Nacionales
Verónica Abad: jueza difiere audiencia clave sobre el futuro de la Vicepresidenta, para el 9 de diciembre
La audiencia que definirá el futuro de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, fue diferida para el próximo lunes 9 de diciembre.
Este jueves 5 de diciembre, en el Complejo Judicial Norte de Quito, estaba prevista la reinstalación de la audiencia de acción de protección que Abad interpuso contra el Ministerio de Trabajo, tras ser suspendida de su cargo por 150 días. La fecha, inicialmente señalada para el 9 de diciembre, fue adelantada para este día.
Sin embargo, minutos antes de que comenzara la diligencia, la vicepresidenta presentó un escrito solicitando el cambio de fecha, ya que sus abogados tienen otros compromisos y residen fuera de Quito.
La sanción contra Abad fue impuesta el pasado 9 de noviembre, luego de que el Gobierno la acusara de «abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales». Según las autoridades, la Vicepresidenta no llegó a Turquía desde Israel en la fecha establecida.
Para suplir a Abad, el presidente Daniel Noboa nombró como «vicepresidenta encargada» a la secretaria nacional de Planificación Sariha Moya.
Con la acción de protección, Abad busca que la justicia anule la sanción impuesta, argumentando una vulneración de sus derechos. Su solicitud incluye el archivo del sumario administrativo, la restitución inmediata en su cargo, disculpas públicas del Gobierno y que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, reciba capacitación en garantías constitucionales.
La suspendida vicepresidenta, Verónica Abad, pide a la Justicia anular la sanción impuesta por el Gobierno que le impide ejercer el cargo por cinco meses y, por tanto, asumir las funciones presidenciales cuando el presidente Daniel Noboa deba pedir licencia para la campaña electoral de los comicios de 2025, donde busca su reelección.
Uno de los momentos clave, de la audiencia pública celebrada el viernes 29 de noviembre, se produjo cuando la jueza Nubia Vera le pidió al abogado del Ministerio que le especifique en qué parte de la legislación ecuatoriana se determina que la sanción que recibió la vicepresidenta debía ser de 150 días.
La defensa se tomó varios minutos para buscar el sustento normativo y al final admitió que, ante una falta grave, la Ley de Servicio Público (Losep) no determina un límite de días de suspensión temporal, por lo que la decisión se tomó «con base en las reglas de la sana crítica«.
«Considerando la imposibilidad de destitución de la vicepresidenta, se ha tomado la decisión menos gravosa», agregó el jurista.
En otro momento, la jueza preguntó al abogado si se había tomado en cuenta la Ley de Servicio Exterior que señala que los embajadores tienen 30 días para trasladarse a su nueva sede. El jurista respondió que no, porque solo eran competentes para conocer sumarios basados en la Losep.
Abad, quien denunció al mandatario por presunta violencia política de género, ha señalado que el gobierno de Noboa «miente» al justificar la sanción emitida en su contra para suspenderla del cargo. Asegura que, con esta medida, se están utilizando todas las vías posibles, «violentando el orden constitucional» con el «único fin de forzar su renuncia».
El distanciamiento entre Noboa y Abad comenzó en la campaña electoral de las elecciones de 2023 y se plasmó al asumir sus cargos, cuando el gobernante la envió a Israel como embajadora del país. Fuente: Vistazo
Nacionales
‘Ecuavisa no está en venta’: la televisora desmiente rumores sobre cambio de propietarios
Ecuavisa desmintió los rumores que circulaban en redes sociales sobre una supuesta venta del medio al Grupo Eljuri. A través de un comunicado oficial, el canal aseguró que es falsa la información que circula en redes sobre transferencias del paquete accionario del canal o cambios en su administración o línea editorial.
El pronunciamiento se difundió luego de varias publicaciones virales que afirmaban un presunto cambio de propietarios. La empresa, fundada el 1967, reiteró que mantiene su funcionamiento habitual y su estructura actual.
En el mismo comunicado, la televisora reiteró su postura institucional y línea de trabajo periodístico. “Ratificamos nuestro compromiso con la verdad, la información responsable y el servicio a los ecuatorianos”.
¿De dónde surgieron los rumores de venta?
Las versiones sobre una supuesta venta del canal comenzaron a circular a primeras horas de la mañana de este sábado, 9 de mayo, en cuentas de redes sociales de supuestos medios informativos.
Ninguna de estas afirmaciones fue respaldada con información oficial o documentos públicos. Esto llevó al canal a emitir un pronunciamiento para desmentirlo. La televisora no dio detalles sobre el origen específico de los rumores, pero insistió en que no existe ningún proceso de venta en curso. Con la publicación, el canal dijo que continuará operando bajo su compromiso informativo habitual. Fuente: Vistazo
Nacionales
Consurso para Fiscal General del Estado avanza con calificación de méritos: Jueza Daniella Camacho y fiscal Leonardo Alarcón, con puntajes más altos
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) informó que la Comisión Ciudadana de Selección aprobó el informe con los reportes finales de calificación de méritos dentro del concurso público para designar al nuevo Fiscal General del Estado (FGE). En total, 28 postulantes fueron evaluados en esta fase del proceso.
