Nuevos documentos y un audio de la exministra Inés Manzano revelados en el fraude de los generadores chatarra vendidos por Progen, así como las actuaciones sesgadas de fiscalización en la Asamblea, controlada por el oficialismo, evidenciarían coordinaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo para que no prosperen investigaciones de casos de corrupción.

Los últimos días se han difundido nuevos documentos, videos que alertaban sobre equipos chatarra, y un audio que comprometería a la exministra Inés Manzano, quien enfrenta un nuevo proceso de juicio político en la Asamblea, socavada por denuncias de una fiscalización selectiva y sesgada del partido de gobierno, que ha tratado a toda costa de ocultar sus trapos sucios, según legisladores de la oposición y analistas.

El caso Progen sería precisamente el ejemplo del sesgo en el control político por parte de la Asamblea, con mayoría oficialista. En diciembre de 2025, la Comisión de Transparencia, liderada por la legisladora de ADN, Diana Jácome, presentó un informe que no estableció responsabilidades políticas de la exministra Inés Manzano, tras seis meses de investigación. La conclusión fue que le correspondía a Fiscalía y Contraloría determinar responsabilidades. La oposición calificó ese resultado como un “lavado de manos” respecto al incumplimiento de funciones por irregularidades en contratos eléctricos de la hoy exfuncionaria.

En la grabación, difundida en el noticiero Contacto Directo, la exfuncionaria le instruye a Calero, uno de los principales implicados en el caso Apagón (Progen) , que debía ser “escueto” en sus declaraciones y que “no vaya a ahondar más en el problema”. El audio habría sido enviado días antes de su comparecencia a la Comisión de Transparencia.

También se difundió un chat entre Manzano y el CEO de Progen, John Manning, en el cual ella negocia los tiempos de entrega de los generadores y la firma de modificaciones en el contrato.

Contactamos a la exministra Manzano a su celular, pero ante nuestro pedido de un pronunciamiento no dio ninguna respuesta.

Quien sí se pronunció sobre el supuesto acuerdo para que la fiscalización no prosperará fue la legisladora Jácome. En rueda de prensa ella rechazó cualquier acuerdo de encubrimiento con Manzano.

Aseguró que no existía ningún audio suyo, o mensaje de texto en el que se establezca una coordinación o se revele su participación en tratar de cubrir o hacer algo incorrecto. “El audio alude a una responsabilidad que a mí no me corresponde”, afirmó.

Llamó «delincuentes» a los opositores y los emplazó a recordar lo que hicieron durante diez años: “Tuvieron un contralor que hoy la justicia de Estados Unidos lo tiene tras las rejas, mientras ustedes lo alababan porque él cubría todos sus actos de corrupción, salvaron a Wilman Terán, fiscales, ministros, asambleístas prófugos”, dijo.

Este medio pidió una entrevista con Jácome, pero no respondió nuestra solicitud.

Lo cierto es que la fiscalización ha sido una de las principales falencias de la Asamblea en lo que va de su período 2025-2029. En fiscalización, el primer año de gestión se presentaron 7 pedidos de juicio político, pero 5 de ellos fueron archivados antes de su debate en el Pleno. Además, se registraron 5866 pedidos de información, aunque cerca del 20% sigue sin respuesta por parte de las entidades requeridas.

Es claro que no ha existido un actuación firme del Legislativo en el caso denominado “Progen” o por el desabastecimiento en los hospitales, según un informe sobre la gestión legislativa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo FCD.

Para Mauricio Alarcón, director de FCD, más allá de mayorías, la Asamblea Nacional no debe perder de vista que representa al país, no a una organización política. El tener una mayoría no puede ni debe ser la razón para dejar en impunidad política cosas y casos que saltan a la vista y están permanentemente en la opinión pública. «Lo que estamos viendo ahora es más de lo mismo, más de aquello que ya vivimos en una época específica – período 2013 – 2017».

«Hablábamos entonces de una Comisión de Archivo y de impunidad. No es necesario hablar en los mismos términos ahora? La fiscalización jamás debe ser simplemente un arma para proteger a los tuyos y perseguir a los otros, llegando incluso al absurdo de querer fiscalizar a gobiernos locales opositores, sin tener siquiera competencia para ello».

