Nacionales
¿Por qué el Gobierno de Noboa decreta un nuevo estado de excepción en Ecuador? Estos son los argumentos
El presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción focalizado en Ecuador, que está vigente desde este 3 de octubre de 2024.
Esta vez, el estado de excepción está dirigido a seis provincias y dos cantones: Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro. Además, Quito, en Pichincha, y Camilo Ponce Enríquez, en Azuay.
El nuevo estado de excepción incluye toque de queda nocturno en 19 cantones y una parroquia de Guayaquil.
Estos son los 19 cantones con toque de queda en Ecuador, según el nuevo estado de excepción del Gobierno
Esta es la cuarta ocasión en la que Noboa decreta un estado de excepción focalizado y lo sostiene en la «grave conmoción interna» y la supuesta existencia de un conflicto armado interno.
Este nuevo decreto aún debe ser revisado por la Corte Constitucional, que dio de baja los dos primeros intentos de estado de excepción focalizado.
Mientras que, en el último decreto ejecutivo, la Corte avaló el estado de excepción, pero únicamente aceptó la grave conmoción interna y desechó la causal de conflicto armado interno.
Los argumentos del Gobierno
Ahora, ¿cuáles son las razones por las que el Gobierno vuelve a decretar un estado de excepción en Ecuador?
El Decreto Ejecutivo cita un informe técnico y otro jurídico, elaborados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con las justificaciones para declarar el estado de excepción.
Pero, además del informe, este 3 de octubre, el ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, se refirió al nuevo estado de emergencia y dijo que se decretó en octubre, porque «históricamente es el mes más violento».
También señaló que Ecuador atravesará un periodo electoral y que habrá actores políticos que quieran ‘calentar las calles para desestabilizar’ el país.
«No vamos a permitir que en el contexto electoral, quieran calentar las calles, porque como ya no pueden hacerlo en las cárceles, quieran hacerlo en las calles», agregó Félix Wong.
Índices de violencia y criminalidad siguen siendo altos
El informe dice que «los grupos delictivos han formado nuevas alianzas, muchos grupos delictivos mantienen sus capacidades y representan una amenaza y el cometimiento de ciertos delitos graves ha aumentado».
«Si bien existe una contención, los índices de violencia y criminalidad siguen siendo altos», admite el informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Estos son algunos hechos violentos que cita el Decreto Ejecutivo:
La masacre de siete personas en Samborondón. Este hecho ocurrió en una gallera, en el recinto Guachapelí, la noche del 29 de septiembre.
Un triple crimen en Portoviejo, entre las víctimas hay un bebé de cinco meses.
Ataque contra una funcionaria jurídica del SNAI en Quito, quien murió una semana después.
Muerte violenta del director de la cárcel de Sucumbíos, Álex Guevara.
Asesinato de la directora encargada de la Penitenciaría del Litoral, Daniela Icaza.
Según el decreto, estas acciones «afectan el normal desarrollo de las actividades sociales, económicas de la ciudadanía y, por ende, a sus derechos constitucionales, a pesar de que estas amenazas están contenidas y siendo enfrentadas con operaciones militares de ámbito interno».
El Decreto Ejecutivo dice que hay un «incremento de hostilidades, delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados» en Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Quito y Ponce Enríquez.
Estas son las excepciones del nuevo toque de queda en 19 cantones y una parroquia de Ecuador
Incendios y sequía
El informe también menciona los incendios forestales de los últimos días y la sequía que atraviesa el país. Estos «constituyen hechos sobrevinientes», dice el documento, «que provocan y generan graves consecuencias económicas, materiales, sociales y de riesgo a la integridad de la vida humana y la naturaleza».
Situación en las cárceles
Otro informe que cita el Decreto Ejecutivo pertenece al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), para sostener la presencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía en las cárceles.
Según este informe, los estados de excepción han «contribuido a garantizar la seguridad y control» en las cárceles.
Nacionales
Tensión en juicio político contra Inés Manzano: sesión se suspendió tras enfrentamiento entre legisladores
La sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que sustancia el juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, estuvo marcada este martes por un tenso enfrentamiento entre legisladores del oficialismo y la oposición, que obligó a suspender temporalmente la diligencia.
