Nacionales
Verónica Abad: jueza difiere audiencia clave sobre el futuro de la Vicepresidenta, para el 9 de diciembre
La audiencia que definirá el futuro de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, fue diferida para el próximo lunes 9 de diciembre.
Este jueves 5 de diciembre, en el Complejo Judicial Norte de Quito, estaba prevista la reinstalación de la audiencia de acción de protección que Abad interpuso contra el Ministerio de Trabajo, tras ser suspendida de su cargo por 150 días. La fecha, inicialmente señalada para el 9 de diciembre, fue adelantada para este día.
Sin embargo, minutos antes de que comenzara la diligencia, la vicepresidenta presentó un escrito solicitando el cambio de fecha, ya que sus abogados tienen otros compromisos y residen fuera de Quito.
La sanción contra Abad fue impuesta el pasado 9 de noviembre, luego de que el Gobierno la acusara de «abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales». Según las autoridades, la Vicepresidenta no llegó a Turquía desde Israel en la fecha establecida.
Para suplir a Abad, el presidente Daniel Noboa nombró como «vicepresidenta encargada» a la secretaria nacional de Planificación Sariha Moya.
Con la acción de protección, Abad busca que la justicia anule la sanción impuesta, argumentando una vulneración de sus derechos. Su solicitud incluye el archivo del sumario administrativo, la restitución inmediata en su cargo, disculpas públicas del Gobierno y que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, reciba capacitación en garantías constitucionales.
La suspendida vicepresidenta, Verónica Abad, pide a la Justicia anular la sanción impuesta por el Gobierno que le impide ejercer el cargo por cinco meses y, por tanto, asumir las funciones presidenciales cuando el presidente Daniel Noboa deba pedir licencia para la campaña electoral de los comicios de 2025, donde busca su reelección.
Uno de los momentos clave, de la audiencia pública celebrada el viernes 29 de noviembre, se produjo cuando la jueza Nubia Vera le pidió al abogado del Ministerio que le especifique en qué parte de la legislación ecuatoriana se determina que la sanción que recibió la vicepresidenta debía ser de 150 días.
La defensa se tomó varios minutos para buscar el sustento normativo y al final admitió que, ante una falta grave, la Ley de Servicio Público (Losep) no determina un límite de días de suspensión temporal, por lo que la decisión se tomó «con base en las reglas de la sana crítica«.
«Considerando la imposibilidad de destitución de la vicepresidenta, se ha tomado la decisión menos gravosa», agregó el jurista.
En otro momento, la jueza preguntó al abogado si se había tomado en cuenta la Ley de Servicio Exterior que señala que los embajadores tienen 30 días para trasladarse a su nueva sede. El jurista respondió que no, porque solo eran competentes para conocer sumarios basados en la Losep.
Abad, quien denunció al mandatario por presunta violencia política de género, ha señalado que el gobierno de Noboa «miente» al justificar la sanción emitida en su contra para suspenderla del cargo. Asegura que, con esta medida, se están utilizando todas las vías posibles, «violentando el orden constitucional» con el «único fin de forzar su renuncia».
El distanciamiento entre Noboa y Abad comenzó en la campaña electoral de las elecciones de 2023 y se plasmó al asumir sus cargos, cuando el gobernante la envió a Israel como embajadora del país. Fuente: Vistazo
Nacionales
Vender pan o endeudarse para comprar medicinas: el costo humano del desabastecimiento en Ecuador
Estefanía Sánchez vive con un tumor cerebral. Asegura que, desde hace casi dos años, no recibe de forma constante los medicamentos que necesita para controlar sus convulsiones. Para cubrir sus gastos, vende pan puerta a puerta en Conocoto, una parroquia rural del Distrito Metropolitano de Quito.
Los prepara con zapallo, chocho y zucchini, además de empanadas con dulce de zambo. Cada día recorre las calles de ese sector y hay jornadas en las que alcanza a vender USD 20, pero en otras apenas llega a los USD 5, una cantidad que apenas le alcanza para comprar sus tabletas de carbamazepina, un anticonvulsivo que estabiliza la actividad eléctrica cerebral.
