Más préstamos, más movimiento económico. El 2025 cerró con números al alza para la banca pública ecuatoriana, que incrementó la entrega de créditos y fortaleció su desempeño financiero, con impacto directo en pequeños y medianos productores, emprendedores y sectores productivos.

Diciembre marcó el pico del crédito público

Durante 2025, las entidades financieras del Estado registraron operaciones crediticias por USD 3.120 millones. El mayor impulso llegó en diciembre, cuando se colocaron USD 653,1 millones, frente a los USD 476,5 millones de diciembre de 2024.

El incremento del 37 % interanual convirtió a ese mes en el de mayor dinamismo crediticio del año, reflejando una mayor demanda de financiamiento y una política de colocación más activa.

Más crédito para producción y consumo

El aumento de los préstamos permitió inyectar liquidez a la economía, favoreciendo actividades productivas, consumo interno y generación de empleo. El crédito público se concentró, principalmente, en sectores estratégicos y en actores que históricamente enfrentan mayores barreras de acceso al sistema financiero.

BanEcuador mejora su desempeño

Los resultados a diciembre de 2025 también evidencian una gestión más eficiente y responsable en la banca pública. Destaca la recuperación financiera de BanEcuador B.P., entidad que enfoca su cartera en pequeños y medianos productores, agricultores y emprendedores.

Este mejor desempeño se reflejó en el incremento de utilidades frente a años anteriores, consolidando a BanEcuador como uno de los pilares del crédito productivo estatal.

Banca pública con números en verde

Los balances del cierre de 2025 muestran entidades más sólidas, con mejor manejo de cartera y mayor capacidad para seguir financiando proyectos productivos, en un contexto de reactivación económica y mayor demanda de crédito.

Un ambiente de incertidumbre se vive en la comunidad de ecuatorianos migrantes, en Estados Unidos, por las redadas que realiza, de forma permanente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE por sus siglas en inglés). Desde 2019 hasta el 26 de enero del presente año, 57 616 connacionales han sido deportados desde ese país -según datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo (DPEE)- que sigue de cerca cómo vienen desarrollándose los trámites (ver tabla de abajo).

Los años que registraron la mayor cantidad de deportados fueron 2023 y 2024 con 18 449 y 13 681 casos, respectivamente. El caso que generó mayor conmoción fue la detención de Adrián Alexander Conejo Arias y su hijo, Liam, de cinco años. Los internaron en el centro de detención de inmigrantes de Dilley, en Texas, mientras se resolvía el procedimiento de inmigración abierto.

Las escuchas telefónicas a los integrantes de una red de corrupción que cobraba hasta USD 250 por licencias de conducir permitieron la desarticulación de la organización que operaba en las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), el viernes 30 de enero de 2026, según el expediente judicial al que PRIMICIAS tuvo acceso.

Un operativo simultáneo y 23 allanamientos en Quito, Imbabura y Santo Domingo dejaron 10 procesados, nueve de ellos detenidos, incluido el director de la ANT, Pedro Abril Alegría, jefes de oficinas de atención al usuario, asistentes de recaudaciones y técnicos del área de Licencias.

Las oficinas de la ANT a escala nacional también fueron cerradas para la atención de usuarios, mientras se investiga el alcance que tuvo la red de corrupción que fue denunciada el 2 de julio de 2025 a la línea 1-800-Delito y cuyo reporte policial señalaba, textualmente, lo siguiente:

Ingresa una llamada de información por actos de corrupción presuntamente de funcionarios y personas civiles tramitadores de la agencia de tránsito en Cayambe. La fuente, quien no se identifica, indica que tiene números de teléfonos y los alias, que son conocidas todas las personas, quienes cobran USD 250, para ayudarles a matricular vehículos y sacar licencias, sin turnos, mientras que los ciudadanos de bien no pueden obtener un turno para realizar estos trámites.

La fuente indica que el guardia conoce a los tramitadores, que pasan a vista y paciencia del mismo, mientras que las demás personas no pueden ingresar ni a preguntar de un trámite, los alias y los números de teléfono de los involucrados son alias Charly 0988XXXXXX, alias Quique 0996XXXXXX, alias Alejo 0992XXXXXX, alias Dama 0959XXXXXX, quien seria funcionaria cabecilla de la Agencia Nacional de Tránsito de la provincia de Pichincha, alias Profesor 0963XXXXXX, alias Mica 0983XXXXXX, alias Cholo 0984XXXXXX.