La tensión escaló poco después de las 18:00, cuando el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez (ADN), decidió suspender momentáneamente la sesión debido a los gritos y altercados verbales registrados entre los legisladores.
La audiencia se reanudó aproximadamente a las 18:50, aunque el ambiente continuó siendo tenso.
Tras el reinicio de la sesión, el presidente de la Comisión llamó la atención a la legisladora Mónica Palacios, luego de que interrumpiera la exposición del abogado Ismael Quintana, integrante de la defensa de Inés Manzano.
Defensa de Manzano rechaza vinculación con informe de Contraloría
Desde el inicio de la fase probatoria, los abogados de la exministra han sostenido que los documentos presentados por los legisladores acusadores carecen de valor suficiente para sustentar las acusaciones y han reconstruido una cronología del contrato con Austral Technical Management (ATM) para demostrar que las principales decisiones administrativas se adoptaron antes de que Manzano asumiera el Ministerio de Energía y Minas.
Durante su intervención este lunes, Ismael Quintana enfatizó que el informe de examen especial elaborado por la Contraloría General del Estado no menciona a Inés Manzano en ninguno de sus hallazgos ni le formula recomendaciones.
Según explicó, las observaciones del organismo de control están dirigidas al gerente general de CELEC EP y a los responsables de la unidad de negocio que intervino en la contratación.
Como parte de su exposición, la defensa ha presentado una línea de tiempo respaldada con documentación para sostener que el contrato con ATM fue suscrito el 9 de agosto de 2024 por el gerente de la unidad de negocio correspondiente, varios meses antes de que Manzano fuera designada ministra.
De acuerdo con esa reconstrucción, el proceso contractual ya se encontraba en marcha cuando la exfuncionaria asumió la cartera de Estado.
El juicio político se desarrolla mientras la Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación contra Austral Technical Management (ATM) por presunto fraude al Estado y delincuencia organizada.
Nacionales
Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 se convierte en política pública tras decreto de Daniel Noboa
A través del Decreto Ejecutivo 448, el presidente Daniel Noboa declaró como política pública de aplicación a nivel nacional el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, que fue aprobado el 9 de marzo de 2026. La declaratoria ocurre en el contexto de un conflicto armado interno, también decretado por Noboa.
En el decreto presidencial, firmado el 14 de julio de 2026, el Gobierno incluye un extenso documento que detalla en qué consiste el nuevo Plan de Seguridad Integral.
Su aplicación e implementación estará a cargo de los ministerios del Interior, Defensa, Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
Según el decreto, en el contexto del conflicto armado interno vigente, «se busca la transición desde un elevado nivel de conflictividad hacia uno de normalidad, que permita el desarrollo de actividades sociales y productivas en un entorno estable».
Y para elllo, la cooperación internacional «se concibe como un mecanismo estratégico, orientado al fortalecimiento de las ‘capacidades nacionales’ mediante alianzas bilaterales y multilaterales en materia de seguridad, defensa y combate al crimen organizado transnacional».
En esa línea, Ecuador ya ha anunciado cooperación en materia de seguridad, principalmente con Estados Unidos, que ha cooperado con el país incluso con bombardeos en supuestos campamentos ligados a grupos rebeldes y ligados al narcotráfico.
En 2025, Ecuador vivió el año más violento de su historia, según los registros de muertes violentas del Ministerio del Interior, con 9.216 homicidios intencionales.
En medio de los sucesivos estados de excepción y el anuncio de otros planes de seguridad como el llamado Plan Fénix, el crimen no cede en el país. Y ciudades como Guayaquil, donde según datos oficiales entre enero y mayo hubo más de 900 asesinatos.
¿Qué dice el Plan Nacional de Seguridad?
