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Opinión

¿Opera una mafia en Ecuador?

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Santiago Basabe

A partir de las investigaciones propiciadas por la Fiscalía, la respuesta a dicha pregunta parece una obviedad: sí, desde luego que sí. Sin embargo, esas certezas absolutas no son parte del conocimiento científico que, por el contrario, ante cualquier hecho aparentemente evidente plantea la duda. Veamos.

Uno de los conceptos más clásicos sobre lo que es la mafia proviene de Diego Gambetta a través de su estudio en Sicilia. Allí señala Gambetta que la mafia es una empresa económica que ofrece protección privada. Ante la ausencia relativa del aparato estatal como proveeedor natural de seguridad, aparece un grupo organizado, con estructura de mando interna, códigos de lealtad y eficacia en las actividades a las que se compromete. Dicha forma de operar de la mafia le dota de confianza, aquélla que las instancias públicas han perdido de a poco.

De lo que se sabe, acá hay delincuencia de distinto calibre, pero no bajo los rasgos definitorios de lo que constituiría un grupo mafioso.

Por un lado, no parece existir una estructura organizacional claramente definida, con funciones o roles específicos, permanencia de sus miembros y reglas informales para premiar o castigar los diferentes comportamientos de sus integrantes. Las declaraciones de los aparentes desertores dan cuenta, por ejemplo, que no existen mecanismos sancionatorios claros dentro del grupo. Si así fuera, hallar a los que “cantan” las verdades sería una empresa más costosa.

Por otro lado, no se ha podido observar con claridad la estructura de mando mafiosa. Más bien, de lo que se conoce, hay muchos operadores que actúan de forma relativamente independiente aunque con relaciones entre sí a partir de las actividades que ofrecen. Estos operadores son esencialmente abogados pero con una característica importante: no se mantienen mucho tiempo dentro del círculo de influencia delincuencial. Por el contrario, su participación es limitada. Llegan, cometen sus fechorías por el espacio temporal que la coyuntura les ofrece y luego se van. No desaparece la organización pues hay muchos abogados a la espera de ocupar ese espacio. La mano de obra siempre está disponible. Por eso es que ahora quien está en la picota de las denuncias es el abogado A pero ayer fue B y mañana será C. Los nombres varían pero la actividad se mantiene inalterada.

Adicionalmente, de lo que el país conoce por diferentes medios, acá no hay oferta de protección privada, como decía Gambetta en su trabajo ya citado.

Lo que los abogados y su entorno de asistentes y recaderos ofrecen a la delincuencia organizada (de la que no necesariamente son parte) es orientar las decisiones judiciales a cambio de recursos económicos o de infundir miedo. Sobre esto último, no hay que dejar de lado la posibilidad de que muchos jueces estén fallando a favor de delincuentes contumaces por temor y no porque hayan recibido prebendas de cualquier tipo.

Nuevamente, el objetivo de la mafia, al menos a la luz del concepto de Gambetta, parece no estar presente en el caso ecuatoriano. En ese aspecto, quizás lo que acá ocurre podría acercarse más bien a otras definiciones de mafia, como las ofrecidas por Santyino y La Fiura o Arlachi, que proponen que estas organizaciones se caracterizan por la búsqueda de acumulación de capital. Sin embargo, aún en ese caso, dichos autores también señalan que la mafia se configura con actores que son parte permanente de la organización.

Con lo dicho, en Ecuador lo que aparentemente opera es una oferta ilegal de servicios judiciales, tanto para delincuentes contumaces como para “ciudadanos de bien” que están dispuestos a pagar a los abogados del momento. No importan los nombres de los “juristas” que actúan como intermediarios. Eso es secundario. Lo que sí se mantiene estable es la maquinaria en la que se procesan los hechos delictivos y allí están, indudablemente, jueces y fiscales.

Por tanto, si bien no hay redes permanentes de abogados que ofrecen el servicio citado, existe un conjunto de corruptos que son parte del sector justicia que llegan a acuerdos específicos con los profesionales del Derecho que están mejor posicionados en un momento dado, esencialmente en función de la correlación de fuerzas políticas. De allí que, mientras no se genere una reforma integral al Poder Judicial, los males que ahora están en boca de todos permanenecerán en el tiempo aunque con nombres distintos. El problema de fondo, por tanto, no está en los abogados que ahora están envueltos en los escándalos de corrupción sino en la estructura bajo la que opera el sistema de justicia.

Además, en la política es dónde falta hurgar con mayor detenimiento, pues allí parecen estar los que controlan la provisión ilícita de servicios judiciales. Si bien sus alfiles de momento pueden llegar a pagar ciertos costos cuando la coyuntura les resulta adversa (jueces, fiscales, abogados y recaderos), ellos se mantienen invisibles ante el escrutinio ciudadano.

