Nacionales
Verónica Abad: jueza difiere audiencia clave sobre el futuro de la Vicepresidenta, para el 9 de diciembre
La audiencia que definirá el futuro de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, fue diferida para el próximo lunes 9 de diciembre.
Este jueves 5 de diciembre, en el Complejo Judicial Norte de Quito, estaba prevista la reinstalación de la audiencia de acción de protección que Abad interpuso contra el Ministerio de Trabajo, tras ser suspendida de su cargo por 150 días. La fecha, inicialmente señalada para el 9 de diciembre, fue adelantada para este día.
Sin embargo, minutos antes de que comenzara la diligencia, la vicepresidenta presentó un escrito solicitando el cambio de fecha, ya que sus abogados tienen otros compromisos y residen fuera de Quito.
La sanción contra Abad fue impuesta el pasado 9 de noviembre, luego de que el Gobierno la acusara de «abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales». Según las autoridades, la Vicepresidenta no llegó a Turquía desde Israel en la fecha establecida.
Para suplir a Abad, el presidente Daniel Noboa nombró como «vicepresidenta encargada» a la secretaria nacional de Planificación Sariha Moya.
Con la acción de protección, Abad busca que la justicia anule la sanción impuesta, argumentando una vulneración de sus derechos. Su solicitud incluye el archivo del sumario administrativo, la restitución inmediata en su cargo, disculpas públicas del Gobierno y que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, reciba capacitación en garantías constitucionales.
La suspendida vicepresidenta, Verónica Abad, pide a la Justicia anular la sanción impuesta por el Gobierno que le impide ejercer el cargo por cinco meses y, por tanto, asumir las funciones presidenciales cuando el presidente Daniel Noboa deba pedir licencia para la campaña electoral de los comicios de 2025, donde busca su reelección.
Uno de los momentos clave, de la audiencia pública celebrada el viernes 29 de noviembre, se produjo cuando la jueza Nubia Vera le pidió al abogado del Ministerio que le especifique en qué parte de la legislación ecuatoriana se determina que la sanción que recibió la vicepresidenta debía ser de 150 días.
La defensa se tomó varios minutos para buscar el sustento normativo y al final admitió que, ante una falta grave, la Ley de Servicio Público (Losep) no determina un límite de días de suspensión temporal, por lo que la decisión se tomó «con base en las reglas de la sana crítica«.
«Considerando la imposibilidad de destitución de la vicepresidenta, se ha tomado la decisión menos gravosa», agregó el jurista.
En otro momento, la jueza preguntó al abogado si se había tomado en cuenta la Ley de Servicio Exterior que señala que los embajadores tienen 30 días para trasladarse a su nueva sede. El jurista respondió que no, porque solo eran competentes para conocer sumarios basados en la Losep.
Abad, quien denunció al mandatario por presunta violencia política de género, ha señalado que el gobierno de Noboa «miente» al justificar la sanción emitida en su contra para suspenderla del cargo. Asegura que, con esta medida, se están utilizando todas las vías posibles, «violentando el orden constitucional» con el «único fin de forzar su renuncia».
El distanciamiento entre Noboa y Abad comenzó en la campaña electoral de las elecciones de 2023 y se plasmó al asumir sus cargos, cuando el gobernante la envió a Israel como embajadora del país. Fuente: Vistazo
Nacionales
Noboa afirma que Ecuador entra en una ‘etapa pacificadora’ tras golpe a bandas criminales
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que el país atraviesa una nueva fase en la lucha contra el crimen organizado, a la que calificó como una “etapa pacificadora”, tras un periodo marcado por altos niveles de violencia.
El mandatario realizó estas declaraciones en una entrevista con el medio internacional Bloomberg, donde señaló que la captura de cabecillas —como el líder de Los Choneros, alias “Fito”— provocó disputas internas entre estructuras criminales, lo que habría incidido en el aumento de la violencia.
