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Docente de la UTPL expone análisis académico sobre la corrupción y propone un enfoque integral desde la sociedad civil

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El docente e investigador de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Dr. Jorge Benítez Hurtado, desarrolló un análisis sobre la corrupción en el país, destacando la necesidad de comprender este fenómeno como un sistema complejo que supera la mera expedición de normas y sanciones tradicionales. Sus declaraciones se dieron en un espacio de diálogo en Diario El Amazónico, donde expuso una visión interdisciplinaria sustentada en las ciencias de la complejidad, la psicología social y la teoría jurídica contemporánea.

La corrupción como sistema complejo
El académico explicó que la corrupción no puede combatirse únicamente con más leyes, tratados o endurecimiento de penas. Señaló que Ecuador es uno de los países con mayor número de instrumentos internacionales suscritos contra la corrupción, pero continúa ubicado alrededor del puesto 121 entre los países más corruptos del mundo.

Benítez enfatizó que las normas representan apenas el «primer escalón de un andamio mucho más grande», donde intervienen actores institucionales, prácticas sociales y patrones culturales arraigados. En este sentido, la corrupción, como sistema adaptativo, muta, se reorganiza y genera dinámicas difíciles de contener desde un derecho concebido solo como un mecanismo punitivo.

Psicopatía, sociopatía y conducta social: factores determinantes
El docente explicó que un análisis profundo revela que la corrupción se relaciona directamente con rasgos psicopáticos y sociopáticos presentes en individuos que integran instituciones públicas y privadas. Según su investigación, estas conductas se gestan en el seno familiar, donde desde edades tempranas se reproducen prácticas como la mentira, el engaño o la manipulación.

Benítez detalló que, de acuerdo con estudios y clasificaciones como el DSM-5, un porcentaje significativo de la población presenta rasgos asociados a la trampa, el beneficio personal y el uso del poder para intereses individuales. Estas características, afirmó, se manifiestan con claridad en espacios como el sistema penitenciario y en múltiples instituciones públicas.

Crítica a la respuesta institucional tradicional
El experto cuestionó la eficacia de crear nuevos comités, comisiones o entidades anticorrupción cuando dichas estructuras operan dentro del mismo sistema que posibilita los actos ilícitos. Ejemplificó esto señalando que incluso la Contraloría General del Estado, ente encargado del control, ha mostrado permisividad frente a irregularidades cometidas por funcionarios públicos.

Igualmente, puntualizó casos paradigmáticos que evidencian la gravedad del problema: un expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura en prisión, un exvicepresidente procesado, y altos funcionarios prófugos.

Propuesta: una transformación cultural desde la sociedad civil
Frente a este panorama, el Dr. Benítez propuso que la lucha contra la corrupción debe surgir desde la ciudadanía organizada. La solución, sostuvo, no puede depender exclusivamente de instituciones estatales, pues estas también son permeables a prácticas corruptas.

Entre sus recomendaciones destacan:
• La creación de mingas de honestidad y observatorios ciudadanos anticorrupción.
• La articulación de colectivos ciudadanos que impulsen la transparencia y la vigilancia social.
• Un proceso de transformación personal y familiar, revisando rasgos como la mentira, la manipulación y el abuso de poder.
• La promoción de una psiquiatría y terapia social, que aborde los trastornos conductuales de forma comunitaria y no solamente individual.
• El fomento de la ética pública, la educación en valores y la coherencia entre el discurso y las acciones cotidianas.

Asimismo, invitó a la población a reconocer sus propios rasgos negativos como un primer paso hacia el cambio. “Una vez que yo cambio, puedo influir en mi grupo, en mi familia y en mi comunidad”, afirmó.

La academia como eje transformador
El docente subrayó el compromiso de la UTPL en la formación de profesionales íntegros y críticos. Comentó que su labor académica se basa en la rigurosidad y la responsabilidad: “Yo estudio diez horas diarias para no engañar a mis estudiantes. Conmigo saldrán dolidos, pero no engañados”.

Finalmente, destacó la importancia de la dialéctica de la sabiduría —saber, querer, poder, hacer, esperar y, para quienes son creyentes, orar— como guía ética para la vida personal y profesional.

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Asamblea aprueba por unanimidad ley para fortalecer la salud mental de niñas, niños y adolescentes

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La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, este miércoles 22 de abril de 2026, el Proyecto de Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes, una normativa que busca garantizar el derecho a la salud mental con un enfoque integral, preventivo, educativo y comunitario. La iniciativa fue respaldada por el Pleno como una respuesta frente al aumento de problemas de salud mental que afectan a esta población en el país.