No quiero decir que ahora mismo no existan delitos execrables que perseguir y delincuentes de diferente traje a los que sancionar. Simplemente señalo que Ecuador no parece asumir la forma de una mafia organizada bajo los parámetros ofrecidos por los estudios realizados. Este punto no es menor ni debería generar interes puramente académico ya que puede ser un insumo clave para eventuales reformas en materia penal o de seguridad.

Si no conocemos cómo funciona la maquinaria que provee servicios judiciales ilícitos, difícilmente podremos identificar los factores que explicarían su presencia. Fuente: Primicias

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Opinión

Rehabilitación fallida en el sistema penitenciario ecuatoriano.

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Por: Franco Stalin Tamay Vega.

La crisis penitenciaria que enfrenta Ecuador en el siglo XXI es alarmante y representa uno de los mayores desafíos para el sistema de justicia y seguridad del país. Las cárceles, lejos de cumplir su objetivo rehabilitador, se han convertido en centros de operación para organizaciones criminales, muchas de ellas vinculadas al narcotráfico. Estas estructuras delictivas no solo controlan el interior de los centros de privación de libertad, sino que también extienden su influencia fuera de ellos, agravando la situación de violencia e inseguridad que afecta a toda la población.

El impacto de esta crisis es evidente en el incremento alarmante de la violencia en el país. Según estadísticas oficiales de InSight Crimen (2018), InSight Crimen (2024), DINASED (2024), la tasa de homicidios en Ecuador pasó de 5.8% por cada 100,000 habitantes en el año 2017 a 46.1% en el año 2023. Este incremento, que representa casi un aumento de ocho veces en solo seis años, evidencia el nivel de descontrol en materia de seguridad pública y el incremento de la estructura criminales en diversos sectores de la sociedad.

Un ejemplo de las fallas estructurales del sistema penitenciario fue el antiguo Penal García Moreno, que no cumplía con los estándares mínimos para garantizar la rehabilitación social de los privados de libertad. El hacinamiento, la insalubridad y la violencia constante entre los internos fueron factores determinantes para su cierre. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por modernizar las cárceles del país, estas problemáticas persisten en los actuales centros de privación de libertad.

En un Estado constitucional de derechos y justicia, los centros de privación de libertad deberían tener como objetivo principal la rehabilitación y reinserción de los privados de libertad. No obstante, surge la pregunta: ¿realmente cumplen con ese propósito? Una vez que una persona cumple su condena, se enfrenta a una sociedad marcada por el desempleo, la falta de oportunidades y la exclusión social, factores que frecuentemente la llevan a reincidir en actividades delictivas.

La solución a los problemas de delincuencia organizada en Ecuador no se encuentra únicamente en la privación de libertad. Tal como lo plantea Melton, el comportamiento criminal está influenciado por factores biológicos, psicológicos y sociales. En este sentido, es fundamental reconocer que la falta de oportunidades es uno de los principales detonantes.

Por ello, es fundamental implementar políticas públicas enfocadas en educación, salud y deporte, que sienten las bases para el desarrollo de futuras generaciones. Es necesario garantizar el acceso gratuito y universal a la educación, promover programas de prevención del consumo de drogas y fomentar espacios de recreación y formación integral. Asimismo, es importante fortalecer estrategias de empleo y reinserción social para quienes han cumplido sus condenas, con el objetivo de evitar la reincidencia y reducir los niveles de violencia.

Más allá de la construcción de nuevas cárceles o el endurecimiento de las penas, se requiere un enfoque integral que analice las causas estructurales de la delincuencia y priorice el bienestar social como herramienta preventiva. Solo de esta manera será posible reducir el impacto de la violencia, desarticular las redes criminales y garantizar la seguridad y justicia en Ecuador.

 

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La sociedad de rodillas

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El Ecuador, pequeño reflejo de la realidad del mundo, está de rodillas frente a la combinación letal entre capitalismo dogmático religioso y una fuerza armada irregular, violenta. Nos llegó de pronto el veneno de lo que hoy se reconoce como “anarcocapitalismo” o capitalismo salvaje, sin tener el contrapeso de una sociedad – antídoto. Combatida la razón crítica, calificada a veces de manera distorsionada, como colonialista, queda un “lumpen” colocado en todos los pisos y estratos de la masa. El único valor que mueve sus instintos, es el del dinero, fuere por necesidad real de supervivencia, por necesidad de falso estatus materialista, por amenaza y coerción o por la patología de la acumulación.

