Internacionales
Congreso de EE.UU. aprobó elevar límite de endeudamiento

El Congreso de Estados Unidos acordó el martes elevar temporalmente el techo de la deuda hasta fin de año, lo que ofrece un respiro a la primera economía del mundo antes de una nueva batalla política feroz para evitar un default.
Con el solo respaldo de los demócratas (219 votos contra 206, todos republicanos) la Cámara de Representantes adoptó una medida que eleva el límite del endeudamiento de Estados Unidos en unos 480.000 millones de dólares.
El texto, aprobado en el Senado la semana pasada, será velozmente transmitido a Joe Biden, que lo promulgará enseguida, según la Casa Blanca.
“Se trata de nuestra economía y de la economía mundial, pero también es sobre nuestra constitución que dice que la confianza y crédito plenos de Estados Unidos no deben quedar en duda”, dijo a periodistas la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi antes de la votación.
La medida permitirá al país honrar sus vencimientos hasta diciembre, o incluso hasta inicios de 2022, alejando la perspectiva de un default con consecuencias catastróficas para la superpotencia y el resto del mundo.
Si no se hubiese logrado la votación, el país habría podido caer en una situación de impago desde el 18 de octubre, advirtió el Tesoro.
“No podemos tolerar que la política partidaria tome de rehén nuestra economía, y no podemos permitir que la rutina de pago de nuestras cuentas se convierta en un espectáculo político que erosione la confianza (en Estados Unidos) cada dos años o cada dos meses”, lamentó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ante la oposición de republicanos.
– Onda expansiva –
Los republicanos rechazan aprobar medidas de largo plazo para subir el máximo de endeudamiento, porque consideran que sería un cheque en blanco para que Joe Biden financie sus faraónicos planes de inversiones en infraestructura y reformas sociales.
Pero ninguna de estas iniciativas ha sido aprobada en el Congreso, por lo que el nuevo endeudamiento permitirá más bien pagar facturas vigentes, incluso de obligaciones contraídas durante la presidencia de Donald Trump que culminó el año pasado.
El líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, exhorta ahora a los demócratas a alcanzar solos una solución duradera de aquí a diciembre, por medio de una vía legislativa compleja que el oficialismo considera “demasiado riesgosa”.
El texto aprobado el martes pospone entonces hasta fines de noviembre una batalla parlamentaria que se anuncia épica sobre las finanzas de Estados Unidos.
El pulso en el Congreso se dará además al mismo tiempo que las negociaciones para aprobar un nuevo presupuesto antes del 3 de diciembre.
Si los parlamentarios no se ponen de acuerdo antes de esta fecha, las finanzas del Estado federal serán cortadas de manera abrupta (en el llamado “shutdown”), llevando a cientos de miles de empleados públicos al desempleo técnico.
La fuerte probabilidad de que Estados Unidos vuelva al mismo problema en diciembre no tranquiliza a los mercados.
Pelosi lanzó una advertencia el martes: si a largo plazo el tope de deuda no es aumentado de forma importante, el impacto sería “enorme” y Estados Unidos podría perder “seis millones de empleos”.
“Un default provocaría una onda expansiva a través de los mercados financieros mundiales”, añadió.
La jefa demócrata fue interrogada sobre la posibilidad de extraer el alzamiento del techo de la deuda de las batallas políticas al transferir esta potestad del Congreso al Tesoro.
“Eso parece agradar a ambos lados del hemiciclo”, contestó. Pero la reforma sería difícil de aprobar en el Congreso actual.
Internacionales
La nueva ley fiscal de Donald Trump añade más presupuesto al proyecto antimigratorio

La nueva ley fiscal y presupuestaria aprobada este jueves por el Congreso de Estados Unidos inyectará miles de millones de dólares al proyecto antimigratorio del presidente Donald Trump.
La mayoría republicana en ambas Cámaras apoyó un mayor gasto del Gobierno en materia de agencias de seguridad, que se destinará, por amplio margen, al manejo de la inmigración.
Las voces críticas de esta legislación han calificado el gasto de «inédito» y alertan que acelerará la agenda de deportaciones masivas de la Administración, con consecuencias «caóticas» para la población migrante de EE.UU. y la economía del país.
La votación de este jueves en la Cámara de Representantes dio el último visto bueno al proyecto, que pasará ahora al escritorio de Trump, quien planea firmarlo en un acto en la Casa Blanca este viernes 4 de julio, el Día de la Independencia estadounidense.
