Nacionales
Verónica Abad: jueza difiere audiencia clave sobre el futuro de la Vicepresidenta, para el 9 de diciembre
La audiencia que definirá el futuro de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, fue diferida para el próximo lunes 9 de diciembre.
Este jueves 5 de diciembre, en el Complejo Judicial Norte de Quito, estaba prevista la reinstalación de la audiencia de acción de protección que Abad interpuso contra el Ministerio de Trabajo, tras ser suspendida de su cargo por 150 días. La fecha, inicialmente señalada para el 9 de diciembre, fue adelantada para este día.
Sin embargo, minutos antes de que comenzara la diligencia, la vicepresidenta presentó un escrito solicitando el cambio de fecha, ya que sus abogados tienen otros compromisos y residen fuera de Quito.
La sanción contra Abad fue impuesta el pasado 9 de noviembre, luego de que el Gobierno la acusara de «abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales». Según las autoridades, la Vicepresidenta no llegó a Turquía desde Israel en la fecha establecida.
Para suplir a Abad, el presidente Daniel Noboa nombró como «vicepresidenta encargada» a la secretaria nacional de Planificación Sariha Moya.
Con la acción de protección, Abad busca que la justicia anule la sanción impuesta, argumentando una vulneración de sus derechos. Su solicitud incluye el archivo del sumario administrativo, la restitución inmediata en su cargo, disculpas públicas del Gobierno y que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, reciba capacitación en garantías constitucionales.
La suspendida vicepresidenta, Verónica Abad, pide a la Justicia anular la sanción impuesta por el Gobierno que le impide ejercer el cargo por cinco meses y, por tanto, asumir las funciones presidenciales cuando el presidente Daniel Noboa deba pedir licencia para la campaña electoral de los comicios de 2025, donde busca su reelección.
Uno de los momentos clave, de la audiencia pública celebrada el viernes 29 de noviembre, se produjo cuando la jueza Nubia Vera le pidió al abogado del Ministerio que le especifique en qué parte de la legislación ecuatoriana se determina que la sanción que recibió la vicepresidenta debía ser de 150 días.
La defensa se tomó varios minutos para buscar el sustento normativo y al final admitió que, ante una falta grave, la Ley de Servicio Público (Losep) no determina un límite de días de suspensión temporal, por lo que la decisión se tomó «con base en las reglas de la sana crítica«.
«Considerando la imposibilidad de destitución de la vicepresidenta, se ha tomado la decisión menos gravosa», agregó el jurista.
En otro momento, la jueza preguntó al abogado si se había tomado en cuenta la Ley de Servicio Exterior que señala que los embajadores tienen 30 días para trasladarse a su nueva sede. El jurista respondió que no, porque solo eran competentes para conocer sumarios basados en la Losep.
Abad, quien denunció al mandatario por presunta violencia política de género, ha señalado que el gobierno de Noboa «miente» al justificar la sanción emitida en su contra para suspenderla del cargo. Asegura que, con esta medida, se están utilizando todas las vías posibles, «violentando el orden constitucional» con el «único fin de forzar su renuncia».
El distanciamiento entre Noboa y Abad comenzó en la campaña electoral de las elecciones de 2023 y se plasmó al asumir sus cargos, cuando el gobernante la envió a Israel como embajadora del país. Fuente: Vistazo
Nacionales
¿Quién es alias Lobo Menor? Su escape, el caso Villavicencio y el asesinato del hermano de José Serrano
Ángel Esteban Aguilar Morales, alias ‘Lobo Menor’, fue capturado cuando intentaba ingresar a México con documentos colombianos falsos. Su ubicación era desconocida desde el 2022 tras acceder a una prelibertad. El líder criminal habría coordinado el asesinato de Fernando Villavicencio.
Luego de dos meses de investigación y seguimiento, ‘Lobo Menor’ cayó en el Aeropuerto Benito Juárez de Ciudad de México en un operativo internacional, coordinado con entidades de Ecuador y Colombia.
