Nacionales
Selección de jueces nacionales lleva cinco años de fracasos y denuncias amenazan al concurso actual
La alerta surgió en abril de 2024. A la cuenta de correo electrónico de la Dirección de Transparencia del Consejo de la Judicatura (CJ) llegó un mensaje anónimo con una denuncia que apuntaba a un grupo de funcionarios del organismo.
Según ese mensaje, estas personas solicitaban dinero a cambio de favorecer a postulantes del concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que está en pleno desarrollo y debería culminar en octubre de 2024.
La información fue puesta en manos de Álvaro Román, quien ese momento era el presidente del CJ. Román, por su parte, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), que empezó una investigación previa por presunta concusión.
Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la concusión se configura cuando un servidor público solicita o recibe dinero para realizar actos relacionados con sus funciones. Las penas van de siete a 12 años de cárcel.
Tres exfuncionarios y dos funcionarios, en la mira
El 25 de julio de 2024, la FGE allanó inmuebles en Pichincha, Santo Domingo y Azuay. Los agentes buscan indicios para armar el caso por concusión, pero los resultados aún son reservados.
Lo que se conoce es que los investigados son cinco. Tres de estos ya fueron desvinculados de la Judicatura y otros dos siguen en sus cargos.
Solanda Goyes, vocal del CJ, explicó que el cuarto sospechoso no ha sido separado, ya que tiene una condición de vulnerabilidad que lo impide. Mientras que el quinto se mantuvo en su posición por decisión de Román.
En su cuenta de X, Román -que recientemente fue reemplazado en el cargo por Mario Godoy- felicitó la investigación de la Fiscalía. Recalcó que su gestión fue transparente, pero confirmó que no todos los involucrados fueron destituidos.
Aunque la identidad de los cinco involucrados todavía no se ha revelado, PRIMICIAS conoció de manera extraoficial que uno de ellos fue Jefe de la Escuela de la Función Judicial, hasta junio de 2024.
Su firma aparece en varios documentos oficiales de la Judicatura relacionados con el concurso. Por ejemplo, fue quien revisó los procedimientos para seleccionar a los expertos y para el desarrollo de la fase de impugnación del concurso.
Corte Nacional: 35 postulantes quedaron fuera del concurso, entre ellos tres jueces actuales
¿Concurso en riesgo?
Esta denuncia de presunta corrupción pone en dudas sobre el concurso para seleccionar jueces de la CNJ. Sin embargo, desde la Judicatura no creen que sea una razón para suspender o anular el proceso.
Actualmente, existen 70 aspirantes en carrera para la Corte Nacional de Justicia. Y restan la prueba escrita (que se rendirá el sábado 27 de julio de 2024), la prueba práctica y la fase de impugnación ciudadana y control social.
Goyes explica que sería difícil que el concurso tenga irregularidades, porque existieron varias fases, controles y filtros. Por ejemplo, menciona que existen 88 expertos -provenientes de la academia y del derecho en libre ejercicio- que han participado en varias etapas.
Por esta razón, la Vocal considera que el concurso debe continuar. Pero recomienda que se fortalezca aún más la vigilancia social del proceso y la transparencia, publicando de manera íntegra los expedientes de todos los postulantes en cada etapa.
Sin embargo, está postura de la Judicatura no garantiza la continuidad del concurso. Tres aspirantes a jueces nacionales interpusieron una acción de protección, con la que piden que se deje sin efecto las pruebas de confianza y ellos vuelvan al proceso. Además, pidieron que mientras se resuelve esa acción, como medida cautelar, se suspenda el concurso.
Tres personajes mencionados en casos Norero, Terán y Glas quieren ser jueces nacionales
Además, la denuncia por corrupción no es la única amenaza para la continuidad del concurso. Al interior del CJ también se ve con preocupación el número de postulantes que han avanzado hasta la etapa de oposición, ya que esto podría restar el nivel competencia.
Inicialmente, hubo 266 abogados inscritos, pero solo el 26% pudo rebasar las etapas de méritos y las pruebas de confianza. Hay un promedio de 35% de postulantes que se elimina en cada fase, por lo que existe el temor de que a la designación no lleguen los suficientes.
Según las bases del concurso, existen 10 vacantes para jueces nacionales y 15 para conjueces.
Cinco años de inestabilidad en la Corte Nacional
El concurso para la Corte Nacional de Justicia busca poner fin a un lustro de inestabilidad en el máximo organismo de justicia ordinaria. Desde 2019, esta institución ha tenido problemas para conformarse.
15/10/2019
26 jueces destituidos
La inestabilidad empezó en octubre de 2019. El Consejo de la Judicatura de la época evaluó a los magistrados de la CNJ y destituyó a 16 jueces y 10 conjueces. En su lugar nombró a conjueces temporales.
