La corrupción judicial está cada vez más frecuente en Ecuador. Diariamente, jueces, fiscales y otros funcionarios aparecen relacionados con casos de corrupción. Varias entidades del Estado buscan frenar esta situación con acciones de control.

Según la teoría oficial, los operadores de justicia son captados por el crimen organizado, que les paga grandes sobornos a cambio de fallos judiciales favorables. Por esta razón, la Contraloría empezó un análisis completos de los patrimonios de estos servidores.

Desde noviembre de 2023, el organismo de control inicio 160 exámenes especiales a los patrimonios de fiscales, jueces y demás servidores. Hasta la fecha, ya se han completado 108 de estas acciones de control y otras 52 están en proceso.

Aunque la normativa obliga a la Contraloría a guardar bajo reserva los resultados de esos exámenes, PRIMICIAS conoció que en 59 casos, los resultados han sido enviados a la Fiscalía como Indicios de Responsabilidad Penal (IRP)

Por el momento, la Fiscalía todavía no ha formulado cargos en ninguno de estos casos. Es decir, las causas todavía están en etapa previa y reservada.

Decenas de destituidos
En el ultimo año y medio, en Ecuador se han destapado varios casos de corrupción judicial. Los procesos insignia de la llamada depuración son Metástasis, Purga y Plaga, en los que la Fiscalía ha demostrado la existencia de redes de corrupción para beneficiar a criminales.

Ante esta situación, pese a su inestabilidad y problemas de conformación propios por pugnas políticas, la Judicatura ha activado su control disciplinario. En total, 34 jueces relacionados con estas causas han sido destituidos de sus cargos.

Pero, según información del organismo, el control no ha terminado en esos casos. Otros 12 jueces también han sido destituidos en los últimos 11 meses. Y a estos se suman otros 44 destituidos entre fiscales, ayudantes, coordinadores y otros servidores.

El ‘Top 5’ de las polémicas
Estos son los cinco escándalos más sonados -en las últimas semanas- sobre decisiones y actuaciones judiciales sospechosas.

Casos recientes de supuesta corrupción judicial

La Asamblea Nacional se reúne en Quito este 20 de junio para continuar con la sesión del Pleno, en la que se prevé la votación de la reforma a la Ley Orgánica de la Función Electoral, más conocida como Código de la Democracia.

Uno de los puntos más polémicos de la normativa, trabajada y aprobada en la Comisión de Justicia, es el cambio del método de asignación de escaños.

En las ultimas elecciones en Ecuador se ha utilizado el método de Webster, y la propuesta apoyada por Revolución Ciudadana y Acción Democrática Nacional (ADN) es pasar al mecanismo D’Hondt.

Organizaciones políticas como el Partido Social Cristiano (PSC) cuestionan que este último mecanismo favorece a los partidos hegemónicos como el correísmo y el oficialismo. En tanto que las minorías serían prácticamente “borradas”.

Partidos de ‘papel’
La primera en tomar la palabra en el debate de este viernes fue la legisladora de ADN Rosa Torres, que preside la mesa de Justicia. Dijo que la reforma está propuesta con el objetivo de ‘depurar’ el Registro de Organizaciones Electorales de partidos en Ecuador, a los que calificó de “papel”.

Por eso, se propone la cancelación de partidos y movimientos que no lleguen al 5% de votos válidos en una sola elección.

Defendió el planteamiento de pasar de Webster a D’Hondt, y su argumento es que no es posible tener una papeleta electoral con 16 candidatos y que el 80% no supere ni el 1% de los votos válidos.

Torres resaltó que se endurece el control del financiamiento de la política con un sistema fortalecido y obligaciones más claras para los partidos y movimiento.

Esto incluye la creación de una unidad antilavados que trabajará junto a la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE) especializada en temas electorales.

Votación suspendida 
Tras su intervención, la asambleísta Torres propuso que el texto sea votado en dos bloques. En el primero, que se decida por vote por todo el proyecto, excepto por los artículos 13 y 35.

Este artículo 13 planteaba que los funcionarios de elección popular, que querían ser candidatos a otra dignidad, ya no debían renunciar al cargo, sino solo pedir licencia.

Mientras que el artículo 35 plantea la reducción de multas y sanciones por el cometimiento de infracciones electorales y que se incluya como infracción leve el uso de dispositivos electrónicos para tomar fotografías de las papeletas de votación.

Sorpresivamente, el correísmo ni ADN apoyaron esta propuesta y en las dos votaciones se abstuvieron.

Eso provocó que la legisladora Torres pida al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, una suspensión de 30 minutos para “ajustar el texto” y plantear una nueva moción. Fuente: Primicias

La vida criminal de Darío Javier Peñafiel Nieto, alias ‘Topo’, empezó en 2016. Con 26 años, y como un profesional en topografía, este sujeto fue vinculado al secuestro de un ciudadano austriaco en Gonzalo Pizarro, cantón de Sucumbíos, cerca de la frontera de Ecuador con Colombia.

