En el marco del actual proceso preelectoral, Sebastián Cevallos, subdirector nacional de Unidad Popular, informó sobre las acciones jurídicas emprendidas por esta organización política frente a su suspensión temporal, al tiempo que cuestionó el manejo institucional del proceso por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Durante una entrevista, Cevallos señaló que Unidad Popular ha presentado formalmente una impugnación y apelación ante el CNE, con el objetivo de revertir la medida que pretende excluirlos del registro de organizaciones políticas habilitadas para participar en las próximas elecciones. En caso de no obtener una resolución favorable, anunció que recurrirán al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y, de ser necesario, a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la solicitud de medidas cautelares.

El dirigente sostuvo que la organización se mantiene en ejercicio de sus derechos, argumentando que no existe una sentencia firme que justifique su cancelación. En ese sentido, indicó que el 3 de mayo se publicará el registro oficial de partidos políticos, fecha en la cual confían en constar formalmente.

En relación con su estructura interna, Cevallos afirmó que Unidad Popular cuenta con más de 200 mil afiliados a nivel nacional, registrando aproximadamente 1.400 desafiliaciones en los últimos seis años, lo que —según indicó— la posiciona como una de las organizaciones con mayor estabilidad en su militancia. Además, recordó que el propio CNE validó en su momento estos registros, incluso mediante procesos técnicos de verificación de firmas.

En el ámbito electoral, el subdirector nacional señaló que, pese a la coyuntura, la organización continúa avanzando en la construcción de alianzas políticas en varias provincias, incluyendo Zamora Chinchipe, así como en la estructuración de candidaturas en más de 150 cantones del país. Asimismo, confirmó que participarán en los procesos de elecciones primarias previstas a partir del 18 de junio, conforme al calendario electoral vigente.

Cevallos también expresó críticas al adelanto del cronograma electoral, señalando que esta medida obliga a las organizaciones políticas a acelerar sus procesos internos de selección de candidaturas, lo que —a su criterio— podría afectar la participación democrática. No obstante, reiteró que Unidad Popular continuará cumpliendo con los plazos establecidos en la normativa electoral.

En cuanto al contexto político, el dirigente hizo referencia a la situación económica y social del país, destacando el incremento del costo de vida y los desafíos estructurales que enfrentan diversos sectores. En este sentido, confirmó la participación de la organización en las movilizaciones conmemorativas del 1 de mayo, Día del Trabajo, como un espacio de expresión ciudadana y de reivindicación de derechos laborales.

Finalmente, Cevallos subrayó que la defensa de la participación política de Unidad Popular se enmarca —según su criterio— en la necesidad de garantizar el pluralismo y la vigencia del sistema democrático en el país.

La Superintendencia de Bancos informó que, durante los primeros cuatro meses de 2026, ha identificado 14 entidades que operan sin autorización para captar dinero de la ciudadanía, lo que representa un riesgo para los intereses económicos de quienes confían sus recursos a estos centros.

Ante esta situación, la entidad de control hizo un llamado a la población a extremar precauciones y evitar entregar dinero a organizaciones que no forman parte del sistema financiero nacional.

Las entidades señaladas son: PLATA PUNTUAL-PRÉSTAMO LISTO, RICO-CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS, DINEROFÁCIL-PRÉSTAMO FÁCIL, CREDITO SMART, PRESTAMOS ECUADOR, CRECE CREDIT, CREDIPAGUITOS, COOPERATIVA PRO CREDIT, CREDIALIANZA S.A.S., CRÉDITOFAST-PRÉSTAMO FAST, FINANCIAHORA-PRÉSTAMO SEGURO, CREDICER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, CREDIQUITO y CONSULTING GLOBAL ECUADOR LMJP S.A.

El organismo recordó que tanto personas naturales como jurídicas que no están autorizadas tienen prohibido captar recursos de terceros o realizar actividades financieras de manera habitual. Asimismo, advirtió que estas entidades tampoco pueden promocionarse mediante publicidad, avisos o cualquier otro mecanismo que sugiera que operan como instituciones financieras.

En 2025, la Superintendencia detectó un total de 60 entidades no autorizadas, lo que evidencia la persistencia de este tipo de prácticas en el país.

Generalmente, estas organizaciones ofrecen altos rendimientos en plazos cortos, con tasas muy superiores a las de bancos y cooperativas, lo que suele ser una señal de alerta.

La Superintendencia de Bancos instó a la ciudadanía a denunciar este tipo de actividades a través de sus canales oficiales, con el fin de prevenir posibles estafas y proteger el sistema financiero.

La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que la prisión preventiva en su contra responde a motivaciones políticas.

En el documento se señala que el alcalde permanece en condiciones de aislamiento extremo, con restricciones en visitas, comunicación y acceso a servicios básicos. Según su defensa, esto le impide ejercer el cargo para el que fue elegido, lo que —afirman— configura una “destitución de facto”. Por ello, solicitan la adopción de medidas cautelares internacionales.

Aunque un tribunal revocó la orden de prisión preventiva en ese proceso, al considerar que los elementos presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE) no eran “suficientes para establecer la existencia del delito” ni la probabilidad de participación de los procesados, el alcalde continúa privado de libertad por otras causas judiciales. Entre ellas, una investigación por la presunta comercialización ilegal de hidrocarburos, denominada Triple A, y otro proceso relacionado por no usar grillete electrónico antes de su encarcelamiento.