Nacionales
Verónica Abad: jueza difiere audiencia clave sobre el futuro de la Vicepresidenta, para el 9 de diciembre
La audiencia que definirá el futuro de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, fue diferida para el próximo lunes 9 de diciembre.
Este jueves 5 de diciembre, en el Complejo Judicial Norte de Quito, estaba prevista la reinstalación de la audiencia de acción de protección que Abad interpuso contra el Ministerio de Trabajo, tras ser suspendida de su cargo por 150 días. La fecha, inicialmente señalada para el 9 de diciembre, fue adelantada para este día.
Sin embargo, minutos antes de que comenzara la diligencia, la vicepresidenta presentó un escrito solicitando el cambio de fecha, ya que sus abogados tienen otros compromisos y residen fuera de Quito.
La sanción contra Abad fue impuesta el pasado 9 de noviembre, luego de que el Gobierno la acusara de «abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales». Según las autoridades, la Vicepresidenta no llegó a Turquía desde Israel en la fecha establecida.
Para suplir a Abad, el presidente Daniel Noboa nombró como «vicepresidenta encargada» a la secretaria nacional de Planificación Sariha Moya.
Con la acción de protección, Abad busca que la justicia anule la sanción impuesta, argumentando una vulneración de sus derechos. Su solicitud incluye el archivo del sumario administrativo, la restitución inmediata en su cargo, disculpas públicas del Gobierno y que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, reciba capacitación en garantías constitucionales.
La suspendida vicepresidenta, Verónica Abad, pide a la Justicia anular la sanción impuesta por el Gobierno que le impide ejercer el cargo por cinco meses y, por tanto, asumir las funciones presidenciales cuando el presidente Daniel Noboa deba pedir licencia para la campaña electoral de los comicios de 2025, donde busca su reelección.
Uno de los momentos clave, de la audiencia pública celebrada el viernes 29 de noviembre, se produjo cuando la jueza Nubia Vera le pidió al abogado del Ministerio que le especifique en qué parte de la legislación ecuatoriana se determina que la sanción que recibió la vicepresidenta debía ser de 150 días.
La defensa se tomó varios minutos para buscar el sustento normativo y al final admitió que, ante una falta grave, la Ley de Servicio Público (Losep) no determina un límite de días de suspensión temporal, por lo que la decisión se tomó «con base en las reglas de la sana crítica«.
«Considerando la imposibilidad de destitución de la vicepresidenta, se ha tomado la decisión menos gravosa», agregó el jurista.
En otro momento, la jueza preguntó al abogado si se había tomado en cuenta la Ley de Servicio Exterior que señala que los embajadores tienen 30 días para trasladarse a su nueva sede. El jurista respondió que no, porque solo eran competentes para conocer sumarios basados en la Losep.
Abad, quien denunció al mandatario por presunta violencia política de género, ha señalado que el gobierno de Noboa «miente» al justificar la sanción emitida en su contra para suspenderla del cargo. Asegura que, con esta medida, se están utilizando todas las vías posibles, «violentando el orden constitucional» con el «único fin de forzar su renuncia».
El distanciamiento entre Noboa y Abad comenzó en la campaña electoral de las elecciones de 2023 y se plasmó al asumir sus cargos, cuando el gobernante la envió a Israel como embajadora del país. Fuente: Vistazo
La Federación Médica del Ecuador cuestionó la creación de la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud AIL E.P., nueva entidad estatal creada por el presidente Daniel Noboa para intervenir en áreas estratégicas del sistema sanitario.
Según el Ejecutivo, esta empresa pública buscará fortalecer el acceso oportuno a medicamentos, modernizar la infraestructura hospitalaria y optimizar la gestión de los servicios médicos públicos. La entidad tendrá autonomía administrativa, financiera y operativa, su sede principal estará en Quito y contará con alcance nacional.
Sin embargo, la Federación Médica considera que el nuevo modelo aún deja preguntas abiertas sobre la forma en que operará dentro de la red pública.
Según el dirigente, persisten interrogantes sobre almacenamiento, transporte, sistemas de información y coordinación entre la nueva empresa pública, el Ministerio de Salud y los establecimientos médicos del país.
Federación Médica alerta sobre despidos y riesgos operativos en el sistema de salud
Pazmiño también advirtió sobre una presunta nueva ronda de desvinculaciones dentro del Ministerio de Salud, que, según indicó, habría comenzado durante el último fin de semana.
De acuerdo con el dirigente, estas salidas estarían relacionadas con un proceso de reorganización institucional que incluiría cambios estructurales dentro del ministerio, entre ellos la eliminación de un viceministerio.
El representante gremial cuestionó que las desvinculaciones, según su versión, no estarían acompañadas de suficientes análisis técnicos sobre funciones, perfiles o necesidades institucionales.
El gremio sostuvo además que la reducción de personal especializado podría afectar áreas sensibles como logística, contratación de prestadores, distribución de insumos, abastecimiento hospitalario y administración operativa del sistema.
