El presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción focalizado en Ecuador, que está vigente desde este 3 de octubre de 2024.

Esta vez, el estado de excepción está dirigido a seis provincias y dos cantones: Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro. Además, Quito, en Pichincha, y Camilo Ponce Enríquez, en Azuay.

El nuevo estado de excepción incluye toque de queda nocturno en 19 cantones y una parroquia de Guayaquil.

Estos son los 19 cantones con toque de queda en Ecuador, según el nuevo estado de excepción del Gobierno
Esta es la cuarta ocasión en la que Noboa decreta un estado de excepción focalizado y lo sostiene en la «grave conmoción interna» y la supuesta existencia de un conflicto armado interno.

Este nuevo decreto aún debe ser revisado por la Corte Constitucional, que dio de baja los dos primeros intentos de estado de excepción focalizado.

Mientras que, en el último decreto ejecutivo, la Corte avaló el estado de excepción, pero únicamente aceptó la grave conmoción interna y desechó la causal de conflicto armado interno.

Los argumentos del Gobierno
Ahora, ¿cuáles son las razones por las que el Gobierno vuelve a decretar un estado de excepción en Ecuador?

El Decreto Ejecutivo cita un informe técnico y otro jurídico, elaborados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con las justificaciones para declarar el estado de excepción.

Pero, además del informe, este 3 de octubre, el ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, se refirió al nuevo estado de emergencia y dijo que se decretó en octubre, porque «históricamente es el mes más violento».

También señaló que Ecuador atravesará un periodo electoral y que habrá actores políticos que quieran ‘calentar las calles para desestabilizar’ el país.

«No vamos a permitir que en el contexto electoral, quieran calentar las calles, porque como ya no pueden hacerlo en las cárceles, quieran hacerlo en las calles», agregó Félix Wong.

Índices de violencia y criminalidad siguen siendo altos
El informe dice que «los grupos delictivos han formado nuevas alianzas, muchos grupos delictivos mantienen sus capacidades y representan una amenaza y el cometimiento de ciertos delitos graves ha aumentado».

«Si bien existe una contención, los índices de violencia y criminalidad siguen siendo altos», admite el informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Estos son algunos hechos violentos que cita el Decreto Ejecutivo:

La masacre de siete personas en Samborondón. Este hecho ocurrió en una gallera, en el recinto Guachapelí, la noche del 29 de septiembre.
Un triple crimen en Portoviejo, entre las víctimas hay un bebé de cinco meses.
Ataque contra una funcionaria jurídica del SNAI en Quito, quien murió una semana después.
Muerte violenta del director de la cárcel de Sucumbíos, Álex Guevara.
Asesinato de la directora encargada de la Penitenciaría del Litoral, Daniela Icaza.
Según el decreto, estas acciones «afectan el normal desarrollo de las actividades sociales, económicas de la ciudadanía y, por ende, a sus derechos constitucionales, a pesar de que estas amenazas están contenidas y siendo enfrentadas con operaciones militares de ámbito interno».

El Decreto Ejecutivo dice que hay un «incremento de hostilidades, delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados» en Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Quito y Ponce Enríquez.

Estas son las excepciones del nuevo toque de queda en 19 cantones y una parroquia de Ecuador
Incendios y sequía
El informe también menciona los incendios forestales de los últimos días y la sequía que atraviesa el país. Estos «constituyen hechos sobrevinientes», dice el documento, «que provocan y generan graves consecuencias económicas, materiales, sociales y de riesgo a la integridad de la vida humana y la naturaleza».

Situación en las cárceles
Otro informe que cita el Decreto Ejecutivo pertenece al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), para sostener la presencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía en las cárceles.

Según este informe, los estados de excepción han «contribuido a garantizar la seguridad y control» en las cárceles.