El mandatario indicó que el Gobierno ha entrado en una fase orientada a reducir la violencia mediante el control territorial y de rutas clave. Añadió que estas acciones permitirán utilizar de forma más eficiente a la Policía y a las Fuerzas Armadas.
Las declaraciones se producen aproximadamente una semana después de la finalización del toque de queda nocturno aplicado entre el 15 y el 30 de marzo en provincias como Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Durante los 15 días de vigencia de la medida, las autoridades reportaron más de mil aprehendidos, así como el decomiso de más de 650 armas, 5.000 municiones y USD 25.600 en efectivo.
Además, a inicios de abril, el Ejecutivo decretó un estado de excepción por 60 días en nueve provincias y varios cantones por grave conmoción interna, que incluye la suspensión de derechos como la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, para permitir allanamientos inmediatos cuando existan indicios de la presencia de integrantes de grupos armados, armas o explosivos.
Cooperación internacional y operaciones recientes
El Gobierno mantiene estas acciones en un contexto de crisis de seguridad que se arrastra desde la declaratoria de conflicto armado interno en 2024, dirigida contra cerca de uan veintena de organizaciones criminales como Los Lobos y Los Choneros, vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal.
Pese a las medidas adoptadas, 2025 cerró como el año más violento en la historia del país, con 9.235 homicidios, según cifras oficiales. Entre 2024 y 2025, las autoridades también reportaron la incautación de más de 400 toneladas de cocaína.
En este escenario, Ecuador y Estados Unidos anunciaron el pasado 3 de marzo la realización de operaciones conjuntas contra el crimen organizado, como parte de acuerdos de cooperación bilateral.
Dentro de estas acciones se incluyen ejercicios navales recientes en el Pacífico ecuatoriano, con la participación de corbetas nacionales y el portaaviones estadounidense USS Nimitz, junto al destructor USS Gridley.
Estas maniobras se desarrollaron en rutas estratégicas utilizadas por organizaciones criminales para el tráfico de cocaína hacia otros países.
Además, con miras a fortalecer el control militar en la frontera con Colombia, Noboa impuso el pasado 21 de enero la denominada «tasa de seguridad» a Colombia, de en ese entonces 30% de recargo a la mayoría de sus productos de exportación bajo el argumento de que el Gobierno de Gustavo Petro no ejecutaba suficientes operativos en la zona para contener el tráfico de cocaína a Ecuador.
Aquella acción derivó en la imposición de un arancel del mismo porcentaje por parte de Colombia. En marzo ambos subieron a 50%, manteniéndose vigentes junto a otras sanciones, como la suspensión de energía eléctrica por parte del vecino país y el aumento de la tarifa de traslado de combustible colombiano a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), de USD 3 a USD 30. Fuente: Vistazo
Nacionales
IESS inaugura punto de atención ciudadana en Zumba para fortalecer acceso a servicios en el cantón Chinchipe
En el marco de una entrevista concedida a Radio San Antonio del cantón Chinchipe, la directora provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Zamora Chinchipe, Susana Ochoa, informó sobre la inauguración oficial de un nuevo punto de atención al ciudadano en la parroquia Zumba, con el objetivo de mejorar el acceso a servicios administrativos para los afiliados de la zona.
Durante su intervención, Ochoa extendió un saludo a la ciudadanía y destacó la importancia de este nuevo espacio, el cual funcionará en el Centro de Salud Tipo A de Zumba. Señaló que esta iniciativa responde a la necesidad de descentralizar los servicios del IESS, especialmente para los habitantes de sectores rurales y fronterizos.
El punto de atención permitirá a los usuarios realizar diversos trámites sin necesidad de trasladarse a las ciudades de Zamora o Loja, como ocurría anteriormente. Entre los principales servicios habilitados constan: generación y desbloqueo de claves, actualización de datos personales, registro y cambio de cuentas bancarias, así como atención de consultas relacionadas con afiliación, cartera y servicios del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS).