Ella es parte de los pacientes que viven un calvario para conseguir medicamentos en Ecuador. Con base en el aplicativo web de monitoreo de medicamentos del Ministerio de Salud Pública (MSP), un informe del Observatorio Nacional de Enfermedades Catastróficas del Ecuador señala que la disponibilidad de medicamentos en la red pública descendió del 79 % en enero de 2025 al 68 % en mayo de 2026. En el mismo período, el abastecimiento pasó del 71 % al 59 %, lo que significa que actualmente cuatro de cada diez medicamentos planificados no están disponibles para los pacientes.
Con un abastecimiento del 59 %, el sistema de salud ecuatoriano se ubica por debajo de ese parámetro. Diego Jimbo es coordinador nacional del Observatorio y afirma que la situación por la que atraviesan los pacientes del sistema público del país es muy grave. Explicó que algunos enfrentan tratamientos cuyos valores superan ampliamente sus posibilidades económicas.
Contó que pacientes han recurrido a préstamos informales con chulqueros por desesperación. Hubo el caso de una familia que, tras un accidente y la necesidad de cubrir los gastos en una clínica privada, solicitó un préstamo informal de USD 3 000 a un prestamista que entrega dinero bajo la modalidad ‘gota a gota’. Es decir, créditos informales e ilegales que ofrecen dinero rápido sin requisitos, pero con intereses muy altos y cobros diarios mediante hombres motorizados que amenazan a quienes no alcanzan a pagar.
“Esto demuestra hasta dónde está llegando la desesperación de las personas por acceder a la salud”.
Aumentaron las consultas sobre eutanasia
Jimbo mencionó casos de medicamentos que pueden costar entre USD 15 mil y USD 20 mil, así como tratamientos para enfermedades como la esclerosis múltiple que pueden tener un precio que supera los USD 20 mil mensuales. Por eso, hay familias que han buscado alternativas privadas y se endeudan.
Con tristeza -afirma el activista y médico especialista en cuidados paliativos– se han incrementado las consultas sobre eutanasia. No obstante, aclara que no se trata de solicitudes formales para acceder al procedimiento, sino de asesorías relacionadas con los requisitos y posibilidades.
Por todo lo que está sucediendo, los representantes del Observatorio y dirigentes de las organizaciones de pacientes con enfermedades catastróficas, raras y de alta complejidad recorren los hospitales del país para recopilar información sobre la situación del acceso a medicamentos e insumos. Asimismo, han enviado solicitudes al Gobierno para plantear cambios en el sistema sanitario.
Actualmente, analizan alternativas legales para solucionar la problemática. Por ejemplo, la posibilidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía General por un presunto incumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional (CC) relacionada con el acceso a medicinas e insumos para enfermedades catastróficas, raras y de alta complejidad.
“Analizamos qué podemos obtener y también qué consecuencias puede tener esta decisión”.
Esperan tomar una resolución sobre el tema en los próximos días…
Gremios se organizan para recolectar morfina
Gustavo Dávila es presidente nacional de la Alianza Nacional por la Salud y director de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. Relata que hay gente que ni siquiera puede conseguir morfina para sus terapias del dolor. Explicó que las organizaciones, familiares y amigos han recurrido a colectas voluntarias para adquirir morfina y entregarla a quienes atraviesan por la etapa final de su vida.
De hecho, la última vez se reunieron cerca de 200 ampolletas para entregarlas en Loja y Santo Domingo de los Tsáchilas. De acuerdo con el grado de la enfermedad, hay quienes necesitan hasta cuatro dosis diarias y es casi imposible conseguirlas en el sector público.
“Hay pacientes que están al final de la vida y los dolores son intensos. Llegar al punto de que no exista morfina para una persona que sufre es una situación muy delicada”.
A su criterio, la crisis no es reciente. Se ha evidenciado en los últimos años y se ha agravado en los últimos meses con manifestaciones de personas con distintas patologías, incluidos enfermos renales y personas con enfermedades crónicas. Ante esta situación, organizaciones de pacientes y actores del sector salud plantean fortalecer la presión ciudadana, recurrir a mecanismos legales y exigir respuestas concretas de las autoridades para garantizar el acceso oportuno a servicios sanitarios completos.
“El pedido es que la salud vuelva a ser parte de la agenda política. Los pacientes tienen derecho a morir con dignidad y a recibir tratamiento para aliviar su dolor”, afirmó Dávila.
Solicitó una reunión con José Julio Neira, secretario de la Administración Pública, para presentarle las necesidades de los diferentes frentes de salud y trabajar juntos en la búsqueda de soluciones a largo plazo.
