En el marco del programa académico “La Tertulia Jurídica”, se contó con la destacada participación del abogado Jorge Luis Mazón, reconocido jurista de proyección nacional e internacional, quien abordó de manera didáctica y profunda el tema “La prueba en el proceso civil ecuatoriano”, dirigido tanto a profesionales del derecho como al público en general.

Jorge Luis Mazón es abogado por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Derecho Procesal y especialista superior en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar, además de licenciado en Pedagogía por la Universidad Politécnica Salesiana. En el ámbito profesional, ejerce la abogacía en libre ejercicio, es profesor universitario de pregrado y posgrado en Derecho Procesal, director Legal Group – Centro de Capacitaciones Jurídicas, miembro del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal y autor de dos tomos de “Ensayos críticos sobre el COGEP”, además de coautor en diversas publicaciones colectivas especializadas en Derecho Procesal.

Durante su intervención, el abogado Mazón precisó que no ostenta el título académico de doctor, solicitando expresamente ser referido como abogado, y resaltó su vocación docente con más de 35 años de trayectoria en la enseñanza, tanto en educación secundaria como universitaria, señalando que su principal dedicación en la actualidad es la formación jurídica y la investigación del Derecho Procesal.

En el desarrollo del diálogo, explicó que la prueba constituye el eje central de todo proceso judicial, independientemente de la materia, destacando que es la etapa más compleja del litigio y aquella que, en la práctica, define el éxito o fracaso de una causa. Subrayó que el proceso es el mecanismo civilizado que los Estados de Derecho han establecido para la solución de conflictos y que, dentro de este, la actividad probatoria resulta esencial para la tutela efectiva de los derechos.

El ponente detalló los principales medios de prueba reconocidos en la normativa ecuatoriana, entre ellos la prueba documental —incluida la prueba electrónica—, la prueba testimonial, la prueba pericial y las inspecciones judiciales, enfatizando la importancia de la correcta construcción de la teoría del caso y la adecuada práctica probatoria en audiencia.

Asimismo, realizó una explicación clara sobre la diferencia entre la nueva prueba y la prueba nueva, conforme a lo establecido en los artículos 151 y 166 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), indicando que la nueva prueba constituye una facultad procesal exclusiva del actor para contradecir la contestación de la demanda, mientras que la prueba nueva puede ser anunciada por cualquiera de las partes cuando el medio probatorio no era conocido o no estaba disponible oportunamente.

En relación con la prueba electrónica, el abogado Mazón señaló que el sistema judicial ecuatoriano aún se encuentra en una etapa incipiente en cuanto a su admisión, práctica y valoración, destacando la necesidad de fortalecer criterios sobre autenticidad, integridad y licitud, y comparó esta realidad con la experiencia de otros países de la región, particularmente Colombia, donde existe una mayor consolidación doctrinaria y jurisprudencial sobre la materia.

Finalmente, resaltó la importancia de la formación continua de los abogados, especialmente en Derecho Procesal y teoría de la prueba, advirtiendo que una deficiente preparación profesional incide directamente en la afectación de los derechos de los ciudadanos. En este contexto, valoró positivamente el espacio académico de La Tertulia Jurídica, al considerarlo un escenario plural que promueve el análisis crítico del sistema de administración de justicia y acerca el conocimiento jurídico a la sociedad.

El programa concluyó con un llamado a ejercer la abogacía con responsabilidad, ética, preparación técnica y serenidad, destacando que la correcta práctica de la prueba es el corazón del litigio y el verdadero momento decisivo del proceso judicial.

Los ríos Tarqui, Machángara y Yanuncay en Azuay mantienen un caudal bajo debido a la falta de lluvias considerables según el último reporte de la empresa pública Etapa EP. Algo que podría complicar la situación energética del país ya que en el Austro se ubica el mayor complejo hidroeléctrico conformado por las centrales Mazar, Molino, Sopladora y Minas San Francisco.

De acuerdo a la página de producción de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), la cota de las cuatro plantas ha empezado a disminuir desde diciembre. Situación que se ha evidenciado más en enero, que en apenas ocho días, los embalses han bajado entre uno y 16 metros del nivel máximo.

Dichas centrales -excepto Minas San Francisco- tienen capacidad para generar 1 700 megavatios y cubrir el 30 % de la demanda nacional de energía.

El promedio normal de la demanda nacional de energía es de 4 000 megavatios. Pero desde el martes 7 de enero de 2026, el consumó de incrementó a 5 000 megavatios y alcanzó los 5 060 megavatios en la noche. Principalmente las provincias de la Costa experimentan altas temperaturas en los últimos días, que superan los 30 grados centígrados.