Según fuentes oficiales, Ecuador destinó en 2024 alrededor de USD 8.422 millones al gasto nacional en salud, equivalente al 6,8% del PIB. En 2025, el MSP codificó USD 408,4 millones para medicamentos e insumos médicos y ejecutó USD 352,1 millones.
Sin embargo, el abastecimiento de medicamentos del cuadro nacional básico, CNMB, en establecimientos MSP alcanzó solo 59%, por debajo de la meta del 70%. Fuente: Vistazo
El ministro del Interior, John Reimberg, descartó que el Gobierno Nacional esté analizando la implementación de nuevos toques de queda en Ecuador.
Sus declaraciones surgieron durante entrevistas a medios de comunicación, en las que aseguró que la estrategia de seguridad continuará ejecutándose en todo el país y que las operaciones contra el crimen organizado no dependerán de medidas extraordinarias como los toques de queda.
«No hay toques de queda. Siempre surge esa inquietud, pero no existe un toque de queda ni se avecina uno«, afirmó Reimberg.
«Las operaciones continúan en territorio. Durante estos días han podido ver los resultados obtenidos en distintas provincias y esas operaciones van a continuar, sin ninguna duda», señaló.
El Gobierno apuesta por una nueva estrategia
El Ejecutivo ha decidido no renovar el estado de excepción, una herramienta que en los últimos años permitió aplicar restricciones como toques de queda en determinadas zonas del país.
Reimberg aseguró que el Gobierno ya cuenta con un plan alternativo para mantener la ofensiva contra la delincuencia sin necesidad de recurrir a esa medida. «Por ahora no ha sido renovado. Vamos a seguir trabajando. Nos hemos reunido como bloque y tenemos definida la estrategia sobre cómo vamos a continuar», indicó.
Aunque evitó revelar detalles operativos, afirmó que las instituciones de seguridad permanecen coordinadas y desplegadas en todo el territorio nacional.
Asimismo, adelantó que mantendrá reuniones con el presidente Daniel Noboa para revisar acciones relacionadas con la seguridad ciudadana. Fuente: Vistazo
Nacionales
Juez ordena captura de los primos de Aquiles Alvarez por el caso Goleada, ¿de qué los acusa la Fiscalía?
El juez del caso Goleada, Jairo García, ordenó la captura de dos primos del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, para quienes el fiscal Dennis Villavicencio había pedido la prisión preventiva luego de vincularlos a esta investigación por lavado de activos.
Un chat grupal involucra a hermanas, que manejaban las cuentas de Aquiles Alvarez, en casos Goleada y Triple A
En la audiencia de vinculación realizada, en su tercera convocatoria, el viernes 29 de mayo del 2026, el fiscal Villavicencio había solicitado la privación de libertad para Fernando y Andrés Viteri Henriques y para la contadora de las empresas del alcalde, Erika Vélez O., sin embargo, el juez resolvió la prisión de los dos familiares de Aquiles Alvarez.
Para la contadora, así como para la esposa y madre del alcalde, Fiorella Samán y Gioconda Henriques, el juez dispuso medidas cautelares alternativas a la prisión. El sábado 30 de mayo, el juez emitió una providencia ordenando la captura de los primos del alcalde.
En su providencia, el magistrado ordenó que se gire un oficio a la Policía Nacional “a efectos de que procedan con la inmediata localización y captura de los ciudadanos de los cuales se ha dictado la medida restrictiva del derecho a la libertad”.
La medida solo quedaría sin efecto en el caso de que los hermanos Fernando y Andrés Viteri “comparezcan de forma voluntaria y sean puestos a órdenes del suscrito operador de justicia (juez García)”. Hasta el momento, no consta que los primos del alcalde se hayan presentado voluntariamente ante el juzgado.
Por el contrario, Fernando Viteri no acudió de la audiencia de juicio del caso Triple A, en la que estaba convocado como procesado y que se había previsto para el sábado 30 de mayo. Ante su ausencia, el juez García lo declaró «prófugo».
«Taquicardia paroxística»
La orden de prisión preventiva contra los hermanos Viteri Henriques se produce a pesar de que dos semanas atrás, cuando la Fiscalía pidió fecha de audiencia para la vinculación, ambos presentaron documentos de arraigo que garantizarían su comparecencia al proceso judicial.
Defendidos por el mismo abogado, los hermanos Viteri Henriques entregaron ante García, juez de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, varios arraigos, entre ellos contratos de arrendamiento, certificados de matrimonio y otros de índole familiar y de salud:
- Fernando Viteri Henriques: Presentó arraigos que señalan que sufre de taquicardia paroxística y diabetes tipo 2, que su esposa se encuentra embarazada, su madre es una persona de la tercera edad que requiere su cuidado, que tiene una hermana con discapacidad.