El pasado 21 de julio, la Alianza Nacional por la Salud —que agrupa a 38 asociaciones de pacientes con diversas enfermedades, además de médicos y jubilados— ofreció una rueda de prensa para expresar su preocupación por la falta de avances en la compra de medicamentos a la India. Se trata de fármacos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), uno de los referentes mundiales en regulación sanitaria.
La adquisición fue anunciada por el presidente Daniel Noboa Azín durante su informe a la nación del 24 de mayo como una medida para enfrentar el desabastecimiento. Sin embargo, dos meses después, las organizaciones aseguran que la compra aún no se ha concretado.
De igual forma, tampoco se cumplieron otros ofrecimientos como la aprobación del cuadro básico de medicamentos. Se creó un Comité Nacional de la Salud, pero no hubo resultados. “En 30 días volveremos a evaluar los resultados”, dijo Dávila.
Nacionales
Daniel Noboa anuncia la comitiva oficial que lo acompañará a la posesión de Keiko Fujimori en Perú
El presidente de la República, Daniel Noboa, viajará este lunes 27 de julio a Lima para asistir a la ceremonia de investidura de la presidenta electa de Perú, la derechista Keiko Fujimori, quien asumirá oficialmente el cargo el martes 28 de julio.
En el documento se detalla que la comitiva oficial estará integrada por los ministerios, secretarías y demás entidades de la Administración Pública que, en el ámbito de sus competencias y en atención a los objetivos de la agenda presidencial, participen en las actividades previstas.
Asimismo, se estableció que los viáticos y demás gastos que genere el presente desplazamiento se cubrirán con cargo al presupuesto de la institución a la que pertenecen los integrantes de la comitiva
El decreto también ordena poner en conocimiento de la Asamblea Nacional el viaje del presidente, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso final del artículo 144 de la Constitución de la República.
Keiko Fujimori, que relevará al mandatario interino José María Balcázar, fue elegida para gobernar hasta 2031. Fuente: Vistazo
Nacionales
Partido Socialista Ecuatoriano no descarta alianza con la Revolución Ciudadana
El Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) dejó abierta la posibilidad de respaldar candidaturas de la Revolución Ciudadana (RC) para las elecciones seccionales de noviembre, luego de la suspensión del movimiento AMIGO, organización que había aceptado auspiciar a los aspirantes correístas.
Así lo confirmó este jueves el presidente del PSE, Gustavo Vallejo, quien señaló que la definición sobre posibles alianzas será adoptada luego de que las dirigencias provinciales de la organización alcancen una resolución.
«El tema de las alianzas las decide el Consejo Nacional. Así hemos aprobado las alianzas anteriores y así las vamos a aprobar», manifestó.
El Partido Socialista confirma conversaciones con la RC
Consultado sobre si la Revolución Ciudadana ha buscado un acercamiento tras perder la posibilidad de competir bajo el movimiento AMIGO, Vallejo confirmó que ha habido un diálogo.
No obstante, insistió en que la decisión definitiva dependerá de los organismos internos del partido y deberá adoptarse antes del cierre del plazo para inscribir alianzas.
«El plazo será cuando los provinciales decidan y esto significa que es previo al 2 de agosto, es decir, hasta el 31 (de julio) aproximadamente, y no habrá problema en comunicarle al país y a las ciudades que esa decisión se ha tomado«, sostuvo.
Las declaraciones de Vallejo se producen horas después de que el presidente Daniel Noboa afirmara, en una entrevista con Radio Centro, que la Revolución Ciudadana todavía puede participar en las elecciones si lo hace a través de un partido que «haya cumplido con la legalidad». Como ejemplo, el mandatario mencionó al Partido Socialista Ecuatoriano, entre otras organizaciones nacionales.
El escenario político cambió tras la suspensión del movimiento AMIGO. La medida fue dictada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, y acatada este lunes por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La Revolución Ciudadana ya había sido suspendida en marzo de este año dentro del denominado caso Caja Chica, investigación en la que la Fiscalía indaga un presunto esquema de financiamiento irregular de campañas políticas.
Como consecuencia, la organización no puede presentar candidaturas bajo su propia lista para las elecciones anticipadas, previstas a realizarse el 29 de noviembre de 2026, en las que los ecuatorianos elegirán alcaldes, prefectos, concejales, vocales de juntas parroquiales y consejeros del CPCCS. Fuente: Vistazo
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