La audiencia de juicio en el caso Independencia Judicial, en el que son procesados Wilman Terán y otras 10 personas, se reinstaló la mañana de este viernes 13 de diciembre de 2024.

En este caso, la Fiscalía investiga un presunto delito de obstrucción a la justicia.  Este día, las partes procesales presentaron sus alegatos finales.

Wilman Terán testificó en el caso Independencia Judicial: dijo haber sido perseguido por el correísmo y habló de sus supuestos chats con la Fiscal
El fiscal subrogante, Wilson Toaínga, aseguró que, con base en las pruebas presentadas durante el juicio,  «se ha probado la comisión del delito de obstrucción de la justicia por parte de los 11 procesados».

Por lo que el fiscal pidió al Tribunal pena de cárcel para los procesados, en calidad de autores y cómplices:

Wilman Terán, expresidente de la Judicatura, acusado en calidad de autor. Fiscalía pidió una pena de siete años de prisión, más las agravantes, dando en total nueve años y cuatro meses de prisión.
Maribel Barreno, exvocal del Consejo de la Judicatura, acusada en calidad de autora. Fiscalía pidió una pena de siete años de prisión, más las agravantes.
Para los otros nueve procesados, quienes son acusados de cómplices del delito, la Fiscalía pidió una pena de dos años y cuatro meses de prisión.

Tras escuchar los alegatos, el Tribunal dispuso un receso hasta las 14:00, después del cual, las partes procesales continuarán con la presentación de sus alegatos de cierre.

¿De qué se acusa a los procesados?
En su alegato de cierre, el fiscal Toainga aseguró que entre mayo y agosto de 2023, tres vocales principales del Consejo de la Judicatura «ejecutaron varias conductas ilegítimas destinadas a intimidar al juez Walter Macías».

Los tres vocales son Terán, Barreno y Xavier Muñoz, quien colaboró con la justicia, y fue sentenciado a nueve meses de prisión.

El objetivo de esas conductas «ilegítimas» era «interferir» en la actuación del juez en una causa que estaba a su cargo por el delito de tráfico de influencias: el denominado caso Vocales, en el que una de las investigadas es precisamente Maribel Barreno. Fuente: Primicias

La Gobernación de Napo fue tomada por «pueblos y nacionalidades amazónicas» que protestan en contra de la construcción en la localidad amazónica de Archidona de una cárcel de de máxima seguridad con un modelo similar al implantado por el mandatario Nayib Bukele en El Salvador.

“Los pueblos y nacionalidades amazónicos se han tomado la Gobernación como medida de hecho ante la construcción de la cárcel de máxima seguridad en territorio ancestral indígena”, indicó la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie), durante la noche de este jueves.

Desde hace más de una semana se han registrado en dicho sector selvático, donde habitan comunidades de la etnia kichwa, protestas de organizaciones indígenas que rechazan el proyecto, adjudicado este miércoles, y que amenazaron con radicalizar las movilizaciones si el Ejecutivo insistía con llevarlo adelante.

En las imágenes que se han difundido por medio de redes sociales, se observa a cientos de ciudadanos ondeando banderas de Ecuador alrededor del edificio gubernamental.

Con 95 votos a favor y 24 en contra, la Asamblea Nacional resolvió este miércoles exhortar al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a suspender «de manera inmediata» la construcción de la cárcel. La asambleísta que mocionó la petición, Sandra Rueda, indicó que la construcción pondría en peligro a cerca de 5 mil niños que viven en la zona, sin profundizar al respecto.

La construcción de estas prisiones en Ecuador se realiza en respuesta a la crisis carcelaria que vive el país, donde entre 2021 y 2023 fueron asesinados más de 500 presos, muchos de ellos en una serie de masacres por disputas entre bandas rivales que tienen en control al interior de las prisiones, pese a la presencia militar que existe desde enero pasado como parte del «conflicto armado interno» declarado por Noboa contra el crimen organizado. Fuente: Vistazo

La ministra de Energía y Minas encargada, Inés Manzano, informó que solo siete grandes empresas tendrán un apagón total, hasta fin de año, y no todo el sector industrial, como alertaron y rechazaron este jueves algunos gremios empresariales.

Manzano dijo que el presidente de la Cámaras de Industrias de Guayaquil, Francisco Jarrín, «se ha equivocado» al señalar el jueves en una entrevista que la ministra les había anticipado que el sector industrial tendría un corte de electricidad de quince días desde el 15 al 31 de diciembre.

Jarrín aseguró que la medida causaba preocupación el sector productivo, al que, dijo, «se le quiere cargar el 100 % del costo de esta crisis«, cuando ellos representan «apenas el 26 % del consumo de energía», y cuando el Gobierno ha anunciado que los racionamientos de electricidad para los hogares cesarán el 20 de diciembre.

“Si la situación no permite cumplir la promesa de que los cortes terminen, no se puede cargar a un sector que es motor de la economía y genera plazas de trabajo. No entendemos la decisión”, comentó Jarrín.

No obstante, Manzano sostuvo que «de repente escucharon lo que quieren escuchar, pero yo fui muy clara, y con (la desconexión de) esas siete empresas el resto del país trabaja igual del 15 al 31″.

Según la ministra, las empresas que a las que el Gobierno no les dará energía durante este tiempo son las dos minas industriales que operan en Ecuador (Fruta del Norte y Mirador), dos acerías y tres cementeras, que forman parte del sector de consumo clasificado bajo las categorías de mayor consumo del país.

«Yo debo poner como prioridad a todos los ciudadanos. A nadie le gusta una decisión de esta naturaleza, pero es una manera también de apoyar a que toda la ciudadanía pueda tener energía», agregó.

La ministra también señaló que hay algunas empresas que no han estado cumpliendo con los horarios establecidos, lo que ha causado desajustes en el voltaje y rechazó que los empresarios hablen de pérdidas de plazas de trabajo.

«No se trata ni siquiera de perder el empleo, nadie está hablando de nada de eso, en realidad creo que han hecho un comentario que no está apegado a la verdad», mencionó.

La implementación de este apagón focalizado ocurre a pesar de que, según el Gobierno, a partir del 20 de diciembre no habría más cortes de electricidad en el país.

El Ejecutivo ha explicado que la recuperación de la capacidad instalada, la incorporación de nueva generación eléctrica, la compra de energía a Colombia y las mejores condiciones meteorológicas contribuirán a garantizar el suministro sin interrupciones. Fuente: Vistazo