- Andrés Viteri Henriques: Presentó arraigos que señalan que está casado y tiene un hijo menor de edad que lo necesita, que su madre es viuda y que su hermana tiene una discapacidad.
El abogado Andrés Urresta argumentó que, en el caso de Fernando Viteri, su cliente ya cumple con una medida cautelar dispuesta en el caso Triple A, en el que también está procesado, y por el que debe presentarse cada lunes y viernes ante la Fiscalía. Otra medida vigente contra Fernando Viteri es la retención e inmovilización de fondos bancarios.
¿De qué acusa la Fiscalía a los primos del alcalde? El 19 de mayo, durante la audiencia de reformulación de cargos, diligencia en la cual Fiscalía cambió el delito de delincuencia organizada por el de lavado de activos, el fiscal Villavicencio explicó la función que los hermanos Viteri habrían cumplido en el entramado societario del caso Goleada.
- Transferencias de paquetes accionarios al primo Fernando Xavier Viteri Henriques y Andrés Viteri Henriques (julio-agosto 2024): Corpalubri S.A. (USD 1.500.000 capital) y Ternape S.A. (USD 3.000.000 capital), registradas ante la Superintendencia de Compañías el 31 de julio de 2024.
- También se realizaron cambios de representación legal en: Grupo Alba S.A., Corpalubri, Indudiesel, Ternape, Inmobiliaria Hache S.A., Inmobiliaria Fiorema S.A. (julio–agosto 2024).
Ambos hermanos Viteri han sido representantes de las empresas que, según la teoría fiscal, fueron utilizadas para introducir al sistema financiero legal ecuatoriano el dinero obtenido por la comercialización ilegal de diésel en segmentos no autorizados y con subsidio estatal, provocando un perjuicio estimado por la Fiscalía en USD 90 millones.
- Fernando y su hermano Andrés Viteri presentaron documentación ante el juez García para certificar que solo hasta el 20 de marzo de 2026 constaban como beneficiarios de las siguientes empresas en las que ya han registrado sus renuncias:
- Fernando Viteri señaló que ya no tiene vínculos de representación con las empresas Indudiésel S.A., Corpalubri S.A., Copedesa S.A. y Ternape Petroleum S.A.
Andrés Viteri señaló que presentó su renuncia a las compañías Inmobiliaria Hache S.A. y Fiorema S.A.
No obstante, la Fiscalía sostiene que entre 2021 y 2023, Petroecuador vendió a Ternape el combustible subsidiado y Ternape lo vendió en el exterior al precio real, sin subsidio. Las ganancias de Ternape (USD 2,7 millones) terminaron en las cuentas de Flonape, firma de los hermanos Alvarez, «maquilladas» como deuda.
Según la información de Fiscalía, Fernando Viteri constaba como firma autorizada en las cuentas bancarias de varias empresas durante algunos meses de 2024 (junio y septiembre). Entre estas empresas figuraban Copedesa, Ternape y Corpalubri. Además, su firma consta en los contratos de Copedesa y estaciones de servicio de venta de combustible.
En julio de 2025, en la audiencia preparatoria de juicio por el caso Triple A, donde está procesado Fernando Viteri, el fiscal Villavicencio expuso que “Aquiles Alvarez y Fernando Viteri, con la participación de los demás procesados, habrían construido en el periodo 2020-2024 un elaborado sistema para comercializar sin autorización millones de galones de combustible”.
“Aquí, los procesados Aquiles Alvarez y Fernando Viteri, en su doble calidad de representantes legales y accionistas de Copedesa y Corpalubri, no actuaron como meros observadores pasivos de las irregularidades de sus estaciones de servicio y depósitos industriales, actuaron como los directores de una orquesta”. Dennis Villavicencio, fiscal
Ambos procesados -dijo el fiscal- “tenían por ley y por contrato, el dominio sobre la voluntad de esos distribuidores: la capacidad de dirigirlos, de controlarlos y, crucialmente, de detener cualquier actividad ilícita que se realizara en las provincias de Guayas, El Oro, Loja o Zamora”.
«Acogerme al silencio»
La defensa de Fernando Viteri ha señalado que la Fiscalía lo procesa “únicamente por ejercer como gerente de Copedesa, Corpalubri, Ternape e Indudiésel durante un periodo menor a tres meses. La sola dirección de empresas legalmente constituidas no puede constituir delito”.
“No existen versiones que lo involucren directamente en una conducta delictiva. No hay pericias que demuestren desvío de combustible, ni comercialización fuera de estaciones registradas. No se ha evidenciado alteración de la cadena de trazabilidad, ni actos dolosos de administración”. Abogado de Fernando Viteri
No obstante, cuando fue requerido para que diera su versión en julio de 2025, Fernando Viteri señaló: “no tengo nada que aclarar, me encuentro con el abogado patrocinador en esta causa y el me aconsejó que ya que la versión es libre y voluntaria, mi voluntad es acogerme al silencio desde este momento”. Fuente: Primicias
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