El sujeto, de 35 años, fue detectado en las localidades colombianas de Medellín e Itaguí y luego se desplazó al país azteca.

CASO VILLAVICENCIO
‘Lobo Menor’ es considerado el segundo al mando de la banda criminal más grande del Ecuador: Los Lobos. De hecho, Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, máximo líder de esa organización delictiva, es su padrastro.
Los dos están procesados en Ecuador como parte de los autores intelectuales del magnicidio de Fernando Villavicencio.
La Fiscalía identifica que ‘Lobo Menor’ coordinó con los autores materiales el asesinato del excandidato presidencial, ocurrido en agosto de 2023.
Él habría dado las órdenes a Carlos Angúlo, alias ‘Invisible’, quien ya fue sentenciado como autor material en este caso.
Mientras tanto, su padrastro, alias ‘Pipo’, quien permanece recluido en una cárcel de España y es pedido en extradición por Estados Unidos, habría sido quien dio luz verde para ejecutar el asesinato.

ESCAPE DE LOBO MENOR
Pero, ¿por qué estaba libre? ‘Lobo Menor’ fue detenido en 2012 como autor del asesinato de Juan Antonio Serrano, hermano del entonces ministro del Interior, José Serrano, quien también es procesado como presunto autor intelectual en el caso Villavicencio.
Según la teoría del Ministerio Público, Serrano presuntamente dirigía un equipo de avanzada, integrado por servidores policiales, encargados de informar el momento exacto en que podría ejecutarse el atentado.
‘Lobo Menor’ fue sentenciado a 20 años de cárcel, pero en 2022 accedió a la prelibertad. Por ello, debía presentarse semanalmente ante las autoridades, pero no lo hizo.
El SNAI le permitió que se presentara vía telemática y nunca fue a corroborar que el procesado se encuentre en su domicilio.
Hace unos días, se dio una audiencia en la que el SNAI reconoció que desconoce la ubicación de ‘Lobo Menor’.
Durante la diligencia, el abogado del líder criminal argumentó problemas de conexión e intentó postergar la audiencia, pero una jueza de Cotopaxi rechazó el pedido y dictó la revocatoria de la prelibertad. Además, la magistrada ordenó la inmediata localización y captura.
‘Lobo Menor’ cuenta con múltiples antecedentes por asesinatos y abuso de confianza.
También, se conoce que tiene vínculos con alias Iván Mordisco, líder de una disidencia de las FARC, y con los carteles mexicanos. Fuente: Vistazo
Nacionales
Detonan bomba hallada en Colombia y Petro confirma que era de Ecuador; anuncian protesta diplomática
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que la bomba hallada en el territorio colombiano es del ejército ecuatoriano y anunció que su Gobierno enviará una «nota de protesta diplomática» a Ecuador.
«Se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del ejército ecuatoriano. La investigación continúa y habrá nota de protesta diplomática«, escribió el mandatario en la red social X. Según Petro, el artefacto habría sido arrojado durante un bombardeo.
No obstante, Ecuador mantiene su postura de haber realizado operaciones únicamente dentro de su territorio y reafirmó su reclamo a Colombia por la falta de control en la zona fronteriza para combatir el crimen organizado.
Colombia confirma detonación controlada de bomba
Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, informó que, por disposición del presidente, tropas militares se desplazaron a la zona fronteriza para verificar lo ocurrido, donde se localizó una posible bomba sin explotar, usualmente empleada por aeronaves militares.
«Las unidades militares adelantan la verificación respectiva y la recolección de información esencial para conocer los detalles relacionados con la misma», indicó el funcionario.
Asimismo, se ordenó el despliegue de expertos en explosivos para recopilar información técnica y ejecutar la destrucción controlada del artefacto.
Luego el ministro confirmó que, en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador, la amenaza fue neutralizada y el riesgo para la población quedó eliminado.