En mayo pasado, Roberto Luque, explicó en un comunicado que no tuvo ninguna participación en la parte precontractual o contractual de la empresa Progen, mientras estuvo encargado del Ministerio de Energía, entre el 16 de abril y el 2 de julio de 2024, para enfrentar la primera etapa de la crisis por los apagones. Ayer, 3 de junio, en una entrevista en el programa ‘A Primera Hora’, de radio Sonorama, reiteró que Progen es una empresa corrupta, cuyos directivos están enjuiciados en Ecuador y Estados Unidos por pedido del gobierno.

Destacó que su papel se limitó a elaborar un Plan de Acción urgente en medio de los apagones por la crisis del sistema energético a causa de la severa sequía que sufrió el país en 2024. Dijo que lo primero que hizo al llegar a ese puesto fue firmar un acuerdo ministerial para declarar la emergencia eléctrica para agilitar las contrataciones que estarían a cargo de Celec, que es una entidad autónoma.

Recalcó que el Ministerio es como un “director técnico” que emite el plan de acción o la estrategia, pero las empresas públicas y sus autoridades ejecutan las acciones, que en este caso fueron las contrataciones de las empresas.

En mayo, Luque viajó a Estados Unidos y Costa Rica, «para levantar información sobre posibles proveedores». Después de ese recorrido el gobierno recibió unas 30 propuestas de empresas interesadas en la provisión de equipos, que luego fueron conocidas y estudiadas por las autoridades y técnicos de Celec. Ellos eran los responsables -según Luque- de evaluar las propuestas, supervisar los equipos que se ofertaban, elaborar los términos de referencia, y dar paso a las etapas precontractuales, con las verificaciones correspondientes de su funcionamiento, antes de formalizar las contrataciones y los pagos de anticipos, que llegaron al 70%. En este contexto, la visita que hizo como Ministro a las instalaciones de Progen en Florida no implicó ningún compromiso ni acuerdo, recalcó al tiempo de admitir que fue un desplazamiento atípico que se explica en el contexto de una situación crítica.

Recordó que el gobierno puso denuncias en Ecuador y Estados Unidos bajo la Ley RICO. De hecho, reveló que los abogados contratados ya han conseguido que la ruta del dinero recibido por Progen sea pública.

En EE.UU. hay cinco compañías más implicadas en el caso, entre las cuales hubo una a la que Progen compró los motores viejos, otra donde mandaron a pintarlos y una tercera que se encargó del ensamblaje.

El 23 de abril Celec presentó la demanda ampliada ante un tribunal estadounidense contra 11 empresas y tres personas: John y Wade Manning, y Andrew Williamson, dueños de Progen. Según la denuncia, acusan a empresa de “invitar y recibir a funcionarios del gobierno ecuatoriano en la supuesta ‘fábrica’ de Progen, en Tampa, en mayo de 2024 (viaje al que fue Luque), donde Progen declaró falsamente que había fabricado nuevos generadores eléctricos”, entre otras acusaciones, como la entrega de informes dolosos.

La historia de este fiasco empezó en abril de 2024, cuando Noboa declaró la emergencia eléctrica por un verano que afectaría las hidroeléctricas en los siguientes meses y la falta de mantenimiento de las termoeléctricas. En ese escenario aterrizó la empresa norteamericana Progen, que firmó dos contratos para las termoeléctricas de Salitral, por 99,4 millones de dólares, y Quevedo, por cerca de 49,7 millones. Tras pericias en Estados Unidos, por parte de una demanda de Ecuador ante la justicia norteamericana, hoy se sabe que 21 de 29 generadores que debían ser entregados en Salitral, Progen los compró a otra empresa a 425 mil dólares cada uno, los pintó y los vendió a Ecuador a un valor casi 10 veces mayor.