Vigilancias e interceptación telefónica
Con autorizaciones judiciales, la Fiscalía inició vigilancias e interceptaciones telefónicas a varios sospechosos guiados por la denuncia del informante. Así descubrieron que la red estaba conformada por 10 personas y a la cabeza de la organización se encontraría, según la Fiscalía, el director de la ANT, Pedro Abril; además de Emma A., directora provincial de la ANT en Pichincha; y Ximena C., jefe de Oficina de Atención al Usuario.

“Los hechos que hoy se mencionan públicamente ya fueron denunciados por mi persona el 20 de enero de 2026, directamente ante la Fiscalía General del Estado”, señaló Pedro Abril en un comunicado en sus redes sociales la misma noche de su detención.

No obstante, las escuchas telefónicas realizadas por los agentes investigadores a 10 conversaciones, en el periodo 28 de noviembre y 31 de diciembre, determinaron que en tres de ellas queda en evidencia su participación en la red de corrupción, diálogos que fueron sostenidos con subalternos los días 15, 19 y 31 de diciembre de 2025.

El 15 de diciembre, por ejemplo, según los informes de las interceptaciones, el director de la ANT se mensajea con una persona que se identifica como César J., quien le señala que “se le habría pasado el desarrollo de una audiencia” y le solicita conversar, a lo que el director le responde que “le señalaría una posible fecha para conversar”.

Otra comunicación se dio el 19 de diciembre. “Se señala el tiempo para salir con esa vuelta, se hace alusión a la determinación de una consulta de placas, hace alusión en este caso a que se le iría a entregar un cariñito que él señala que se lo entregue a Rubén en su cuenta”, revelaron los informes con las extracciones telefónicas de Pedro Abril.

Un tercer chateo judicializado, y que consta en el expediente del caso Jaque, se dio el 31 de diciembre entre el director Pedro Abril y una persona que le señala que alguien “está preguntando si es que le puede ayudar”. Ante esto, el director responde: “Que se acerque y pregunte por Tatiana A., que sí lo va a ayudar”.

En las comunicaciones, los agentes descubrieron que el director era conocido con el alias de ‘Pedrito’, pues así se referían a él sus interlocutores. La casa de Pedro Abril, de 38 años y funcionario de la ANT desde 2022, fue allanada la madrugada del 30 de enero de 2026.

Durante la inspección en su residencia, en el conjunto La Rinconada, en Tumbaco (Quito), los policías encontraron billetes de USD 100, USD 20 y USD 5, que sumaron la cantidad de USD 19.780, además de un arma de fuego calibre 9 milímetros, con dos alimentadoras y 29 cartuchos 9 milímetros.

En la requisa al domicilio de Pedro Abril la Fiscalía decomisó también las siguientes evidencias:

Una carpeta con documentos anillados que en su portaba señalaba “Fiscalía General del Estado. Instrucción Fiscal 17010XXXXXX. Delito: Asociación Ilícita / Enriquecimiento Privado No Justificado / Tráfico de Influencias /Concusión. Sospechosos: Sergio Patricio G., Eddy Fernando S., Fausto Antonio M., Rubén Darío L., Xavier Augusto V., Segundo José S., y otros.

Una carpeta con 13 hojas impresas y que contenían nombres de personas bajo un título encabezado que señalaba “Cuentas por cobrar aspirantes Terminal Terrestre al 12/05/2022”.

Maleta de cuero marca Calvin Klein con un MacBook Pro de marca Apple.

Tres dispositivos móviles de marca IPhone color azul y dorado.

Un Apple Watch modelo Ultra 49 mm color Titanium.

Una tableta tipo IPad Pro, marca Apple, color plateado

20 dispositivos USB de marcas Kingston, HP, Gemalto, Safenet, Lander, Toshiba y Maxell.

“Un muerto por poner trabas”
Con el alias de ‘Xime’ se identificó en los chateos a la jefa de la Oficina de Atención al Usuario de la ANT, Ximena C. G. Varias comunicaciones dan cuenta de su participación en la organización, una de ellas el 30 de octubre de 2025, en la que coordina el depósito de USD 800 en billetes de USD 100, efectivo que guardaría en el sistema de “ahorro programado”.