Técnicos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con seguridad del Ejército y apoyo de la Policía, realizaron la detonación controlada bajo estrictos protocolos para evitar afectaciones a la ciudadanía.
«La investigación continúa para establecer cómo y porqué llegó ese artefacto explosivo a territorio colombiano. Esto se sabrá muy pronto con apoyo de las autoridades ecuatorianas», apuntó Sánchez.
Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía a no manipular posibles artefactos explosivos y a reportar de inmediato cualquier hallazgo a las autoridades.
Escalada de tensiones entre Ecuador y Colombia
«Ha aparecido una bomba lanzada desde un avión. Se investigarán a fondo las circunstancias, muy cerca de la frontera con Ecuador, lo que refuerza parcialmente mis sospechas; sin embargo, es necesario esclarecerlo completamente: están bombardeándonos desde Ecuador y no son grupos armados». Así dio a conocer lo sucedido el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Petro también reveló que la semana pasada solicitó, en una llamada telefónica, la intervención de Donald Trump, a quien pidió que «actúe y llame al presidente de Ecuador», asegurando que Colombia no quiere «ir a una guerra«.
Desde Ecuador, el presidente Daniel Noboa rechazó tajantemente las acusaciones. ‘Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo’, escribió en la red social X.
Noboa sostuvo que las recientes operaciones militares contra el crimen organizado, realizadas con apoyo de Estados Unidos, se han ejecutado exclusivamente dentro de territorio ecuatoriano. Además, acusó a Colombia de albergar a familiares del narcotraficante alias Fito, así como a la excandidata presidencial Luisa González.
Por su parte, el presidente colombiano respondió en X que los bombardeos en la zona fronteriza dejan «27 cuerpos calcinados«, sin dar detalles de esa información, y dijo que la explicación de Noboa «no es creíble».
Posteriormente, durante un acto sobre política exterior, el presidente colombiano cuestionó «cómo llegó la bomba hasta allí y por qué», y advirtió que el artefacto fue hallado a unos 100 metros de una vivienda campesina. Fuente: Vistazo
Nacionales
Juez detenido por tráfico de influencias triplicó su patrimonio en 2022 | «No soy un delincuente, soy docente», alega el procesado
El juez penal de Guayaquil, Ángel Tapia, quien fue detenido el viernes 13 de marzo de 2026 por tráfico de influencias y quien había sido suspendido por liberar a alias ‘Odín’, triplicó su patrimonio en 2022 y aseguró que nunca le pidió a una jueza la libertad de un procesado.
Como abogado de su propia defensa, el juez Ángel Tapia tomó la palabra durante la audiencia de formulación de cargos y reclamó por su detención, ocurrida durante un operativo que lo interceptó en las calles de la ciudadela Urdenor, en el norte de Guayaquil.
“Me presentaron en celular una providencia, me detienen con un celular enseñando la orden, jamás me opuse, les pedí que me dejaran parquear. Señor juez, mi honra está pisoteada, no soy un delincuente, el público que usted ve aquí son mis estudiantes”, afirmó Tapia en la diligencia judicial.
El fiscal Emiliano Izquierdo tomó procedimiento de la detención en la que se le decomisó al procesado dos teléfonos celulares, una computadora portátil, un dispositivo de almacenamiento electrónico y una carpeta de cartón con documentos relacionados con su trabajo en la Universidad de Guayaquil y otros que reseñaban ‘salud ocupacional’. Luego, acompañado por agentes policiales, se realizó el allanamiento de su domicilio.
“Me detienen a una cuadra, la policía haciéndose pasar por un operativo, después me dicen que estoy detenido, sin permitirme llamar a mi esposa para que abra la puerta, yo he sido testigo que cuando quieren dañar a una persona ponen un arma”. Juez Ángel Tapia.
La detención de Ángel Tapia se dio tres meses después de que ordenara la libertad de Danny William N., alias ‘Odín’, procesado por delincuencia organizada e investigado por sus vinculaciones con una estructura narcodelictiva ligada al ciudadano bosnio Jezdimir Srdan.