Más agentes de miración y muro fronterizo
Con un gasto de casi 170.000 millones de dólares en cuatro años, el Gobierno aumentará la cantidad de agentes de migración —con unos 20.000 nuevos puestos—, construirá nuevos centros de detención para migrantes e invertirá en tecnologías de vigilancia, incluida la inteligencia artificial.
En concreto, la ley contempla más de 46.500 millones para la construcción del muro fronterizo y más de 45.000 millones destinados a la detención de migrantes, incluyendo la construcción y mantenimiento de los centros y el transporte de deportados.
Para aumentar las detenciones y llenar estos centros, el Gobierno prevé contratar más de 20.000 nuevos agentes para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).
El laboratorio de ideas conservador CATO ya predice que, una vez entre en vigor esta ley, la cifra de personas encerradas en centros de detención para migrantes se cuadruplicará: pasará de 50.000 actualmente a más de 200.000 en todo el país.
Este aumento drástico en las detenciones, señaló la directora del centro American Immigration Council (AIC), Nancy Gupta, en un informe, socavará la seguridad pública y creará caos en diferentes comunidades en todo el país.
El AIC estima que el nuevo presupuesto podrá traducirse en unos 116.000 arrestos diarios de migrantes y personas que no tienen ciudadanía estadounidense.
Esta escalada en la expulsión de personas y la presión sobre las comunidades traería también consecuencias negativas para la economía del país, según detalló un análisis del Economic Policy Institute.
Si el Gobierno consigue su objetivo de deportar a un millón de personas por año, unas 6 millones de personas podrían perder sus trabajos, incluyendo 3,3 millones de migrantes y 2,6 millones de trabajadores nacidos en EE.UU., de acuerdo con este informe.
Aumento de los costos de trámites migratorios y humanitarios
La ley también busca aumentar los costos de algunos trámites migratorios y, por primera vez, se cobrará un monto de 100 dólares por solicitar asilo, un estatus diseñado para proteger a personas que huyen de la persecución política, religiosa, social o racial en sus países.
El costo por solicitar un permiso de trabajo será de 550 dólares, y este solo tendrá una validez de seis meses. Además, se cobrarán 100 dólares anuales a quienes tengan una solicitud de asilo pendiente.
Apelar una decisión de un juez de migración costará 900 dólares (antes se cobraban 110), y también se elevará a 500 dólares el costo de solicitar un Estatus de Protección Temporal (TPS). Fuente: Vistazo
Internacionales
Estalla crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia por presunto complot para derrocar a Gustavo Petro

Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia llamaron el jueves a consultas a sus máximos representantes diplomáticos, en un nuevo episodio de tensiones que fractura aún más la relación entre ambos países históricamente aliados.
Washington dio el primer golpe con el llamado a «consultas urgentes» del encargado de negocios estadounidense en Bogotá, John McNamara, «luego de repudiables e infundadas declaraciones de los más altos cargos del gobierno de Colombia».
Así lo afirmó en un comunicado la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, sin aclarar a qué se refería.
La relación bilateral está en sus horas más bajas. En los últimos meses el mandatario izquierdista y su homólogo estadounidense, Donald Trump, chocaron por temas como la deportación de migrantes y la guerra arancelaria.
El fin de semana se sumó la revelación de un presunto complot para derrocar a Petro con ayuda de políticos colombianos y estadounidenses. El diario español El País publicó audios que sugieren una trama golpista liderada por el excanciller de Petro, Álvaro Leyva, en un caso que investiga la Fiscalía.
Petro había denunciado en junio un supuesto intento golpista organizado por la «extrema derecha» colombiana y estadounidense. Entonces, afirmó que un «líder», a quien no identificó, había hablado con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
El mandatario descartó durante un discurso el jueves en Bogotá que Rubio «esté en un golpe de Estado» contra su gobierno. «No creo que un gobierno que tiene como enemigo a Irán y unas bombas nucleares apuntando (…) se ponga a pendejear con un golpe de Estado» en Colombia, agregó.
Renuncia canciller colombiana
Aunque por razones distintas, la canciller colombiana, Laura Sarabia, anunció su renuncia el jueves en la mañana alegando «diferencias» con Petro.