Los informes de la Fiscalía, señalan que alias ‘Xime’ decía: “no vale que entre tanto dinero, usar tantas cuentas”. En una comunicación del 6 de noviembre de 2025, menciona que una persona “habría muerto, porque posiblemente habría sabido poner trabas en la emisión de licencias”.

Otra interceptación telefónica permite leer que alias ‘Xime’, de 46 años y funcionaria de la ANT desde 2014, mantenía reuniones en el patio de comidas de un centro comercial y que se quejaba porque “no puede pedir vacaciones, porque no cogería nada”.

“Jorge R. está buscando jefatura pero ha de pagar por el puesto porque ha hecho un pacto con escuela, que reciben USD 5.000, y ya se va Pedro, el que viene con la misma consigna, de seguir robando”, escribió el 23 de enero de 2026.

Otro de los procesados, Oswaldo H., de 34 años y funcionario técnico del área de Emisión de Licencias la ANT desde 2018, era identificado en la red como alias ‘Rojo’. En una comunicación del 29 de octubre del 2025 señala: “Se necesita una orden de pago, no puedo sacar, he perdido dos días de plata, son USD 2.000”, y el mismo día: “Tengo la licencia por imprimir, ya puse documentos a digitadores, nadie va a saber eso”.

Alias ‘Rojo’ mensajea el 6 de noviembre de 2025 a otro miembro del grupo y le comenta que “Sistemas no quiso hacer licencia, pueden ser Choneros”. En el allanamiento en su vivienda, los agentes hallaron 15 anillos metálicos, cinco anillos, nueve dijes, dos pulseras, ocho cadenas, una cadena platead, cinco relojes, 32 aretes, cuatro dispositivos móviles, relojes marca Fossil, USD 13.091 en billetes de USD 100, USD 50 y USD 20.

“Sí está saliendo dinero para pagar al director”
Miguel S., asistente de Recaudación Cantonal de la ANT, también se delató por sus comunicaciones. Empleado desde 2016, se lo menciona en la red con el alias de ‘Miguelito’.

“Un compañero de Quito ha llamado para retirar licencia, cuánto será? Eso es personal?. Vaya por el tema de licencia con un hd que está en Guayaquil. De haciendo, luego hablan del tema del dinero (…) Suba a firmar, el dinero para hacer la transferencia tiene que tener mucho cuidado”, escribió alias ‘Miguelito’ en un mensaje del 4 de diciembre de 2025.

Gustavo C., alias ‘Cholo’ y empleado del área de Atención al Usuario, escribió un mensaje el 9 de septiembre de 2025 en el que señalaba “ha llegado 50 o 60 trámites, puedo hacer 20, el coordinador es Rodrigo hay que decirle para traer los documentos chuecos Pedrito, dirección no le satisface lo que le están dando, 2.200 es para el jefe y ellos se quedan con la diferencia”.

A Dora Flor S. se la ubica con el alias de ‘Rosa’. En una comunicación presuntamente con la esposa de Abril le dice que “devuelva el dinero, no los tenga engañados”. “Sí está saliendo dinero para pagarle al director y que quede dinero para el grupo, un examen estaría en USD 130 más la emisión de licencia sportman”, escribió el 13 de octubre.

Manuel P., asistente de Atención al Usuario de la ANT era identificado con el alias de ‘Alejo’. En su domicilio se encontraron 22 matrículas vehiculares del cantón Durán y certificados de matriculación vehicular.

Carlos O., con el alias de ‘Charly’. “Fui a dejar los verdes, estaba preguntando para mandar las licencias, debe cobrar primero, han mandado a hacer una renovación. La encomienda de Cayambe ya le ha enviado la licencia, envía guía por Whatsapp”. En el allanamiento a su vivienda se decomisó 18 revisiones vehiculares de la alcaldía de Playas, 10 de Quito, documentos de una escuela de capacitación.

Enrique C., alias ‘Kike’, teniente político de la parroquia Cascol (Manabí). En un chat conversa para salir con alias ‘Rosa’, ingresa a las oficinas de la ANT en Cayambe. En el allanamiento se le decomisó documentos sobre permisos de escuelas de conductores.