El magistrado aceptó un recurso de hábeas corpus a favor de ‘Odín’, quien fue capturado en septiembre de 2025 en una urbanización de Guayaquil durante un operativo que comprendió 21 allanamientos en cuatro provincias de Ecuador. Con esa intervención, el bloque de seguridad aseguró que se desarticulaba una red de lavado de activos que enviaba droga a Europa.
A mediados de enero pasado, el pleno del Consejo de la Judicatura dispuso la suspensión del juez Tapia durante tres meses sin remuneración, periodo que concluiría a mediados de abril próximo.
«Sigue siendo juez»
No obstante, durante esta suspensión, el juez fue investigado porque, según la Fiscalía, “habría solicitado a una jueza el cambio de medidas cautelares para dos procesados que se encuentran con prisión preventiva por robo agravado y secuestro”.
Según la denuncia, de fecha 18 de febrero de 2026, la jueza Heidy Borja “había advertido que se le acercó el juez Tapia, quien había solicitado le cambie la medida a un detenido”.
“Quien ostenta la calidad de juez, porque está suspendido, pero sigue siendo juez, se acerca donde la jueza Borja para que cambie la medida cautelar, ese hecho tenía la finalidad de cambiar la medida a un procesado, aquella jueza, molesta por esa causa, ha hecho conocer (el caso)”. Fiscalía
La Fiscalía sostiene que Tapia, al tener calidad de juez, pudo tener acceso al despacho de la jueza Borja, quien rindió su versión en la indagación.
En la audiencia de formulación de cargos, el juez señaló que se ha vulnerado su derecho al buen nombre y que su honra “esta despedazada en las redes sociales”, y que, pese a que existe una orden de reserva de la investigación, su imagen fue expuesta por el Ministerio del Interior.
“El señor Reimberg me lleva por todo el patio de la Policía tomando foto. Nadie me ha denunciado, nunca me han notificado. Yo estaba suspendido, me presenté con la jueza como Ángel T., no existe una resolución que demuestre que yo haya obtenido lo que según ella yo he solicitado”. Ángel Tapia.
Tapia declaró: “Yo no he ido a pedir la libertad de un procesado, yo lo que fui a pedirle es que atienda un escrito de un sobrino de un amigo que la audiencia era la próxima semana, lo único que le dije es que atienda el escrito. ¿Dónde está la resolución que ella ha dado la libertad, dónde está el tráfico de influencia?”.

Patrimonio se triplicó
El juez Ángel Tapia ingresó a la función judicial en 2014, según consta en los registros de la Contraloría General del Estado, donde figura como juez en el Consejo de la Judicatura. “Tengo ganado mi estatus ante la sociedad, más de 20 años como docente”, dijo en la audiencia de cargos en la que confirmó los más de 10 años de magistrado, además de dos años como asesor en la Corte Constitucional.
“Estoy destruido ante la sociedad, yo no he viajado desde 2019, no he vuelto a salir de viaje porque no tengo recursos, mi casa tiene más de 30 años, mis estudiantes están sorprendidos de cómo Fiscalía daña mi honra”, señaló el juez.
La Contraloría también registra que su patrimonio se triplicó de 2020 a 2022, cuando ya se desempeñaba como juez. En las tres declaraciones juramentadas de bienes que presentó en 2020, su patrimonio se ubicaba entre USD 34.921 y 39.710.
Dos años después, en 2022, su patrimonio alcanzó los USD 97.799 y estaba compuesto por USD 123.809 de activos (bienes o inversiones) y USD 26.010 de pasivos (deudas). En 2024, en su última declaración presentada, su patrimonio creció a USD 128.069.
Sus activos llegaron a USD 154.079 y sus pasivos se ubicaron en USD 26.010, según lo que reportó el mismo juez ante la Contraloría. Fuente: Primicias
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