Celec cubrió la demanda con las operaciones del 63 % de las hidroeléctricas, el 29 % con termoeléctricas y el resto con 300 megavatios comprados a Colombia.

Para el experto José Layana, del Colegio de Ingenieros Eléctricos, la principal preocupación es la disminución del nivel de la cota en la central de Mazar. Layana explicó que en Mazar es donde se guarda gran cantidad de agua y que según las estimaciones, si la falta de lluvias continúa, la reserva no alcanzaría para dos meses.

Por su parte el ingeniero y catedrático Marcos Ponce puntualizó que respecto a la parte climática, aún no se puede afirmar con certeza que pueda haber una sequía que afecte a Ecuador. Pero que actualmente, el sistema energético “sigue siendo muy vulnerable ante el escenario seco que se vive”.

Ante este panorama de pocas lluvias y aumento de la demanda energética por altas temperaturas, las autoridades nacionales han descartado la posibilidad de apagones. Pese a que técnicos y expertos han manifestado su preocupación por la disminución de las cotas de los embalses y un posible estiaje, que podrían representar un riesgo.

En una entrevista radial que fue compartida en las redes sociales del Ministerio de Energía, Inés Manzano aseguró el jueves 8 de enero de 2026 que el país “sí cuenta con energía gracias a una gestión responsable y planificada de los embalses”.

Según Manzano, la previsión permitió almacenar agua en época lluviosa y hoy aprovecharla junto a otras hidroeléctricas, para garantizar el suministro a escala nacional. Agregó que durante enero se lanzarán procesos para proyectos de ciclo combinado, que son una infraestructura de transición de utilizará gas y vapor, que aportarán más megavatios adicionales.

Sobre estas iniciativas, el ingeniero Ponce comentó que son entre 2026 y 2028 y por eso ninguna tendría un impacto inmediato, sino que son soluciones a mediano plazo. “Entonces para fortalecer el sistema se necesita pues transformar estos anuncios que dejen de ser anuncios y que sean inversiones efectivas”, expresó.

Ponce indicó que Colombia y Perú han diversificado mucho más su matriz energética en los últimos 10 años en comparación con Ecuador, que ha tenido un “crecimiento mínimo”. Los países vecinos han tenido un crecimiento más acelerado de energías renovables, comentó Ponce.

De hecho, en diciembre de 2025 Ecuador pagó USD 15 millones por la importación de energía a Colombia. Esto justamente ante la falta de lluvias en el Austro. Las compras se volvieron recurrentes desde el 4 de diciembre y se mantienen en enero, según datos de XM, empresa que administra el sistema interconectado colombiano.

Según el Operador Nacional de Electricidad, el lunes de de enero, el 7,5 % de la energía consumida en Ecuador fue importada, mientras que este martes 6 la cifra subió al 9 %. En promedio, cada día de compra se factura por encima de los USD 500 mil.

La minería dejará más dinero en territorio amazónico. El 31 de diciembre de 2025, mediante el Decreto Ejecutivo N.° 273, entró en vigencia una reforma clave al Reglamento General de la Ley de Minería que cambia el destino de las regalías y utilidades del sector. La nueva normativa permitirá que cerca de USD 40 millones se canalicen hacia la Amazonía ecuatoriana para proyectos sociales y productivos, a través de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Un cambio en la ruta del dinero minero

La reforma establece que el 60 % de las regalías mineras y el 60 % de las utilidades se transfieran directamente a los GAD de las zonas de influencia minera en la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Los recursos deberán destinarse a inversión social, atención de necesidades básicas insatisfechas y desarrollo territorial o productivo.

Hasta ahora, la distribución de estos fondos carecía de un mecanismo específico que garantizara su retorno directo a los territorios donde se desarrolla la actividad extractiva.

Fondo Común Amazónico: el nuevo eje

Los recursos provenientes de regalías y utilidades alimentarán el Fondo Común para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, un instrumento que busca asegurar una asignación específica y sostenida de recursos para la región.

Según el Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (COMAGA), este cambio normativo permitirá transformar ingresos de la actividad minera en obras, servicios e inversión social con impacto directo en las comunidades.

Dos años de gestión técnica y política

El COMAGA atribuye este resultado a casi dos años de trabajo sostenido, con reuniones técnicas y articulación política con instituciones y secretarías de Estado. La reforma responde a un reclamo histórico de los gobiernos locales amazónicos: que la riqueza generada en sus territorios tenga un retorno tangible.