En un acto de profundo compromiso con la defensa del territorio y la naturaleza, la comunidad indígena de Ortega Alto, ubicada en el cantón Yacuambi, provincia de Zamora Chinchipe, ofreció esta mañana una rueda de prensa para anunciar la presentación de una acción de protección constitucional en defensa del río Ortega. El objetivo principal de esta acción es salvaguardar los derechos de este afluente, considerado por la comunidad como un sujeto de derechos amparado por la Constitución ecuatoriana.
La intervención fue encabezada por el presidente del barrio Ortega Alto, William Patricio Puglla, quien expresó el respaldo comunitario a la defensa de las vertientes y la cuenca hídrica del río Ortega, en un contexto marcado por crecientes amenazas debido a actividades extractivas.
El río Ortega: sujeto de derechos y víctima de vulneraciones
El abogado Carlos Sarango, representante legal de la comunidad, explicó en detalle los fundamentos jurídicos de la acción. «Hoy quien comparece a esta rueda de prensa no es sólo un colectivo humano, sino también un sujeto de derechos: el río Ortega», afirmó. En este sentido, la comunidad se presenta como vocera de este ecosistema, el cual está siendo afectado por la contaminación, la alteración de sus ciclos vitales y la afectación directa a su biodiversidad.
Sarango señaló que el caso representa una clara vulneración a los derechos de la naturaleza, garantizados en los artículos 10, 71 y siguientes de la Constitución del Ecuador. Además, argumentó que se han afectado los derechos colectivos de los pueblos indígenas, consagrados en los artículos 56 y 57, especialmente el numeral 12, que reconoce su derecho a gestionar y proteger los recursos naturales dentro de su territorio ancestral.
La acción legal también incluye como pretensión principal que se declare formalmente al río Ortega como sujeto de derechos, con identidad, ubicación y contexto específico. «No es que la naturaleza no tenga derechos, pero es necesario identificar al sujeto y protegerlo jurídicamente», señaló el jurista.
Afectaciones espirituales, culturales y ecológicas
El río Ortega y sus afluentes —entre ellos Campana Urco 1 y 2, río Espadilla, quebrada 3 de Mayo y quebrada Lavaderos— forman parte esencial de la cosmovisión de la comunidad, donde se celebran ceremonias ancestrales como el Inti Raymi y el Taita Carnaval, así como prácticas de sanación y purificación espiritual en sus cascadas.
La actividad minera en la zona ha comprometido estos espacios sagrados y ha generado una alteración ecológica que amenaza no solo la biodiversidad, sino también la identidad cultural de la comunidad.
Entidades del Estado demandadas
Según lo explicó Sarango, la acción de protección no está dirigida contra personas naturales ni empresas mineras, legales o ilegales, sino contra entidades del Estado que han incumplido sus deberes constitucionales y legales:
- Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE)
- Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCOM)
- Ministerio de Energía y Minas
- Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Yacuambi
- Procuraduría General del Estado
Estas instituciones están llamadas a comparecer ante el juez constitucional el próximo 27 de mayo, para responder por acciones y omisiones que han permitido la vulneración de los derechos del río Ortega y de la comunidad.
Medidas solicitadas
Entre las medidas de reparación exigidas en la acción de protección se destacan:
- La declaratoria del río Ortega como sujeto de derechos con identidad y protección jurídica plena.
- El reconocimiento de la vulneración de los derechos de la naturaleza y colectivos de la comunidad.
- La restauración integral de la cuenca hídrica del río Ortega y sus afluentes.
- Que el GAD Municipal de Yacuambi cumpla con su obligación de fomentar actividades turísticas, culturales y ecológicas, así como la forestación de las riberas del río.
- La articulación entre el GAD y el MAATE para campañas de concientización ambiental y la promoción de educación ecológica en el cantón.
Apoyo de organizaciones sociales
El presidente de la organización indígena Zamaskijat, Jimmy Tene, manifestó su respaldo a esta iniciativa y denunció la ausencia del Estado en la defensa efectiva del medio ambiente. «Nuestras comunidades han convivido ancestralmente con la naturaleza, pero hoy enfrentan amenazas constantes por actividades antrópicas. Esta lucha es por la vida, por la integralidad del territorio y por el agua, que forma parte de nuestra existencia y espiritualidad», expresó.
Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para que acompañen este proceso legal y social, el cual constituye un precedente fundamental en la defensa de los derechos de la naturaleza en el país.
