicación de Jhonny Estupiñán y remitió su contenido a la institución competente.
Recomendaciones de Contraloría
El mandatario dice que el 5 de noviembre del 2021, la Contraloría emitió un informe con 13 recomendaciones. Lo hizo luego de realizar un examen especial al contrato que data del 7 de diciembre de 2018. Es decir, tres años antes de que llegue al poder.
Apunta que entre esas recomendaciones consta «la conveniencia y pertinencia de continuar» con el contrato.
Además, la necesidad de poner en consideración del Directorio la suscripción de contratos que superen el monto autorizado de gasto. Pero que «en ningún caso, las recomendaciones expedidas a la gerencia general de Flopec contemplan la terminación unilateral del contrato», señala.
Sostiene que Estupiñán fue removido del cargo el 9 de marzo del 2022 por el directorio de Flopec «producto de reiterados incumplimientos en su gestión». Y dos semanas después remitió un escueto oficio a su despacho, «aduciendo, maliciosamente, que había sido removido de manera arbitraria del cargo por haber terminado el contrato y por haber exigido que se mejoren ciertas condiciones contractuales». Lo que respondido por las instancias correspondientes.
Lasso sostiene que el exfuncionario ocultó que el 4 de febrero del 2022 vía correo electrónico revocó la terminación unilateral que firmó tres días antes, algo que no tenía sustento técnico ni legal.
Balance de Flopec
Lasso indica que en este periodo presidencial Flopec pasó de ser una empresa pública que reportaba pérdidas de hasta USD 50 millones al año, a una que generó USD 120 millones de utilidades en 2022.
«¿Dónde está el supuesto peculado?», se preguntó el secretario Jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz. «En el gobierno del presidente Lasso, Flopec alcanzó números positivos, por consiguiente no hay perjuicio para el Estado», concluyó.
Ortiz divulgó este sábado 8 de abril los balances sobre Flopec y los oficios donde Estupiñán terminó unilateralmente el contrato y poco después revocó la medida.
Lasso, en un escrito dirigido a la Comisión de Fiscalización, designó al jurista Édgar Neira Orellana como su procurador para que a su nombre «intervenga en el trámite de este procedimiento ante la Comisión, presente escritos, solicite la práctica de pruebas, impugne pruebas, interrogue o contrainterrogue testigos, participe en audiencias» y demás.
El cronograma
De acuerdo con el cronograma de la Comisión de Fiscalización, las pruebas de cargo y descargo serán recibidas hasta el domingo 16 de abril. La práctica de pruebas y comparecencias se prevén desde el 17 hasta el 26 de abril. Y la presentación de un informe para resolución del Pleno hasta el 6 de mayo.
El presidente de la mesa, Fernando Villavicencio (ind.), ofició a la Corte Constitucional para que realice un seguimiento y control al dictamen con el que fueron desechados los cargos por supuesta concusión que también le imputaban al Mandatario.
El pedido se da después de que, el 5 de abril de 2023, los asambleístas solicitantes señalaron que «tampoco existe en el procedimiento la posibilidad de que la Comisión o su presidente ‘dispongan’ restricciones o delimitaciones a la documentación de sustento del juicio político o las pruebas, sino que debe ceñirse a la disposición legal de que en la notificación se acompañará la solicitud correspondiente la documentación de sustento y la resolución de admisibilidad de la Corte».
La Comisión de Fiscalización fue convocada a sesión para este lunes 10 de abril, a las 16:00. En el orden del día consta conocer el escrito que Lasso envió el 6 de abril pasado, donde designó a su procurador y pidió certificar si los proponentes cumplen con el dictamen de la Corte. Además, se analizará las pruebas de oficio solicitadas por varios legisladores.
Tensiones con Nebot
El trámite de este juicio político se da en medio de tensiones entre Villavicencio y la coalición que lidera el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC), que busca la destitución de Lasso.
El viernes pasado, en medio del feriado por Semana Santa, el Consejo de de Administración de la Legislatura (CAL), de mayoría opositora, exigió a Villavicencio que no dilate este juicio político por pedido de Ronny Aleaga (Unes).
En cambio, Villavicencio tuvo una airada respuesta de Jaime Nebot, líder del PSC, después de que anunciara una investigación a una empresa vinculada a la familia del político guayaquileño.
«El haberse metido con mi familia (no conmigo) me otorga absoluta libertad de proceder, en la forma que yo crea conveniente, contra los autores directos e indirectos de esta bajeza», enfatizó Nebot.
Villavicencio replicó que él cumple con su obligación de fiscalizar y que «nadie está fuera de la ley. Hace rato que les perdí el miedo». El legislador aseguró que ampliará su investigación a otras empresas para determinar a sus beneficiarios. «Nos vemos en Nueva Zelanda», tuiteó. Fuente: El Comercio