Tras la notificación oficial de resultados, los aspirantes tendrán un plazo de tres días para solicitar reconsideraciones. La calificación de méritos se divide entre postulaciones de hombres y mujeres, con una puntuación máxima de 50 puntos que ningún postulante alcanzó.
En la categoría femenina, la puntuación más alta fue para Daniella Camacho, con 48 puntos. Su nombre cobró notoriedad pública por haber sido la jueza ponente del caso Sobornos. En ese proceso judicial fueron condenados varios exfuncionarios vinculados al correísmo, entre ellos Rafael Correa y Jorge Glas.
El perfil de la jueza Camacho
Camacho es funcionaria de carrera. Ingresó al sistema judicial como agente fiscal en 2001 y fue fiscal de Pichincha. En 2012 pasó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) como conjueza y desde el 2018 es magistrada nacional.
En dos ocasiones buscó la presidencial de la CNJ. En 2024, cuando le ganó José Suing, y en enero de este año, cuando la institución atravesaba una crisis y en una estrepitosa sesión eligieron un nuevo presidente. “Por ser la jueza más antigua, estoy encargada de la presidencia del pleno”, dijo Camacho en aquella ocasión.
La jueza condenó al excontralor Carlos Pólit y su hijo en el caso Odebrecht. Los reflectores también se posaron sobre ella cuando se excusó de conformar el tribunal en los casos Independencia Judicial y Metástasis. ¿La razón? Su amistad con Wilman Terán, el expresidente de la Judicatura que terminó en la cárcel por sus vínculos con la red de Leandro Norero.
El perfil del fiscal Alarcón
Alarcón también tuvo a su cargo el caso Nene, que involucraba al hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, y actuó en el caso de presunto peculado en las pólizas de PetroEcuador con seguros La Unión, empresa representada por el hermano de la exesposa de Daniel Noboa.
Era parte de la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Fiscalía. Cuando el Fiscal subrogante Wilson Toainga anticipó su renuncia, la Procuraduría le dio la potestad al Consejo de la Judicatura de designar un nuevo subrogante: entre los que se eligió a Alarcón por su perfil técnico y estudios, argumentaron los vocales de la Judicatura.
Es abogado por la Universidad de Cuenca con dos especializaciones en Derecho Penal y un máster en Criminología Compleja. Empezó su carrera en la función judicial en 2010 como secretario de fiscales. Ya como Fiscal subrogante ha negado que haya persecución política contra Aquiles Álvarez.
Una de sus últimas actuaciones fue la presentación de una denuncia contra el movimiento Revolución Ciudadana ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), ya que en Fiscalía se investiga al correísmo por un presunto delito de lavado de activos. El TCE suspendió al movimiento y no participará en las seccionales de 2027. Fuente: Vistazo
El Gobierno ha tenido más de 50 reuniones con los gremios de transporte por el tema de las compensaciones tras la eliminación del subsidio al diésel. Esta medida se tomó en septiembre de 2025.
Se analiza un mes más de compensaciones
Byron Franco, viceministro de Servicios y Transporte -en entrevista a Ecuador tv-, señaló que las reuniones incluyeron a los transportistas inter e interprovinciales que están a cargo de las cartera de Estado; más los automotores pesados. También se sumaron los que no están bajo sus competencias, entre ellos los urbanos.
En esos espacios hablaron de las posibilidades para la compensación, con base en estudios técnicos. En ese marco se habló de extender un mes más el pago de un monto de ayuda.
Es decir, la retribución finalizó el 15 de abril, por lo que se amplió hasta el 15 de mayo (un mes más). El pago se espera para la siguiente semana.
También se habló de una compensación más que iría desde el 15 de mayo hasta el 15 de junio. Está bajo análisis.
Franco dijo que el problema de los transportistas inter e interprovinciales es que la tarifa de los pasajes no ha sido actualizada durante años. “Buscamos llevar a cabo un estudio para la capacidad de pago de los ecuatorianos”, detalló el funcionario público.
¿Cuál será el monto de compensación? Franco señaló que el monto será menor, porque esta es una temporada más baja. En diciembre de 2025 fue más alta, porque las unidades circulaban más debido a las festividades de Fin de Año y Navidad.
Más compensaciones a los transportistas
Ante la pregunta si se puede extender la medida a un año más, el funcionario mencionó que se descarta esa posibilidad. Sin embargo no se la ha puesto sobre la mesa. “Estamos prestos a recibir a los gremios para llegar a consensos”.
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