Durante el debate, el ponente del informe, el asambleísta Alejandro Vanegas, señaló que la ley plantea una respuesta técnica y humana ante una situación urgente, marcada por el incremento de casos de depresión, ansiedad, violencia y abandono escolar entre niñas, niños y adolescentes. Según explicó, la propuesta fortalece la corresponsabilidad entre el sistema educativo, el sistema de salud y los gobiernos locales para atender esta problemática de manera articulada.

La normativa introduce reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Salud Mental, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), con el objetivo de coordinar acciones entre distintas instituciones del Estado. Entre sus disposiciones principales está la incorporación obligatoria de la materia “Psicoeducación” en la malla curricular de las unidades educativas públicas, privadas y fiscomisionales.

 

De acuerdo con el texto aprobado, esta asignatura estará orientada al fortalecimiento de habilidades psicosociales, la resiliencia emocional, la convivencia pacífica y la detección temprana de señales de alerta en la salud mental de niñas, niños y adolescentes. La ley también ordena la implementación de programas de promoción y prevención con enfoque intercultural, territorial y de género, adaptados a las realidades de pueblos y nacionalidades.

Además, la norma impulsa la creación de espacios comunitarios de apoyo psicosocial en el primer nivel de atención del sistema de salud y permite la participación de estudiantes de los últimos semestres de Psicología en actividades de promoción y prevención, siempre bajo supervisión profesional. También establece que las aseguradoras y empresas de medicina prepagada deberán incluir coberturas de salud mental y dispone campañas permanentes para denunciar centros ilegales o prácticas no autorizadas.

Con esta aprobación, la Asamblea da paso a una legislación que busca dejar atrás una visión reactiva de la salud mental y avanzar hacia un modelo de prevención, acompañamiento y atención temprana desde las aulas, las comunidades y los servicios de salud.

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Corte Constitucional aprueba que Noboa elimine al CPCCS vía reférendum

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Tras le último fallo de la Corte Constitucional (CC), el presidente Daniel Noboa ya puede emitir el decreto ejecutivo que convoca a un referéndum para consultar a la ciudadanía si está o no de acuerdo con eliminar la facultad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de designar autoridades y que ésta pase a la Asamblea Nacional.

La CC además, declaró que el mandatario puede continuar con el procedimiento de referéndum conforme a la Constitución y la normativa aplicable. De este modo la pregunta que se le consultará a los ecuatorianos es la siguiente:

¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?

La CC se pronunció a través de un auto de verificación el pasado 16 de abril, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) conoció y remitió el proyecto de enmienda que envió Noboa al organismo electoral pese a que debía enviarlo a la Corte Constitucional.

Asimismo, la Corte Constitucional recordó al presidente Daniel Noboa y al CNE que sus decisiones deben ser cumplidas en los términos fijados en sus resoluciones, por lo que deberán observar estrictamente las formas y condiciones establecidas en el dictamen.

Según fuentes de Carondelet, se espera que la pregunta de enmienda constitucional pueda ser incluida en una papeleta adicional en las elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2026. (I)

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Ministro del Interior, John Reimberg, anuncia que la nueva cárcel estará lista en 15 o 18 meses

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El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que la construcción de una nueva cárcel, con capacidad para 15.120 personas, tardará entre 15 y 18 meses.

La cárcel tendrá más de 100 mil metros cuadrados. Allí habrá pabellones para grupos criminales y zonas para el sistema médico. «Será una cárcel que contará con todo para que no exista la necesidad de que tengan que salir a diversas citas médicas en otros lugares», dijo Reimberg este miércoles 22 de abril de 2026 en Teleamazonas.

Para él, lo más importante es tener el nivel de seguridad necesaria para «incomunicar a estos criminales de sus grupos o estructuras criminales».

«El proyecto carcelario es muy importante. La cárcel del Encuentro ha dado resultados muy positivos. Yo necesito esa cárcel (la nueva) que es para 15 mil personas, que aún así no será suficiente, pero necesito dar ese paso importante»,

Según él, hay que seguir trabajando en el sistema carcelario para romper esa estructura de que alguna cárcel pertenezca a cierto grupo delincuencial.

«La idea es que estén mezclados para debilitar ese poder que anteriores gobiernos les dieron a grupos delincuenciales, al otorgarles cárceles que sean controladas y manejadas», agregó.

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