Más de tres décadas han pasado y aún el proceso legal entre el Estado, la empresa minera Cumbaratza y 262 concesiones mineras, a quienes se les otorgó un espacio en esta zona minera de forma legal y constitucional. En contexto, está disputa inició a partir de que un asociado de la empresa minera Cumbaratza, exigió al Estado la cantidad de 30 mil hectáreas de terreno en la zona aurífera dentro de la provincia de Zamora Chinchipe
César Espinosa, abogado, ha estado al frente de la defensa de las 262 concesiones mineras, comenta para Diario El Amazónico los detalles y procesos que se vienen cumpliendo hasta el momento: “Es lamentable que un proceso judicial que no fue planteado por la empresa Cumbaratza, sino por un accionista que busca que el estado le adjudique 30 mil hectáreas en la provincia de Zamora Chinchipe, aun no llegue a la etapa final”
Este proceso tiene más de 35 años de historia desde el año 1985, fue ahí donde el Estado ecuatoriano archivó la documentación que constituía a la empresa Cumbaratza como no patentada de un área de explotación. Diez años después, en 1995 se reanuda con un proceso contencioso-administrativo planteado por un accionista de esta empresa, donde en una primera instancia se dispone que el ministro de Energías de ese entonces, otorgue 30 mil hectáreas a la Cumbaratza.
Para contratacar, el Gobierno, el Ministerio y la Procuradora del Estado, presentaron un recurso de casación ante esta sentencia, pues aducían que no tenía ningún fundamento de orden legal.
El 10 de enero de 1996, se dictó una sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia de aquel tiempo, hoy Corte Nacional de Justicia, donde cazando la sentencia impugnada se rechaza el recurso contencioso-administrativo presentado por el accionista de la empresa Cumbaratza, Ab. Jorge Drouet Mármol, en vista de que recurso presentaba un carácter subjetivo y no objetivo. La Corte Nacional de Justicia, en ese mismo día, dejó sin derechos a la empresa por ello se debía archivar el proceso.
Pese a ello, se dictaron cuatro denominados mandamientos de ejecución de sentencia que, según Espinosa, fue conseguido ‘contrariando y violando la sentencia’.
“Es increíble pensar que esa sentencia que niega los derechos al demandante, reclamados al Estado ecuatoriano, ahora por estos llamados o mal llamados ‘mandamientos de ejecución’ se vuelva a conceder a la empresa estos derechos. Lo cual evidentemente es 100% ilegal e inconstitucional y el Estado ecuatoriano no debe cumplir con estos mandamientos violatorios a la sentencia del año 1996”, manifiesta el jurista.
La propia Corte Suprema de Justicia de ese entonces, ya menciono que todo acto que contrarié la sentencia dictada por ellos ‘es de nulidad absoluta’ por parte de la Corte de Nacional, sin embargo, que el estado ha venido manteniendo esa posición, no solamente como ejecutivo, sino por criticas de otros estamentos judiciales.
En el año 2018, un registrador minero de Zamora Chinchipe, inscribió los mandamientos de ejecución, desde el dictado en el año 1996 y 2017. Cuatro mandamientos y documentos que se desprende de ellos, ilegalmente se suscribieron en el registro minero en Zamora. De ahí están vulnerados los derechos de 262 concesiones mineras y derechos mineros otorgados en la provincia.
El 28 de octubre de 2019 la máxima autoridad de la Agencia de Regulación y Control Minero en ese tiempo, hoy Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, revocó las inscripciones ser elaboradas en contra de la ley y registrar ‘mandamientos de ejecución’ dictados en contra de la sentencia. Sin embargo, hasta la fecha han transcurrido tres años desde que el registrador minero de Zamora, se ha negado a cumplir con la resolución de la máxima autoridad de la Agencia de Regulación y Control Minero.
Desde el año 1985, cuando fue el primer archivo para la empresa minera Cumbaratza y ha recibido cuatro archivos más en la historia. La empresa no tiene ningún derecho, sin embargo, un funcionario público como el registrador minero les da nuevamente las esperanzas, aunque sea ilegales. Esta situación impide y complica la actividad minera de los titulares legítimos de estos derechos de las concesiones mineras.
La sentencia es absolutamente clara, no hay una duda de que el Estado ecuatoriano ganó el proceso y que la empresa Cumbaratza no tiene ningún derecho y el que tenía prescribió en el año 1996.
El Sr. Registrador minero para su defensa manifiesta que, registra esos documentos, siempre y cuando vengan de una orden judicial, caso contrario él, incumpliría una orden judicial. La orden judicial debe ser emitida por el Tribunal Distrital Nro. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil y que el revocaría la orden en el caso de que este tribunal revoque la orden de inscripción. Según Espinosa, el registrador minero no tiene un sustento legal para negarse a inscribir la resolución de revocatoria de los registros erróneos e ilegales de la empresa Cumbaratza, es más está incurriendo en ser removido de su cargo.