03/02/2021
Designación insuficiente
En 2021, la Judicatura realizó el concurso para nombrar a los 16 jueces y 10 conjueces faltantes. Sin embargo -al igual que ahora- los postulantes se fueron quedando en las fases. Finalmente, solo se pudo nombrar a nueve jueces y dos conjueces.
18/01/2024
Concurso fallido
El proyecto para el nuevo concurso empezó en septiembre de 2021. Mientras avanzaba hubo tres presidentes de la Judicatura: María del Carmen Maldonado, Fausto Murillo y Wilman Terán. Pero, en enero de 2024 se declaró nulo debido a las sospechas de corrupción.
21/03/2024
Nuevo intento
Ya con Álvaro Román al frente del Consejo de la Judicatura, en marzo de 2024 empezó el nuevo concurso para jueces de la CNJ, que debe concluir en octubre. El proceso está en marcha, pero una vez más hay una denuncia de corrupción, un cambio en la Presidencia del CJ y una acción constitucional para suspenderlo. Fuente: Primicias
Nacionales
Exportadores alertan impacto del toque de queda y piden excepciones para no frenar producción
Gremios exportadores y productores de banano y camarón pidieron al Gobierno de Daniel Noboa que el nuevo toque de queda nocturno, que regirá entre el 3 y el 18 de mayo en nueve provincias para endurecer la lucha contra el crimen, contemple excepciones que permitan sostener la actividad productiva.
«Es indispensable que este nuevo toque de queda incorpore excepciones claras y operativas. No hay garantías de que estas medidas no se vuelvan recurrentes, y así no se puede planificar ni sostener la actividad productiva. Las exportaciones no pueden parar«, dijo en su cuenta de la red social X José Antonio Camposano, presidente ejecutivo Cámara Nacional de Acuacultura y de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (Cordex).
Con él coincidió José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), que dijo que, aunque apoyan las acciones para enfrentar la inseguridad, estas no deben «afectar a los sectores productivos que generan empleo, exportaciones y desarrollo«.
El clúster bananero, que agrupa a productores y exportadores de este producto estrella de Ecuador, agregó en un comunicado esperan que las autoridades «trabajen conjuntamente con los sectores productivos en el diseño de estas medidas para asegurar su eficiencia y la continuidad de las operaciones de las cuales dependen alrededor de 250.000 empleos y generan divisas necesarias para el sostenimiento de la economía nacional».
Toque de queda en zonas clave del narcotráfico
El toque de queda se aplicará desde las 23:00 hasta las 05:00 del día siguiente en territorios con altos índices de violencia y que son clave en la ruta de narcotráfico, como Guayas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Pichincha; además de Esmeraldas y Sucumbíos.
También en los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).
En marzo, el Gobierno solo permitió la circulación de policías, militares y trabajadores sanitarios, pero la Corte Constitucional le ordenó después que también debía garantizar que la prensa y organizaciones internacionales puedan realizar su trabajo durante esas horas.
Ecuador cerró 2025 como el año más violento, al contabilizar un récord de 9.269 homicidios.
En ese contexto, el presidente de la República afirmó el pasado viernes 17 de abril que los homicidios se redujeron en un 14 % durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo período de 2025.
Noboa destacó que “marzo registró un 24 % menos”. Según, el Gobierno estos indicadores responden a la aplicación de medidas como la tasa de seguridad a Colombia, el estado de excepción, el toque de queda y las acciones coordinadas de las fuerzas del orden. Fuente: Vistazo
Nacionales
¿Qué efectos puede tener el nuevo toque de queda? Analistas revisan la medida frente al combate al crimen organizado
Parte de Ecuador entrará a un nuevo toque de queda por quince días. El Gobierno de Daniel Noboa anunció que la medida regirá en nueve provincias y cuatro cantones, del 3 al 18 de mayo.
El toque de queda irá desde las 23:00 hasta las 05:00 en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.
Además se aplicará en los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar), Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).
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Esto porque en la quincena de marzo estuvo en vigencia esa medida que duró hasta el lunes 30.
“La medida regirá desde el domingo 3 de mayo a las 23:00 y culminará el lunes 18 de mayo, a las 05:00, con el fin de proteger a la ciudadanía y reforzar la presencia del Estado en los territorios priorizados”, indicó la cartera de Estado.
Control del crimen organizado
Para Stalin Sacoto, analista en temas de seguridad, el objetivo es debilitar las actividades de los grupos de delincuencia organizada (GDO), y una de las formas es tener más control sobre la gente que circula en las calles de manera libre, especialmente sobre aquellas personas que circulan en horas de la noche.