Los individuos biológicos constituyen ahora una masa, que sienten y nada más; nadan en las pasiones y emociones trágicas y placenteras, una de ellas, comprar. Rezan plegarias automáticas a nombre de un dios secuestrado y acomodado a sus conveniencias: bendicen la mercancía y a los zombis, considerándolos entes iguales. Rinden culto a su cuerpo, su secreta deidad ritualizada. Estrujan todo lo que fue la esencia del proyecto “humanista” y humanitario. Destruyen el lenguaje racional y reflexivo para la creación y la conciencia crítica; acaban con el mito metafísico – filosófico, el ritmo cósmico, el amor y la capacidad de maravillarse del mundo.

Nadie quiere pensar la hondura del problema que nos está desgarrando: todo es un basural de opinión vacía. Las redes y los medios incentivan las emociones, siguiendo libretos internacionales, que escogen los tópicos de miedo, la pasión y la violencia. Dominan mediante la técnica de la repetición.

El capitalismo, sistema global económico, operado por los estados nacionales, crea las condiciones para la formación de elites, que contrapesa sus afanes de dominación y explotación, con el límite, para no destruir lo que necesitan: la sociedad y la masa consumidora. Los países tienen por lo general elites algo ilustradas. Ecuador no tiene nada, no se los ve. Los otros, los intelectuales, están silenciosos, como asistiendo a un entierro.

Es tan barroca decadente esta coyuntura (ojalá sea coyuntura), que baña todo el mito o utopía de la democracia. Todo es una puesta en escena curtida, putrefacta, llena de imágenes publicitarias horribles, con cartelitos de medio pelo. ¿Y los actores? Mejor no hablar de los actores. Fuente: El Telégrafo

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Identidad política: Un imperativo para toda organización

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El concepto de identidad política se refiere a la forma en que los ciudadanos se identifican con una organización política, partido o ideología. Tiene que ver con el conjunto de creencias, valores, símbolos y narrativas que las personas asocian con una corriente política, por lo que es influenciada por factores como la cultura, la historia, experiencias personales e interacciones sociales. Dicho concepto también hace referencia a cómo los partidos comunican este conjunto de elementos a sus electores.

En el Ecuador, la caída de los partidos tradicionales durante las últimas décadas, demostró la desconexión de estos con las necesidades cambiantes de una sociedad más informada y exigente. La falta de renovación de narrativas, el incremento de la corrupción, el incumplimiento de promesas, unido a la volatilidad de la militancia, la aparición de figuras independientes y el crecimiento de movimientos alternativos, alejaron a las organizaciones de la ciudadanía.

Si bien el desgaste de los partidos tradicionales permitió al surgimiento de nuevas fuerzas que prometieron cambios estructurales, estas tampoco lograron sostenerse en el tiempo, producto de estructuras caudillistas, la mala administración del poder, una corrupción marcada, así como por la confrontación permanente de la cual el país no ha podido salir. Ello ha profundizando la falta de confianza ciudadana en las organizaciones políticas.

Este escenario evidencia la necesidad de fortalecer la identidad política de los partidos como un pilar fundamental para la estabilidad democrática en el mediano plazo. Este proceso no solo permite a los participantes entender el tipo de partido y los valores que éste representa, sino que también establece un vínculo emocional y racional con ellos.

Con un escenario electoral a las puestas, es crucial que los partidos se enfoquen en desarrollar procesos y estrategias que les permitan diseñar su identidad y garantizar su relevancia en el ámbito político, para lo cual deben tomar en cuenta algunos elementos centrales.

En primer lugar, desarrollar una narrativa clara y coherente que responda a las demandas de la sociedad, pero que se mantenga fiel a sus valores fundamentales. Un segundo punto es trabajar en la adaptación de los mensajes, sin perder de vista sus principios básicos. Para ello, será necesario el diálogo y retroalimentación permanente.

Otro aspecto a tomar en cuenta son las conexiones reales con las bases sociales, pero no solo en época electoral, sino de manera constante. Ello fortalecerá la identificación con el partido y sus causas. Finalmente, la adopción de estrategias creativas que les permita a las organizaciones comunicar su mensaje, evitando caer en discursos vacíos o técnicos, logrando así una conexión con el electorado.

De cara a las elecciones del 2025, es crucial el fortalecimiento de la identidad de las organizaciones políticas a fin de revitalizar el sistema democrático del país. La toma de medidas al interior de estas es fundamental para retomar la confianza ciudadana y posicionarse como actores legítimos para el fortalecimiento de la democracia en el Ecuador. Fuente: El Telégrafo

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