La Defensoría Pública del Ecuador, realizó el “Primer Congreso Internacional sobre los Avances del Pluralismo Jurídico en la Región y los Desafíos en el Ecuador”. Este encuentro académico, abrió un espacio de diálogo crítico, interdisciplinario y profundamente humano sobre la coexistencia de sistemas jurídicos diversos en nuestros territorios.

El Defensor Público General, Dr. Ricardo Morales al intervenir en el acto inaugural, dijo que la Defensoría Pública del Ecuador, ejecuta políticas que  garantizan el acceso equitativo a la justicia de las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades; esto incluye asesoría, asistencia legal y patrocinio sin discriminación, con atención eficiente y eficaz.

El evento contó con la participación de expertos de: Ecuador. Colombia, Paraguay y Perú, quienes hablaron de las experiencias de cada país en torno al pluralismo jurídico, entendido como el reconocimiento de múltiples sistemas normativos que coexisten dentro de un mismo Estado.

El Primer Congreso Internacional sobre los Avances del Pluralismo Jurídico en la Región y los Desafíos en el Ecuador, conto con la presencia de varias autoridades nacionales y estuvo dirigido a representantes de instituciones públicas, academia, organizaciones de nacionalidades y pueblos y al público en general, quienes participaron en forma presencial y a través de redes sociales.

Este congreso sirvió para intercambiar ideas entre saberes y conocimientos jurídicos para la construcción de puentes entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, con la orientación desde la academia y la validación desde el territorio, para el fortalecimiento de una justicia intercultural que no sea solo decorativa, sino transformadora.

En entrevista concedida a la Cadena Ecotel de Loja, el abogado Paúl Luzuriaga, representante legal de habitantes de San Carlos de las Minas, expuso una serie de denuncias en contra de la Cooperativa de Producción Minera “11 de Julio”, a la cual se atribuyen presuntas prácticas de minería ilegal y afectaciones ambientales en distintos sectores de Zamora Chinchipe.

Según Luzuriaga, la problemática fue advertida desde el año 2022, cuando moradores de San Carlos de las Minas presentaron una denuncia formal señalando daños al cauce de los ríos Zamora, Nambija y la quebrada Namanda, lo que habría provocado inundaciones y perjuicios a viviendas de la zona. No obstante, pese a la evidencia entregada, la Fiscalía Provincial de Zamora Chinchipe habría desestimado el caso, lo que genera cuestionamientos sobre la transparencia de los procesos.

El jurista argumenta que los mineros cuentan con título de concesión, pero no con la licencia ambiental, requisito establecido en el artículo 26 del Reglamento para la Minería. Además, señaló un posible conflicto de intereses al indicar que uno de los socios de la cooperativa sería Galo Rodríguez, actual fiscal en Zamora, lo cual, a su criterio, comprometería la imparcialidad de las investigaciones.

A estas denuncias de carácter ambiental se suman también acusaciones en el ámbito urbanístico y financiero. De acuerdo con lo expuesto, la cooperativa habría participado en la comercialización de terrenos en los denominados “Jardines de Punzara” (Loja), pese a no contar con facultades legales para tal fin. Esta situación derivó en la presunta estafa a más de 800 familias que habrían invertido entre 9.000 y 10.000 dólares en dichos lotes, alcanzando un perjuicio estimado de más de cuatro millones de dólares.

Frente a este hecho, los concejales lojanos John Espinoza (presidente de la Comisión de Fiscalización del Municipio de Loja), Santiago Herráez y la doctora Jolly Castillo presentaron una denuncia en la Fiscalía de Loja, en un esfuerzo por recuperar los recursos de los afectados.

El abogado Luzuriaga enfatizó que la lucha legal lleva ya más de seis años y que las comunidades afectadas mantienen la exigencia de que se respete el derecho a un ambiente sano, así como la restitución de los bienes perdidos por las prácticas irregulares atribuidas a la cooperativa minera.

Finalmente, reiteró la necesidad de que las instituciones del Estado actúen con independencia, transparencia y apego a la ley, a fin de garantizar justicia tanto para las familias perjudicadas en Loja como para los habitantes de San Carlos de las Minas que denuncian daños ambientales.

La Diócesis de Loja, en coordinación con varias entidades locales, ofreció una rueda de prensa el martes 12 de agosto, para dar a conocer los detalles del recibimiento de la sagrada imagen de la Virgen del Cisne, cuya tradicional peregrinación congrega cada año a miles de fieles provenientes de diversas regiones del país.

El lema que enmarca la edición 2025 de esta manifestación de fe, “Peregrinos de Esperanza”, fue inspirado en el mensaje dejado por el recordado Papa Francisco y retomado por la iglesia local como símbolo de unidad y devoción mariana.

El monseñor Walter Heras, Obispo de Loja, destacó que “con María, Peregrinos de Esperanza es justamente lo que decimos y caminamos con ella”. Asimismo, señaló que todo se encuentra listo para la gran celebración en la parroquia El Cisne este viernes 15 de agosto, acto que marcará el inicio de la peregrinación hacia la ciudad de Loja.

Durante el encuentro con los medios de comunicación, se expuso la planificación eclesiástica, los recorridos oficiales y el contingente de seguridad destinado a salvaguardar el orden y la integridad de los participantes.

La gobernadora de Loja, Alexandra Jara Minga, informó que, previo a la llegada de la Virgen, se han ejecutado inspecciones coordinadas entre la Intendencia General de Policía, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Comisaría Municipal del GAD de Loja, abarcando no solo la parroquia El Cisne, sino también el cantón Catamayo y la capital provincial.

Por su parte, el comandante subrogante de la Subzona de Policía Loja, coronel José Cóndor Muriel, indicó que se contará con un contingente de 357 servidores policiales, reforzado con personal de las subzonas Azuay, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, además de unidades especializadas como la de Equitación y Remonta, el servicio aeropolicial y un sistema de vallado dinámico mejorado respecto al año anterior.

El Municipio de Loja también presentó sus acciones para garantizar el desarrollo seguro y ordenado de la romería. La alcaldesa Diana Guayanay precisó que se desplegarán 120 personas en labores de limpieza, seis recolectores de carga posterior, camiones y camionetas para el retiro de desechos en El Cisne y a lo largo del trayecto. En materia de tránsito, se implementará un plan de contingencia con 140 agentes, cierre de vías en puntos estratégicos y control durante todo el recorrido. Asimismo, se reforzará la seguridad ciudadana con vigilancia en el espacio público, especialmente en las salidas, el trayecto y la terminal terrestre.

Las autoridades subrayaron la importancia del trabajo interinstitucional para garantizar una peregrinación segura, ordenada y con el sentido espiritual que caracteriza a esta tradición. Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía a participar con responsabilidad y devoción, preservando la fe y el orden durante este importante evento religioso.