El toque de queda busca, de cierta manera, tener la capacidad de controlar, al menos en esas horas, el libre tráfico, indicó.
A su criterio, no se está prohibiendo, sino controlando, porque de lo que se trata es que, a través de estos toques de queda y el estado de excepción, las fuerzas de seguridad puedan intervenir en el mantenimiento y restablecimiento del orden público.
Para Sacoto, lo que ha hecho bien el actual Gobierno es declarar una política de cero tolerancia a las actividades de los GDO, lo que es bueno porque están limitados, en cierto sentido, en poder seguir en sus actividades sin ningún control.
Sugirió que se refuercen las coordinaciones entre las fuerzas de seguridad, la Fiscalía y el poder jurisdiccional, porque mencionó que existe un desentendimiento.
“El fiscal dice que no acusa porque la Policía no le dio todos los recursos para poder acusar. Y el juez dice que no emite las órdenes de prisión preventiva porque finalmente la Fiscalía no se las pidió o no existieron los argumentos necesarios”, dijo.
Ventajas y riesgos
El coronel (sp) Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia militar, señaló que anunciar esa medida con antelación, desde el punto de vista estatal, podría tener ventajas, como que los ciudadanos, empresas, transporte planifiquen sus acciones, movilidad, logística y abastecimiento.
Además, mejora la legitimidad institucional al evitar improvisaciones, facilita coordinaciones entre Fuerzas Armadas, Policía, ECU911, municipios.
Sin embargo, agregó, dado que hay un conflicto interno, las organizaciones criminales tienen más tiempo para mover armas, drogas y dinero y cambiar de rutas.
Mencionó que en acciones anteriores se contuvo la violencia visible, pero no hubo un desmontaje de las estructuras criminales.
Para Pazmiño, la estrategia del nuevo toque de queda sería recuperar los espacios territoriales en donde el crimen organizado tiene microestados delictivos.
A esos sitios, agregó, deberían ir las fuerzas de seguridad en forma permanente, ya no con toques de queda, sino durante los 365 días para que permanezcan con patrullajes sostenidos.
Reducción de muertes violentas
El Gobierno había anunciado que las muertes violentas se redujeron un 14 % a nivel nacional del primer trimestre de 2025 al primero de 2026.
Además, solo en marzo se registró una disminución del 24 %. (I) Fuente: El Universo
Nacionales
Ecuador firma acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. para golpear al crimen transnacional
Estados Unidos y Ecuador suscribieron este lunes 20 de abril un Memorando de Entendimiento entre la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y el Ministerio del Interior ecuatoriano para fortalecer la cooperación en la lucha contra delitos transnacionales.
El acuerdo contempla intercambio de información, asistencia técnica, capacitación y entrenamiento a la Policía Nacional del Ecuador, así como el uso de herramientas conjuntas para enfrentar amenazas como el narcotráfico y el crimen organizado.
Durante el evento participaron el encargado de negocios de la Embajada de EE.UU., Lawrence Petroni; la canciller Gabriela Sommerfeld; el ministro del Interior, John Reimberg; y el comandante general de la Policía, Pablo Dávila.
El memorando se enmarca en una cooperación bilateral que se ha intensificado en los últimos meses, especialmente en materia de seguridad. El presidente Daniel Noboa autorizó el pasado 31 de marzo el apoyo del Pentágono, sede del Departamento de Guerra de Estados Unidos, para combatir a los carteles del crimen organizado.
Además, tras la firma de un acuerdo, el Buró Federal de Investigaciones de la nación nortamericana (FBI, por sus siglas en inglés), instaló su primera oficina en Quito en coordinación con la Policía Nacional, el pasado 3 de marzo.
Medidas contra organizaciones criminales
En ese marco de cooperación, el Gobierno destacó el pasado viernes las acciones abordadas en los últimos meses como parte de su estrategia en contra organizaciones criminales ecuatorianas como Los Lobos y Los Choneros, a las que designó como organizaciones terroristas extranjeras en septiembre de 2025.
Según la Embajada de EE.UU., esta clasificación permite aplicar herramientas como la congelación de activos, el bloqueo de operaciones financieras, el enjuiciamiento penal de colaboradores y sanciones migratorias, incluyendo la revocatoria de visas.
A pesar de la declaratoria de «conflicto armado interno» en Ecuador, en enero del 2024, para intensificar la lucha contra grupos de delincuencia organizada, dedicados principalmebte al narcotráfico y minería ilegal, Ecuador cerró 2025 como el año más violento, al contabilizar un récord de 9.252 homicidios, según cifras oficiales.
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