La dimisión supuestamente no está relacionada de forma directa con la tormenta con Estados Unidos, pero la vacancia del Ministerio de Relaciones Exteriores dificulta aún más los posibles acercamientos que moderen la tirante relación entre ambos países.
Sarabia se distanció del presidente por desacuerdos en varios temas, el último de ellos sobre la extensión del contrato a la empresa que fabrica y distribuye pasaportes colombianos.
En una carta al mandatario, la ministra aseguró que no comparte «decisiones» que se han tomado «en los últimos días» y que le impiden «acompañar» el proyecto de izquierda.
El gobierno de Petro sufre una crisis de gabinete por el que han pasado más de 50 ministros, para 19 carteras, en tres años.
Sarabia, de 31 años y sin una carrera política previa, fue una figura clave en la campaña presidencial de Petro en 2022. Tras su victoria, se convirtió en jefa de gabinete, luego ocupó dos altos cargos en el gobierno y en enero fue nombrada canciller, la más joven en la historia moderna de Colombia.
«Fue vital en la campaña por su orden y disciplina», dijo Petro en la red social X tras la renuncia, llamándola «hormiguita organizadora».
Sarabia buscaba que Washington renueve la certificación a Colombia como aliado antidrogas. La decisión se conocerá en los próximos meses, en momentos en los que el país rompe récords mundiales de producción de cocaína.
Relaciones tensas
Además del llamado a consultas a McNamara, Estados Unidos tomará otras medidas «para que quede clara» su «profunda preocupación por el estado actual de la relación bilateral», dijo la portavoz del Departamento de Estado.
Bruce no detalló qué acciones tomará Washington, pero subrayó que Colombia sigue siendo «un socio estratégico esencial».
El jueves, 30 legisladores colombianos pidieron en una carta al Congreso estadounidense que investigue a los parlamentarios republicanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez por «acciones injerencistas», supuestamente al haber «mantenido reuniones» con Leyva.
«Petro no puede seguir amenazando a Estados Unidos y luego pensar que puede salirse con la suya», escribió el jueves en X Giménez, y calificó al mandatario como un «socialista narcoterrorista».
«Escojan el enemigo, nosotros no somos», respondió el jueves Petro. «Yo no me arrodillo ni me dejo presionar, ni me asusta un congresista diciéndome narcoterrorista».
El ingreso de Colombia en el megaproyecto chino Nuevas Rutas de la Seda y su búsqueda de nuevos socios comerciales también irritan a Estados Unidos.
Además, el gobierno colombiano rechazó extraditar a Estados Unidos a dos guerrilleros requeridos por delitos de narcotráfico.
Petro discrepa con Washington sobre el enfoque de la lucha antidrogas, que considera un «fracaso». A poco más de un año de dejar el poder, el izquierdista apuesta por atacar el consumo en las grandes potencias y negociar la paz con los grupos armados. Fuentes: Vistazo
Internacionales
Israel cierra todas sus embajadas tras bombardeo a Irán y muerte de altos mandos militares

En una dramática decisión sin precedentes, el Ministerio de Exteriores de Israel anunció este viernes 13 de junio de 2025 el cierre de todas sus embajadas y la suspensión de los servicios consulares en el mundo, tras el inicio de una operación militar contra Irán.
La medida fue adoptada luego del bombardeo israelí a Teherán, que sacudió la capital iraní hacia las 03:30 (hora local). Israel confirmó que el ataque fue preventivo, en respuesta a lo que consideraron amenazas inminentes desde el régimen iraní.
Israel afirmó que el ataque eliminó a figuras clave del aparato militar y científico iraní, entre ellos:
- Mohammad Bagheri, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
- Hossein Salami, comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria.
- Gholam Ali Rashid, responsable de la base aérea Khatam ol-Anbiya.
- Mohammad Mehdi Tehranchi y Fereydoun Abbasi, destacados científicos nucleares.
Horas después, Irán lanzó más de 100 drones contra territorio israelí, aunque la mayoría fueron interceptados por la defensa aérea israelí. Las sirenas sonaron en todo el país, y las autoridades pidieron calma a la población.
El portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, advirtió que el país se prepara para una “operación prolongada” y que aún hay objetivos militares por atacar como parte de una ofensiva escalonada.
Mientras tanto, el gobierno israelí ha solicitado a sus ciudadanos fuera del país que llenen una encuesta sobre su ubicación y estado actual, en caso de requerirse evacuaciones o asistencia especial.
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