‘Topo’ fue capturado e, inicialmente, detenido en la Cárcel de Sucumbíos. A mediados de 2017, un Tribunal Penal lo sentenció a 11 años de cárcel por secuestro y a tres años por asociación ilícita. Además, dispuso que sus condenas las cumpliera en la Cárcel Regional del Guayas.

Peñafiel se encontró con una prisión dominada por Los Choneros, específicamente por Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, quien era el segundo al mando de esa organización y, además, manejaba a Los Fatales, un equipo de sicarios que operaba en el Litoral ecuatoriano.

Según información de inteligencia policial, ‘Topo’ se convirtió en una de las personas de confianza para ‘Fito’. Así, tras cinco años en prisión -en julio de 2022- empezó a tramitar su libertad anticipada. Para esa época, Macías ya era el mandamás de Los Choneros, que estaban en guerra con Los Lobos y buscaban expandir su dominio.

El regreso a la Amazonía y la guerra con los CDF
El 3 de junio de 2023, tras cumplir los tres años de la condena por asociación ilícita y el 60% de la pena de 11 años por secuestro, ‘Topo’ se acogió al régimen semiabierto, la justicia lo favoreció por primera vez y fue liberado.

Un año antes, en Ecuador se había empezado a reportar el florecimiento de la minería ilegal de oro en la cuenca del Río Punino, en Orellana. Justamente, Los Choneros pusieron la vista en esos yacimientos y tomaron el control cobrando extorsiones a los mineros ilegales y vendiendo el combustible ilegal para las máquinas de extracción del mineral.

Según inteligencia militar, para tener un mayor control en la zona, ‘Fito’ aprovechó la liberación de ‘Topo’ y lo envió a Orellana.

Sin embargo, esto generó un cisma en esta organización. La facción Los Choneros en El Coca quedó bajo el mando de ‘Topo’; mientras que los grupo de Joya de Los Sachas y Shushufindi se aliaron con alias ‘Camilo’, otro cabecilla que operaba desde la Cárcel de Sucumbíos.

Así empezó un enfrentamiento que empezó a dejar una serie de muertes y provocó las primeras masacres en ambos cantones de la provincia de Orellana, desde mediados hasta finales de 2023.

Pero todo empeoró. Los mineros ilegales tenían que pagar ‘vacunas’ a ambas facciones de Los Choneros. Por lo que, cansados de eso, se desplazaron a Lumbaqui, en Sucumbíos, y contactaron a los Comandos de la Frontera (CDF), una disidencia de las FARC, para pedir ayuda.

Los CDF aceptaron dar seguridad a los mineros ilegales a cambio de una parte del negocio y de dirigir su propia línea de abastecimiento de combustible. Entonces, los enfrentamientos empezaron a ser entre Los Choneros y los Comandos de la Frontera.

Los nuevos casos del ‘Topo’
Así ‘Topo’ entró otra vez en el radar de las autoridades. En marzo de 2024, la Fiscalía empezó a investigarlo por un atentado contra el policía Byron Morejón, quien supuestamente trabajaba para los Comandos de la Frontera y quien habría intentado asesinar a un fiscal.

El policía Morejón fue asesinado el 1 de mayo de ese mismo año. Un video en redes sociales reveló como tres personas armadas bajaron de un vehículo negro y lo dispararon varias veces. Según la Policía, uno de los atacantes era ‘Topo’.

Byron Gavilanes, juez de Lago Agrio, dictó medidas alternativas a la prisión preventiva a favor de ‘Topo’. y, a finales de mayo de 2025, lo sobreseyó. Una fuente policial dijo a PRIMICIAS que el magistrado consideró que la cámara de seguridad no captó con claridad que uno de los atacantes era Peñafiel.

En medio de las investigaciones por el asesinato de ese policía, el 15 de marzo de 2025, nuevamente ‘Topo’ fue arrestado en Orellana, ahora por posesión de armas de grueso calibre. Esta vez, el juez Walter Pío le dictó prisión preventiva al cabecilla de Los Choneros.

Pero el arresto duró poco, el 6 de junio de 2025, el juez Pío declaró nulo el proceso por tráfico de armas, aduciendo que hubo un mal uso del tipo penal y desnaturalizó la causa. Ese mismo día, dictó la orden de liberación y ‘Topo’ fue liberado otra vez.

Tras esa liberación, el Gobierno -a través del SNAI- ha enviado varios oficios para indagar sobre el proceso, ya que según la norma, pese a no tener sentencia en los nuevos casos, ‘Topo’ debería seguir en prisión, pues por esos procesos debía perder automáticamente la libertad anticipada y volver a la cárcel a cumplir la pena de 11 años por el secuestro de 2016.

Sin embargo, los controles judiciales y penitenciarios fallaron. Actualmente, ‘Topo’ está prófugo por el caso de secuestro y no tiene cuentas pendientes por los casos de minería ilegal, el asesinato de un policía o la tenencia ilegal de fusiles. Fuente: Primicias