Xavier Guerrero Pérez

Tanto este año que hemos iniciado, así como los siguientes años que ustedes y yo tengamos la oportunidad -básicamente bondad divina- de seguir viviendo; pueden ser distintos a los anteriores, positivamente hablando. De hecho, puede el siguiente ser mucho mejor que el anterior, siempre y cuando comprendamos y asimilemos que nada podrá transformarse -se aspira que en positivo- sin nuestra propia transformación. Partiendo de esa proposición ‘transformarse para transformar’, soy audaz en pensar que una buena parte de nosotras y nosotros, quienes tratamos de actuar desde la razón, ejerciendo crítica propositiva y guiados bajo la doctrina social de la Iglesia (que resalta a priorizar el bien común, frente al porvenir individual), piensa y desea profundamente que en nuestro país, Ecuador, hay actitudes que deben deponerse, para dar paso a conductas que persigan que ‘nadie se quede atrás ni afuera’, que promuevan bienestar colectivo, que generen armonía y que sí se centren en ‘lo que une’ y se alejen de ‘lo que separa’ y de rencillas, ‘riñas de compadres’ o ‘lucha seducida por egos’. En concreto, y para una muestra, tres ansias que, estimo, la mayoría de personas en Ecuador tiene para este 2023:

1. El poder depositado por el Soberano en sus representantes: al parecer cuando surge una disputa administrativa, el desenlace se tiene en la justicia constitucional. Entonces, usted tiene a personas políticas haciendo uso de herramientas que no han sido destinadas para ellas(os), y sí han sido destinadas para empoderamiento de la ciudadanía, precisamente por la relación de desventaja y vulnerabilidad que se da -en los primeros- al momento de interactuar con el aparato estatal -y los abusos y omisiones de los segundos-. El resultado es una desnaturalización de las garantías jurisdiccionales, una suerte de “pica” de unos u otros, una “sacada de lengua” a las normas y procesos, y la mayor parte de la agenda de las y los magistrados judiciales en cuanto a las causas por atender pasan a ser ocupadas por líos de políticos, en vez de las situaciones de las y los Mandantes, quienes no defienden ‘puestos’ o no anhelan ‘aferrarse al cargo’, sí, por el contrario, claman justicia, y quieren que las y los jueces pongan un alto a las arbitrariedades de ciertas funcionarias y puntuales funcionarios, dejando sentado precedente para que ninguna otra persona ‘de a pie’ experimente alguna lamentable, triste y dolorosa situación, que en muchas ocasiones abarca a los seres queridos.

“Que nuestra clase política (o política de clase) [ofrezco reflexionar una vez más en esta expresión] abandone la pretensión de desplazar y hurtar el espacio {recurrir y activar las garantías de derechos} que legal, legítima, constitucional y moralmente le pertenece a la ciudadanía, en especial a aquella que reside en las periferias. Nada menos ciudadano y menos humano que aprovecharse de lo que ha sido creado para proteger al ciudadano, en beneficio propio; lo cual resulta egoísta y hasta perverso”.

2. La Asamblea Nacional y el Ejecutivo: debemos ser claros (no tibios, pero tampoco caer en la deshonestidad intelectual y asumir [subliminalmente] una posición): creo en las buenas intenciones de quienes hacen ambas funciones del Estado, creo que ambas administraciones han tomado decisiones que han creído son las más adecuadas según el ‘timing político’ pero, simultáneamente, soy de la idea que ambas circunscriben una suerte de poca sensibilidad para con las demandas ciudadanas. No creo que alguna de ellas opere oponiéndose a la fiscalización, ni tampoco creo que cualquiera de ellas actúe para propiciar una desestabilización institucional, o peor aún que ejerzan algún tipo de control, intromisión o injerencia en la tarea juzgadora propia de las y los jueces. Sin embargo, si fue incorrecto el anuncio de “prohibición de que los funcionarios que conforman el frente de seguridad pública asistan a los llamados legislativos”; sí, lo estuvo. Así mismo, que fue una equivocación que se haya desconocido una disposición legal como consecuencia de la activaciónde una garantía jurisdiccional, en vez de hacer uso de los mecanismos legales establecidos en la Ley para cambiar esa decisión judicial; sí, lo fue. Aquí, en ambas entidades, la sensatez debe ser el uniforme para servir. La brújula que debe guiar el trabajo de las administraciones debe y tiene que ser nuestra gente: disminuir las brechas de desigualdad; eliminar la pobreza; controlar la tasa de natalidad (sí, y hay que decirlo); preocuparse auténticamente por que el Sector Privado genere plazas de empleo sostenido en la estabilidad y en el ofrecimiento de salarios dignos y altos; controlar y transitar hacia la prevención de la seguridad ciudadana; estimular al sector real de la economía con alivio/apoyo financiero; buscar innovadores mecanismos para que en la productividad nacional se reduzcan costos sin perder calidad y se incrementen las ganancias, y con ello impactar positivamente en la competitivdad de la economía, ocasionando así mayor y mejor posicionamiento de nuestra economía en el ámbito global; garantizar que las activides petroleras y mineras (que, aunque son agotables, resultan sumamente necesarias en favor de obtener recursos económicos en aras de mejorar la salud financiera del país, donde los pasivos disminuyan, incluyendo el servicio [costo] de deuda) sean desarrolladas preservando el medio ambiente y observando que no vulneren los derechos de las comunidades ni de las personas… Si nuestras administraciones hacen “lo imposible” por mantener su mentalidad, a modo de terquedad, pasará el tiempo, habrán hecho muy poco, nos demostrarán que se negaron a transformarse, y, como la naturaleza es sabia, perdieron el tiempo y no habrán transformado en positivo a la nación ecuatoriana.

3. El sistema de salud y una de sus manifestaciones: el IESS. Evitando extenderme en demasía, aunque esta arista es altamente compleja y delicada; la actual administración no puede aún sanar (resolver) los padecimientos (problemas) de la institución. El problema básico: la tardía e ineficiente atención a las y los afiliados, y a nuestras y nuestros jubilados. En EE.UU., donde ha sido parte de mi formación académica, nos decían en la GWU: “Si una administración lleva un tiempo y no funciona, la razón: o es que la administración no tiene el estilo de liderazgo que se requiere, o se niegan a dejarse ayudar por quienes, tal vez divergen en perspectivas políticas pero son altamente técnicos y buenos en lo que hacen”. Una vez más: nada cambiará, si ‘casa adentro’ no cambia. Se requiere de conocimiento y más de sentido común. Se requiere de una real comprensión y concientización de la lógica del ciudadano (no de lo que como funcionaria o funcionario se quiere o se piensa es mejor para la población destino). Se requiere de tomar decisiones complejas, como por ejemplo el que una institución está destinada exclusivamente para atender a quienes la sujetan con el pago de la cuota (prima) mensual, es decir, para afiliadas y afiliados, y las y los cesantes (jubilados), y que, paulatinamente, se abandone aquella política deseable y positiva pero asfixiante si no se planifica y se cuenta con el soporte financiero (sea desde el aparato estatal, o desde el frente privado vía incentivo/subvención): cobertura de cónyuge e hijos de afiliadas o afiliados. ¿Duro? ¿:Políticamente incorrecto? ¿Quita “votitos”? ¿Es que tengo amigos en el sector privado y qué van a decir? Bueno, como diría mi profesor de Derecho: “Si no se tiene el valor, dedíquese a otra cosa”.

Ansias de un 2023 maravilloso, donde empecemos a transformarnos para transformar al mundo. Fuente: El Telégrafo