La audiencia que definirá el futuro de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, fue diferida para el próximo lunes 9 de diciembre.

Este jueves 5 de diciembre, en el Complejo Judicial Norte de Quito, estaba prevista la reinstalación de la audiencia de acción de protección que Abad interpuso contra el Ministerio de Trabajo, tras ser suspendida de su cargo por 150 días. La fecha, inicialmente señalada para el 9 de diciembre, fue adelantada para este día.

Sin embargo, minutos antes de que comenzara la diligencia, la vicepresidenta presentó un escrito solicitando el cambio de fecha, ya que sus abogados tienen otros compromisos y residen fuera de Quito.

La sanción contra Abad fue impuesta el pasado 9 de noviembre, luego de que el Gobierno la acusara de «abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales». Según las autoridades, la Vicepresidenta no llegó a Turquía desde Israel en la fecha establecida.

Para suplir a Abad, el presidente Daniel Noboa nombró como «vicepresidenta encargada» a la secretaria nacional de Planificación Sariha Moya.

Con la acción de protección, Abad busca que la justicia anule la sanción impuesta, argumentando una vulneración de sus derechos. Su solicitud incluye el archivo del sumario administrativo, la restitución inmediata en su cargo, disculpas públicas del Gobierno y que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, reciba capacitación en garantías constitucionales.

La suspendida vicepresidenta, Verónica Abad, pide a la Justicia anular la sanción impuesta por el Gobierno que le impide ejercer el cargo por cinco meses y, por tanto, asumir las funciones presidenciales cuando el presidente Daniel Noboa deba pedir licencia para la campaña electoral de los comicios de 2025, donde busca su reelección.

Uno de los momentos clave, de la audiencia pública celebrada el viernes 29 de noviembre, se produjo cuando la jueza Nubia Vera le pidió al abogado del Ministerio que le especifique en qué parte de la legislación ecuatoriana se determina que la sanción que recibió la vicepresidenta debía ser de 150 días.

La defensa se tomó varios minutos para buscar el sustento normativo y al final admitió que, ante una falta grave, la Ley de Servicio Público (Losep) no determina un límite de días de suspensión temporal, por lo que la decisión se tomó «con base en las reglas de la sana crítica«.

«Considerando la imposibilidad de destitución de la vicepresidenta, se ha tomado la decisión menos gravosa», agregó el jurista.

En otro momento, la jueza preguntó al abogado si se había tomado en cuenta la Ley de Servicio Exterior que señala que los embajadores tienen 30 días para trasladarse a su nueva sede. El jurista respondió que no, porque solo eran competentes para conocer sumarios basados en la Losep.

Abad, quien denunció al mandatario por presunta violencia política de género, ha señalado que el gobierno de Noboa «miente» al justificar la sanción emitida en su contra para suspenderla del cargo. Asegura que, con esta medida, se están utilizando todas las vías posibles, «violentando el orden constitucional» con el «único fin de forzar su renuncia».

El distanciamiento entre Noboa y Abad comenzó en la campaña electoral de las elecciones de 2023 y se plasmó al asumir sus cargos, cuando el gobernante la envió a Israel como embajadora del país. Fuente: Vistazo