En el documento, el presidente Daniel Noboa asegura que este Plan «consolida y reafirma nuestra concepción de seguridad, bajo un marco de integralidad». Y establece que su marco doctrinario se fundamenta en los Intereses Nacionales. Estos intereses son:
- Soberanía Nacional e Integridad Territorial
- Seguridad y Cultura de Paz
- Democracia y el Estado de Derecho
- Vida Digna
- Patrimonio Natural y Cultural
- Prosperidad en Equidad
Objetivos del Plan Nacional de Seguridad
Además, el Plan Nacional de Seguridad Integral establece siete objetivos:
Imponer el control efectivo del territorio nacional y sus recursos
Anticipar y neutralizar amenazas mediante el empleo preventivo, oportuno y coordinado del poder del Estado
Reconstruir el sistema penitenciario como componente crítico de la seguridad
Enfrentar las amenazas a la estabilidad democrática y consolidar la institucionalidad del Estado
Generar condiciones seguras que permitan la acción del Estado en la provisión y acceso a servicios esenciales y trabajo pleno
Incrementar el control del Patrimonio Natural y el cumplimiento de los compromisos internacionales
Canalizar equitativamente el financiamiento en desarrollo, seguridad y defensa
«El diagnóstico de seguridad evidencia que el Estado ecuatoriano está amenazado por estructuras de crimen organizado transnacional y nacional», dice una parte del documento.
Estas son las amenazas identifican en el Plan Nacional de Seguridad 2025-2029
Crimen organizado
Extremismo violento
Intrusión extranjera
Minería ilegal
Narcotráfico
Terrorismo
Subversión
Corrupción
Ciberataques. Fuente: Primicias
Nacionales
Docentes asesinados y mil denuncias de extorsión: violencia en Ecuador provoca alarma internacional
La escalada de violencia contra el magisterio ecuatoriano generó un pronunciamiento internacional. El Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL) expresó su solidaridad con los docentes y con la Unión Nacional de Educadores (UNE), al advertir sobre casos de asesinatos, extorsiones, amenazas y otros hechos violentos.
Mil denuncias de extorsión contra docentes en Guayas
Gabriela Menéndez, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) del Guayas, denunció que solo en esa provincia se han registrado alrededor de 1.000 denuncias de extorsión contra maestros entre 2025 y 2026.
Frente a este escenario, el gremio exige al Gobierno la declaratoria de emergencia en el sistema educativo y la implementación de un plan de seguridad para proteger a toda la comunidad educativa.
Dos maestras asesinadas en menos de dos semanas
El pronunciamiento de la IEAL, organización que agrupa a 375 sindicatos de profesores a nivel internacional, condena el asesinato de la docente Diana Isabel Carchi Mendia, ocurrido el 9 de julio dentro de su vivienda en la parroquia Barbones, cantón El Guabo, provincia de El Oro.
Ese crimen se produjo menos de dos semanas después del asesinato de la profesora Adriana Sáenz, quien fue atacada la mañana del 1 de julio de 2026 en los exteriores de su vivienda, ubicada en el norte de Quito.
De acuerdo con la Unión Nacional de Educadores, con estos dos casos suman al menos 10 docentes asesinados en Ecuador entre 2025 y 2026.
En un comunicado dirigido a la UNE, la Internacional de la Educación para América Latina manifestó que resulta inadmisible que quienes tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación deban ejercer su profesión bajo amenazas, miedo e intimidación.
La organización sostuvo que las denuncias de extorsiones, persecuciones y otras formas de violencia evidencian una crisis que obliga a muchos docentes a abandonar sus hogares o alterar su vida cotidiana para protegerse.
Ante esta situación, el Comité Regional de la IEAL respaldó las demandas de la UNE y solicitó:
La captura y sanción de los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de Diana Carchi y Adriana Sáenz.
La implementación urgente de un plan de seguridad con presupuesto para proteger a la comunidad educativa.
Que el Gobierno y el Ministerio de Educación dejen de guardar silencio y asuman su responsabilidad frente al incremento de la violencia que golpea al magisterio.
»Los asesinatos, la persecución y cualquier forma de violencia contra docentes son una amenaza al derecho a la educación pública. La escuela debe ser un espacio seguro para enseñar y aprender, libre de cualquier forma de violencia», concluyo la organización. Fuente: Vistazo
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