Este servicio se brindará de manera permanente todos los días miércoles, en un horario de 08h00 a 16h00, lo que representa un avance significativo frente al sistema anterior basado en brigadas ocasionales que atendían de forma mensual o bimensual.
La directora provincial subrayó que esta gestión responde a las condiciones geográficas y sociales de los cantones Chinchipe y Palanda, considerados entre los más distantes de la provincia. En este sentido, destacó que la implementación del punto de atención busca garantizar equidad en el acceso a los servicios públicos, especialmente para personas de escasos recursos que enfrentaban dificultades para movilizarse.
Abastecimiento de medicamentos
En relación con la situación de medicamentos, Ochoa informó que, tras una reunión con la directora del Centro de Salud de Zumba, Mayra Pérez, el establecimiento cuenta actualmente con un 77% de abastecimiento, nivel que calificó como adecuado para garantizar la atención a los afiliados.
Por su parte, Mayra Pérez, responsable del IESS en Zumba, explicó que la apertura de este punto de atención es el resultado de un trabajo coordinado sostenido desde el año anterior con la Dirección Provincial del IESS, mediante el cual se gestionaron autorizaciones y recursos necesarios para su implementación.
Pérez destacó que anteriormente los usuarios debían desplazarse a otras ciudades para realizar trámites administrativos, lo que implicaba costos y limitaciones. En ese contexto, resaltó que la institucionalización de este servicio en la localidad representa un avance en términos de eficiencia y cercanía institucional.
El Centro de Salud de Zumba dispone actualmente de servicios en medicina familiar, medicina general, odontología, laboratorio clínico y farmacia. Adicionalmente, se mantiene el servicio de atención médica domiciliaria, que se realiza los días jueves, previa coordinación con los pacientes que lo requieran.
La apertura del punto de atención del IESS en Zumba constituye un paso relevante en la descentralización de servicios y en el fortalecimiento de la cobertura institucional en territorios rurales. Esta iniciativa apunta a mejorar la calidad de atención y reducir las brechas de acceso para los afiliados de la provincia de Zamora Chinchipe.
El juez de la Corte Constitucional, Raúl Llasag Fernández, renunció a su puesto en medio de investigaciones de la Fiscalía General del Estado y la Contraloría sobre el patrimonio de los magistrados en Ecuador. La decisión se conoció este 8 de abril de 2026, según fuentes del organismo.
La renuncia del juez Raúl Llasag Fernández -quien argumentó motivos de salud- debe ser conocida y aceptada por el Pleno de la Corte Constitucional, de acuerdo con el art. 185 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y su reglamento.
Raúl Llasag Fernández se desempeña como juez titular de la Corte Constitucional del Ecuador desde julio de 2025, cuando fue posesionado para el periodo 2025-2028.
Para que su renuncia sea aceptada se requiere de mayoría calificada (2/3 de votos) en el Pleno de la Corte, en un procedimiento similar al que siguió el organismo cuando renunció la jueza Teresa Núques Martínez y fue reemplazada por Llasag.
Su salida ocurre en en momentos que la Fiscalía General del Estado adelanta una investigación penal contra José Luis Terán y Alí Lozada, jueces de la Corte Constitucional, tras informes de la Contraloría que señalan supuestas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales.
El 2 de abril, el contralor Mauricio Torres reveló que son examinados por este organismo seis jueces de la Corte Constitucional: tres ya completaron su revisión, tres están en proceso y tres más comenzarán en los próximos días.
El funcionario explicó que los informes de indicios de responsabilidad penal se remiten directamente a la Fiscalía, que determinará si existe o no enriquecimiento ilícito, en alusión al caso de Terán y Lozada.
A su vez, la Corte Constitucional emitió un comunicado el 1 de abril, en el que expresó su preocupación por presiones sostenidas desde 2025 que podrían afectar la independencia judicial. Fuente: Primicias
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