Otro contrato por 20 millones se lo llevó Progen para la central de Catamayo, Loja. Y otros 90 millones se lo adjudicó la compañía uruguaya Austral para la termoeléctrica Esmeraldas. Todos fueron un fracaso. A pesar de que la prensa empezó a cuestionar los contratos a finales de 2024 cuando ya se había incumplido ciertos plazos para la puesta en marcha de los equipos en Ecuador, el gobierno los defendía y garantizaba que pondrían a funcionar los generadores.

En julio de 2025, la Fiscalía hizo varios allanamientos y lo bautizó como “Caso Apagón”, pero solo investiga los contratos de Salitral y Quevedo. Fueron 104 millones de dólares entregados a Progen sin que se generara un solo megavatio. Ese dinero fue el anticipo del 70 por ciento de los contratos.

Fiscalía puso en la mira al exministro de Energía, Antonio Goncalves, y a Fabián Calero, ex gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), dos exfuncionarios a los que el oficialismo abandonó a su suerte porque estuvieron al frente de la crisis durante las etapas precontractuales y contractuales.

No obstante, la justicia no vinculó, por falta de evidencias, a los ministros Roberto Luque, quien estuvo encargado cuatro meses del Ministerio cuando se declaró la emergencia del sector eléctrico por los prolongados apagones del 2024, ni a la exministra Inés Manzano, que estuvo en Energía cuando debían entregarse los generadores. La defensa de ambos es que en sus administraciones no se firmaron los contratos con las empresas para proveer los equipos generadores de energía.

Uno de los involucrados en el Caso Apagón es Byron Orozco, gerente de Termopichincha, quien firmó el contrato con Progen. Su defensa dice que hay mandos superiores que tienen responsabilidad y no están vinculados. Según su argumento, el 27 de junio de 2024 Orozco pidió a la Secretaría de Integridad Pública que se organice una veeduría para la licitación de los contratos de Salitral y Quevedo, teniendo en cuenta que ya había alertas del contrato de Progen en Catamayo. La Secretaría, a cargo de José Julio Neira, respondió que no tenía las competencias.

Pero una de las alertas que más llaman la atención es la advertencia de Abraham Zambrano, gerente de la Empresa Resource Power Group. Un asambleísta le requirió información el 22 de junio de 2024 y Zambrano, desde México, respondió que su empresa era la única representante de generadores EMD para Ecuador, y no Progen. Incluso señaló que los últimos motores EMD fueron construidos en 2015, cuando Progen ofertaba modelos 2023. Para ese entonces, Progen ya había firmado el contrato para la termoeléctrica Catamayo, y a nadie le importó o nadie quiso ver las alertas.

Tanto en el contrato de Catamayo, como Salitral y Quevedo, la Contraloría halló numerosas inconsistencias, entre ellas, que los generadores no eran nuevos, que no tenían las condiciones técnicas para acoplarse a la red eléctrica de Ecuador, a más de otras irregularidades en los procesos de contratación. Pero, ¿nadie constató el estado de los generadores?

La Fiscalía acusa a los técnicos de Celec por la estafa de Progen, pero a finales de mayo de 2026 se filtró un video en el que un grupo de técnicos de la entidad estatal alertó sobre irregularidades en los equipos que se planeaba adquirir.

“No es lo que nosotros alguna vez recomendamos”, mencionaron tres hombres identificados como Nelson Castro, Celso Sánchez y Paúl Flores, quienes viajaron a las instalaciones de la empresa estadounidense el 19 de septiembre de 2024 para verificar los artículos. Además, los técnicos recalcaron que los equipos “no sirven” y que recibieron amenazas de muerte. “Nos da miedo por nuestras vidas e integridad”, manifestaron.

Sin embargo, ese video no forma parte de la investigación de la Fiscalía e incluso esos tres técnicos recibieron prisión preventiva por el presunto delito de peculado tras la audiencia de formulación de cargos contra 21 personas.

Por su parte, el Ministerio Público indicó que posee 150 elementos de convicción que sustentan la acusación y confirmó que el material audiovisual no está dentro del expediente ni constituye un elemento de convicción. ¿Por qué? Nadie ha podido explicarlo. Las defensas de los técnicos dicen que se quiere proteger a los altos mandos y cargarles la responsabilidad del fraude a ellos. Fuente: Vistazo